Gaza e Israel: del derecho a defenderse al exceso de la fuerza

Parecería contradictorio que, tres años después del brutal ataque de Hamás contra Israel, el Estado israelí enfrente una creciente condena internacional por su respuesta a aquella acción terrorista. Sin embargo, el saldo humano de la ofensiva sobre Gaza explica un rechazo que no supone olvidar quién desencadenó esta guerra.

La mañana del 7 de octubre de 2023, el mundo despertó consternado ante una incursión que dejó alrededor de 1,200 muertos, entre israelíes y extranjeros, y 251 secuestrados. Videos y testimonios mostraron asesinatos de civiles y describieron torturas y agresiones, particularmente contra jóvenes que participaban en un festival de música.

Fue un acto brutal y despiadado. La comunidad internacional lo condenó y numerosos gobiernos respaldaron inicialmente la respuesta militar israelí. Por los antecedentes de sus autoridades, era previsible una reacción contundente. Hamás había cometido un crimen cuyas consecuencias alcanzarían también a una población palestina ajena a sus decisiones.

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El tiempo reveló el costo de aquella incursión. Gaza quedó devastada y Hamás enfrenta exigencias de desarme. Entregar las armas y abandonar el terrorismo deberían ser condiciones indispensables para una paz duradera, aunque su rendición y disolución todavía no se han concretado.

Pese al alto el fuego, persisten la incertidumbre y las dificultades para aplicar los acuerdos. El ejército israelí permanece en Gaza y, según el balance del Ministerio de Salud del territorio, utilizado por organismos de Naciones Unidas, la ofensiva ha dejado más de 74,000 palestinos muertos. Esa cifra no distingue entre civiles y combatientes.

Alrededor del 90 % de los gazatíes ha sufrido desplazamiento. Muchos sobreviven bajo carpas, entre la escasez de alimentos y la falta de bienes esenciales. Esa tragedia ha debilitado el respaldo internacional a Israel, incluso entre países de Occidente que históricamente lo han apoyado.

En buen dominicano, a Israel se le fue la mano. Las consecuencias de sus operaciones están ampliamente documentadas: miles de niños muertos, civiles atrapados entre las ruinas, periodistas y trabajadores humanitarios alcanzados por la violencia. Comprender su derecho a responder no obliga a justificar cualquier acción militar.

La indignación internacional puede parecer parcializada, pero tiene fundamentos humanitarios. Condenar a Hamás y cuestionar los excesos israelíes son posiciones compatibles. La responsabilidad del grupo que desencadenó la guerra no elimina la obligación de Israel de responder por sus propias actuaciones.

También corresponde criticar la inoperancia de Naciones Unidas y la falta de entendimiento entre las grandes potencias involucradas. Irán, sostenedor de Hamás y otros grupos armados, tiene una responsabilidad política que merece examen. Pero sospechar que conoció o participó en los preparativos del ataque no constituye prueba de que lo autorizó o coordinó.

El problema rebasa esta guerra. Para muchos, una solución duradera requiere la existencia efectiva de dos Estados. Israel se constituyó en 1948 e ingresó en Naciones Unidas en 1949. Palestina es Estado observador no miembro desde 2012, pero continúa sin ejercer soberanía efectiva.

La Autoridad Palestina administra parcialmente zonas de Cisjordania, mientras la ocupación y la fragmentación territorial mantienen pendiente una salida real. Las raíces religiosas, históricas y políticas del conflicto impiden esperar soluciones inmediatas, pero tampoco justifican prolongar indefinidamente el sufrimiento.

Tres años después, corresponde reafirmar el repudio al terrorismo de Hamás y exigir responsabilidades por la devastación de Gaza.

El mundo acumula tensiones y guerras que amenazan con extenderse. En este escenario, la comunidad internacional tiene que convertir los acuerdos de alto el fuego en garantías concretas: protección de civiles, asistencia humanitaria y avances políticos verificables. La clave sigue siendo implementar lo acordado y abrir un camino hacia la convivencia.