POR LUISANNA LORA PERELLO

Luis Abinader ya no tiene otra elección presidencial que ganar. Tiene algo probablemente más complejo: dos años para decidir cómo quiere que sean recordados sus ocho años al frente de la República Dominicana.

Justo al cumplirse la mitad de su segundo y último mandato, el presidente ha movido piezas importantes de su Gobierno. Entre el 16 y el 17 de agosto, una sucesión de decretos ha tocado áreas tan distintas como Relaciones Exteriores, Vivienda, energía, tránsito, aviación civil, puertos, migración, primera infancia, desarrollo provincial, organismos de emergencia, mandos militares y, más recientemente, la dirección de la Policía Nacional.

No son movimientos menores. Tampoco todos pueden interpretarse de la misma manera.

Hay renuncias, retiros, ascensos, traslados y funcionarios que simplemente pasan de una institución a otra. En el ámbito militar, además, existen dinámicas propias de antigüedad y rotación que sería incorrecto equiparar con los cambios administrativos.

Por eso, reducir todo a una “barrida” gubernamental sería una lectura fácil.

Pero ignorar la dimensión política del momento también lo sería.

Abinader acaba de entrar en los últimos dos años de una Presidencia que constitucionalmente no puede prolongar mediante una nueva reelección consecutiva. Y cuando un gobernante llega a esa etapa, cambia inevitablemente la naturaleza del tiempo político.

Ya no se gobierna pensando solamente en la próxima elección. Se gobierna también pensando en lo que quedará.

Los decretos pueden cambiar funcionarios en cuestión de horas. Transformar instituciones, corregir deficiencias y recuperar confianza requieren mucho más que una firma.

Ese será el verdadero examen de estos movimientos.

Respuestas concretas

Porque algunos de los cambios ocurren precisamente en áreas donde el ciudadano espera respuestas concretas.

El tránsito continúa siendo uno de los grandes dolores de cabeza del país. El sistema eléctrico sigue enfrentando cuestionamientos por interrupciones, pérdidas y sostenibilidad financiera. La seguridad ciudadana permanece entre las principales preocupaciones de la población. Vivienda, migración y la eficiencia de los servicios públicos tampoco admiten únicamente cambios de nombres.

Por eso, dentro de seis meses importará mucho menos quién ocupó determinada oficina el 16 de agosto y mucho más qué comenzó a funcionar mejor después de su llegada.

Hay además un elemento interesante en esta reorganización: no todo es renovación.

Una parte importante consiste en redistribuir figuras que ya formaban parte de la administración.

Juan Manuel Méndez pasa del Centro de Operaciones de Emergencias al Intrant. Jean Luis Rodríguez deja la Autoridad Portuaria para asumir Vivienda. Víctor “Ito” Bisonó pasa a dirigir la política exterior. Joel Santos concentra nuevas responsabilidades en el estratégico sector eléctrico.

Más que sustituir completamente el equipo, Abinader parece estar reorganizando algunas de las piezas con las que pretende jugar la última parte del partido.

Y ahí surge una pregunta inevitable:

¿Estamos frente a una renovación del Gobierno o ante un intento de imprimir un nuevo ritmo utilizando buena parte del mismo capital político y administrativo?

La respuesta no puede darse hoy. Tendrá que construirse con resultados.

Pero existe otro reloj que también comenzó a correr.

Mientras Abinader entra en la etapa de su legado, dentro del Partido Revolucionario Moderno comienza inevitablemente a cobrar mayor fuerza la discusión sobre 2028. El presidente debe terminar su Gobierno mientras su organización política comienza a pensar en quién intentará sucederlo.

Son dos tiempos distintos coexistiendo dentro del mismo poder.

Uno mira hacia atrás y pregunta qué quedará.

El otro mira hacia adelante y pregunta quién sigue.

La capacidad de Abinader para evitar que la carrera sucesoria termine desplazando las prioridades gubernamentales será también parte de estos últimos dos años.

Porque uno de los mayores riesgos de cualquier segundo mandato sin posibilidad inmediata de reelección es que el calendario político comience a correr más rápido que el calendario de gestión.

Y todavía quedan demasiadas cosas por hacer como para permitirlo.

Los cambios anunciados pueden interpretarse como una oportunidad para relanzar áreas importantes de la administración. Los nuevos funcionarios merecen tiempo para demostrar si pueden hacerlo. Sería injusto juzgarlos antes de comenzar.

Pero también sería ingenuo pensar que cambiar titulares garantiza automáticamente mejores instituciones.

Un funcionario puede imprimir dirección, liderazgo y eficiencia. Pero cuando los problemas son estructurales, ninguna persona puede resolverlos únicamente ocupando una silla diferente.

Por eso, quizás la pregunta más importante después de esta reorganización no sea quién ganó poder ni quién lo perdió. Es otra:

¿Qué quiere corregir Luis Abinader antes de que se acabe el tiempo?

Dos años pueden parecer suficientes. En política y en administración pública no siempre lo son.

Grandes reformas requieren consensos. Las obras necesitan ejecución. Las instituciones necesitan procesos. Y recuperar la confianza ciudadana, cuando se deteriora, suele tomar mucho más tiempo del que necesita un decreto para cambiar un funcionario.

El 16 de agosto de 2028 llegará con o sin pendientes.

Ese día no habrá decreto capaz de modificar retrospectivamente el balance de ocho años de Gobierno.

Para entonces, muchos de los nombres que hoy ocupan titulares quizás hayan dejado de ser noticia. Lo que permanecerá será aquello que funcionó, las reformas que lograron consolidarse, las obras terminadas, las instituciones fortalecidas y también los problemas que el próximo Gobierno encuentre todavía sobre el escritorio.

Abinader ya no gobierna para conquistar otra reelección. Gobierna contra el reloj de su propio legado.

jpm-am

El discurso de despedida del ex director de la Policía Nacional general Andrés Modesto Cruz Cruz, ha encendido la pradera temática dominicana; el General, hoy retirado por el Poder Ejecutivo, dejó claro en su discurso que perdió el puesto por hacer lo correcto, durante su dirección de la institución.

Al general Cruz Cruz, a quien no conocemos, no pensamos defenderlo de la andanada de acusaciones que se desatado en su contra por sus afirmaciones; pero el hecho cierto de tantas acusaciones que salen a la luz un día después que él es relevado del cargo, nos llevan a reflexiones un poco más profundas.

¿Por qué sus detractores, esperaron su destitución para azuzar la jauría mediática pagada con dinero del Estado en su campaña de descrédito?

¿Por qué si le interesaba el puesto del Director de Policía, no usaron sus influencias sobre el Presidente Abinader para conseguirlo antes?

¿Cuáles callos pisó el General en el esquema del poder, para cosechar una destitución en solo 180 días de gestión?

Bueno, existen muchas preguntas más que formular, pero centremos nuestra atención en estas tres; en la primera, cuando hablamos de la “jauría mediática pagada” nos referimos al 80% de la prensa condicionada por los diez mil millones de pesos mensuales de publicidad del Poder Ejecutivo; salvo honrosas excepciones, ese dinero no condiciona la dirección de las noticias nacionales.

Ahora, ¿Por qué no se usó esa influencia mediática antes de la destitución? Pues porque no sabían, que partido tomaría el presidente Abinader.

En la segunda de nuestras preguntas, la respuesta es simple y está sombreada sobre la página principal; no tenían los argumentos básicos para convencer al Presidente de la necesaria destitución del general Cruz Cruz.

Este Director de la Policía Nacional, estaba pisando callos neurálgicos en el corrupto desempeño de los enclaves policiales; pero no había pisado nada que tuviera que ver con el Poder Ejecutivo, por esa razón continuaba en el cargo.

Cómo argumentar ante el Presidente que, el General jefe de Policía debía ser removido, porque había enviado a la justicia a dos generales envueltos en un alijo de 200 kilos de polvo blanco; ese callo duele, porque envuelve 30 millones de pesos.

Pero, cuando el general Cruz Cruz se opone a que se designe un administrador civil, para los fondos de la institución del orden, y que además se le asigne un rango de general, entonces se monta en el zapato del Poder Ejecutivo y pisa el callo del Presidente; esto motiva su destitución.

¿Es Andrés Modesto Cruz Cruz honesto? Bueno, por lo menos en el caso de la droga actuó como debía; y este solo hecho dejaba al desnudo, todo el entramado de los que desde la institución viven y se enriquecen con el flagelo que más daño hace a la sociedad.

Esto no es una defensa al General destituido; simplemente demostramos que no hay tal reforma policial; esa institución sigue siendo un campo de batalla para determinar quien conduce las redes de su pequeña corrupción, la gran corrupción, está en otro lugar.

Cada generación tiene su Capotillo.

El 16 de agosto de 1863, un grupo de patriotas levantó en el cerro de Capotillo la bandera dominicana y proclamó el inicio de la Guerra de la Restauración. No poseían grandes recursos ni contaban con un ejército capaz de competir con el imperio español. Tenían, sin embargo, algo decisivo: la conciencia de que la soberanía entregada podía recuperarse.

Comprendieron que la anexión no era irreversible. Comprendieron que la historia podía cambiarse cuando un pueblo dejaba de aceptar como inevitable aquello que lo condenaba.

Nuestra generación necesita realizar ese mismo descubrimiento.

La soberanía nacional no desaparece solamente cuando una potencia extranjera ocupa militarmente el territorio. También se pierde cuando nuestras riquezas naturales son entregadas; cuando la deuda decide por anticipado el presupuesto nacional; cuando intereses privados controlan el agua, la minería, la energía y la seguridad social; cuando acuerdos militares se firman sin verdadera transparencia; cuando producimos cada vez menos alimentos y dependemos cada vez más de las importaciones; cuando los organismos financieros internacionales tienen más influencia sobre las políticas públicas que las comunidades afectadas.

Una nación puede conservar su bandera, su himno y sus elecciones, mientras pierde gradualmente la capacidad de decidir su propio destino.

Por eso nuestros Capotillos serán diferentes.

Una comunidad defendiendo su agua puede ser Capotillo. Un movimiento impidiendo una concesión minera lesiva puede ser Capotillo. Ciudadanos reclamando transparencia sobre un acuerdo militar pueden ser Capotillo.

Campesinos defendiendo la tierra y la capacidad alimentaria del país pueden ser Capotillo. Trabajadores organizándose para conquistar salarios y derechos pueden ser Capotillo.

Jóvenes construyendo conocimiento científico y tecnológico nacional pueden ser Capotillo. Un cabildo abierto donde el pueblo obliga a sus autoridades a rendir cuentas también puede ser Capotillo.

La Restauración deja entonces de ser únicamente un episodio heroico del pasado. Se convierte en una cultura permanente de soberanía.

La generación que necesitamos

La nueva Restauración no será realizada por una generación que espere instrucciones desde arriba. Tampoco por una generación educada para contemplar las luchas desde las redes sociales, indignarse durante unos días y volver después a la pasividad.

Necesitamos una generación de organizadores.

Hombres y mujeres capaces de convertir el descontento individual en conciencia colectiva; la conciencia en organización; la organización en movilización, y la movilización en poder popular.

Esta generación deberá ser patriótica, pero no mediante un nacionalismo vacío que convierta al inmigrante pobre en enemigo mientras guarda silencio ante las corporaciones extranjeras que saquean nuestros recursos. Su patriotismo deberá medirse por la defensa del agua, la tierra, la producción nacional, los derechos del pueblo y la independencia política del país.

Deberá ser solidaria, porque no existe soberanía verdadera en una sociedad donde una minoría concentra la riqueza mientras millones sobreviven entre bajos salarios, desempleo, servicios deficientes y endeudamiento.

Deberá ser democrática, porque la soberanía no pertenece al gobierno de turno ni a una élite económica. Reside en el pueblo. Por tanto, restaurarla significa ampliar su capacidad para deliberar, fiscalizar, decidir y gobernar.

Deberá ser estudiosa. La indignación sin conocimiento puede producir protestas, pero difícilmente construirá una alternativa. Necesitamos conocer la Constitución, las leyes municipales, el presupuesto público, los contratos, las concesiones, la deuda, los mecanismos de participación ciudadana y el funcionamiento real del poder.

Deberá ser disciplinada y perseverante. No podemos continuar confundiendo una marcha con un proceso, una declaración con una organización ni una alianza electoral con la construcción de poder. La nueva Restauración necesitará años de trabajo paciente en barrios, campos, escuelas, sindicatos, universidades y comunidades.

Y, sobre todo, deberá aprender a formar reemplazos. Una organización que depende siempre de las mismas personas está condenada a debilitarse. Cada organizador deberá preparar a otros para asumir responsabilidades, ampliar el trabajo y continuar la lucha.

Los pasos de la nueva Restauración

1. Reconocer las nuevas formas de dependencia

El primer paso consiste en identificar dónde y cómo estamos perdiendo soberanía.

Debemos estudiar quién controla nuestros recursos naturales, quién se beneficia de la deuda pública, cuáles acuerdos comprometen el territorio nacional, qué sectores dominan las importaciones, cómo se distribuye el presupuesto y qué decisiones fundamentales se toman sin consultar al pueblo.

No puede defenderse aquello que no se conoce.

2. Convertir cada problema local en una escuela de soberanía

La lucha por una cañada, un acueducto, una escuela, un hospital, una carretera o contra una explotación minera no debe considerarse pequeña. En cada una de esas luchas el pueblo puede aprender a investigar, reunirse, escoger representantes, elaborar demandas, negociar, movilizarse y fiscalizar a las autoridades.

La soberanía nacional comienza cuando una comunidad descubre que tiene derecho a decidir sobre aquello que afecta su vida.

3. Crear organización permanente

Las movilizaciones son necesarias, pero no suficientes. Después de cada protesta debe quedar una organización más fuerte: un comité comunitario, una asamblea popular, una coordinación sectorial, una red de vigilancia o un equipo de formación.

Si termina la actividad y desaparece la organización, tendremos que comenzar desde cero en la próxima lucha.

4. Formar política y técnicamente al pueblo

No basta con denunciar una concesión: hay que saber leerla. No basta con exigir un cabildo abierto: hay que conocer el procedimiento para convocarlo. No basta con reclamar presupuesto: hay que aprender a identificar las partidas y vigilar su ejecución.

La nueva generación debe unir conciencia política, conocimiento técnico y experiencia práctica. Cada lucha necesita dirigentes capaces de explicar el problema con claridad y presentar alternativas realizables.

5. Articular las luchas sin borrar sus diferencias

La comunidad que defiende el agua, los trabajadores que reclaman salarios, los campesinos que protegen la tierra y los jóvenes que demandan educación parecen librar batallas distintas. En realidad, enfrentan diferentes manifestaciones de un mismo modelo de dependencia y concentración del poder.

Articular no significa obligar a todos a pensar igual. Significa identificar objetivos comunes, coordinar acciones y apoyarse mutuamente.

Necesitamos unidad en la acción, construida desde abajo y comprobada en la lucha cotidiana.

6. Construir independencia económica

Ningún movimiento puede sostener su autonomía si depende de quienes pretende enfrentar. La nueva Restauración deberá financiarse mediante aportes de sus integrantes, actividades solidarias y mecanismos transparentes de recaudación.

Cada peso aportado conscientemente por el pueblo fortalece su independencia. Cada gasto deberá informarse y justificarse.

7. Conquistar los espacios de participación popular

La Constitución y las leyes reconocen mecanismos como los cabildos abiertos, el presupuesto participativo, las consultas y los referendos municipales. Muchos permanecen dormidos porque el pueblo desconoce su existencia o porque las autoridades dificultan su aplicación.

Debemos convertir esos derechos escritos en instrumentos vivos. Usarlos permitirá acumular experiencia, conseguir victorias, formar dirigentes y demostrar que la población puede intervenir directamente en los asuntos públicos.

8. Elaborar un programa nacional de soberanía

Las luchas dispersas necesitan desembocar en una propuesta común: defensa del agua y los recursos naturales; soberanía alimentaria y energética; producción nacional; servicios públicos universales; recuperación de derechos laborales; investigación científica propia; transparencia de los contratos y acuerdos internacionales; independencia frente a las potencias y participación popular efectiva.

No se trata únicamente de oponerse. Hay que presentar el país que proponemos construir.

9. Acumular poder antes de disputar el gobierno

Uno de nuestros mayores errores ha sido creer que una alianza electoral improvisada puede sustituir la organización que no construimos durante años.

Participar en elecciones puede ser necesario, pero llegar al Palacio Nacional no significa automáticamente conquistar el poder. Sin organización comunitaria, formación política, financiamiento propio, medios de comunicación, presencia territorial y capacidad de movilización, cualquier gobierno popular quedará prisionero de los poderes económicos que dominan la sociedad.

Primero debemos construir una fuerza nacional enraizada en el pueblo. La expresión electoral deberá ser consecuencia de esa fuerza, no su reemplazo.

10. Preparar a quienes continuarán la obra

Cada comité deberá incorporar nuevos miembros. Cada dirigente deberá formar a otros. Cada experiencia deberá documentarse. Cada victoria y cada derrota deberán convertirse en enseñanza.

La generación restauradora no será aquella que produzca líderes insustituibles. Será la que forme miles de personas capaces de organizar, orientar y multiplicar el poder popular.

Levantar de nuevo la bandera

Los restauradores de 1863 no esperaron que todas las condiciones fueran perfectas. Comenzaron con lo que tenían, desde el lugar donde estaban, y transformaron una acción inicial en una guerra nacional de liberación.

Esa es también nuestra tarea.

Nuestro Capotillo puede comenzar en una reunión de diez vecinos que deciden defender una fuente de agua. Puede comenzar cuando trabajadores vencen el miedo y crean una organización. Puede comenzar cuando una comunidad exige conocer un contrato mantenido en secreto. Puede comenzar cuando un grupo de jóvenes decide estudiar los problemas nacionales y ponerse al servicio de su pueblo.

Pero ninguna de esas acciones debe quedar aislada. Cada pequeño Capotillo tendrá que conectarse con los demás hasta formar un movimiento nacional capaz de recuperar la facultad del pueblo dominicano para decidir sobre su territorio, sus riquezas, sus instituciones y su futuro.

La soberanía no se conserva mediante ceremonias. Se ejerce, se defiende y, cuando ha sido entregada, se restaura.

La generación que necesitamos no será recordada por los discursos que pronunció, sino por las comunidades que organizó, los derechos que conquistó, los recursos que defendió y las nuevas generaciones que dejó preparadas.

En 1863, una generación levantó la bandera para recuperar la República.

La nuestra deberá levantarla nuevamente para devolverle la República al pueblo.

jpm-am

Continue reading «Capotillo y la generación de la Nueva Restauración»

Por VICTOR GARRIDO PERALTA

Un funcionario experimentado abandona una institución después de años de trabajo. Se marcha con él algo que no aparece en ningún organigrama: sabe dónde se atascan los procedimientos, qué errores ya se cometieron y qué soluciones funcionaron. Meses después, alguien ocupa su lugar. Y vuelve a cometer el mismo error. No porque sea menos inteligente, sino porque nadie le transmitió lo que la institución ya había aprendido.

El problema no era la falta de experiencia. Era la pérdida de memoria. Algo parecido puede ocurrirle a una República. Puede atravesar una crisis, estudiar sus causas, modificar una política, evaluar sus resultados y aprender una lección. Pero si ese conocimiento desaparece cuando cambian los funcionarios o las administraciones, la experiencia no se convierte en capacidad. La República vuelve a empezar.

Una sociedad que vuelve a empezar constantemente no acumula conocimiento. Acumula experiencias. Una experiencia es algo que ocurrió. La información registra lo ocurrido. La evaluación intenta comprenderlo. El aprendizaje modifica lo que sabemos o hacemos. Pero todavía falta algo: conservarlo. Porque una República puede aprender y, sin embargo, olvidar.

En el capítulo anterior llegamos a una conclusión fundamental: cuando una decisión entra en la realidad, la realidad responde. Una política puede producir el resultado esperado, otro distinto o consecuencias imprevistas. La República madura debe aprender de esas respuestas. Pero ahora aparece una pregunta más difícil: ¿dónde queda ese aprendizaje? Un gobierno puede producir informes y auditorías y, sin embargo, modificar muy poco su comportamiento.

Puede recordar qué hizo y olvidar por qué lo hizo; conservar una reforma y perder las condiciones que hicieron posible su éxito. Por eso la memoria institucional debe conservar conocimiento que pueda ser recuperado y utilizado. Guardar información no equivale a aprender. Una institución puede conservar durante décadas una manera de hacer las cosas y repetirla porque nadie volvió a cuestionarla. Entonces la memoria se convierte en rutina.

Recordar no es hacer siempre lo mismo

Una República madura necesita recordar lo que funcionó y lo que no; sus éxitos y errores; las decisiones, sus razones y su contexto. Imaginemos que un gobierno reforma un servicio público. Años después, otra administración descubre que la reforma no produjo los resultados esperados. Debería poder reconstruir el problema, la evidencia, el diagnóstico, las alternativas, la decisión, la ejecución y el resultado. Eso es más que un archivo. Es memoria de razonamiento.

Una generación puede heredar una decisión sin heredar el pensamiento que la produjo y volver a cometer errores ya pagados. No porque carezca de inteligencia, sino porque perdió la memoria de la suya. Hay conocimientos escritos en leyes y manuales. Otros viven en las personas y pueden marcharse con ellas. Una institución capaz debe transformar parte de ese conocimiento tácito en conocimiento compartido.

La continuidad administrativa importa por la misma razón. Una democracia necesita cambiar gobiernos, pero el Estado no debería perder su memoria cada vez que cambia la administración. La alternancia política es saludable. La amnesia institucional no. Pero recordar también puede convertirse en un problema. Una institución puede conservar tan fielmente sus procedimientos que termine incapaz de reconocer que el mundo cambió.

Por eso una República madura no necesita simplemente recordar más. Necesita recordar mejor. Recordar no significa obedecer al pasado. Significa comprenderlo. Cambiar sin recordar produce amnesia. Recordar sin revisar produce rigidez. Entre ambas existe una tercera posibilidad: aprender. Y aprender del error no elimina la responsabilidad; evita que el mismo error tenga que pagarse nuevamente.

¿Quién decide qué merece ser recordado?

La memoria institucional no es completamente neutral. Alguien decide qué se conserva, qué se considera éxito, qué se presenta como fracaso y qué explicación entra en la memoria oficial. Por eso la memoria institucional también es una cuestión de poder. Una memoria republicana de calidad debería permitir reconstruir la cadena: problema → evidencia → diagnóstico → alternativas → decisión → implementación → resultado → evaluación → aprendizaje.

Así una generación puede aprender de otra. Sin esa cadena, cada generación interpreta el pasado según sus propias necesidades. Y entonces la memoria deja de servir al conocimiento. Empieza a servir a la narrativa. La pregunta deja de ser solamente qué ocurrió y pasa a ser quién tiene el poder de decidir qué versión de lo ocurrido sobrevivirá.

La decisión vuelve a convertirse en conocimiento

Aquí comienza a cerrarse el círculo de La Arquitectura de la República. Primero aprendimos a observar, interpretar y diagnosticar. Después, que diagnosticar no es decidir, que decidir no es ejecutar y que ejecutar no garantiza resultados. Ahora debemos agregar algo más: la respuesta de la realidad se convierte en una nueva fuente de conocimiento.

La decisión deja de ser el final y se convierte en el comienzo de otro proceso. La secuencia puede expresarse así: observar → interpretar → diagnosticar → decidir → intervenir → ejecutar → evaluar → aprender → recordar → corregir → volver a decidir. La República deja de funcionar como una sucesión de decisiones y comienza a acumular conocimiento.

La prueba definitiva de la memoria no está en lo que conserva. Está en lo que cambia. Cada generación tiene derecho a cambiar el rumbo, pero no debería descubrir nuevamente lo que las anteriores ya descubrieron. Cambiar no significa borrar. Reformar no significa olvidar. Una administración nueva debe poder cuestionar una política sin perder el conocimiento que explica por qué fue creada.

Debe poder abandonar una solución sin perder la evidencia de por qué dejó de funcionar; conservar una institución sin convertirla en intocable. Ésa es una de las formas más difíciles de madurez republicana: conservar sin inmovilizar; cambiar sin olvidar. Una República que consigue hacerlo desarrolla algo que ningún gobierno puede producir por decreto: inteligencia institucional acumulativa.

La república que recuerda para poder cambiar

Una República madura no pretende tener siempre la razón. Su fortaleza está en su capacidad de corregirse. Para corregirse necesita observar. Para comprender, necesita conocimiento. Para decidir, necesita juicio. Para mejorar, necesita evaluación. Para aprender, necesita reconocer lo que la realidad le enseñó. Y para no volver a empezar, necesita memoria.

Por eso la memoria institucional no es un lujo administrativo. Es una condición de la continuidad del conocimiento público. Una República que no recuerda sus errores está condenada a redescubrirlos. Una que solo recuerda sus éxitos construye una historia incompleta. Y una que recuerda sin revisar queda atrapada en el pasado.

Pero una República que aprende, recuerda y vuelve a examinar lo aprendido adquiere una capacidad extraordinaria: puede cambiar sin perderse. Se vuelve más sabia cuando consigue conservar lo que sus experiencias le enseñaron. Y queda una pregunta más exigente que todas las anteriores:

¿Puede una República recordar aquello que aprendió cuando llegue nuevamente el momento de decidir?

jpm-am