En el tablero financiero internacional, cada movimiento de la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED) se convierte en un eco que resuena en las economías periféricas. La reciente decisión de mantener las tasas de referencia en torno al 4 % y la oferta de certificados de depósito (CDs) con rendimientos fijos entre 4.25 % y 4.30 % anual, ha encendido las alarmas en países como la República Dominicana, donde las tasas pasivas bancarias rondan apenas entre el 8 % y el 9 % en moneda local. El diferencial, que antes parecía suficiente para retener capitales, se estrecha peligrosamente cuando se ajusta por tipo de cambio y riesgo percibido.

La fuga de capitales no es un fenómeno abstracto: implica la salida masiva de recursos financieros hacia mercados considerados más seguros o rentables. En este caso, los inversionistas dominicanos podrían optar por trasladar sus depósitos hacia bancos estadounidenses, atraídos por la estabilidad del dólar y la certidumbre contractual de los instrumentos financieros norteamericanos. El resultado inmediato sería una presión sobre la balanza de pagos, un aumento en la demanda de divisas y, por ende, una depreciación del peso dominicano.

El Banco Central enfrenta un dilema clásico: subir la tasa de política monetaria para preservar el atractivo de los activos en pesos, o mantenerla estable para no encarecer el crédito interno y frenar la inversión productiva. Un ajuste de 25 puntos básicos —de 5.25 % a 5.50 %— podría ser suficiente para enviar una señal de defensa del peso, pero no resolvería el problema estructural: la dependencia de capitales volátiles y la vulnerabilidad frente a decisiones externas.

La historia económica enseña que las fugas de capital suelen ser más rápidas que las respuestas institucionales. Basta un cambio en las expectativas para que los inversionistas reorientan sus portafolios hacia activos en dólares, dejando atrás depósitos en moneda local. El riesgo se amplifica en un contexto de inflación importada, donde un dólar más caro encarece combustibles, alimentos y materias primas, erosionando el poder adquisitivo de los hogares y aumentando la presión social.

La estrategia más prudente para los inversionistas dominicanos es diversificar: mantener posiciones en pesos a plazos cortos para conservar liquidez, y al mismo tiempo asegurar parte de sus ahorros en dólares, aprovechando los rendimientos fijos de los CDs en EE. UU. Para el Estado, la tarea es más compleja: fortalecer la confianza en la economía local, garantizar estabilidad cambiaria y evitar que la percepción de riesgo se convierta en profecía autocumplida.

Fuga de capitales

En conclusión, la República Dominicana se encuentra en una encrucijada monetaria. Si no ajusta sus tasas, el diferencial con EE. UU. se estrechará y aumentará el riesgo de fuga de capitales; si las sube demasiado, encarecerá el crédito y frenará la inversión. El equilibrio será delicado, pero inevitable. La defensa del peso exige un ajuste monetario oportuno y una política económica firme, pues de lo contrario, los ahorros dominicanos podrían terminar alimentando los balances de los bancos norteamericanos.

Ignorar este fenómeno sería abrir la puerta a una crisis cambiaria silenciosa, donde la confianza se evapora más rápido que las reservas internacionales. La vigilancia y la acción preventiva son, hoy más que nunca, un deber ineludible del Estado.

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Por LUIS M. GUZMAN

Una reforma policial que no detiene los abusos, cámaras corporales cuyas grabaciones no se conocen, una justicia que tarda en decidir y cárceles desbordadas. La crisis tiene responsables institucionales y exige respuestas.

La República Dominicana enfrenta una crisis que ya no admite explicaciones superficiales ni reformas anunciadas indefinidamente. Mientras el Gobierno exhibe avances en seguridad ciudadana y modernización policial, las estadísticas revelan una realidad que merece respuestas urgentes.

En septiembre de 2026 se registraron 55 muertes clasificadas por la Policía como “acción legal”. No es una cifra que pueda despacharse con una rueda de prensa. Son 55 vidas perdidas en intervenciones del Estado cuya legalidad debe quedar esclarecida.

Durante décadas, la expresión Código 29 ha acompañado las denuncias de muertes en supuestos intercambios de disparos. El fenómeno no comenzó con este Gobierno, pero su persistencia compromete a quienes hoy tienen la responsabilidad de enfrentarlo.

Una patrulla puede utilizar legítimamente la fuerza para proteger vidas ante una amenaza real; lo que jamás puede hacer es sustituir a los tribunales. Cuando alguien muere en una operación policial, el deber del Estado no termina con la versión de los agentes. Ahí debe comenzar una investigación independiente.

Hay una pregunta que el Gobierno no puede seguir dejando sin respuesta: ¿dónde están las grabaciones de las cámaras corporales anunciadas como garantía de transparencia policial?

En septiembre de 2026, las autoridades informaron que disponían de unas 10,000 cámaras, mientras las estadísticas registraban 55 fallecidos clasificados como “acción legal” durante ese mes.

¿Cuántos operativos fueron grabados? ¿Cuántos videos llegaron al Ministerio Público? ¿Cuántas cámaras estaban apagadas o no fueron asignadas? Una cámara que nunca permite esclarecer una muerte termina siendo una promesa tecnológica sin resultados verificables.

Obligaciones

El presidente Luis Abinader tiene la responsabilidad de dirigir la política gubernamental de seguridad y exigir resultados verificables. Faride Raful, ministra de Interior y Policía, y el director policial Ernesto Rafael Rodríguez García tienen obligaciones concretas de supervisión y control. No basta con incorporar patrullas, graduar agentes o inaugurar instalaciones.

Deben explicar qué medidas han dispuesto para prevenir el uso ilegal de la fuerza, cómo se fiscalizan las operaciones y qué consecuencias enfrentan quienes vulneran los protocolos.

La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, también tiene una responsabilidad decisiva. En octubre, la Procuraduría no proporcionó las estadísticas solicitadas sobre investigaciones de muertes durante intervenciones policiales, invocando la reserva de los expedientes.

Pero nadie está reclamando conocer testimonios protegidos ni comprometer investigaciones abiertas. Se reclama saber cuántos casos se investigan, cuántos fueron archivados y cuántos llegaron a los tribunales. La reserva procesal no debería utilizarse para negar información estadística legalmente publicable.

Hay una contradicción constitucional que merece ser examinada con toda su crudeza. El artículo 37 prohíbe expresamente la pena de muerte, pero el país continúa registrando numerosos fallecimientos durante operaciones policiales. No todos constituyen ejecuciones extrajudiciales; determinarlo exige pruebas e investigaciones.

Sin embargo, resulta inquietante que un condenado no pueda recibir legalmente una sentencia capital, mientras un sospechoso puede perder la vida antes de comparecer ante un juez. El debido proceso no puede depender de haber sobrevivido al arresto.

Tribunales y cárceles

La crisis se prolonga en los tribunales y termina agravándose dentro de las cárceles. El informe de Defensa Pública correspondiente a 2025 registró 23,270 internos para apenas 16,357 plazas, una ocupación del 142.26 %. Pero el dato más perturbador es que 15,025 personas, equivalentes al 64.57 % de la población penitenciaria, permanecían en prisión preventiva.

Son seres humanos sin condena definitiva. La excepcionalidad de esa medida cautelar exige algo más que reconocimiento institucional: requiere determinar por qué se utiliza tanto y cuánto duran esos procesos.

Luis Henry Molina, presidente del Consejo del Poder Judicial, debe explicar qué medidas administrativas se aplican contra la mora judicial, sin interferir en la independencia de los jueces. El Ministerio Público debe responder por sus solicitudes de prisión preventiva y la oportunidad de sus investigaciones.

Rodolfo Valentín Santos, director de Defensa Pública, tiene la obligación de continuar documentando las deficiencias que afectan a quienes carecen de recursos. Ninguna de estas instituciones puede resolver el problema aisladamente, pero todas deben responder por sus competencias.

Saturación

El ministro de Justicia, Antoliano Peralta, y el director penitenciario, Roberto Santana, tienen ante sí otra exigencia impostergable, presentar resultados medibles sobre la capacidad y las condiciones de los centros de reclusión. Construir cárceles puede resultar necesario, pero no resuelve por sí solo un sistema saturado por la prisión preventiva.

La ciudadanía tiene derecho a conocer las obras presupuestadas, los contratos ejecutados, las plazas disponibles y los compromisos pendientes. Una política penitenciaria no puede reducirse a anunciar construcciones mientras persisten condiciones indignas.

Tampoco puede aceptarse que la delincuencia sirva de justificación para relativizar los derechos fundamentales. Las víctimas de homicidios, robos y agresiones merecen protección y justicia; los responsables deben recibir las sanciones previstas por la ley. Pero matar a un sospechoso no demuestra que se haya esclarecido un delito ni desarticulado una estructura criminal.

Mucho menos sustituye el deber de prevenir la violencia. Una política de seguridad que confunde la cantidad de fallecidos con resultados policiales corre el riesgo de convertir una tragedia en propaganda.

Resulta igualmente necesario examinar la desigualdad con que opera la justicia penal. Los acusados de grandes casos de corrupción suelen disponer de defensas especializadas y recursos para litigar durante años, mientras miles de imputados por delitos comunes dependen de una Defensa Pública sometida a enormes exigencias.

Los derechos procesales deben respetarse para todos, incluidos quienes están acusados de desfalcar al Estado. Lo inadmisible sería que el acceso efectivo a esas garantías terminara determinado por la capacidad económica del acusado y no por la igualdad ante la ley.

El Congreso Nacional tampoco puede permanecer al margen. Tiene facultades de fiscalización que deben traducirse en solicitudes de información, examen de presupuestos y seguimiento de las reformas. Los ciudadanos necesitan conocer cuánto se ha invertido, qué resultados se han obtenido y cuáles obstáculos continúan sin resolverse.

Las autoridades competentes deberían presentar, en plazos públicos y verificables, estadísticas de investigaciones, auditorías policiales, medidas contra la mora judicial y programas de reducción del hacinamiento. Sin evaluación, las promesas pueden repetirse indefinidamente.

La República Dominicana no necesita acostumbrarse al Código 29 ni resignarse a cárceles desbordadas y procesos interminables. Necesita instituciones capaces de investigar, juzgar, sancionar y corregir sus propias irregularidades. Abinader, Raful, Rodríguez García, Reynoso y las autoridades judiciales y penitenciarias tienen responsabilidades distintas, pero obligaciones públicas que no pueden delegarse en discursos.

Ha llegado la hora de exigir respuestas concretas. Porque cuando el Estado no garantiza justicia oportuna, la sociedad queda atrapada entre la impunidad, el miedo y la tentación de aceptar la muerte como sustituto de la ley.

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Los conflictos geopolíticos que hasta el año 2022 se habían debatido en declaraciones y advertencias de los diferentes sectores interesados, se radicalizaron a finales de febrero de ese año ante el fallo de la diplomacia y las claras pretensiones de la Organización del Tratado del Atlántico Norte de adherir a Ucrania a dicha organización, por lo que Rusia lanzó su operación militar especial.

El fracaso de los acuerdos de Minsk, firmados en septiembre del 2014, luego del golpe de Estado que depuso al presidente Viktor Yanukovich,  dio lugar a nuevas negociaciones que buscaban detener la guerra civil que se desarrollaba entre las provincias de preponderancia rusa y el gobierno central de Ucrania.

Los 7 años de guerra civil en Ucrania, desde el 2014 hasta el 2022, dejaron quizás más víctimas que las que se han producido luego de que Rusia entrara oficialmente en la guerra; pero durante estos 7 años existe una ausencia de información muy curiosa en los medios occidentales.

Los reclamos rusos sobre la independencia de las provincias de población de mayoría rusa, más la no adhesión de Ucrania a la OTAN, les fueron prometidos en los tratados de Minsk y luego en las conversaciones de Estambul, pero los líderes de los países europeos se sentían tan seguros de una derrota rusa en Ucrania que, llegaron a burlarse públicamente de esos acuerdos.

Ángela Merkel, ex canciller alemana, dijo de manera pública que Minsk había sido un chance para que Ucrania pudiera prepararse para la guerra, y cuando los entendimientos de Estambul estaban listos para la firma, Boris Johnson -ex primer ministro del Reino Unido- ordenó a los ucranianos no firmar ese acuerdo, porque Rusia lucía tan débil que no se aventuraría a una guerra larga.

La correlación de fuerzas favorece a Rusia

Bueno, la guerra comenzó en febrero del 2022, y estamos finalizando el 2026; Rusia ha participado con un tercio de su ejército, 360 mil soldados de un ejército que ronda el millón de hombres sobre las armas, más una indeterminada cantidad de reservistas.

En febrero del 2027, esta guerra arribará a su quinto año; y la desintegración rusa, esperada por la OTAN, Unión Europea y occidente no parece realizarse. El presidente Donald Trump denunció que la administración de Joe Biden había ayudado a Ucrania con US $360 mil millones de dólares, y la Unión Europea ha restringido los beneficios sociales de sus ciudadanos para cooperar con esa guerra.

Las guerras, podemos saber cómo comienzan, pero nunca cómo terminarán; la Federación Rusa, al día de hoy se muestra unida, el aislamiento mediante las sanciones económicas no ha tenido efecto, y no se le ve rogando por un alto al fuego; mientras que la Unión Europea quiere una tregua, sus primeros ministros caen o se tambalean, y sus ciudades se sumergen en caos y protestas sociales.

La guerra del Medio Oriente

La operación “Furia Épica” comenzó el 28 de febrero de este año, 2026, y se suponía que su duración sería de pocas semanas; decapitar el régimen iraní y levantar la población disgustada contra los reductos del tiránico gobierno. Eso era todo, según los medios de prensa; así fue el cálculo de Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí.

La primera parte fue, sin dudas, un éxito rotundo para EEUU e Israel; el ayatolá Alí Jameneí fue removido del mundo de los vivos, junto a parte de su familia y una buena parte de la dirigencia del gobierno iraní; la segunda parte no obedeció al libreto; el régimen de Irán se reorganizó como por arte de magia, y la retaliación comenzó sobre sus atacantes, tomando como estandarte las figuras de sus mártires.

Estados Unidos de América e Israel han sufrido muchos daños causados por los misiles iraníes, en una guerra que no debía pasar de algunas semanas y que, está arribando a sus 8 meses sin ningún tipo de solución, y muchas complicaciones que no estaban en la lista originaria del conflicto, como el cierre del Estrecho de Ormuz y la ruina económica de los estados del Golfo Pérsico.

Y como para completar el tablero, los hutíes, o movimiento Ansar Allah como es oficialmente conocido, ha arrinconado al gobierno oficial de Yemen, el cual está a punto de caer; pero Ansar Allah no se ha conformado con su asedio al débil régimen de Yemen, sino que ha ampliado sus ataques hasta Arabia Saudita, un aliado incondicional de Washington. Allí Mohammed Bin Salman, el príncipe regente, clama desesperado por ayuda que no llega.

El arribo al poder de Ansar Allah puede hacer más crítica la crisis de los combustibles y el tránsito de mercancías por la zona, ya que entraría en dominio total del estrecho de Bab el Mandeb; por allí, ya no pueden pasar barcos israelíes, ni saudíes.

En definitiva, Estados Unidos e Israel son dos potencias nucleares; EEUU tiene suficiente poder armamentístico, para borrar la civilización persa como lo ha manifestado el presidente Trump, y así, puede sacar a un contendiente molestoso del Oriente Medio, pero, el Armagedón que se produciría con esos ataques nucleares, también puede barrer a sus propios aliados en el área, y las consecuencias serían impredecibles.

Como dijimos antes, las guerras, según las coyunturas geopolíticas, podemos saber cómo comienzan, pero jamás como terminan.

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