Por E. MARGARITA EVE

La reducción de la subalimentación en la República Dominicana por debajo del 2,5 %, confirmada por la FAO en 2026, constituye un avance significativo. El desafío es preservar este logro, garantizar el acceso a alimentos suficientes y extender esa capacidad de planificación a otros problemas nacionales, mediante una visión de Estado que trascienda los gobiernos.

Las políticas sociales acumuladas ofrecen experiencias valiosas. El SIUBEN, impulsado en 2004 y creado formalmente en 2007, identifica y prioriza a las familias vulnerables; Solidaridad, establecido en 2005, vinculó las transferencias monetarias con compromisos educativos y de salud, mientras Supérate, creado en 2021, renovó la estrategia de asistencia social e incorporó iniciativas de capacitación para favorecer el empleo y la autonomía económica.

Durante la actual gestión, iniciativas como el Bono Madre, el Bono a Mil, las pensiones solidarias y la entrega de medicamentos y alimentos han formado parte de los esfuerzos de asistencia social. La Brisita Navideña, por su parte, constituye una ayuda de temporada dirigida a familias vulnerables.

El desafío es convertir estos esfuerzos en oportunidades duraderas. Para ello, los programas deben evaluarse y fortalecerse según su impacto, combinando la asistencia inmediata con educación, capacitación y empleo que favorezcan la autonomía de las familias.

En 2000, la ONU aprobó ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio, con plazo hasta 2015. La República Dominicana alcanzó algunas metas, se acercó a otras, pero dejó una parte importante pendiente. En septiembre de 2015, la ONU adoptó la Agenda 2030, con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. El reto es convertir los compromisos en resultados duraderos.

Aunque algunos cuestionan la Agenda 2030 por sus componentes ideológicos, este artículo se centra en objetivos esenciales para el desarrollo dominicano: combatir el hambre y la pobreza, mejorar la salud y la educación, garantizar agua potable, promover el empleo y fortalecer las instituciones.

Si queremos construir una gran nación, necesitamos proyectos de largo plazo respaldados por acuerdos entre el gobierno y la oposición, enmarcados en un plan de nación con prioridades y metas comunes. Cada administración debe preservar lo que funciona, corregir lo necesario y culminar los proyectos viables, por encima de los períodos presidenciales.

Corea del Sur y Costa Rica ofrecen experiencias útiles para reflexionar sobre el desarrollo a largo plazo. Corea del Sur impulsó su transformación mediante inversiones sostenidas en educación, infraestructura y tecnología, mientras Costa Rica ha desarrollado políticas de inversión en salud y educación. Ambos casos permiten examinar cómo las decisiones públicas sostenidas pueden contribuir al progreso de un país.

La Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, establecida mediante la Ley núm. 1-12, ofrece un marco para orientar las prioridades nacionales. El reto es traducir sus objetivos en proyectos con presupuesto, calendario, responsables e indicadores públicos que permitan evaluar los resultados y exigir rendición de cuentas.

El país también necesita mecanismos transparentes para recibir y evaluar propuestas de interés nacional, garantizar el reconocimiento de sus autores y prevenir el plagio y la apropiación indebida de ideas y proyectos. La inteligencia artificial puede apoyar la investigación y la planificación, siempre bajo supervisión humana y criterios técnicos.

La coordinación institucional y la participación ciudadana son igualmente necesarias. El empleo, la educación, la pobreza, la salud y el acceso al agua están relacionados; por eso, las políticas públicas deben responder a las necesidades reales, evitar la duplicación de recursos y buscar soluciones integrales.

Hambre Cero demuestra que los objetivos claros y la coordinación pueden generar resultados. La República Dominicana necesita extender esa experiencia a otros desafíos mediante una visión de Estado con planificación, transparencia e innovación.

Las obras de infraestructura son necesarias, pero deben complementarse con políticas que garanticen bienestar duradero y continuidad en el desarrollo del país.

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