Cuando se habla de Cuba, muchos todavía piensan en el embargo norteamericano como la causa de todos los males de la isla. Ese argumento, que lleva décadas sirviendo de cortina de humo, ya no se sostiene. La verdad es otra, y es mucho más vergonzosa para quienes defienden ese régimen: Cuba está arruinada porque un grupo de militares decidió apoderarse de todo el dinero del país y guardarlo para ellos.

El conglomerado castrense maneja decenas de miles de millones de dólares sin rendir cuentas a nadie. Ni al parlamento, ni a la contraloría, ni al pueblo cubano.

Ese grupo se llama GAESA, el Grupo de Administración Empresarial S.A., y es el verdadero gobierno de Cuba desde que Raúl Castro llegó al poder en 2008. No el Partido Comunista. No la Asamblea Nacional. No Miguel Díaz-Canel, que es apenas un hombre robotizado. El poder real está en manos de los generales que controlan GAESA, y eso hay que decirlo sin rodeos.

«No hubo compras, no hubo acuerdos entre empresas. Fue simplemente una orden: ‘Ahora esto es mío’, y punto.» — Emilio Morales, Havana Consulting Group

¿Cómo lo hicieron? Muy sencillo. Raúl Castro le ordenó a Luis Alberto López-Calleja, su propio ex yerno y general de brigada, que se apropiara de CIMEX, la corporación más grande de Cuba. Sin compra, sin contrato, sin ningún tipo de proceso. Una orden militar. Así de simple y así de criminal. Luego vinieron ETECSA, las telecomunicaciones, el Banco Financiero Internacional, Habaguanex. Todo fue cayendo en manos de GAESA como fichas de dominó.

El resultado está a la vista. Ese banco, el BFI, controla más del 95% de las transacciones comerciales entre empresas cubanas y extranjeras. Y no lo supervisa nadie. Ni la Asamblea Nacional, ni el Ministerio de Economía, ni la Contraloría General de la República tienen acceso a sus cuentas. Es un banco que opera fuera del Estado, dentro del Estado. Una caja negra con uniformes militares.

Pero lo que más duele, lo que debería indignar a cualquier persona decente, es lo que se hizo con el dinero de los médicos cubanos. En 15 años, la exportación de servicios médicos generó 108,000 millones de dólares. Ciento ocho mil millones. ¿Saben cuánto se invirtió en salud pública en Cuba durante ese período? El 1.6%. Mientras tanto, 24,000 millones fueron a parar a la construcción de hoteles. Y 70,000 millones simplemente desaparecieron. No tienen destino identificado.

Setenta mil millones de dólares sin destino. Y el pueblo cubano sin luz, sin medicinas, sin futuro.

Por eso los cubanos llevan más de 20 horas sin electricidad cada día. Por eso los hospitales no tienen los recursos que ellos mismos generan. Por eso la infraestructura del país está destruida. No es el bloqueo, amigos. Es el robo sistemático, organizado, con nombre y apellido, que lleva décadas vaciando al Estado cubano en beneficio de una casta militar que vive como reyes mientras el pueblo se muere de hambre.

Y como si eso no fuera suficiente, GAESA también vendió en el mercado internacional el petróleo venezolano que recibía por convenio. El contrato con Venezuela era de 125,000 barriles diarios, pero Cuba solo necesitaba 50,000 para generar energía. El resto lo vendían usando empresas fantasma en paraísos fiscales y barcos propios. Hasta que la administración Trump cortó esa fuente de ingresos. Eso explica en parte la espiral de colapso que vive la isla hoy.

Ahora bien, hay señales de que el fin se acerca. El desfile del primero de mayo de este año, que antes congregaba a más de un millón de personas, reunió apenas unos pocos miles. El general Rafael del Pino, figura histórica del régimen, llamó públicamente a los militares a no reprimir al pueblo. Estados Unidos ofreció 100 millones de dólares en ayuda humanitaria y Díaz-Canel, después de titubear, dijo que no la bloquearía. Esa vacilación lo dice todo.

El experto Emilio Morales, del Havana Consulting Group, que lleva décadas estudiando la economía cubana, cree que el régimen no dura más de 90 días. Puede que tenga razón. Puede que el sistema encuentre la manera de sobrevivir un poco más, como ha hecho durante 67 años. Pero lo que nadie puede negar es que esto ya no tiene marcha atrás. La gente protesta en las calles, los hoteles extranjeros están cerrando, y hasta los propios militares empiezan a preguntarse si vale la pena seguir defendiendo a unos generales que les robaron el país.

Lo que construyó GAESA en Cuba es, paradójicamente, su propio epitafio. Un parásito no sobrevive cuando mata al huésped.

A los que todavía defienden esa dictadura desde la comodidad de sus apartamentos en Nueva York, en Miami o en Santo Domingo, les hago una pregunta sencilla: si el sistema cubano es tan bueno, ¿por qué el dinero de los médicos cubanos no fue a los hospitales cubanos? ¿Por qué 70,000 millones de dólares no tienen destino conocido? ¿Por qué el pueblo que supuestamente se beneficia de esa revolución lleva meses sin luz y sin comida?

La respuesta no está en Washington. Está en La Habana, en las cuentas bancarias de Panamá, en los yates y las mansiones de los generales de GAESA. Esa es la verdad que algunos no quieren ver. Y esa es la verdad que el pueblo cubano, con sus protestas y sus cacerolazos, ya no está dispuesto a callar.

of-am

POR EDWIN PINEDA CARRASCO

La República Dominicana atraviesa uno de los momentos más delicados de su soberanía moderna. Mientras el pueblo enfrenta inseguridad, crisis económica y deterioro institucional, el gobierno del PRM parece dispuesto a aceptar cualquier exigencia de Washington para mantener relaciones privilegiadas con Estados Unidos.

La reciente aceptación de ciudadanos deportados desde territorio estadounidense, provenientes incluso de terceros países, representa un precedente extremadamente peligroso para la seguridad nacional y la estabilidad del país. Lo más preocupante es el silencio de amplios sectores políticos frente a una decisión que compromete el futuro dominicano.

República Dominicana solamente debe recibir dominicanos deportados. Ese debe ser el principio básico de cualquier política migratoria seria y soberana. Ningún gobierno responsable puede aceptar convertirse en receptor de extranjeros expulsados por otra nación.

Pregunta

La pregunta que muchos dominicanos se hacen es sencilla: ¿por qué otros países no aceptan este tipo de acuerdos? La respuesta es clara. Porque entienden que asumir problemas migratorios ajenos puede convertirse en una amenaza permanente para la estabilidad social y la seguridad interna.

Sin embargo, el PRM parece actuar desde la subordinación política. Un partido que prometió transparencia y renovación hoy aparece golpeado por denuncias de corrupción y una creciente percepción de deterioro institucional.

En medio de esa fragilidad, el gobierno busca conservar el respaldo de Washington aceptando decisiones que afectan directamente la soberanía nacional. La política exterior dominicana no puede convertirse en una política de obediencia automática.

Esto no es un simple acuerdo diplomático. Es una cesión peligrosa de control migratorio y de seguridad. Cada extranjero deportado llega con antecedentes y realidades que el pueblo dominicano desconoce completamente.

Nadie explica con claridad quién supervisará esos procesos ni cuáles serán las consecuencias futuras para el país. La población tiene derecho a saber qué compromisos se están asumiendo en nombre de la República Dominicana.

El país ya enfrenta enormes desafíos sociales. Los hospitales están saturados, la inseguridad preocupa a millones de ciudadanos y el costo de vida continúa golpeando a las familias dominicanas.

En ese contexto, aceptar nuevas cargas impuestas desde el exterior resulta irresponsable. Muchos dominicanos perciben además una creciente influencia estadounidense en áreas sensibles de la política y la seguridad nacional.

Lo más preocupante es el precedente que se crea. Hoy son deportados de terceros países; mañana podrían llegar nuevas exigencias internacionales bajo presión diplomática y económica.

Cuando una nación renuncia a poner límites, termina perdiendo capacidad de decisión sobre su propio destino. La soberanía no puede negociarse por conveniencia política ni por intereses partidarios.

La República Dominicana merece una política exterior basada en dignidad, equilibrio y defensa de los intereses nacionales. El pueblo dominicano no puede aceptar convertirse en depósito migratorio de problemas ajenos mientras sus propias necesidades siguen sin resolverse.

Esta decisión constituye uno de los precedentes más peligrosos de las últimas décadas y será recordada como una grave traición a los intereses nacionales y a la seguridad del pueblo dominicano.

eepinedacarrasco@gmail.com

jpm-am