POR PEDRO CABA

Por mucho menos tensión política que la actual en el escenario de Las Américas Joe Biden dejó fuera de la Cumbre en Los Angeles a los mismos países que hoy excluye República Dominicana: Venezuela, Cuba y Nicaragua.

En la Cumbre de Los Angeles estaba claro el gobierno norteamericano impulsaría una política común al Continente respecto a liberalizar las fronteras y las corrientes neoliberales en lo económico y lo social impulsaba por su Departamento de Estado o Cancillería.

Por eso en los medios locales se interpretó como una encerrona, en especial orientada a perjudicar la política migratoria y de control fronterizo de algunos países, en específico de la República Dominicana, ante lo cual su presidente Luis Abinader reaccionó con la hidalguía que otros jefes de Estado igualmente amenazados no mostraron.

Abinader fue el único jefe de Estado asistente a la Cumbre de Los Angeles que no firmó el Acta final, alegando tiempo para estudiar su contenido y compromiso. El estudio ha durado más de tres años, lo que se interpretó en Washington como claro rechazo a su contenido.

La X Cumbre de Las Américas en República Dominicana no puede ser estropeada por la histeria AntiTrump de algunos gobiernos para los que el escenario sería ideal para mostrar su espíritu combativo y antiimperialista, muy difundido y conocido desde hace décadas.

Trump actúa para que lo sobredimensionen

El presidente Trump tiene una estrategia distinta a todos los gobiernos anteriores desde el presidente Reagan hasta la fecha incluido su primer gobierno recién pasado. El propósito lo expresa claramente: hacer grande de nuevo en todos los planos a los Estados Unidos.

Para conseguir esos propósitos actúa en el campo real aplicando una política arancelaria proteccionista en procura traer de vuelta capitales y reabrir líneas de producción cerradas por falta de competitividad con importaciones favorecidas por los conceptos de libre mercado.

En el campo político y militar su lenguaje es duro y, en apariencia, agresivo que expresa en pleno respaldo a Israel y algunos eventos de guerra como el bombardeo del búnker iraní mezclados con acciones y llamamientos a la paz en el Medio Oriente y en la guerra ucrano-rusa, además de otros escenarios menores. En el fondo, sin embargo, sabe que el Presupuesto de su país enfermó en peligro de muerte de tanto guerrear en otros escenarios.

Escogió con riesgo calculado pues es cuando menos se expone a su traspatio caribeño para mostrar músculos guerreros, provocando la histeria de los jefes de Estado amenazados, pero recibiendo el silencio aprobatorio de las demás naciones.

Trump actúa para que esa misma histeria lo sobredimensione, y lo están ayudando en ese propósito.

La República Dominicana organiza una Cumbre de Las Américas vital para afirmar su soberanía territorial respecto a Haití y sus asociados que pretenden una solución a la terrible crisis humanitaria y de casi anulación de sus estructuras de gobierno a costa del vecino próspero y estable.

La Cancillería dominicana ha dado una cátedra de buen juicio cuando trata el tema en los escenarios internacionales, interpretando la misma posición del presidente Abinader.

Mal parados van a quedar, incluyendo gobiernos extranjeros, si pretenden crear mala imagen a la próxima Cumbre, pues se va a celebrar en medio de un Trump en alza de autoridad en el escenario internacional y con una República Dominicana en paz, afirmando su seguridad fronteriza y progresando en el plano económico.

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POR RAFAEL RAMIREZ MEDINA

En la República Dominicana, el sistema tributario ha sido moldeado por crisis y parches. En repetidas ocasiones se han creado impuestos presentados como “transitorios” o de “emergencia”, con la promesa de que serían desmontados una vez superada la coyuntura. Sin embargo, el tiempo ha demostrado que lo transitorio se convierte en permanente.

Un ejemplo claro es el 10% del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) aplicado a los servicios de telecomunicaciones. Este gravamen surgió en la reforma tributaria de 2004 (Ley 288-04) y fue reafirmado en la Ley 253-12. Su propósito era apoyar las finanzas públicas en momentos de déficit, pero dos décadas después, sigue cargando a los usuarios.

A este 10% se suma el 18% del ITBIS y. el 2% de la Contribución al Desarrollo de las Telecomunicaciones (CDT), creada en la Ley 153-98 para financiar proyectos en comunidades remotas Lo que nació con un fin social, con el tiempo ha perdido rumbo, pues una parte de lo recaudado ha sido redirigida al Tesoro Nacional.

El resultado es que cada factura de telefonía, internet o cable incluye más de un 30% en impuestos. En un país donde la conectividad es esencial para la educación, el trabajo y la competitividad, esta carga resulta injusta y contraproducente.

Otro caso ilustrativo es el Impuesto sobre la Renta (ISR) para las empresas, que hoy permanece en un 27%. La Ley 253-12 lo fijó con el compromiso de reducirlo gradualmente. Sin embargo, ese desmontaje nunca ocurrió y la tasa sigue siendo una de las más altas de la región.

La permanencia de este 27% no solo incumple una promesa, también desincentiva la inversión y limita la competitividad del sector productivo. Lo que se justificó como una salida temporal en medio de la crisis fiscal, hoy es una carga estructural del sistema tributario.

El impuesto a cheques y transferencias es otro ejemplo de tributo transitorio que se quedó. Creado para atender necesidades fiscales coyunturales, grava con un 0.005 cada operación bancaria. Décadas después, se mantiene intacto, afectando tanto a personas como a empresas.

Este impuesto bancario es particularmente regresivo. No distingue entre quienes mueven grandes capitales y quienes hacen operaciones pequeñas. En ambos casos, representa un costo adicional que limita la inclusión financiera y encarece la actividad económica cotidiana.

Anticipos

A estos tributos se suman los famosos anticipos del ISR, que ahogan a las pequeñas y medianas empresas. En su origen, fueron concebidos como un mecanismo de adelanto de impuestos, pero en la práctica se transformaron en un obstáculo para el flujo de caja de los emprendedores.

El patrón se repite, medidas justificadas como provisionales se integran al presupuesto nacional y se vuelven permanentes. En lugar de desaparecer cuando las causas iniciales se superan, se convierten en ingresos fijos que el Estado ya no está dispuesto a soltar.

El problema de fondo es la falta de voluntad política para desmontar lo que ya cumplió su propósito. En otros países, los impuestos extraordinarios tienen cláusulas de caducidad automática, lo que obliga a revisarlos y eliminarlos salvo que el Congreso decida lo contrario. Aquí, simplemente se eternizan.

Es hora de que el país revise con seriedad estos impuestos heredados. Nosotros los dominicanos merecemos un sistema fiscal más justo, transparente y eficiente. Eliminar los gravámenes que nacieron transitorios y nunca se desmontaron no es un capricho, es un paso indispensable hacia un modelo tributario que fomente el desarrollo, en lugar de castigarlo.

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