La democracia contemporánea se proclama viva, pero realmente está para “cuidados intensivos”. Sus rituales se mantienen —elecciones, discursos, instituciones— mientras su espíritu se erosiona lentamente.

En otro artículo hurgué en sus raíces y su “evolución”. Y lo hice porque esto que observamos no es una crisis coyuntural, sino una transformación profunda: la sustitución del ideal democrático por un entramado en donde el mercado y la tecnocracia dictan las reglas. Es, sencillamente, la mentira organizada de nuestro tiempo.

El problema no es solo económico, sino político y moral. La democracia ha sido progresivamente subordinada al poder del mercado, hasta convertirse en un mecanismo funcional a los intereses de una minoría. El sistema político, lejos de orientar el rumbo colectivo, ha sido desplazado por el “estoy buscándome lo mío”.

Desde los poderes hegemónicos mundiales hasta los “patios traseros” de esas estructuras gobiernan para tranquilizar mercados, no para garantizar derechos. En ese proceso, la soberanía popular queda reducida a un concepto decorativo.

¿Cuál ha sido la trampa? El neoliberalismo ha jugado un papel central en esta mutación. Bajo la promesa de eficiencia y crecimiento, consolidó un modelo donde la desigualdad no es una falla, sino un resultado esperado. La democracia, otrora gobierno de las mayorías y ahora vaciada de contenido social, se vuelve apta para el mercado y hostil para las mayorías. Se conserva el nombre, pero se pierde la sustancia. Lo que emerge es una democracia de baja intensidad, sostenida por gente a la que no le importa ética, ni las personas y mucho menos rendir cuentas.

A este escenario se suma el ascenso de la tecnocracia. Los espacios de deliberación política han sido ocupados por gerentes, consultores y expertos que gestionan lo público con lógica estrictamente mercurial.

La discusión democrática es reemplazada por indicadores, rankings y narrativas de eficiencia. El lenguaje económico suplanta al lenguaje ciudadano. Se gobierna desde hojas de cálculo, no desde proyectos territoriales.

Las consecuencias las estamos viviendo. La concentración de la riqueza se intensifica, la pobreza se normaliza y la desigualdad se naturaliza. La corrupción deja de ser una anomalía para convertirse en sistema: socializa pérdidas, privatiza ganancias -incluyendo cuánto devolveré de lo robado para que me dejen tranquilo- y erosiona la confianza pública.

Junto a ello, el individualismo se impone como “valor” dominante. La competencia salvaje sustituye a la solidaridad, debilitando los lazos sociales que sostienen cualquier democracia real.

Es como si no reparáramos en que la ausencia de ética en la política y la economía no solo profundiza las desigualdades, sino que bloquea cualquier posibilidad de desarrollo sostenible y cohesión social. Sin una ética que oriente decisiones, la ciencia, la economía y la política se convierten en instrumentos al servicio de intereses particulares, alejados del bien común.

Estamos, entonces, ante una paradoja inquietante. La democracia, creada para limitar el poder, termina legitimándolo. Se transforma en fachada mientras avanza una tiranocracia silenciosa, privada o estatal, que gestiona lo público sin responsabilidad moral. El descontento social, la apatía política y la desconfianza institucional no son accidentes: son síntomas. Pero muchos prefieren “no verlos”.

¿Qué hacer frente a este panorama? La respuesta no es solo estructural, sino profundamente humana. Recuperar la democracia exige recuperar la ética como principio rector. No una ética abstracta, sino una ética que se evidencie en decisiones cotidianas, en políticas públicas, en prácticas económicas y en comportamientos personales. La ética es el puente entre libertad y responsabilidad.

Ser mejores personas en este contexto implica resistir la lógica del “sálvese quien pueda”. Implica rechazar la mentira organizada que nos convence de que el mercado lo resuelve todo. Supone ejercer ciudadanía activa, exigir rendición de cuentas y reconstruir el sentido de comunidad. También implica asumir que el cambio colectivo comienza por la coherencia individual.

La democracia no se salva solo en las urnas, sino en la vida diaria. Se salva cuando dejamos de normalizar la injusticia, de justificar el abuso y decidimos defender la dignidad. Cierro este SOS por la democracia de manera breve y clara: sin ética, la democracia es una palabra vacía; con ética, vuelve a ser un proyecto común. ¿Por cuál ruta seguimos?

info@nestorestevez.com   

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POR CARLOS SALCEDO

Este texto nace a partir de la sentida muerte de Juan Manuel Guerrero, ocurrida el pasado 20 de enero. No sustituye, sin embargo, el artículo que, como cada semana, ya había sido enviado previamente a la redacción de este medio. Por esa razón, estas líneas no aparecen como reacción inmediata al suceso, sino como un ejercicio deliberado de memoria, escrito una vez asimilada su partida y desde el lugar sereno -aunque dolido- de la amistad, el afecto y la admiración profunda.

De Juan Manuel guardaré siempre su sonrisa contagiante, su sincero amor por los demás, su lealtad sin cálculo con compañeros y amigos y, de manera muy especial, el amor luminoso que profesaba por Johanna, que era también una pedagogía silenciosa de la ternura y una forma decente de habitar el mundo.

Hay juristas que saben mucho derecho. Y hay otros -más escasos- que saben para qué sirve. Juan Manuel Guerrero perteneció sin duda a esta segunda estirpe: la de quienes entienden el derecho no como un objeto de veneración académica ni como una liturgia de citas, sino como una herramienta viva cuya legitimidad se juega, siempre, en su ejecución práctica y en su impacto humano.

Abogado, jurista, exfiscal, exjuez, excompañero de universidad y amigo hilarante -porque la inteligencia sin humor suele degenerar en solemnidad vacía-, Juan Manuel encarnó una combinación rara y valiosa: sapiencia sin alarde y sentido práctico sin cinismo. Nunca confundió el derecho con el papel que lo contiene ni con el cargo que lo administra. Supo, con claridad pedagógica, que la norma que no se ejecuta, la sentencia que no transforma y el argumento que no resuelve conflictos reales son apenas ejercicios retóricos, elegantes quizá, pero jurídicamente estériles.

Fue, además, un profesor extraordinario. Admirado por sus colegas y amado por sus alumnos, no enseñaba para exhibirse, sino para formar. En el aula explicaba el derecho desde el caso, desde la consecuencia y desde la responsabilidad. Enseñaba a pensar, a dudar con método y a decidir con conciencia. Muchos aprendieron con él que saber derecho no es memorizar normas, sino comprender vidas atravesadas por normas.

Su paso por la judicatura confirmó esa coherencia vital. Sus decisiones fueron comprensibles, razonadas y ejecutables, conscientes de que juzgar no es declamar principios abstractos, sino asumir la responsabilidad -grave y humana- de afectar libertades, patrimonios y destinos. Entendió, antes que muchos, que la autoridad del derecho no proviene de su solemnidad, sino de su capacidad de ordenar la convivencia con justicia efectiva.

Como abogado fue fiel a esa misma ética: resolutivo, claro, sin fetichismo del expediente ni devoción por el tecnicismo inútil. En tiempos de discursos constitucionales huecos, insistió -con firmeza y buen humor- en una verdad elemental: el derecho existe para servir, no para adornar.

Juan Manuel Guerrero vivió el derecho con inteligencia, humanidad y responsabilidad. Y en el tribunal definitivo de la memoria -sin recurso, sin nulidad y con autoridad irrevocable de cosa juzgada moral- su legado queda firme, válido y plenamente ejecutorio.

jpm-am