El nuevo documento de identidad y electoral  no tendrá el domicilio actual, lo que significa un atraso y un encubrimiento letal, para que el Poder Judicial, no funcione.

El voto se venderá con mayor facilidad, recuerden que el nuevo documento es de identidad y electoral y lo electoral no ha sido tomado en cuenta por la JCE, porque el voto domiciliario obstruye la compra del voto.  Los partidos políticos todos, se han quedado en silencio porque le conviene la compra del voto y el traslado de votante al interior del País.

Después del nombre de la persona, el domicilio es el atributo de mayor importancia política y social de un ciudadano y de un Estado organizado.  El Código Civil Dominicano, establece que el domicilio de todo dominicano, en cuanto al ejercicio de sus derechos civiles,es el del lugar de su principal establecimiento o trabajo y el lugar donde duerme.

Un porcentaje amplio de la población, ha cambiado de  domicilio por diversas razones, y tienen una habitación real en otro lugar, diferente de donde son nativos, estableciendo así su principal establecimiento. Es un disparate obtener un nuevo marbete, sin que a los solicitantes no se les requiera obligatoriamente el cambio de domicilio, que por demás en una infracción a la ley.

Hay más de cuatro millones de dominicanos viviendo fuera del país, y todavía siguen inscrito como domiciliado en su región de origen, lo que se presta a una amplia anomalía que la junta lo sabe y se hace de la vista gorda con el nuevo documento de identidad y electoral.

El periodo de duración del marbete, debe ser cada vez que el ciudadano cambie de domicilio o de estado civil o de profesión y no gastar seis mil millones de pesos, en el cambio de un marbete de un color por otro.

Desde el punto de vista electoral el cambio de domicilio disminuye la posibilidad de abstención del votante, por dificultad en el traslado  a la mesa  de votación, y además la delincuencia se disminuye en vista de que el  ciudadano se pueda ubicar  fácil, para los fines judiciales. Razón por la cual, ninguna persona puede trasladar su domicilio a otro lugar, sin que la comunidad lo registre y empadrone en el nuevo domicilio.

Un Estado se considera formalmente organizado, cuando puede determinar eficientemente el establecimiento  del  domicilio y la ubicación cierta del ciudadano. Por tanto la nueva cédula es un nuevo fraude electoral, si no toma en cuenta el domicilio del ciudadano.

El artículo 30 de la Ley de Registro Electoral No. 55 establece que es procedente la cancelación de una inscripción por cambio de residencia a otro Municipio o al Distrito Nacional y el Artículo 32 establece que todo ciudadano inscrito que haya cambiado de residencia deberá solicitar nueva inscripción por ante la Oficina de Inscripciones de su nueva residencia,  previa entrega,  en esa oficina de su Certificado de Inscripción anterior. Para la elaboración de la nueva Cédula de Identidad y Electoral, debe tomarse muy en cuenta el domicilio del ciudadano.

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Un hombre lanza improperios contra el presidente Luis Abinader. Lo vi en un video de Facebook.  Lo afecta la muerte de una hija, ocurrida el ocho de abril de 2025 debido al desplome de la discoteca Jet Set. El proceso judicial al respecto resulta complejo, dada la cantidad de víctimas y reclamantes.

Su edad avanzada no le aconseja al hombre hablar con mesura. Dice del mandatario que es «abusador y un charlatanazo». Algunos dolientes de las víctimas de esa tragedia   se comportan como si sus parientes hubieran muerto en defensa de la soberanía nacional o socorriendo damnificados de un terremoto.

La principal prueba esgrimida por el señor, cuyo nombre no aparece en el video, para emitir tan desconsideradas expresiones sobre un jefe de Estado democrático y tolerante es que, en su discurso del 27 de febrero, para presentar las memorias de los Ministerios, Abinader no mencionó el caso de Jet Set.

Durante años, una falla de la democracia dominicana ha sido la no separación de los poderes públicos. Esto ocurre en la práctica política, puesto que la Constitución y las leyes sí establecen la independencia de unos respectos de otros. La mayoría de los gobernantes, sin rubor alguno, han violentado las normas.

Durante décadas, el Poder Ejecutivo, léase el presidente de la República, ha incidido negativamente en los demás poderes. Jueces y fiscales han actuado como marionetas de algunos gobernantes. Y no precisamente para corregir lo que está mal o enderezar lo torcido, sino para retorcer leyes y procedimientos.

Lo escrito, escrito está.  Balaguer, Fernández, Medina han nombrado dirigentes de sus partidos en los tribunales de justicia  y  manejaron sus decisiones. Todavía quedan jueces de militancia peledeísta, en cortes de todos los niveles. Como era de esperarse, los magistrados han correspondido a quienes los nombraron.

La gente quiere justicia independiente, pero exige al Presidente intervenir en los tribunales. Cuando liberan a un acusado de corrupción, piensan en el  mandatario  y no en los intereses económicos y partidarios contrarios al Gobierno que han movido las sentencias. A menudo, los fallos dejan ver su color político.

El abogado que sueña con una tajada de lo que recibirá ese señor por la muerte de su hija debe enseñarle que su pleito es en un Juzgado de la Instrucción. Censurar al presidente Abinader porque en la rendición de cuentas  no mencionó   la tragedia de Jet Set es una grosera forma de reclamar justicia que a su vez resulta una injusticia.

rafaelperaltar@gmail.com
JPM