La protección de los recursos naturales de la República Dominicana exige una política pública respaldada por recursos financieros suficientes, una supervisión permanente y mecanismos de transparencia que permitan evaluar los resultados de la inversión estatal. Sin embargo, los recursos ejecutados por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, tanto de origen propio como provenientes del Presupuesto General del Estado, parecen insuficientes frente a la magnitud de los desafíos ambientales del país.
La vigilancia de las áreas protegidas, los bosques de montaña, las riberas de los ríos, las playas y las zonas de explotación minera y de canteras requiere personal, equipos y financiamiento continuo. A ello se suman la prevención de incendios forestales, el control de la tala ilegal, el conuquismo y la ocupación indebida de terrenos protegidos. Sin una inversión sostenida, resulta difícil garantizar la conservación y restauración de estos ecosistemas.
La protección de las cuencas hidrográficas es una cuestión de seguridad nacional. La República Dominicana depende de sus recursos hídricos para el abastecimiento de agua potable, la producción agrícola, la generación de energía eléctrica y la prevención de inundaciones. Las mas de 27 presas y los embalses vinculados a las principales cuencas forman parte de esa infraestructura estratégica. Su sostenibilidad depende, en buena medida, de la conservación de los bosques y de los suelos que regulan el flujo del agua.
Un financiamiento ambiental que debe fortalecerse. Los ingresos generados por licencias, permisos y otros servicios ambientales, así como las multas y las sanciones aplicadas a quienes infringen las normas, pueden contribuir al financiamiento de las políticas de protección. También son importantes las donaciones y la cooperación internacional. Sin embargo, estas fuentes no deben sustituir la responsabilidad financiera.
Uno de los principales desafíos es la dificultad para identificar, de manera clara y comparable, cuánto dinero se presupuesta, cuánto se ejecuta y cuáles resultados se obtienen en cada programa o proyecto ambiental. Las informaciones presupuestarias publicadas deben permitir distinguir entre las asignaciones al Ministerio de Medio Ambiente, las transferencias a otras instituciones, los gastos administrativos y las inversiones destinadas directamente a la conservación y recuperación de los ecosistemas. Sin esta separación, resulta difícil determinar qué proporción de los recursos llega efectivamente a los programas de protección ambiental.
Las cifras recopiladas para el período 2019-2025 muestran variaciones importantes. Según los datos reunidos para este análisis, en 2019 se ejecutaron aproximadamente RD$13,255 millones; durante 2020 y 2021, el promedio habría sido de RD$12,400 millones; en 2022, la ejecución habría alcanzado RD$17,315 millones; en 2024 se reportaron RD$13,152 millones, y en 2025, RD$12,605.07 millones.
Para 2023, la información consultada no permitió identificar una cifra comparable de ejecución. Esta ausencia debe aclararse mediante los informes oficiales correspondientes, sin interpretarla automáticamente como una ejecución nula. Estas cifras requieren una revisión y conciliación con las publicaciones oficiales de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), a fin de comprobar que corresponden al mismo concepto presupuestario y a la misma metodología de cálculo.
También es necesario distinguir entre presupuesto aprobado, presupuesto vigente y gasto efectivamente ejecutado. Si los montos comparables confirman una reducción de los recursos disponibles, en términos nominales o reales, estaríamos ante una señal preocupante.
La necesidad de proteger los ecosistemas aumenta frente a la deforestación, la contaminación, la degradación de los suelos y los efectos del cambio climático; por tanto, la asignación de recursos debe responder a objetivos medibles y a las necesidades de cada territorio.
DIGEPRES debe fortalecer la calidad, consistencia y accesibilidad de sus publicaciones, mediante series históricas homogéneas, informes comparativos y datos desagregados por institución, programa, proyecto y fuente de financiamiento. La ciudadanía tiene derecho a conocer no solamente cuánto dinero se asigna, sino también cómo se utiliza y qué resultados produce.
La transparencia presupuestaria es una herramienta fundamental para prevenir la corrupción, fortalecer la rendición de cuentas y garantizar la confianza en las instituciones democráticas.
Invertir para prevenir y restaurar.
Una política ambiental responsable debe priorizar la prevención y la mitigación de los daños antes de que estos se conviertan en crisis de mayores proporciones. La contaminación de los ríos, la pérdida de cobertura boscosa, los incendios forestales y la degradación de las cuencas generan costos económicos y sociales que, con frecuencia, superan los recursos necesarios para prevenirlos.
Por ello, el presupuesto debe contemplar programas permanentes de reforestación, producción de plántulas, fortalecimiento de viveros, recuperación de suelos degradados y protección de las áreas vulnerables. Asimismo, es indispensable mejorar las condiciones de trabajo de los guardaparques y guardias forestales, dotarlos de equipos adecuados y fortalecer la coordinación entre las instituciones responsables de hacer cumplir la legislación ambiental.
Estas acciones deben acompañarse de metas verificables: hectáreas restauradas, áreas protegidas bajo vigilancia efectiva, reducción de incendios y de la tala ilegal, recuperación de cuencas y mejoría en la calidad del agua. El seguimiento de estos indicadores permitiría evaluar la eficacia de los recursos invertidos y corregir las deficiencias de los programas.
Invertir responsablemente en Medio Ambiente y Recursos Naturales no es un lujo ni una carga para las finanzas públicas. Es proteger el agua, la producción agrícola, la biodiversidad, la salud y la seguridad de la nación. El costo de no actuar hoy puede ser mucho mayor para las generaciones presentes y futuras.
of-am
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