POR YANET GIRON

Cada vez que vemos a adolescentes en las calles hasta altas horas de la noche, sin una supervisión adulta evidente, surge una pregunta inevitable: ¿quién está pendiente de su bienestar? No se trata de juzgar a una generación, sino de reflexionar sobre una realidad que merece la atención de las familias y de toda la sociedad.

La adolescencia es una etapa de descubrimientos, cambios y decisiones para las que todavía se necesita orientación. Algunos jóvenes buscan experimentar nuevas libertades sin medir todos los riesgos que pueden enfrentar. La preocupación no debe centrarse en cómo visten, se maquillan o se peinan, sino en las condiciones en que se desenvuelven y en la protección que reciben.

La presencia de menores de edad en espacios públicos durante la noche, sin una supervisión clara, invita a preguntarnos qué estamos haciendo para acompañarlos. No toda salida representa un peligro, pero tampoco debemos ignorar las situaciones que puedan comprometer su seguridad. Prevenir exige observar, escuchar y actuar con responsabilidad, sin recurrir a prejuicios ni señalamientos.

La responsabilidad comienza en el hogar. Ser padres no consiste únicamente en garantizar alimento, ropa y educación; también implica conocer el entorno de los hijos, interesarse por sus amistades y establecer límites adecuados. Orientar no significa humillar ni imponer miedo, sino mantener una comunicación abierta que permita a los adolescentes expresar sus inquietudes y pedir ayuda cuando la necesiten.

Con frecuencia, la preocupación por los menores se hace más visible después de que ocurre una situación lamentable. Sin embargo, el acompañamiento y la prevención deben comenzar mucho antes. No podemos exigirles a los adolescentes que tomen decisiones maduras en todas las circunstancias si todavía necesitan orientación para reconocer riesgos y afrontar determinadas situaciones.

También es necesario recordar que los adultos tienen el deber de actuar con prudencia y respeto en su trato con menores de edad. La diferencia de edad y experiencia exige límites claros y un compromiso firme con su bienestar. La protección de la adolescencia no debe convertirse en un juicio sobre la apariencia o la reputación de los jóvenes, sino en una prioridad que se traduzca en acciones concretas.

Una sociedad que descuida a sus adolescentes pone en riesgo parte de su futuro. Necesitamos familias presentes, adultos responsables y comunidades dispuestas a orientar sin maltratar y corregir sin destruir la autoestima. Proteger a nuestros jóvenes comienza con la atención cotidiana, el diálogo y el ejemplo. Porque acompañar su crecimiento no es una tarea exclusiva del hogar, sino un compromiso que nos corresponde asumir como sociedad.

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La palabra deber encierra una noción fundamental en la vida democrática: es la obligación que una persona tiene de cumplir con lo que le corresponde, sea por mandato legal, por responsabilidad moral o por compromiso institucional. En el caso de los gobernantes, el deber no es un gesto voluntario ni un acto de generosidad; es la esencia misma de su función. Cumplir con la Constitución, ejecutar el presupuesto aprobado y velar por el bien común no son favores que se otorgan, sino obligaciones que se deben cumplir.

En una democracia contemporánea, la responsabilidad del poder es clave. Los gobernantes deben rendir cuentas a los ciudadanos sobre el ejercicio de su función, y la sociedad tiene el derecho —y la obligación— de exigir explicaciones en casos de corrupción, abuso de poder o violaciones a los derechos humanos. La relación entre pueblo y autoridad no puede basarse en agradecimientos por lo que ya estaba presupuestado, sino en la vigilancia constante de que el poder se ejerza conforme a la ley y en beneficio de todos.

Los deberes de los gobernantes

Los gobernantes tienen deberes que les permiten ejercer su función de manera responsable y efectiva. Entre ellos, el cumplimiento de la Constitución y las leyes, la protección del bien común, la vigilancia de la actividad de los individuos y sus asociaciones, y la exigencia de lo necesario para alcanzar esos fines. También deben cuidar prudentemente de la justicia social y participar activamente en el proceso legislativo. Estos deberes no son opcionales ni negociables: constituyen la base de la legitimidad democrática.

La metáfora del cobrador de peajes

Agradecer al presidente por inaugurar una obra previamente presupuestada es como rendir pleitesía al cobrador de peajes que se cree dueño del camino. El pueblo construyó la vía con sus impuestos, con su esfuerzo y con su mandato constitucional; el gobernante solo levanta la barrera que estaba obligado a levantar. Sin embargo, el ritual de la inauguración convierte al funcionario en un supuesto benefactor, cuando en realidad no ha hecho más que cumplir con su deber.

Este teatro político transforma la obligación en favor y el derecho ciudadano en dádiva. Se manipula el lenguaje para que la justicia aparezca como caridad, y el cumplimiento de la ley como un gesto magnánimo. Aplaudir al presidente por entregar una obra es como agradecer al administrador de la despensa por repartir alimentos comprados con el dinero de la comunidad. No es generosidad, es obligación.

La herencia de las dictaduras

En muchos países latinoamericanos que estuvieron bajo dictaduras, se cultivó la costumbre de la loa a los gobernantes. Se aplaudía lo que era obligación, se agradece lo que era deber. Esa cultura de sumisión persiste en la democracia contemporánea, disfrazada en los discursos de inauguración. Cuando un funcionario proclama que “debemos agradecer al presidente por esta obra”, reproduce un eco del autoritarismo: el líder como benefactor, el pueblo como súbdito agradecido.

Este hábito no es inocente. Refuerza el clientelismo, debilita la conciencia ciudadana y perpetúa la idea de que los derechos dependen de la voluntad del gobernante. La democracia se degrada cuando la ciudadanía se acostumbra a agradecer lo que le pertenece por derecho.

El pueblo no debe arrodillarse ante quien cumple con su deber. Agradecer al gobernante por entregar lo que ya estaba presupuestado es aceptar que la justicia se disfrace de caridad. Y cuando la justicia se convierte en caridad, la democracia se degrada en clientelismo.

La advertencia es clara: si seguimos agradeciendo lo que es deber, terminaremos mendigando lo que es derecho. La ciudadanía debe recordar que el poder no es un regalo, sino una responsabilidad. Los gobernantes no son benefactores, sino mandatarios sujetos a la ley. Y en democracia, el deber no se agradece: se exige, se vigila y se reclama.

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Las pruebas del coraje patriótico de don Narciso Sánchez arrancaron  con sus manifestaciones de repudio a la ocupación armada haitiana del suelo dominicano desde el mismo momento en que esta se produjo, el 9 de febrero de 1822, (lo que provocó la condena de que fue víctima el 15 de octubre de 1823, indicada en la entrega anterior) hasta la salida de esos intrusos del territorio nacional en febrero de 1844.

Lo anterior quedó firme cuando 22 años después, en la media noche del 27 de febrero de 1844, se produjo en la Puerta del Conde el grito de libertad, y entre los patriotas dominicanos allí reunidos estaba él, junto con su hijo Francisco del Rosario Sánchez, Ramón Matías Mella, Andrés Sánchez, Remigio del Castillo, Vicente Celestino Duarte, Fernando Serra, los hermanos Manuel y Wenceslao Guerrero.

Junto a ellos también se encontraban en ese histórico baluarte, en el referido momento, los señores José Llavería, Félix María del Monte, Justiniano Bobea, José Antonio Sanabia, José Ramón Ortiz, Mariano Echavarría, Joaquín Gómez, Eusebio Gatón, Antonio Moreno, los hermanos Tomás y Jacinto de la Concha, Benito González, Juan Mazara, José Sabá y diversos independentistas dispuestos a ofrendar sus vidas por la soberanía nacional.

Seño Narcisazo (como le apodaban) y otros también le respondieron al general Henri Etiene Desgrote, el 28 de febrero del referido año 1844, porque este en su condición espuria de comandante “de la plaza y común de Santo Domingo” ese mismo día había reclamado explicaciones a los patriotas dominicanos que la víspera se habían sublevado. (Documento No. 3 del bloque de leyes, decretos y resoluciones de 1844).

El papel en la historia dominicana de don Narciso Sánchez adquiere más valor si se observa en su parábola vital que a lo que se dedicó originalmente fue a trabajos de dirección como empleado de otros en hatos ganaderos del este del país; así como a la venta de carne de res en un pequeño negocio de su propiedad y al fomento de algunos bovinos en una pequeña parcela rústica que le regaló un amigo en la zona de Los Alcarrizos.

Esa modestia económica, con su consecuente ubicación en la escala social de su época, no le impidió, junto a su esposa doña Olaya del Rosario de Belén, educar a sus hijos y hacerse un nombre en el ámbito de nuestro pasado. Narciso Sánchez encaja de algún modo en la teoría que en el siglo XIX desarrolló el filósofo, historiador y ensayista escocés Thomas Carlyle, quien importantizó el papel que en la fragua de la historia juegan personajes excepcionales.

Poco tiempo después de la condena mencionada arriba (1823) contra Narciso Sánchez, y otros valientes dominicanos, se produjeron muchas otras decisiones seudolegales, siendo una de las más famosas la que se derivó del frustrado alzamiento llamado la Revolución de los Alcarrizos, el cual no prosperó por una de las típicas traiciones de esas que siempre han existido a lo largo del tiempo.

La que iba a ser una asonada con timbre patriótico (que en parte debió ser inspirada por el antecedente de Seño Narcisazo) fue aplastada rápidamente, el 24 de febrero de 1824, por la ira implacable de cientos de tropas del regimiento haitiano número 12 dirigido por el general Jéróme Maximilien Borgella, jefe del gobierno de ocupación, quien ordenó fusilar a Baltazar Nova y decenas de otros patriotas.

Otra consecuencia que tuvo aquel episodio histórico se produjo el 8 de marzo del citado 1824 cuando fueron condenados a muerte por un tribunal de paniaguados Lázaro Núñez, Facundo Medina, Juan Jiménez y José María Altagracia.

Además, fueron condenados: “El presbítero Pedro González, lo mismo que Ignacio Suárez, José Ramón Cabral y José Figueredo, a la pena de cinco años de prisión donde el gobierno lo tuviera por conveniente…José María González, Sebastián Sánchez, José María González, Manuel Gil, José María Pérez y Esteban Moscoso, a dos años de prisión…” (Obras completas, Editora Amigo del Hogar, 2016.Volumen I. P.363. José Gabriel García).

En resumen, Narciso Sánchez, sin importar las mezquindades habituales, ocupa por derecho propio un lugar destacado en los hechos del pasado, los mismos que desde el 27 de febrero de 1844 nos permiten ser un país libre, aunque con más de un eclipse o ensombrecimiento de nuestra libertad.

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