POR JOSE MARIA DIAZ NIN

Esta vez se rebosó la copa, definitivamente ya surge un antes y un después con el horrible asesinato  por parte de un grupo de motoristas de Deivy Abreu, trabajador de la recolectora de desechos sólidos en Santiago de los Caballeros.

Es tiempo de que las autoridades competentes decidan enfrentar este mal social del motociclismo, motoconchismo, deliveries, patineteros y otros artefactos menores, donde se escudan delincuentes, maromeros, escandalosos  y violadores consuetudinarios de las leyes de nuestro país.

La Policía Nacional  o DIGESETT, y es una de mis tantas recomendaciones, deben exigir a esos motoristas, patineteros y a todo tipo de pequeños artefactos que circulan por las calles: Primero la licencia de conducir,   matricula, placa y, en las noches, luces y adecuados silenciadores o mofflers y,  de no portar estos elementos,  retener, ipso facto, sus medios de transporte.

Toda persona que compre una motocicleta debe primero registrarla en el Plan Piloto de la Policía Nacional, donde se haga constar el responsable de la misma y si es posible quienes podrían,  además del responsable,  conducirla, la placa y porque no cuando una motocicleta sale de la provincia, donde se utilizara, se vea precisado u obligado  a obtener una carta de ruta en la Policía Nacional.

Hay que ponerle la cosa difícil a los que circulan en motocicletas y otros aparatos similares, exigirle un seguro que cubra daños a la salud y las propiedades ajenas.

En la República Dominicana circulan miles de motocicletas y no hay un censo de cuántas de ellas están registradas en el Plan Piloto o en su defecto, cuántas de ellas circulan, sin placas, sin luz, sin seguro, sin una persona responsable, en buen dominicano los motoristas andan como chivos sin ley.

Los que conducen autos, autobuses y camiones en las ciudades del país se ven, muchas veces,  estresados  y atosigados por los benditos motociclistas  tienen que salir huyendo ante un accidente donde se involucra a un motorista pues estos se constituyen en turba y te hacen resolver, dicho altercado, en ese momento exigiendo que le pague los daños al conductor de dicha motocicleta y peor aun te acorralen, te amedrentan, te amenazan te agreden y no aparece quien te auxilie.

Atención  Senado, y Cámara de Diputados hay que ir procurando someter un  proyecto de ley de transito, único y exclusivamente para las  motocicletas y otros vehículos similares.

Tal vez y sin tal vez exigiéndole cumplimiento de dicha ley de transito se podría ir disminuyendo el desorden en el transito que provocan estos dueños de las calles e irrespetuosos de las leyes como hoy lo sindican en el pueblo.

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Las recientes vaguadas que han afectado distintos puntos de la República Dominicana han vuelto a poner a prueba la capacidad de respuesta del Estado ante situaciones de emergencia caracterizadas por  inundaciones, daños en viviendas y  comunidades impactadas que motivaron operativos de asistencia en varias provincias del país.

De acuerdo con reportes oficiales y de seguimiento, el Gobierno dominicano ha mantenido un despliegue activo de supervisión, coordinación y ayuda social en las zonas más vulnerables, en medio de un panorama marcado por alertas, evaluaciones de daños y acciones de mitigación.

En ese contexto, la presencia directa del presidente Luis Abinader en comunidades afectadas, junto a la movilización de instituciones de respuesta, ha procurado enviar una señal de cercanía institucional ante familias golpeadas por las lluvias.

En Los Platanitos, en el Distrito Nacional, el mandatario supervisó personalmente la situación de una de las áreas más expuestas a acumulaciones de agua y reiteró que el Gobierno continuará tomando medidas para devolver la normalidad a las comunidades afectadas. A esto se suma la asistencia anunciada para provincias como Puerto Plata, donde las autoridades iniciaron jornadas de apoyo para familias perjudicadas por las precipitaciones.

Los datos levantados por los organismos de emergencia reflejan la magnitud del fenómeno. Un informe de situación del COE reportó cientos de viviendas inundadas, decenas de miles de personas desplazadas o evacuadas y afectaciones en infraestructuras y servicios básicos, incluyendo acueductos fuera de servicio.

En medio de ese escenario, la articulación entre los organismos civiles y militares ha sido determinante para ampliar la capacidad de respuesta del país frente a los efectos de las lluvias.

Dentro de esa estructura de apoyo, las Fuerzas Armadas -con su ministro, Teniente General Carlos Antonio Fernández Onofre– han mantenido un papel importante, no solo desde su función operativa en momentos de contingencia, sino también como soporte logístico y humano en labores de socorro.

El COE reportó acciones de asistencia de la Fuerza Aérea de República Dominicana en zonas afectadas de Puerto Plata, donde fueron auxiliadas cientos de personas en comunidades impactadas por las inundaciones. Asimismo, reportes periodísticos consignan que el Ministerio de Defensa se ha mantenido en comunicación constante con el organismo rector de emergencias, como parte de la coordinación nacional frente al temporal.

Pero en tiempos como estos, la respuesta no solo se mide en rescates, alertas o despliegues territoriales. También se mide en la capacidad del Estado de sostener una política de atención humana hacia quienes alguna vez sirvieron a la nación con uniforme. En ese marco cobra especial relevancia la reciente entrega de dos viviendas completamente nuevas a retirados militares en San Isidro y Bayaguana, dispuesta por el Ministerio de Defensa y ejecutada a través de la Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas.

Ambos hogares fueron acondicionados, amueblados y abastecidos con insumos esenciales, en una acción que trasciende la asistencia material para convertirse en un gesto concreto de dignificación y acompañamiento a dos familias militares.

En medio de una coyuntura nacional en la que miles de hogares han sentido el impacto de las lluvias, este tipo de iniciativas adquiere una dimensión todavía mayor. No se trata únicamente de entregar techos; se trata de reafirmar que la protección social también debe alcanzar a quienes dedicaron años de su vida al servicio del país.

La actual temporada de lluvias ha dejado claro que, ante los desafíos naturales, la respuesta del Estado necesita fortaleza operativa, coordinación interinstitucional y sensibilidad social.

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