Una de las mayores preocupaciones para quien es elegido presidente de los Estados Unidos tiene que ver con su legado en diversos aspectos de la vida del país, muy especialmente lo relacionado con la visión que se formen los ciudadanos sobre su impronta en el ámbito judicial.

Por esta razón, los gobernantes estadounidenses no se andan con remilgos cuando se presenta la ocasión de designar jueces de la Suprema Corte de Justicia, donde se marca su talante conservador o liberal y se marca su huella.

En esta cuestión, ningún otro presidente en décadas tuvo la oportunidad de Donald Trump para afianzar su postura conservadora, pues se le presentó el momento de llenar tres vacantes en el máximo tribunal estadounidense.

El legado de Trump será, por mucho, el más duradero proyectado hacia el futuro, con la eventualidad de hacerlo casi imperecedero en caso de regresar a la Casa Blanca en enero de 2025.

En nuestro país no andamos pensando en legado ni nada de esas cuestiones abstractas, que, sin embargo, son importantes para un presidente que quiera trascender más allá de obras físicas; uno que tenga el interés de que se le recuerde como un mandatario afianzador de lo institucional.

Cuando el Consejo Nacional de la Magistratura elija a los cinco jueces en reemplazo de los magistrados salientes del Tribunal Constitucional, habrá dejado abierto el camino para que el presidente Luis Abinader tenga la oportunidad de cambiar a todos los integrantes y dejar su legado.

Esto, como en el caso del estadounidense, quedará sujeto a que logre su reelección el próximo año, ya que entonces se le abrirá el espacio temporal para realizar otra elección en 2027.

Es decir, que, desde la primera elección del TC en 2011, solo Abinader tendrá la coyuntura para influir de manera total y determinante en un tribunal también determinante en la vida institucional del país.

En consecuencia, esa perspectiva trascendental le plantea al presidente el desafío de actuar con una visión de largo aliento, designando a jueces constitucionales que, como señalaba recientemente el magistrado Jorge Subero Isa, sobre todo tengan una amplia perspectiva de política de Estado entre otros aspectos fundamentales.

Y esa condición no se consigue en cualquier graduado de Derecho, sino en verdaderos conocedores de la materia constitucional y las complejidades estatales.

Nelsonencar10@gmail.com

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Por ROMMEL SANTOS DIAZ

El Estatuto de Roma dispone que una condena de prisión impuesta por la Corte Penal Internacional deberá cumplirse en el país designado por la Corte, conforme a una lista de los Estados  que aceptan a la persona condenada. Un Estado que ha declarado su deseo de aceptar a una persona condenada podrá  establecer condiciones para ser acordadas  con la CPI.

Sin embargo, el Estado de ejecución  de la pena de prisión deberá  notificar deberá notificar a la CPI si estas condiciones  o cualquier otra circunstancia pudiesen afectar materialmente los términos o duración de la pena de prisión.

El artículo 103 del Estatuto de Roma reconoce que el proceso de selección y designación de la Corte está basado en algunos principios rectores. Uno de ellos es el ¨principio de que los Estados Partes deberán compartir la responsabilidad de la ejecución de las penas de prisión, de conformidad  con el principio de distribución equitativa, tal y como lo disponen las Reglas de Procedimientos y Prueba¨.

Otros principios incluyen la aplicación de algunos estándares internacionales, la opinión y nacionalidad de la persona condenada, y  otros factores similares concernientes a la ejecución de la pena del Estado que reciba al condenado y que ejecute la sentencia.

Una vez que el Estado designado acepta ejecutar la condena de la CPI, el artículo 105 del Estatuto de Roma dispone que esta pena es inalterable, salvo algunas condiciones  previamente detalladas  por el artículo 103, el Estado no puede modificar la condena ex oficio.

Sin embargo, en el caso de que surjan nuevas circunstancias que no existan en el momento de aceptar la ejecución de la condena  y que afectan sustancialmente los términos o duración de la  pena el Estado deberá notificar a la CPI para que esta revise la situación y, de ser necesario, transferir a la persona condenada a otro Estado. El artículo 104 también permite que la CPI transfiera a la persona condenada a otro Estado en cualquier momento que lo considere necesario.

En resumen, se podría determinar que la ejecución de la pena de prisión es inalterable para el Estado Parte que acepta la persona condenada y  está sujeta a ser modificada sólo por la CPI, o consultando con la Corte de conformidad con el Artículo 103 del Estatuto de Roma.

Rommelsantosdiaz@gmail.com

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Por ROBERTO VERAS

En la rica sinfonía de la resistencia contra la tiranía trujillista en la República Dominicana, un personaje singular emerge del anonimato, desafiando la opresión no solo con valentía, sino también con la armonía de su trompeta y clarinete.

Rufino de la Cruz, lejos de ser solo un chofer, se convirtió en un decidido oponente al régimen dictatorial, marcando así el inicio de su legado de heroísmo que el escritor Luis Fausto Disla ha inmortalizado en su obra «VIDA Y HEROISMOS DEL MARTIR DOMINICANO, Rufino de la Cruz, 50 años después».

En un contexto en el que el miedo se apoderaba de la sociedad dominicana, Rufino se erigió como un símbolo de resistencia. Su participación decisiva ocurrió cuando, en un acto desafiante, decidió acompañar a las valientes hermanas Mirabal, cuando ningún otro chofer de su tierra natal se atrevió a hacerlo.

Ignorando las advertencias de su madre y su esposa, Rufino de la Cruz se convirtió en el conductor de la libertad, desafiando no solo las órdenes de Trujillo, sino también los prejuicios arraigados en una sociedad que temía al régimen.

Pero Rufino no solo llevaba consigo el volante de un vehículo, sino también el compás de la resistencia. Su destreza con la trompeta y el clarinete añadían una dimensión artística a su lucha. En los momentos más oscuros, la música se convertía en su arma, una melodía que desafiaba el silencio impuesto por la opresión.

La conexión de Rufino con la familia Mirabal se forjó en el fragor de la lucha, a través de un primo suyo que trabajaba en el almacén de provisiones propiedad de Enrique Mirabal. Lo que comenzó como una relación laboral se transformó en un lazo indestructible de solidaridad y resistencia.

Aunque la historia a menudo lo recuerda como el chofer de las heroicas hermanas Mirabal, la magnitud de su contribución rara vez se destaca. Rufino de la Cruz, a través de su valentía inquebrantable, contribuyó de manera significativa al fin de la tiranía de Trujillo. Su historia, contada con maestría por Luis Fausto Disla, despierta la memoria de un héroe que desafió la adversidad con notas de coraje y determinación.

En el eco de sus melodías y en los caminos que recorrió, Rufino de la Cruz se erige como un recordatorio atemporal de que la resistencia puede adoptar diversas formas, incluso las más inesperadas, como la dulce resonancia de una trompeta desafiante en medio de la oscuridad dictatorial.

Su vida y su música son un testimonio perdurable de la capacidad humana para resistir y rebelarse, una sinfonía de libertad que sigue resonando a través del tiempo.

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