En las últimas dos semanas, el Gobierno dominicano ha dispuesto aumentos consecutivos en los precios de los combustibles: RD$5.00 por galón en la primera semana y RD$10.00 en la segunda, acumulando un incremento de RD$15.00 por galón en gasolina y gasoil. Estas alzas se justifican en la volatilidad e inestabilidad de los precios internacionales del petróleo. En contraste, el gas licuado de petróleo (GLP) ha mantenido sus precios congelados. Sin embargo, estas medidas generan una presión inflacionaria adicional en un contexto de crecimiento económico débil.

Mientras en la República Dominicana se responde al alza internacional trasladando el costo al consumidor, en países como España se han implementado medidas de alivio, como la reducción de tarifas eléctricas y la congelación de los precios de los combustibles, como paliativo ante la crisis energética derivada del conflicto geopolítico entre Estados Unidos, Israel e Irán, que ha afectado aproximadamente el 20% del transporte mundial de petróleo a través del estrecho de Ormuz, cuya operatividad se ha visto comprometida.

El incremento en los precios de la gasolina y el gasoil tiene efectos inmediatos en toda la estructura de costos de la economía. Se traduce en aumentos en el transporte de pasajeros, en los costos logísticos de bienes importados y nacionales, y en el precio final de los productos. Esto, a su vez, impacta directamente en la inflación y erosiona el poder adquisitivo de los hogares. Además, reduce los márgenes de ganancia de productores y comerciantes, afectando la dinámica del mercado interno.

Un elemento crítico en este escenario es la limitada capacidad de reservas de combustibles del país. La República Dominicana dispone de inventarios que cubren aproximadamente entre 30 y 45 días de consumo nacional, según informaciones del sector público y privado a marzo de 2026. Este nivel de almacenamiento resulta insuficiente para enfrentar choques prolongados en el suministro internacional.

De acuerdo con datos del Ministerio de Industria y Comercio, la capacidad de almacenamiento de la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa) alcanza unos 111.7 millones de galones, mientras que el consumo promedio mensual se sitúa en torno a los 88 millones de galones de los principales hidrocarburos. Aunque el sector importador reporta inventarios operativos cercanos a los 45 días —lo que evita una escasez inmediata—, el margen de maniobra sigue siendo limitado ante una crisis prolongada.

En términos operativos, Refidomsa importó en 2025 un total de 2,294,345 barriles de petróleo, un 7.32% más que en 2024, con un precio promedio de US$64.51 por barril. Este desempeño permitió generar beneficios superiores a RD$3,200 millones. A la luz de estos resultados, y considerando que para el 21 de marzo de 2026 el precio del barril West Texas Intermediate se situaba en US$98.32 y el Brent en US$112.00, surge la interrogante de si existe margen para amortiguar, al menos temporalmente, el impacto de las alzas internacionales en el mercado local.

En este contexto, el Gobierno podría evaluar la implementación de mecanismos de estabilización más equitativos, incluyendo la reducción temporal de márgenes de intermediación en la cadena de comercialización, con el objetivo de distribuir el impacto de los aumentos y evitar que recaiga de manera desproporcionada sobre los consumidores.

Si bien la volatilidad de los precios del petróleo podría ser transitoria, esta coyuntura debe servir como una señal de alerta. Es imperativo fortalecer la seguridad energética del país mediante el aumento de la capacidad de almacenamiento y una mayor inversión en la producción y refinación local. Extender las reservas estratégicas a más de tres meses sería una medida prudente frente a escenarios de alta incertidumbre internacional.

Finalmente, las políticas adoptadas hasta el momento evidencian ciertas asimetrías que podrían resultar contraproducentes en la lucha contra la inflación. Se hace necesario diseñar un plan integral de gestión de crisis que promueva una distribución más equilibrada de los costos, reduzca el impacto inflacionario y proteja el poder adquisitivo de la población.

De lo contrario, los incrementos sostenidos en los precios de los combustibles continuarán alimentando la inflación y profundizando las condiciones de vulnerabilidad económica de la nacion.

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POR VICTOR GARRIDO PERALTA

En medicina, hay pacientes que no están en estado crítico… pero tampoco están sanos. Caminan, hablan, incluso aparentan normalidad. Sin embargo, sus órganos vitales funcionan al límite.

La justicia dominicana es uno de esos pacientes. No está muerta. Pero tampoco está curada.

Y en ese estado intermedio —esa peligrosa “estabilidad aparente”— es donde se incuban las crisis más profundas.

El sistema inmunológico debilitado

En la fisiología de una democracia, la justicia no es un accesorio institucional. Es su sistema inmunológico.

Su función es simple y brutal: identificar al corrupto, aislarlo y neutralizarlo. Cuando ese sistema falla, la infección se propaga.

Los datos son claros. El World Justice Project sitúa a la República Dominicana en la posición 86 de 142 países en Estado de Derecho y en la 20 de 32 en América Latina y el Caribe.

No somos el peor sistema. Pero estamos lejos de ser uno confiable. En términos clínicos: somos un paciente crónico.

La sobrecarga que asfixia

El Poder Judicial dominicano recibe más de 1.2 millones de solicitudes al año, con más de 50,000 procesos penales anuales. Ningún sistema puede procesar ese volumen sin consecuencias.

La mora judicial —esa acumulación de expedientes sin resolver— no es un problema técnico. Es una forma silenciosa de negación de justicia.

Cada expediente pendiente es una víctima sin reparación, un acusado sin sentencia, una empresa sin certeza jurídica. En medicina, esto tiene un nombre: fallo sistémico por saturación.

El síntoma más peligroso: la impunidad

Pero la sobrecarga no es el diagnóstico principal. El síntoma más grave es otro. La impunidad.

El Índice de Percepción de la Corrupción 2024 otorga a República Dominicana 36/100 puntos, ubicándola en el puesto 104 de 180 países.

Hay mejoras. Sí. Pero la tendencia aún describe un sistema donde el castigo no es la regla. Y cuando el castigo deja de ser predecible, la corrupción deja de ser riesgo. Se convierte en estrategia.

El caso clínico que lo explica todo

El caso Medusa no es solo un expediente judicial. Es una radiografía del sistema. Noventa y cuatro aplazamientos antes de una decisión preliminar.

Noventa y cuatro. En medicina, eso equivaldría a diagnosticar un cáncer… y posponer el tratamiento casi cien veces. El problema no es el caso. El problema es que el sistema permite que ocurra.

La anemia ética

Durante años hemos hablado de reformas estructurales: presupuesto, digitalización, reorganización territorial. Todo eso es necesario. Pero no es suficiente.

El problema más profundo es biológico. Es una anemia ética institucional. Un sistema cuyos procesos disciplinarios son mínimos, con sanciones son excepcionales y una responsabilidad difusa no tiene anticuerpos.

Y un sistema sin anticuerpos no combate la enfermedad. La tolera.

El costo invisible

La crisis judicial no solo afecta tribunales. Afecta la economía. Afecta la vida. Cuando la justicia no funciona la inversión se retrae, el crédito se encarece y los contratos pierden valor.

Pero el impacto más grave no se mide en PIB. Se mide en vidas. Una orden de protección que no llega. Un preso sin condena. Una víctima que abandona el proceso.

Eso no es teoría jurídica. Es sufrimiento humano.

El espejo incómodo

La región demuestra que otra justicia es posible. Costa Rica garantiza constitucionalmente cerca del 6% del presupuesto al Poder Judicial, asegurando independencia real. Uruguay ha construido una cultura institucional de rendición de cuentas. Chile implementó evaluaciones sistemáticas de desempeño judicial.

Ninguno de estos países es perfecto. Pero entendieron algo esencial: La justicia no mejora por discurso.

Mejora por diseño institucional sostenido.

La tesis que incomoda

Durante años se ha repetido una idea que muchos consideran ingenua: “Necesitamos un juez.” Hoy es momento de decirlo con precisión técnica. No es una consigna. Es una hipótesis institucional.

Los sistemas cambian cuando aparece un precedente. No cien jueces. No una reforma completa. Uno. Un juez que no negocie la ley, no tema al poder, no administre el expediente, sino la justicia. Porque una sola sentencia puede hacer lo que cien discursos no logran: crear jurisprudencia moral.

Así comenzó Mani Pulite en Italia, los procesos anticorrupción en Brasil, las decisiones estructurales en tribunales estadounidenses. Siempre hubo un punto de inflexión. Siempre hubo alguien qué dijo: «Basta ya, ¡ya basta!»

La receta impostergable.

El tratamiento está claro. No es ideológico. Es técnico:

1. Independencia financiera real, no declarativa.

2. Selección meritocrática blindada de la política.

3. Régimen de consecuencias efectivo y visible.

4. Digitalización total y redistribución de carga judicial.

5. Formación continua obligatoria.

Sin estos elementos, cualquier reforma será cosmética.

El veredicto

La justicia dominicana no es un sistema colapsado. Pero tampoco es un sistema sano. Es un paciente compensado. Y en medicina, los pacientes compensados son los más peligrosos: porque dan la ilusión de estabilidad mientras la enfermedad avanza.

El punto de inflexión

La República Dominicana no necesita perfección inmediata. Necesita un punto de quiebre. Un momento. Un nombre. Un juez. Uno solo que entienda que su firma no es tinta. Es historia.

Porque el día en que ese juez dicte una sentencia que nadie esperaba —pero todos necesitaban— este país dejará de preguntarse si la justicia existe. Y comenzará, por fin, a sentirla.