I. Semblanza de un cronista del tiempo

El nombre completo del poeta era Ramón Antonio Abad Méndez. Nacido el 31 de agosto de 1898 en la hidalga villa de San Cristóbal, su tránsito terreno culminó en Santo Domingo el 12 de enero de 1989, tras alcanzar la venerable edad de noventa años.

San Cristóbal ha sido, históricamente, un epicentro de intelectualidad, un semillero de conciencias que han labrado el pensamiento nacional. No obstante, el tiempo, con su manto de olvido, suele confinar a muchas de estas figuras a las sombras, mientras permite que voces más estridentes o vinculadas a las coyunturas del poder ocupen el primer plano de la historia. Abad Méndez pertenece a esa estirpe de elegidos que cultivaron la sensibilidad local con una maestría que exigía, por derecho propio, trascender las fronteras provinciales.

II. La injusticia del canon y la mística del verbo

Su olvido no es una deficiencia de su obra, sino una injusticia del canon. La calidad técnica de su lírica y la profundidad mística de su voz superan lo regional para instalarse en lo universal. Su rigurosidad métrica —evidente en la exquisitez de su Florilegio de sonetos— y su capacidad para elevar lo cotidiano a la categoría de lo sagrado, lo posicionan como un artífice que aguarda, con paciencia de siglos, un lugar de honor en nuestra antología nacional.

No debemos contemplar a Abad Méndez meramente como un poeta de la nostalgia; fue, ante todo, un intelectual de fe inquebrantable, un hombre que utilizó el verbo como crisol para destilar la «linfa pura» de la verdad. Fiel adherente a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, su devoción no era un acto ritual, sino el eje gravitacional de su existencia. Cada sábado, con una puntualidad que desafiaba el devenir de los días, asistía al templo de la Avenida Mella, transformando su vida en un poema de orden y entrega.

III. Memorias de un encuentro

Mi memoria lo guarda con nitidez: lo conocí siendo yo niño. En sus visitas a San Cristóbal, nunca omitía el rito de pasar por mi casa paterna para saludar a mis padres. Mi madre, con la intuición de quien reconoce a los seres de luz, solía decir de él: «Siempre está inspirado». Antonio Abad Méndez encarna la quintaesencia de la identidad sancristobalense; su poesía es una amalgama perfecta de devoción, civismo y amor telúrico.

Entre su producción bibliográfica, destaca Ofrenda (1943), su obra cumbre, prologada por Lázaro Manuel Monteagudo —una pieza crítica fundamental que validó su altura intelectual—. A esta se suman sus esfuerzos por dar voz al alma, desde el Florilegio de sonetos hasta Rosa a mis hijos y otros poemas, donde las flechas de Eros se entrelazan con la búsqueda espiritual.

IV. La nostalgia ante el espejo del cambio

En el ocaso de su vida, nos legó San Cristóbal del recuerdo, un poema que estremece por su carga existencial. En sus versos, la memoria confronta a la realidad con una elegancia desgarradora:

“San Cristóbal del recuerdo / hoy que por esto suspiras, / que por aquello mañana / quizá por lo que tuvieras / tal vez por lo que dejaras […] Dejé contigo perdidos muchos jirones del alma. […] Hoy te miro con orgullo, / tal vez mis sueños se rebasan, / pero siento una profunda / una infinita nostalgia. / Al mirarte me parece ver una ciudad extraña…”

Es este un ejercicio de nostalgia pura que narra el choque entre el hogar perdido y la modernidad transformadora. Testigo de casi todo el siglo XX, Abad Méndez vio cómo su «tacita de porcelana» se metamorfoseaba ante sus ojos, dejando en él la impronta de una infinita melancolía.

V. La poesía como clarividencia

Sin embargo, su legado alcanza su cenit cuando reflexiona sobre el oficio de escribir, ese puente tendido entre el hombre y lo trascendente:

“No tengo el don divino del profeta / que capta la visión de lo futuro, / pero si nada auguro, / soy su hermano menor, soy el poeta, / ante quien la Verdad, zagala esquiva / […] se muestra pura y sugestiva / como una diosa helénica, desnuda”.

Aquí reside la clave de su clarividencia: mientras el profeta escruta el porvenir, el poeta despoja a la Verdad de sus vestiduras mundanas para revelarla en su desnudez esencial. Con una pluma que sostiene la Lira, Abad Méndez nos enseña que la belleza no es solo una búsqueda, sino una revelación que el arte es capaz de filtrar.

VI. El legado más allá del asfalto

Hoy, una calle en Madre Vieja Sur lleva su nombre, rindiéndole el tributo cívico que merece. Mas, la verdadera inmortalidad de un poeta no se cimenta en el asfalto, sino en la perennidad de sus versos. Su obra aguarda, latente y lúcida, a ser redescubierta por las nuevas generaciones, para que la memoria histórica de San Cristóbal y de la República Dominicana recupere, finalmente, una de sus voces más luminosas.

En el contexto del debate jurídico y político en la República Dominicana, respecto a la constitucionalidad o no del Memorándum de Entendimiento para regular varios asuntos de interés bilateral con los Estados Unidos, existe una guía internacional de actuación para asumir compromisos vinculantes y no vinculantes, por medio de actos de carácter jurídico y político.

En principio, un ejemplo relevante de acto político internacional no vinculante es el denominado Memorándum de Entendimiento, adoptado por República Dominicana y Estados Unidos en fecha 12 de mayo del 2026 genera un torbellino de consideraciones de carácter jurídico y político, el cual requiere ser evaluado con pinza, para determinar si compromete o no la soberanía nacional.

Desde el contexto dogmático los denominados Memorándum de Entendimiento no están regidos por el Derecho Internacional Público, especialmente por la Convención de Viena de 1969, sin embargo, determinados doctrinarios les otorgan el mismo valor de los tratados formales, formando parte de la costumbre o práctica internacional, basada en la reciprocidad, buena fe y confianza recíproca entre los Estados.

Doctrinarios como el profesor Antonio Remiro Brotón, en su obra Derecho Internacional Público, sostiene que entre actos Jurídico, Político, Vinculante y No Vinculante, no existen barreras y considera que ambos deben recorrer los procesos constitucionales para surtir efectos, toda vez que generalmente un acto jurídico tiene implicaciones políticas y viceversa

Los actos político internacionales son expresiones de voluntades entre gobierno, no de Estado, y son estudiados por la Ciencia Política, más que por el Derecho Internacional Público. Entre los actos políticos internacionales están las declaraciones unilaterales, acuerdo o memorándum de entendimiento, acuerdo de intención, las resoluciones de los órganos colegiados, como las Naciones Unidas, OEA, UE, Parlacen, G-7, G-20, entre otros.

Contrario a los actos políticos internacionales, que algunos doctrinarios consideran no vinculante, existen los actos jurídicos internacionales vinculantes, que están amparados en la Convención de Viena de 1969, los cuales requieren cierto rigor y establecen compromisos firmes de los Estados. Existen enfoques diferentes sobre la existencia per se de actos jurídicos internacionales no vinculantes, planteándose que todo compromiso que suscriba un jefe de Estado o sus representantes legales son vinculantes y obligatorios por naturaleza.

Los actos jurídicos internacionales vinculantes están regidos por el principio Pacta Sunt Servanda, la Carta de las Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia y sobre todo por la Convención Up supra. Estos actos jurídicos requieren pasar el cedazo constitucional y administrativos de los Estados participantes y deben ser registrados en la Secretaría de un organismo regional o internacional para comprometer la soberanía y la responsabilidad de los Estados.

El núcleo duro de los actos jurídicos internacionales vinculantes y no vinculantes radica en la afectación o no de la responsabilidad internacional del Estado, la soberanía nacional, la reputación internacional de los funcionarios y sus instituciones, la buena fe del Estado, las sanciones, la nulidad y sobre todo la previsibilidad de crisis de carácter político o jurídico.

Para determinar si un acto político o jurídico de connotación internacional es o no vinculante es necesario una evaluación profunda del espíritu, contenido, obligatoriedad y alcance, hecha por equipos multidimensionales de profesionales, dado que la membrana que marca la diferencia son cuasi invisible.

Es importante plantear, como cuestión de alta política de Estado, que como no conocemos de forma inextensa el denominado Memorándum de Entendimiento en debate en la opinión pública,  es necesario que los actores, operadores jurídicos y políticos del Estado evalúen a profundidad dicho memorándum, para prevenir situaciones enojosas del pasado, parecido al reconocimiento por decreto de la Competencia de Corte Interamericana de los Derechos Humanos, 1999, caso Sun Land, 2007,  Mia Cargo 2021 y la Declaración Conjunta sobre el uso de las aguas del rio Dajabón, 2023, firmado entre el Canciller haitiano y un Vice Canciller dominicano y así prevenimos conflictos que afecte la República Dominicana en su relación con su mejor socio y aliado: Los Estados Unidos.

En definitiva, si no tenemos certidumbre de la naturaleza o connotación respecto a si un acto internacional es jurídico, político, vinculante o no vinculante, lo mejor es no suscribirlo ya que su término puede ser más complicado que su adopción.

nerisabreu2006@hotmail.com

jpm-am

Por EZEQUIEL CUEVAS

Cuando un vuelo procedente de Estados Unidos aterriza en suelo dominicano cargado de deportados que no son ciudadanos de nuestro país, algo más que pasajeros desciende por esa escalerilla: desciende también la legitimidad constitucional de un gobierno que, sin marco legal alguno aprobado por el Congreso Nacional, ha convertido a la República Dominicana en destino de nacionales de terceros Estados expulsados por Washington. Lo que debería ser una decisión soberana, transparente y legislativamente respaldada, se ha convertido en una práctica opaca que contradice los pilares más fundamentales del ordenamiento jurídico dominicano.

La Constitución dominicana de 2010 es categórica en su artículo 3: la soberanía nacional es inalienable e indivisible, y el territorio de la República es inviolable. Este principio no es una declaración retórica; es la columna vertebral sobre la que descansa todo el edificio jurídico del Estado. Permitir que un gobierno extranjero —por poderoso que sea— dicte quiénes ingresan al territorio dominicano, incluyendo nacionales de países con los que República Dominicana no mantiene acuerdos migratorios formales, constituye una cesión inadmisible de soberanía. Ningún ejecutivo, por razones diplomáticas o de conveniencia política, puede disponer del territorio nacional como si fuera una sala de tránsito internacional.

El artículo 40 de la Carta Magna, que consagra el derecho a la libertad y seguridad personal, establece que nadie puede ser obligado a permanecer en un lugar sin orden judicial ni sin sustento legal. Este principio se extiende también a quienes arriban al país: si el Estado dominicano recibe a extranjeros deportados sin una ley que lo autorice y sin un procedimiento claro, está actuando fuera del marco de la legalidad que él mismo está obligado a respetar.

El principio de legalidad —según el cual los poderes del Estado solo pueden hacer lo que la ley expresamente les permite— es vulnerado flagrantemente cada vez que un avión de deportación aterriza sin que el Congreso Nacional haya debatido, aprobado o ratificado ningún acuerdo que lo justifique.

Agréguese a esto el artículo 128 de la Constitución, que establece que los tratados internacionales que afecten al Estado dominicano deben ser aprobados por el Congreso antes de entrar en vigencia. Si el Poder Ejecutivo ha suscrito algún tipo de memorándum, acuerdo operativo o entendimiento con las autoridades migratorias estadounidenses para aceptar deportados de terceros países, dicho instrumento tiene la naturaleza de un tratado o acuerdo internacional con efectos sobre la soberanía y los derechos de los habitantes del país.

Su omisión ante el Congreso no es un tecnicismo; es una violación directa del principio de separación de poderes y del sistema de frenos y contrapesos que la Constitución diseñó para evitar el abuso del Ejecutivo.

El derecho internacional también resulta vulnerado en esta ecuación. La norma consuetudinaria internacional reconoce que ningún Estado está obligado a admitir extranjeros en su territorio, y que solo está obligado a recibir a sus propios nacionales.

Pero hay una cara más oscura del problema: si entre los deportados que llegan a suelo dominicano se encuentran personas con derecho a solicitar refugio o asilo —venezolanos, haitianos perseguidos, o personas en situación de vulnerabilidad— y el Estado dominicano no les garantiza ese derecho, se viola el principio de non-refoulement, piedra angular de la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, a la que República Dominicana está adherida. El artículo 45 de la Constitución reconoce expresamente el derecho de asilo y refugio conforme a los tratados internacionales.

La opacidad que rodea estos acuerdos es, en sí misma, una forma de violación constitucional. El artículo 49 de la Constitución garantiza el derecho a la información pública, y el artículo 138 obliga a la administración pública a actuar con transparencia y sometimiento pleno a la ley. Sin embargo, el gobierno dominicano no ha explicado públicamente bajo qué fundamento legal acepta estos vuelos, cuántas personas han sido recibidas, de qué nacionalidades, bajo qué condiciones y con qué garantías. Esta oscuridad institucional no es accidental: es el síntoma de una práctica que no resistiría el escrutinio jurídico si fuera sometida al debate legislativo que merece y que la Constitución exige.

República Dominicana no puede ni debe convertirse en el patio trasero de la política migratoria estadounidense. El gobierno dominicano tiene la obligación —no la opción— de someter cualquier acuerdo de esta naturaleza al Congreso Nacional, de garantizar los derechos de las personas que lleguen a su territorio independientemente de su nacionalidad, y de defender la soberanía que la Constitución le ordena proteger.

Lo contrario no es pragmatismo diplomático: es la rendición silenciosa de las instituciones ante la presión de una potencia extranjera, a espaldas del pueblo dominicano y en franca contradicción con la ley suprema de la nación. El Estado de Derecho no se negocia en corredores diplomáticos; se defiende en las aulas del Congreso y en los tribunales de justicia.

jpm-am