En el año 64 a. de C., Quinto Tulio Cicerón publicó el Breviario de Campaña Electoral, que fue la guía de la campaña al consulado romano de su hermano Marcos Tulio Cicerón, al que le recomendó hacer uso de su extraordinaria oratoria, de los favores realizados, de su honradez, de la adhesión de los amigos y ofrecer beneficios, que eran en ese tiempo los medios de campaña más efectivos.

Sin embargo, tiempo después, las campañas pasaron a ser revolucionadas por las apariciones sucesivas del periódico, el telégrafo, el teléfono, la radio y la televisión. De estas invenciones la que más ha influido en la política es la televisión, a tal extremo de que el reconocido politólogo italiano Giovanni Sartori, en su obra, Homo Videns, La sociedad teledirigida, calificó la democracia como una democracia de video.

En la referida obra Sartori se pregunta: “¿Está, o estará, superada la televisión? A seguidas respondió: “Las nuevas fronteras son Internet y el ciberespacio, y el nuevo lema es ‘ser digitales’.

No cabe duda de que se trata de un gran salto de la humanidad, en el que el televisor, que es un instrumento monovalente que recibe imágenes con un espectador pasivo que lo mira, cede el espacio al mundo multimedia, que, por el contrario, es interactivo (y, por tanto, de usuarios activos) y polivalente (de múltiple utilización) cuya máquina es un ordenador que recibe y transmite mensajes digitalizados

La creciente influencia de las redes sociales en los procesos electorales es hoy un fenómeno ineludible y, quizá, el más visible de la transformación comunicativa contemporánea. Desde una mirada inspirada en Giovanni Sartori y su mencionada obra Homo videns. La sociedad teledirigida, resulta pertinente examinar hasta qué punto estas plataformas digitales no solo amplifican la lógica que él atribuía a la televisión, sino que la profundizan hasta límites que el propio autor difícilmente habría imaginado.

Frente a esa desafiante realidad, Sartori advertía que la primacía de la imagen degradaba la capacidad de abstracción, empujando al ciudadano hacia una forma de conocimiento superficial y emotiva. En el universo de las redes sociales, este proceso se acelera, se multiplica y adquiere una dimensión interactiva que altera la naturaleza misma del espacio público.

Efectos

Si la televisión, conforme a Sartori, convertía al espectador en un sujeto pasivo moldeado por el flujo constante de imágenes, las redes sociales producen un Homo videns simultáneamente consumidor y productor de contenidos, pero igualmente atrapado en la lógica de la inmediatez y la simplificación.

De este modo, la influencia en las elecciones se vuelve indirecta pero penetrante, dirigiendo no solo la información, sino la atención y, con ella, la capacidad de juicio. Sartori sostenía que la televisión “empobrecía el saber”; hoy, las redes sociales lo atomizan, lo relativizan y lo subordinan a impulsos instantáneos. La democracia, que requiere deliberación y distancia crítica, queda así debilitada por un entorno que premia la reactividad y castiga la complejidad.

En conclusión, desde un enfoque comparativo sartoriano, las redes sociales representan la culminación de la deriva iniciada por la televisión: un modelo de comunicación que privilegia la imagen, la emoción y la efectividad persuasiva sobre la racionalidad y el argumento. Todo en contra de la integridad de las elecciones, que requiere un ciudadano elector bien informado.

JPM

En los últimos años se ha hecho costumbre escuchar sobre “equipos de abogados” contratados para recuperar bienes sustraídos al Estado, con la promesa de una supuesta eficiencia que, en teoría, aliviaría la carga institucional. Sin embargo, detrás de esa práctica se esconde un mecanismo que beneficia más a intereses particulares que al propio Estado dominicano: el cobro de comisiones que alcanzan hasta un 30% de lo recuperado.

Este modelo convierte la lucha contra la corrupción en una industria privada, en una especie de “mina legal” donde unos pocos se enriquecen utilizando como materia prima los bienes robados al país. Son abogados que han encontrado una modalidad perfecta: convertirse en “casa fortuna”, esperando que cada caso de corrupción sea una oportunidad millonaria, no un acto de justicia.

Pero la recuperación de bienes del Estado no es una subasta, ni un mercado lucrativo. Es una función pública, parte esencial del mandato constitucional del Ministerio Público, órgano que tiene la responsabilidad exclusiva de perseguir delitos y garantizar que los recursos regresen al patrimonio nacional sin intermediarios innecesarios.

Permitir que terceros cobren un porcentaje tan elevado por hacer lo que corresponde al Estado es abrir otra puerta a la distorsión. ¿Cómo justificar que, de cada 100 millones recuperados, 30 millones terminen en manos privadas? ¿Cómo explicar que el dinero fruto del saqueo vuelva al país disminuido, mientras algunos profesionales multiplican sus fortunas al calor de la corrupción perseguida?

Negocio paralelo

La lucha contra la corrupción no debe convertirse en un negocio paralelo. Si el Ministerio Público carece de recursos, lo correcto es fortalecerlo, dotarlo de más herramientas, más personal y más tecnología. Pero jamás delegar su responsabilidad natural en actores que ven en cada expediente una especie de botín legal.

Recuperar lo robado es un deber del Estado, no un contrato de ganancias. Y mientras se mantenga este sistema, seguiremos enviando un mensaje equivocado: que la corrupción, aun perseguida, sigue siendo rentable… solo que para otros.

Es tiempo de cerrar ese capítulo. Es tiempo de que la justicia deje de ser una industria y vuelva a ser lo que debe ser: un pilar ético innegociable del país.

jpm-am