Brote de sarampión deja 50 muertos en Guatemala

Ciudad de Guatemala, 9 oct.- A casi nueve meses hoy de confirmados los primeros casos, el brote de sarampión deja 50 muertos en Guatemala y 34 mil 328 contagios, según  datos oficiales de cierre hace tres días.

De los fallecidos, el mayor por ciento se concentra en los menores de siete años, detalló el Ministerio de Salud y Asistencia Social (Mspas), que aclaró que algunos niños aún no tenían la edad para recibir la dosis cero de la vacuna contra la enfermedad.

Situó la letalidad general en 0.15 por ciento, de cada mil infectados aproximadamente uno pierde la vida.

En cuanto a los infectados, acotó la cartera, ocho mil 434 trascendieron mediante pruebas de laboratorio, tres mil 434 por antecedentes de contacto con personas positivas al virus, mientras 22 mil 470 se identificó por síntomas clínicos.

Las autoridades expusieron al departamento de Izabal con la mayor incidencia (400,4 casos por cada mil habitantes), esta capital (328,6), Sololá (306,7) y Quetzaltenango (268,8).

Aunque los registros semanales muestran una disminución contra el pico de marzo pasado, especialistas advirtieron que el brote continúa activo.

De 775 en ese tercer mes, bajaron a 167 en la semana 39 y en la última evaluada a 109, añadieron.

Además, subrayaron que las complicaciones más graves siguen concentrándose en niños pequeños, personas con desnutrición y pacientes con factores de riesgo.

El 83 por ciento de los contagiados se recuperó y uno de cada 11 requirió hospitalización, remarcó el Mspas.

Calificó de importante mantener los esquemas de vacunación completos y oportunos para prevenir posibles complicaciones.

El organismo sanitario precisó sobre la aplicación de dos millones 74 mil 294 dosis de la vacuna SPR, que protege contra sarampión, paperas y rubéola.

La situación actual se produjo tras una celebración religiosa multitudinaria realizada en el municipio de Santiago Atitlán, Sololá, y el 9 de enero del presente año se confirmaron los casos iniciales.

Guatemala no registraba un brote endémico de esta magnitud desde 1997, y uno importado en 2018, de acuerdo con informes.

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Democracia y desafío

Muchas veces se ha advertido: hay gente jugando con la democracia, jugando con fuego. Los resultados de Latinobarómetro 2026 obligan a subir el tono de esa alerta. Antes, el problema era la inconformidad de muchas personas con políticos y gobiernos. Pero ahora sigue en aumento la población dispuesta a aceptar salidas que pueden debilitar la propia democracia.

La primera señal viene del Estado: la genera una sensación de aumento del abandono estatal hacia la ciudadanía. Según la reputada publicación, el 73 % de los latinoamericanos considera que, durante los últimos tres años, el Estado ha hecho poco o nada por ellos y sus familias. En 2011 pensaba así el 63 %.

Eso se entiende mejor cuando miramos lo que dice Latinobarómetro sobre los servicios. Solo el 40 % está satisfecho con la educación pública; con los hospitales, apenas el 28 %; con la justicia, el 22 %, y con la policía, el 30 %. Para mucha gente, el Estado aparece cuando cobra impuestos, pero desaparece cuando necesita respuestas.

Aquí comienza un peligro mayor. Si las instituciones no resuelven problemas, la ciudadanía pierde confianza. Y cuando esa pérdida dura demasiado, aparecen personas dispuestas a cambiar derechos por promesas de resultados rápidos.

Latinobarómetro 2026 revela que sólo el 47 % de los dominicanos apoya la democracia como sistema de gobierno. Además de un notable descenso de ocho puntos en los dos últimos años, en República Dominicana, ese respaldo es inferior al promedio de América Latina, que se sitúa en 52 %.

También están en crisis los partidos en la región. Apenas el 15 % confía en ellos y el 76 % dice no sentirse representado por su Congreso o Parlamento. Sin embargo, el 55 % considera que no puede haber democracia sin partidos y el 74 % considera indispensables las elecciones. Aquí hay una contradicción que es muy recomendable estudiar: queremos democracia, pero desconfiamos de quienes están llamados a ejercer un rol de principalía al momento de hacerla funcionar.

Un serio peligro

Aquí hay un serio peligro porque ese vacío abre paso al personalismo. Cuando los partidos dejan de representar ideas, comunidades y sectores sociales, comienzan a convertirse en vehículos para una persona. Entonces importa menos el programa y más el personaje; menos el equipo y más la imagen; menos la institución y más quien promete resolverlo todo, aunque a la hora de la verdad termine haciendo nada.

A eso se suma una nueva batalla: la información. La televisión ha perdido peso y las redes sociales ocupan cada vez más espacio en la conversación política. El problema es que el 76 % de los latinoamericanos percibe información falsa circulando por esas plataformas.

En ese ambiente, distinguir verdad y mentira puede resultar difícil. Un video manipulado, una fotografía creada con inteligencia artificial o una falsedad repetida miles de veces pueden influir en lo que creemos. Y cuando votamos sobre mentiras, nuestra libertad de elegir también queda afectada.

¿Qué hacer entonces?

La primera tarea corresponde al Estado: demostrar que funciona. Eso significa mejores escuelas, hospitales, seguridad, justicia y servicios públicos. Hay que pasar del dicho al hecho porque no basta con simples discursos. La ciudadanía necesita comprobar que sus instituciones sirven para mejorar su vida.

La segunda tarea corresponde a los partidos. Necesitan recuperar su función de representar, formar dirigentes, escuchar comunidades, escoger mejores candidaturas y rendir cuentas. Si solo aparecen para las elecciones, seguirán perdiendo legitimidad y dejando espacio a proyectos construidos alrededor de figuras individuales.

La tercera tarea nos corresponde a todos: aprender a verificar información, desconfiar de aquello que busca provocar reacción inmediata o simplemente entretener para mantenernos desviados de lo esencial. Necesitamos enseñar a niños y jóvenes – y a muchos que ya no lo son, pero se comportan como si lo fueran- a moverse responsablemente en el mundo digital.

La democracia latinoamericana conserva fortalezas. Las elecciones todavía cuentan con amplio respaldo. Pero esa reserva puede agotarse si el Estado continúa fallando y la política sigue alejándose de las personas.

El desafío no consiste únicamente en conservar la democracia. Consiste en lograr que funcione, represente y produzca resultados sin sacrificar libertades. Porque cuando la democracia deja de funcionar, aunque aparezca alguien ofreciendo respuestas fáciles, termina saliendo demasiado caro.

jpm-am

República Dominicana y Haití: Una vecindad que debe aprender vivir en paz

POR RAFAEL PASIAN

¿Qué sucede cuando un partido de fútbol deja de ser un encuentro deportivo y se convierte en una excusa para despertar viejos resentimientos? ¿Cómo defender nuestra patria sin despreciar la patria de otro? ¿Cómo exigir respeto sin perder nuestra humanidad?

Soy Rafael Pasian. Hoy quiero invitarlos a pensar con serenidad en la relación entre la República Dominicana y Haití. Una relación que debemos mirar con memoria histórica, responsabilidad y voluntad de paz.

El pasado 1 de octubre, Haití venció cuatro goles a uno a la República Dominicana en el Estadio Olímpico Félix Sánchez. Se reportaron desórdenes y daños en un acceso al recinto. Después, el Gobierno anunció que la selección haitiana no podría disputar nuevos partidos en instalaciones deportivas dominicanas.

Los daños deben investigarse. Quienes resulten responsables deben responder por sus actos. El patrimonio público pertenece al pueblo y merece protección.

Pero ningún incidente autoriza a convertir a millones de personas en culpables. La conducta de un grupo de aficionados no define el carácter de una nación.

También corresponde examinar la organización, los controles de entrada y las medidas de seguridad. Investigar todas las responsabilidades ayuda a prevenir nuevos incidentes. Una decisión sobre el uso de los estadios debe explicarse con criterios de seguridad, proporcionalidad y condiciones claras. Y debe dejar espacio para el diálogo.

El autor es ingeniero, escritor y educador dominicano. Reside en Nueva York.

No discutimos aquí quién debía ganar. En el fútbol, una victoria se celebra y una derrota se acepta. Lo que está en juego ahora es nuestra capacidad de actuar con justicia cuando se encienden las emociones.

Para comprender esta tensión, debemos retroceder en el tiempo.

Nuestros pueblos se formaron bajo sistemas coloniales distintos: el español en la parte oriental y el francés en la occidental. La esclavitud, la explotación y las jerarquías de color dejaron heridas profundas en la isla.

Haití conquistó su independencia en 1804, después de una revolución protagonizada por personas esclavizadas. Aquel triunfo tuvo una importancia extraordinaria para la historia de la libertad. Sin embargo, Francia le impuso en 1825 una indemnización que convirtió el reconocimiento de su independencia en una carga financiera duradera.

La historia dominicana también tiene sus heridas. Entre 1822 y 1844, la parte oriental estuvo bajo el gobierno haitiano. Ese período generó conflictos y resistencias que desembocaron en nuestra independencia el 27 de febrero de 1844.

La soberanía dominicana merece respeto pleno. El pueblo dominicano tiene derecho a conservar su Estado, su identidad y sus decisiones.

Pero el trabajador haitiano de hoy no es el gobierno de Boyer. El niño haitiano de hoy no participó en las guerras del siglo XIX. Heredar una memoria no significa heredar una culpa.

Y nuestra memoria debe incluir la matanza de 1937, ordenada por la dictadura de Trujillo, en la que fueron asesinados miles de haitianos. Reconocer ese crimen es una responsabilidad moral. Una sociedad que mira de frente sus heridas puede educar a sus hijos para que no las repitan.

La historia debe ayudarnos a comprender. Cuando la utilizamos para mantener vivo el odio, dejamos de aprender de ella.

Ahora bien, hablar de humanidad exige también hablar con franqueza sobre la migración.

Una inmigración numerosa, especialmente cuando ocurre por vías irregulares y sin planificación suficiente, puede aumentar las exigencias sobre hospitales, escuelas, viviendas y comunidades que ya enfrentan carencias. Las preocupaciones de las familias dominicanas merecen ser escuchadas.

También debemos distinguir las presiones que puede añadir la migración de las deficiencias que vienen de antes. No podemos explicar todos los problemas nacionales señalando al vecino más pobre.

La República Dominicana necesita una política migratoria seria: información actualizada, controles eficaces, procedimientos transparentes y una administración que respete la dignidad humana. No basta repetir cifras alarmantes sin indicar de dónde provienen, de qué año son o a quiénes incluyen.

Y hay una pregunta que pocas veces se formula con suficiente firmeza: ¿quién contrata al trabajador sin documentos? ¿Quién se beneficia de que tenga miedo de reclamar su salario? ¿Quién facilita el tráfico de personas o cobra para permitir un paso irregular?

La responsabilidad también alcanza a empleadores, intermediarios y funcionarios que convierten la vulnerabilidad humana en negocio.

Si queremos orden, debemos exigirlo en la frontera y en las empresas. Si queremos justicia laboral, debemos defender condiciones dignas para dominicanos y haitianos. Permitir que se explote a uno facilita que se rebajen los derechos del otro.

También hay que reconocer los aportes.

Los trabajadores haitianos participan en la agricultura y la construcción dominicanas. Su labor está presente en cosechas, viviendas y obras. Los estudios sobre inmigración han documentado esa presencia.

Ese aporte merece reconocimiento, salarios justos y protección frente al abuso. Y la dignidad de una persona va más allá de su utilidad económica: también merece respeto cuando enferma, envejece o no puede trabajar.

¿Y por qué tanta gente abandona Haití?

No existe una sola explicación. La crisis combina pobreza, debilidad institucional, inestabilidad política, violencia de grupos armados y falta de oportunidades. Tiene raíces históricas y responsabilidades contemporáneas, tanto internas como externas.

Las élites haitianas y sus dirigentes deben responder por sus decisiones. Las intervenciones extranjeras y las cargas impuestas desde fuera también forman parte de esa historia. Los desastres naturales han agravado una fragilidad que ya existía.

Pero ninguna explicación seria puede atribuir la crisis a una supuesta inferioridad del pueblo haitiano.

Una madre que huye de la violencia busca seguridad. Un joven que cruza para trabajar busca una posibilidad de vivir. Comprender esos motivos permite diseñar respuestas más realistas.

La República Dominicana no puede asumir sola la reconstrucción de Haití. La comunidad internacional debe contribuir de manera sostenida a la seguridad, las instituciones y las oportunidades en ese país, con participación de su población y respeto a su soberanía.

La estabilidad de Haití también importa a los dominicanos. Tener un vecino donde se pueda estudiar, trabajar y vivir con seguridad favorece la paz de toda la isla.

Las diferencias culturales requieren atención, no desprecio.

En nuestro país predomina el español; en Haití, el criollo haitiano, y el francés también es idioma oficial. Una barrera de idioma puede dificultar una consulta médica, una clase o la comprensión de una norma. Podemos atenderla con orientación, interpretación y aprendizaje de lenguas.

Nuestras costumbres y tradiciones tienen diferencias. También compartimos raíces africanas, experiencias caribeñas, vínculos comerciales y relaciones entre familias.

Ningún color de piel determina la honradez, la inteligencia o la capacidad de convivir. Cuando se utiliza la apariencia para sospechar de una persona o humillarla, el prejuicio termina alcanzando también a dominicanos negros y a dominicanos de ascendencia haitiana.

Defender nuestra cultura exige conocerla y educar en ella. El insulto no la fortalece.

Propongo que pasemos de la indignación a la responsabilidad.

Necesitamos diálogo permanente entre las autoridades, mecanismos para resolver conflictos fronterizos, cooperación contra el tráfico de personas y reglas laborales que se cumplan. Necesitamos fortalecer los servicios públicos en las comunidades que reciben mayor presión y exigir a los empleadores que asuman sus obligaciones.

Necesitamos periodistas, maestros y dirigentes que distingan hechos de rumores; que corrijan una provocación sin multiplicarla; que eviten convertir una nacionalidad en una acusación.

Y necesitamos encuentros culturales, académicos y deportivos organizados con seguridad y respeto. Cada intercambio bien llevado puede ayudar a que el vecino deje de ser una caricatura y vuelva a ser una persona.

A los dominicanos nos corresponde defender la soberanía con firmeza y actuar con justicia. A los haitianos les corresponde respetar las leyes, las instituciones y los bienes del país que los recibe. A ambos nos corresponde rechazar las provocaciones y cuidar la convivencia.

La amistad entre pueblos se construye con obligaciones recíprocas. La concertación requiere escuchar las preocupaciones del otro y buscar acuerdos que puedan cumplirse.

Después de aquel partido quedó una puerta dañada. Habrá que repararla y establecer responsabilidades. Pero también debemos cuidar algo que cuesta mucho más reconstruir: la confianza.

Los niños dominicanos y haitianos merecen crecer sin que les enseñemos a despreciarse antes de conocerse.

Tenemos dos Estados soberanos, dos historias y un futuro de vecindad que seguirá uniéndonos. Podemos organizar esa relación con inteligencia, respeto y cooperación.

Soy Rafael Pasian. Creo en una República Dominicana que se respete a sí misma y respete la dignidad ajena. Creo en un Haití donde su gente pueda vivir con seguridad y construir su porvenir.

Que la memoria nos haga responsables. Que la justicia nos haga firmes. Y que el amor a nuestra patria nos dé la madurez necesaria para vivir en paz con nuestros vecinos.

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Gaza e Israel: del derecho a defenderse al exceso de la fuerza

Parecería contradictorio que, tres años después del brutal ataque de Hamás contra Israel, el Estado israelí enfrente una creciente condena internacional por su respuesta a aquella acción terrorista. Sin embargo, el saldo humano de la ofensiva sobre Gaza explica un rechazo que no supone olvidar quién desencadenó esta guerra.

La mañana del 7 de octubre de 2023, el mundo despertó consternado ante una incursión que dejó alrededor de 1,200 muertos, entre israelíes y extranjeros, y 251 secuestrados. Videos y testimonios mostraron asesinatos de civiles y describieron torturas y agresiones, particularmente contra jóvenes que participaban en un festival de música.

Fue un acto brutal y despiadado. La comunidad internacional lo condenó y numerosos gobiernos respaldaron inicialmente la respuesta militar israelí. Por los antecedentes de sus autoridades, era previsible una reacción contundente. Hamás había cometido un crimen cuyas consecuencias alcanzarían también a una población palestina ajena a sus decisiones.

Actualidad 

El tiempo reveló el costo de aquella incursión. Gaza quedó devastada y Hamás enfrenta exigencias de desarme. Entregar las armas y abandonar el terrorismo deberían ser condiciones indispensables para una paz duradera, aunque su rendición y disolución todavía no se han concretado.

Pese al alto el fuego, persisten la incertidumbre y las dificultades para aplicar los acuerdos. El ejército israelí permanece en Gaza y, según el balance del Ministerio de Salud del territorio, utilizado por organismos de Naciones Unidas, la ofensiva ha dejado más de 74,000 palestinos muertos. Esa cifra no distingue entre civiles y combatientes.

Alrededor del 90 % de los gazatíes ha sufrido desplazamiento. Muchos sobreviven bajo carpas, entre la escasez de alimentos y la falta de bienes esenciales. Esa tragedia ha debilitado el respaldo internacional a Israel, incluso entre países de Occidente que históricamente lo han apoyado.

En buen dominicano, a Israel se le fue la mano. Las consecuencias de sus operaciones están ampliamente documentadas: miles de niños muertos, civiles atrapados entre las ruinas, periodistas y trabajadores humanitarios alcanzados por la violencia. Comprender su derecho a responder no obliga a justificar cualquier acción militar.

La indignación internacional puede parecer parcializada, pero tiene fundamentos humanitarios. Condenar a Hamás y cuestionar los excesos israelíes son posiciones compatibles. La responsabilidad del grupo que desencadenó la guerra no elimina la obligación de Israel de responder por sus propias actuaciones.

También corresponde criticar la inoperancia de Naciones Unidas y la falta de entendimiento entre las grandes potencias involucradas. Irán, sostenedor de Hamás y otros grupos armados, tiene una responsabilidad política que merece examen. Pero sospechar que conoció o participó en los preparativos del ataque no constituye prueba de que lo autorizó o coordinó.

El problema rebasa esta guerra. Para muchos, una solución duradera requiere la existencia efectiva de dos Estados. Israel se constituyó en 1948 e ingresó en Naciones Unidas en 1949. Palestina es Estado observador no miembro desde 2012, pero continúa sin ejercer soberanía efectiva.

La Autoridad Palestina administra parcialmente zonas de Cisjordania, mientras la ocupación y la fragmentación territorial mantienen pendiente una salida real. Las raíces religiosas, históricas y políticas del conflicto impiden esperar soluciones inmediatas, pero tampoco justifican prolongar indefinidamente el sufrimiento.

Tres años después, corresponde reafirmar el repudio al terrorismo de Hamás y exigir responsabilidades por la devastación de Gaza.

El mundo acumula tensiones y guerras que amenazan con extenderse. En este escenario, la comunidad internacional tiene que convertir los acuerdos de alto el fuego en garantías concretas: protección de civiles, asistencia humanitaria y avances políticos verificables. La clave sigue siendo implementar lo acordado y abrir un camino hacia la convivencia.

jpm-am

Destinarán a obras deportivas RD$2 mil millones recuperados

SANTO DOMINGO.- El Gobierno dominicano informó que destinó RD$2,000 millones, recuperados mediante el combate a la corrupción de pasadas administraciones, a la construcción y rehabilitación de 40 instalaciones deportivas en 15 provincias, con facilidades para personas con discapacidad y adultos mayores.

El presidente Luis Abinader destacó que la inversión busca fortalecer la transparencia en el manejo de los recursos públicos y promover espacios que contribuyan a la formación de los jóvenes.

“Queremos rendir cuentas en términos de transparencia y más con unos recursos que son recuperados de la corrupción”, afirmó el mandatario, quien señaló que el dinero público que se roba deja de utilizarse en obras necesarias para la población.

TRABAJOS SUPERVISADOS POR COMISION VEEDURÍA

El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, explicó que el monto total de los trabajos asciende a RD$2,232 millones, de los cuales RD$232 millones son gestionados desde la Presidencia.

Precisó que 26 de los 158 municipios del país no contaban con instalaciones deportivas o tenían estructuras deterioradas.

Los proyectos son supervisados por una comisión de veeduría presidida por Persio Maldonado, e integrada además por monseñor Héctor Rafael Rodríguez Rodríguez, José Joaquín Puello, Milton Ray Guevara y Luis Mejía Oviedo.

Según Maldonado, las licitaciones permitieron ahorrar RD$125 millones frente al presupuesto proyectado.

OBRAS EN EL SUR Y OTRAS PROVINCIAS

Entre las obras figuran techados multiusos en Villa Hermosa, La Romana; Guanuma, Santo Domingo; El Pino, Dajabón; Veragua y San Víctor, Espaillat; Sabana Iglesia y Puñal, Santiago, y Hostos, Duarte.

En el Sur se ejecutan 14 proyectos por más de RD$713 millones, incluyendo instalaciones en Azua, Barahona, San Cristóbal, Independencia, Elías Piña y San Juan.

GRANDES PROYECTOS EN LA VEGA Y SAN PEDRO

En San Pedro de Macorís se destinan más de RD$300 millones a instalaciones deportivas, incluida la reconstrucción de la pista de atletismo.

En La Vega, los proyectos contemplan una inversión de RD$1,219 millones, incluida la nueva Arena Fernando Teruel, climatizada y con capacidad para más de 4,000 espectadores, con un costo aproximado de RD$842 millones.

an/am

Riña en cárcel de México deja unos 10 muertos y 16 heridos

MÉXICO.– Al menos diez personas murieron y otras 16 resultaron heridas durante un enfrentamiento entre internos en el centro penitenciario de El Castillo, ubicado en Mazatlán, estado mexicano de Sinaloa, informó este jueves la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Entre las víctimas mortales figura un menor de edad que se encontraba de visita familiar dentro del recinto cuando se produjo el incidente, según las informaciones difundidas por las autoridades.

La Secretaría de Seguridad Pública indicó que los 16 heridos fueron trasladados para recibir atención médica.

El diario mexicano El Universal informó que los lesionados salieron del penal en diez ambulancias escoltadas por fuerzas federales.

DESPLIEGUE DE FUERZAS DE SEGURIDAD

Las detonaciones de armas de fuego alertaron a las autoridades y motivaron el ingreso de agentes de la Policía Estatal Preventiva y de una unidad especializada de revisión de centros penitenciarios de la Guardia Nacional.

En las labores de vigilancia también participó un helicóptero de la Marina, que realizó sobrevuelos en la zona.

Familiares de los reclusos en las afueras del penal.

Las autoridades estatales aseguraron que el grupo interinstitucional desplegado logró controlar la situación y que el centro penitenciario permanece bajo vigilancia de las fuerzas del orden.

En los alrededores del recinto, efectivos del Ejército y de la Guardia Nacional reforzaron la seguridad perimetral para prevenir nuevos incidentes.

Mientras tanto, familiares de los internos acudieron al lugar tras escuchar los disparos y reclamaron información a los custodios y directivos del centro, de acuerdo con el citado medio mexicano.

INVESTIGAN LAS CAUSAS DEL ENFRENTAMIENTO

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa notificó lo ocurrido a la Fiscalía General del Estado, que tendrá a su cargo las investigaciones para esclarecer las circunstancias del enfrentamiento y determinar las posibles responsabilidades.

Asimismo, personal de trabajo social comenzó a contactar a los familiares de las personas fallecidas para comunicarles la información correspondiente.

Como medida preventiva, las visitas al centro penitenciario de El Castillo quedaron suspendidas hasta nueva orden.

Las autoridades señalaron que, pese a la gravedad del incidente, el resto de la población penitenciaria se encuentra en buen estado, mientras continúan las medidas de seguridad y las diligencias para establecer cómo se produjeron los hechos.

an/am

Extienden acceso a Casa Blanca a los medios vetados por Trump

WASHINGTON 8 Oct.- Un juez de Estados Unidos ha extendido temporalmente una orden que permite a los periodistas de las cadenas CNN y MS NOW así como al portal de noticias ‘Politico’ acceder a las instalaciones de la Casa Blanca, a la espera de emitir un fallo definitivo sobre la suspensión del veto anunciado por el presidente Donald Trump el pasado septiembre.

El juez federal de distrito Tim Kelly ha decidido mantener suspendida la prohibición impuesta por la Administración Trump al acceso de estos periodistas al recinto presidencial, tras escuchar este jueves los argumentos del Gobierno en el marco de la demanda presentada por los tres medios de comunicación.

El magistrado ha cuestionado que el Ejecutivo estadounidense pueda demostrar que sí avisó con suficiente antelación antes de aplicar la prohibición a los periodistas, en contra de lo que apuntan los denunciantes. «Es el mayor obstáculo al que os enfrentáis», ha declarado en una vista de la que se ha hecho eco la agencia Bloomberg.

Kelly dictó en septiembre una orden temporal que suspendía la prohibición durante dos semanas, restableciendo así el acceso de CNN, MS NOW y Politico a la Casa Blanca, y dándose así un plazo para escuchar los argumentos sobre si era necesario un fallo de mayor duración.

Los demandantes alegan que el intento del presidente de prohibirles el acceso al recinto presidencial viola la Primera Enmienda y su derecho al debido proceso, recogido en la Quinta Enmienda, mientras que Trump, que suele acusar a la prensa de difundir bulos e información «falsa», defiende que los medios afectados por esta orden ponían en peligro la seguridad nacional del país.

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Juez decidirá cambio de cargos a los Espaillat el próximo día 16

SANTO DOMINGO.– El juez Franny González, de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional, decidirá el próximo viernes 16 de octubre si acoge o rechaza la solicitud de modificación y ampliación de la calificación jurídica contra Antonio y Maribel Espaillat, imputados por el desplome del techo de la discoteca Jet Set.

La decisión fue anunciada este jueves, durante la reanudación del juicio, luego de que abogados de varias víctimas solicitaran cambiar los delitos involuntarios atribuidos a los imputados por infracciones dolosas o voluntarias.

El magistrado explicó que necesita evaluar las pruebas presentadas durante el proceso para determinar si procede modificar o ampliar la calificación jurídica propuesta por los querellantes.

“Para decidir un incidente de este tipo, necesariamente el tribunal debe valorar pruebas”, expresó González, quien aclaró que la decisión no determinará la culpabilidad o inocencia de los hermanos Espaillat, sino únicamente si corresponde modificar los cargos.

COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

El juez también indicó que debe examinar si la nueva calificación jurídica excede la competencia de la Cuarta Sala Penal, que conoce infracciones castigadas con hasta diez años de prisión.

González afirmó que resolverá el incidente conforme a la ley y la Constitución, y subrayó que el caso debe abordarse desde una perspectiva estrictamente jurídica.

Asimismo, señaló que la defensa tuvo oportunidad de responder a los planteamientos de los querellantes, después de disponer de una semana para preparar sus argumentos. Aunque estaba previsto escuchar una réplica y una contrarréplica, el magistrado consideró suficiente el debate y dio por concluida esa fase.

SOLICITUD DE LOS ABOGADOS DE LAS VÍCTIMAS

Los representantes de Gregory Adames y otras nueve víctimas pidieron revisar la calificación jurídica e incorporar la acusación alterna depositada el 20 de febrero de 2026.

La propuesta contempla la aplicación de los artículos 295, 259 y 260 del Código Penal, así como disposiciones de la Ley 687-82 y de la Ley 6200, relacionadas con el ejercicio de la ingeniería, la arquitectura y la agrimensura.

Los abogados solicitaron, además, que, si se aprueba el cambio, se conceda a la defensa un plazo razonable para estudiar los nuevos cargos y reorganizar su estrategia, en garantía del debido proceso.

an/am

54,9% niños dominicanos sufre disciplina violenta, según Unicef

SANTO DOMINGO.- El 54,9% de los niños y niñas de entre 1 y 14 años en República Dominicana ha experimentado algún método violento de disciplina, una realidad que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) vincula con prácticas y normas de género que pueden comenzar a limitar la autonomía de las niñas desde la infancia.

En un comunicado emitido este jueves con motivo del Día Internacional de la Niña el próximo 11 de octubre, Unicef llamó a cuestionar prácticas cotidianas que, bajo la apariencia de cuidado o protección, pueden convertirse en mecanismos de control.

EL PEINADO QUE SE VOLVIÓ VIOLENCIA

La nota recoge el testimonio de María Almonte (nombre cambiado), que tenía 6 años cuando una rutina de peinado se convirtió en un episodio de violencia que todavía recuerda.

«Mi mami siempre me partía el pelo con un peine y después cogía una tenaza para aplacarlo. Un día me dio un jalón tan grande que doblé la cara (…) me pegó la tenaza en la cabeza y eso me dolió mucho más», cuenta María, hoy de 13 años.

Unicef señaló que el problema no está en elegir un peinado o cuidar el cabello de determinada manera, sino en que estas prácticas se impongan mediante golpes, jalones, insultos o presión psicológica.

TAREAS DOMÉSTICAS, CONTROL Y APARIENCIA

Las normas de género también pueden manifestarse en la asignación desigual de tareas domésticas, las restricciones a la movilidad o las expectativas sobre la apariencia de las niñas, prácticas que pueden afectar su tiempo para estudiar, jugar y desarrollar sus intereses.

Según los datos de la ENHOGAR-MICS 2025 citados por Unicef, el 54,9% de los niños y niñas de 1 a 14 años ha experimentado disciplina violenta, ya sea mediante castigo físico o agresión psicológica. Entre los menores de 3 y 4 años, la proporción alcanza el 61,4%.

EL LLAMADO DE UNICEF

El representante de Unicef en República Dominicana, Carlos Carrera, afirmó que las niñas tienen derecho a crecer libres de violencia y de estereotipos que condicionen «quiénes pueden ser, cómo deben verse o qué decisiones pueden tomar».

El organismo advirtió además de que las normas restrictivas de género pueden limitar las oportunidades y la autonomía de las adolescentes y estar relacionadas con riesgos como las uniones tempranas y el embarazo adolescente.

Solicitan medida contra joven acusado violar y matar menor

Santo Domingo, 8 oct.- El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva contra Edwin Reynaldo Rodríguez Cruz, de 28 años, acusado de violar y matar a una adolescentes de 13 años en el municipio Villa Bisonó (Navarrete), provincia Santiago.

De acuerdo con la investigación preliminar, Rodríguez Cruz se desplazaba en una motocicleta cuando se ofreció a transportar a la menor y a una amiga de esta, de 14 años, para comprar la cena.

Posteriormente, las habría llevado hasta una zona apartada, entre matorrales y próxima al río Yaque del Norte, donde presuntamente ocurrieron los hechos, según un comunicado del Ministerio Público, que sostiene que el imputado amenazó a las adolescentes con un arma blanca.

La menor de 13 años intentó escapar, pero fue alcanzada y recibió múltiples heridas de arma blanca. Posteriormente, su cuerpo fue arrojado al río Yaque del Norte.

Las autoridades recuperaron el cadáver dos días después, tras un operativo de búsqueda.

En tanto, la adolescente de 14 años logró sobrevivir al esconderse entre los matorrales cuando el acusado persiguió a su amiga. Según la investigación, permaneció oculta hasta el amanecer.

Rodríguez Cruz está imputado de violación sexual agravada en perjuicio de ambas menores y de provocar la muerte de la adolescente de 13 años.

La solicitud de medida de coerción fue depositada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, que fijó para este viernes 9 de octubre el conocimiento de la petición.

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