SANTO DOMINGO.- Una entidad cuya misión es reforzar los lazos entre la República Dominicana y Haití deploró la prohibición a que selecciones y clubes de futbol haitianos jueguen en instalaciones deportivas dominicanas.

La Fundación Zile, que preside el ex cónsul de Haití y pastor evangélico, Edwin Paraisson, pidió a las autoridades deportivas, dominicanas si la medida afecta también a los equipos de la comunidad haitiana establecidos en el país.

Consideró la decisión “desproporcionada y perjudicial para los vínculos entre ambos pueblos”.

La fundación responde a declaraciones del ministro de Deportes, Kelvin Cruz, sobre el partido entre el Violette Athletic Club de Haití y el Portmore United de Jamaica, previsto para el martes 20 de octubre en el estadio Cibao FC de Santiago, por las semifinales del torneo de Clubes Campeones del Caribe de la Concacaf.

Señaló que el Violette utiliza ese recinto desde 2022, mediante el pago de una cuota por partido y sin inconvenientes, pues se trata de una instalación privada ubicada en el campus de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

Paraison resaltó que hay confusión en los anuncios oficiales, pues primero se comunicó una prohibición general que parecía dirigida a la selección masculina haitiana y luego se aclaró que podría jugar como visitante, pero no como local; ahora se incluye expresamente a los clubes haitianos.

«Si cada nuevo partido obliga al ministro a formular otra aclaración, resulta evidente que la comunicación inicial fue muy confusa. Hace falta una disposición formal que establezca el alcance, las condiciones y la duración de la medida», expresó.

PARTIDO DEL 1 DE OCTUBRE

La controversia surgió tras el partido de la Liga de Naciones de la Concacaf del 1 de octubre, ganado por Haití 4-1 en el Estadio Olímpico Félix Sánchez.

La Fundación Zile recordó que el propio ministro destacó el éxito del encuentro, que contó con una presencia mayoritaria de aficionados haitianos.

Explicó que esa asistencia masiva se debió a que era la primera vez que la selección haitiana jugaba en la isla tras su participación mundialista, lo que motivó la llegada de delegaciones de Haití, Estados Unidos, Canadá, Francia y las Antillas, además de aficionados de la comunidad haitiana residente en el país.

Para ilustrar la dimensión de esa comunidad, citó cerca de 15.000 haitianos registrados en la seguridad social, unos 12.000 estudiantes universitarios y más de 244.000 inscritos en el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE) desde 2014-2015.

Sostuvo que el incidente en los accesos debe examinarse tomando en cuenta las deficiencias de organización y manejo de la multitud. Mientras miles ya estaban dentro, otros seguían esperando para ingresar. En ese contexto se produjo una aglomeración y cedió la puerta 22, cuyos daños fueron reparados a cargo de la Federación Dominicana de Fútbol, que asumió la responsabilidad y reconoció fallas.

«Un incidente localizado y unas declaraciones de un jugador consideradas ofensivas no justifican extender una sanción a equipos y deportistas ajenos a esos hechos. Corresponde definir las responsabilidades y aprender de esa experiencia para hacerlo mejor en el futuro», afirmó Paraison.

IMPACTO EN TORNEOS LOCALES

La Fundación advirtió que la amplitud de los anuncios genera preocupación sobre otros intercambios: equipos de la comunidad haitiana que participan en torneos locales, visitas de conjuntos universitarios y actividades de confraternidad, como el torneo de amistad dominico-haitiano que organiza anualmente la institución.

«Estamos tomando una dirección que podría amenazar la práctica del fútbol y la participación de jugadores y aficionados haitianos en el ámbito local», señaló, al solicitar que se aclare expresamente si esas actividades quedan fuera de la medida.

Lamentó que las presiones de sectores nacionalistas estén desplazando el diálogo deportivo y destacó que el encuentro del 1 de octubre reunió a miles de haitianos y dominicanos que compartieron las gradas en un ambiente festivo, cada quien con su bandera, mientras los jugadores mantuvieron un comportamiento respetuoso.

«Resulta decepcionante que una demostración de convivencia termine eclipsada por discursos de hostilidad. El deporte debe ayudarnos a fortalecer el respeto mutuo y la amistad», manifestó.

Reiteró su propuesta de un diálogo urgente entre autoridades deportivas y federaciones de ambos países, en coordinación con la Concacaf, para acordar un protocolo sobre seguridad, organización, uso de instalaciones y responsabilidades.

«El fútbol debe seguir creciendo en República Dominicana y contribuir al acercamiento de nuestros pueblos. La contribución de los haitianos a este deporte en el país debe ser reconocida. Reiteramos nuestra recomendación de que la Concacaf realice una investigación independiente sobre lo sucedido en el Estadio Olímpico Félix Sánchez para establecer la verdad. Exhortamos a revisar esta prohibición y a evitar que las tensiones políticas cierren espacios de encuentro», concluyó.

Por FELIPE LORA LONGO 

Todo dominicano debe sentirse profundamente indignado por la prohibición que impidió celebrar en Santiago el partido entre el Violette AC, de Haití, y el Portmore United, de Jamaica. Personalmente me indigna por los deportistas afectados. Me indigna, sobre todo, el mensaje que recibe el país: mientras las comunidades deben movilizarse durante meses para defender el agua, la salud o sus viviendas, un reducido grupo de fascistas/racistas anti-haitianos exige excluir a los haitianos y puede celebrar junto al Gobierno que ha satisfecho su demanda. Esa es la escena: un grupo hostil impone su criterio, el Estado lo adopta y luego ambos posan como si se tratara de una decisión legítima.

Concacaf aplazó el encuentro previsto para el 20 de octubre después de que las autoridades dominicanas ratificaran la prohibición de utilizar instalaciones deportivas del país para partidos de representaciones haitianas. El Violette denunció que le retiraron una autorización previamente concedida cuando las delegaciones ya estaban presentes. El grupo que había anunciado una movilización para impedir el juego celebró el resultado como una victoria. No hubo, pues, un simple “aplazamiento”: hubo una presión anunciada, un objetivo cumplido y un Gobierno que produjo el desenlace que esa presión buscaba.

En mi opinión, este desenlace constituye una abierta alianza gobierno-fascistas, una victoria política del racismo y de una práctica que legaliza el fascismo: convertir a una población en enemigo colectivo y presionar para expulsarla del espacio público. El Gobierno tiene responsabilidad propia por adoptar una prohibición general; no puede esconderse detrás de quienes la reclamaron.
El escándalo ya es suficientemente grave: una insignificante agrupación que anunció que impediría un encuentro deportivo vio cumplido su objetivo y pudo presentar la decisión gubernamental como un triunfo suyo. Eso no es un daño colateral: es el resultado principal.

La nacionalidad convertida en culpabilidad

El ministro Kelvin Cruz invocó los incidentes del partido entre las selecciones dominicana y haitiana del 1 de octubre. Hubo problemas de acceso y daños que deben investigarse. Pero ¿qué responsabilidad tuvo el Violette AC? ¿Dónde está el informe que justifica retirarle su autorización? ¿Cómo se pasa de conductas individuales a una prohibición que alcanza a otros clubes por proceder del mismo país? Esas preguntas no son retóricas: son la prueba de que no se está castigando una responsabilidad demostrada, sino administrando una sospecha colectiva.

El propio presidente de Fedofútbol reconoció dificultades organizativas y de seguridad: esperaban entre 10,000 y 12,000 espectadores y vendieron 23,604 entradas. Calificó lo sucedido como “incidentes menores” y afirmó que las revisiones contribuyeron a la desesperación del público. Esos datos obligaban a investigar responsabilidades de organizadores, autoridades y asistentes. En cambio, el Gobierno extendió la consecuencia a representaciones haitianas ajenas a aquel encuentro. La nacionalidad terminó sustituyendo la responsabilidad demostrada.

Ese mecanismo resulta conocido y por eso mismo es más grave. Se culpa al trabajador haitiano, con documentos o sin ellos, del salario miserable, del desempleo, del hospital desbordado, de la precariedad de nuestros barrios y de la falta de aulas. Por beneficios partidarios se enfrenta al pobre dominicano con el pobre haitiano mientras permanecen fuera del banquillo quienes se benefician de salarios bajos, informalidad, explotación y servicios públicos insuficientes.

Los trabajadores haitianos no diseñaron el sistema de AFP y ARS. No aprobaron los privilegios fiscales de los grandes empresarios. No deciden el destino del presupuesto ni negocian las concesiones mineras. Quienes lo hicieron no son pobres, no son negros ni cruzaron el Masacre a pie.

Los responsables de esos males llegan en jets privados, son recibidos en el Palacio Nacional y cuando se van, se llevan el futuro de todo el pueblo dominicano. NO, los haitianos no son los responsables de los males del capitalismo dominicano.

Como pueden ver, el antihaitianismo es traición, pues presta un servicio a los poderosos: desvía la indignación que deberían provocar quienes concentran la riqueza y gobiernan para protegerla hacia otro trabajador.

Firmeza selectiva y soberanía de conveniencia

Mientras tanto, Luis Abinader, el presidente de un país con más de tres millones de sus habitantes fuera del país y cuya economía sobrevive gracias a los más de 10,000 millones de dólares que esos emigrantes envían cada año,  decide usar la carta de “la soberanía” en contra de los vecinos,  para desviar la atención y el enoje del pueblo,  de los verdaderos responsables su sufrimiento y de su  miseria.

La contradicción se agrava aún más cuando examinamos su política exterior. En noviembre de 2025, Luis Abinader autorizó temporalmente el uso de espacios restringidos en San Isidro y Las Américas para operaciones logísticas estadounidenses, presentadas como cooperación antinarcótica. También participó en la cumbre “Escudo de las Américas”, convocada por Donald Trump. Ese alineamiento expresa una política entreguista y funcional a la estrategia de Washington de disciplinar América Latina y contener las alternativas socialistas.

El contraste es vergonzoso: se exhibe soberanía frente a un club de fútbol haitiano mientras se ofrecen facilidades a la potencia que históricamente ha intervenido nuestro país y que en la actualidad nos trata como patio trasero. Abinader endurece el gesto frente al vecino empobrecido y se ablanda frente a Washington. No es firmeza: es selectividad. No es soberanía: es teatro.

Pero la obra no ha terminado. Considero imprescindible que exijamos que se publique la orden que impidió el partido, que se explique su fundamento y que se revise la prohibición general. Exijamos responsabilidades individuales por cualquier daño, sin trasladar culpas a toda una nacionalidad. Exijamos que ningún grupo pueda convertir su hostilidad contra los haitianos en criterio de gobierno.

El racismo obtuvo una victoria en este episodio. El presidente es responsable de haber producido un resultado que sus promotores celebran. Corresponde al pueblo luchar para que esa victoria no se convierta en costumbre.

Defender a los trabajadores haitianos frente al odio también es defender la unidad de los trabajadores dominicanos y su capacidad de enfrentar a quienes los explotan.

Que el Gobierno escuche una voz organizada, persistente y nacional: queremos derechos, soberanía y justicia social; no aceptamos que se nos ofrezca odio contra otro pobre como sustituto.

SP-AM