Por Julio Figuereo
Durante años, el discurso oficial sobre la seguridad nacional en la República Dominicana ha girado en torno a una premisa tan repetida como aparentemente indiscutible: que la amenaza existencial para nuestra estabilidad proviene del colapso institucional al otro lado de la frontera y que la respuesta primordial consiste en levantar verjas perimetrales, multiplicar los batallones en la línea divisoria y redoblar los operativos de vigilancia terrestre.
Sin embargo, el más reciente informe final del Panel de Expertos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Haití (documento S/2026/714, divulgado en octubre de 2026) ha venido a colocar al país frente a un espejo profundamente perturbador. No basta con blindar la frontera hacia afuera cuando la traición opera desde adentro, en el corazón mismo de los depósitos donde el Estado guarda las armas y las municiones adquiridas con el dinero de los contribuyentes dominicanos.
Los hallazgos balísticos documentados por los investigadores de la ONU en Puerto Príncipe no dejan espacio para la retórica evasiva ni para las teorías conspirativas. En febrero de 2026, al inspeccionar físicamente los pertrechos incautados a las organizaciones criminales que mantienen secuestrada la capital haitiana —particularmente a la sanguinaria banda 400 Mawozo y a facciones armadas que operan en Bel-Air—, los expertos analizaron una muestra de 89 cartuchos de fusil calibre 5.56 × 45 milímetros (El Nacional).
El resultado forense debería avergonzar a toda la cadena de mando nacional: 25 de esos casquillos tenían grabadas en su base o culote las siglas «ERD» (Ejército de República Dominicana), el año «22» (2022), el sello «IM» y los números de lote P009, P010, P011, P012, P087 y P088, mientras que otros 16 proyectiles presentaban características técnicas compatibles con municiones sustraídas de la Policía Nacional dominicana (El Nacional, Revista Prisma).
Cuando el Panel de Expertos de la ONU activó el protocolo internacional de rastreo, el Gobierno de Colombia ofreció una respuesta categórica que desmontó cualquier duda sobre el origen reciente de ese material bélico. Bogotá confirmó oficialmente que la cartuchería fue manufacturada por la empresa estatal Industria Militar de Colombia (Indumil) al amparo de dos contratos intergubernamentales de compraventa suscritos en el año 2022 directamente con el Ministerio de Defensa (MIDE) y el Ejército de República Dominicana (El Nacional). No se trata de pertrechos extraviados en la noche de los tiempos, sino de munición de guerra comprada hace apenas cuatro años para la defensa de nuestra soberanía que terminó alimentando los fusiles de asalto M16 y M4 de las pandillas haitianas.
Resulta por ello lamentable que la primera reacción de algunos voceros diplomáticos y castrenses haya consistido en desviar la atención hacia otro elemento secundario del anexo 18 del informe de la ONU: los proyectiles calibre .50 de punta amarilla exhibidos en redes sociales por Wilson Joseph, alias «Lanmo San Jou», cabecilla de 400 Mawozo (Revista Prisma). Argumentar, como hicieron la Cancillería y el Ministerio de Defensa, que 15 de los 32 cartuchos calibre .50 analizados fueron fabricados en territorio dominicano durante la década de 1950 —en la antigua Armería de San Cristóbal bajo la dictadura de Trujillo— y que el paso de seis décadas impide reconstruir su trazabilidad es responder a la pregunta más cómoda para eludir la más grave (El Día, Diario Libre).
Como bien puntualizó el exministro de Defensa y exdirector del DNI, mayor general retirado Sigfrido Pared Pérez, antes de la promulgación de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas en noviembre de 2013 todos los pertrechos llevaban estampadas las siglas «EN» (antiguo Ejército Nacional), por lo que el marcaje «ERD» identifica de manera exclusiva adquisiciones posteriores a 2013, incluidas las compras a Indumil de 2022 (El Día). Lo verdaderamente inquietante es lo que el propio informe de las Naciones Unidas dejó consignado en septiembre de 2026: que tras solicitar formalmente al Gobierno dominicano identificar a qué unidades o batallones específicos del Ejército habían sido asignados esos lotes de 2022 y qué investigaciones se habían abierto al respecto, los expertos aún no habían recibido esa información (Revista Prisma).
Nadie puede alegar sorpresa ante la mecánica mediante la cual el plomo estatal cruza la frontera, porque el propio Estado dominicano ya la dejó al descubierto en toda su crudeza con el escándalo de la Reserva o Intendencia de Armas de la Policía Nacional. Aquella trama estalló tras la alerta emitida por las autoridades haitianas en julio de 2024, cuando incautaron 5,000 cartuchos calibre 5.56 × 45 mm en Mirebalais (departamento Centro de Haití) que pertenecían a lotes oficiales de la policía dominicana (Revista Prisma, Acento). La intervención ordenada entonces por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, junto a la Dirección General de la Policía Nacional, destapó una podredumbre institucional que parecía impensable (Policía Nacional).
La auditoría levantada en la Intendencia de Armas entre el 14 de febrero y el 24 de octubre de 2024 comprobó la sustracción de 908,001 artículos de los arsenales policiales: más de 489,000 cápsulas calibre 9 milímetros, 230,000 proyectiles de fusil calibre 5.56 × 45 milímetros, 93,000 cartuchos para escopeta calibre 12, 26,000 cartuchos calibre 7.62 × 39 milímetros (para fusiles tipo AK-47) y 70,001 cargadores y accesorios tácticos (Listín Diario, Revista Prisma). Aunque una fracción de las balas de 9 milímetros se vendió en el mercado negro local —donde la veda de importación civil disparó el precio de una caja de 50 cápsulas de entre US15 y US30 en Estados Unidos a entre US120 y US200 en el país—, los especialistas consultados por la ONU coinciden en que el grueso de los 256,000 proyectiles de guerra calibres 5.56 y 7.62 mm tenía un único comprador natural: las bandas armadas haitianas (Listín Diario, Revista Prisma).
Lo que reveló la Operación Pandora, puesta en marcha por el Ministerio Público el 17 de noviembre de 2024, es que los ladrones no entraron forzando cerraduras, sino que tenían las llaves del depósito. La estructura criminal estaba encabezada por el propio intendente de Armas de la Policía Nacional, coronel Narciso Antonio Féliz Romero, junto al subintendente Juan Miguel Pérez Soler y al capitán Nelson Valdez, encargado directo del Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos (Policía Nacional). Más aún, el encargado de fiscalizarlos, el capitán Víctor Manuel Santos —quien llevaba más de seis años como auditor de la Intendencia—, maquilló los números de la auditoría de febrero de 2024 para ocultar el saqueo e intentó alterar de nuevo los registros en octubre mientras los agentes operativos sacaban las municiones en mochilas dejando cajas vacías apiladas en los estantes (Procuraduría General de la República, Diario Libre).
El puente mercantil entre los almacenes oficiales en Santo Domingo y los gatilleros en Haití funcionaba con una frialdad escalofriante. Según el expediente de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), el coronel Féliz Romero llegó a recibir pagos en efectivo dentro de una mochila de manos de un cabo de apellido Rosario que negociaba directamente los pertrechos con contactos en Haití (Diario Libre). Paralelamente, la imputada civil Miguelina Bello Segura continuaba en Pedernales el negocio ilícito de su exesposo, recibiendo decenas de cajas de municiones policiales para venderlas clandestinamente a ciudadanos haitianos entre RD5,200 y RD6,000 por caja (Diario Libre). Y en las filas del Ejército, el arresto en diciembre de 2025 en La Tinaja, San Juan de la Maguana, de un segundo teniente que transportaba en una motocicleta 1,516 cartuchos junto a un nacional haitiano demuestra que el mismo contrabando hormiga desde los cuarteles hacia pasos fronterizos vulnerables como Belladère y Pedernales ha operado también bajo uniforme verde olivo (Diario Libre, Revista Prisma).
Es justo y necesario precisar, en honor a la verdad histórica y al rigor analítico, que ni el informe de las Naciones Unidas ni las investigaciones judiciales sugieren que el Gobierno de la República Dominicana haya tenido jamás una política de Estado encaminada a armar a las bandas haitianas; por el contrario, fue la propia administración dominicana la que ordenó auditar la Policía Nacional, judicializó la Operación Pandora y suministró información oficial a la ONU (Listín Diario). Pero que no exista una directriz gubernamental cómplice no exime al Estado de su gravísima responsabilidad institucional in vigilando. Cuando casi un millón de pertrechos desaparecen de la reserva policial y lotes militares comprados en 2022 aparecen en los fusiles de 400 Mawozo, no estamos ante simples manzanas podridas, sino ante el colapso de los mecanismos de custodia y contrainteligencia de los cuerpos armados.
El costo geopolítico de esta vulnerabilidad interna ya se está pagando caro. Mientras la República Dominicana reclama con razón el apoyo de la comunidad internacional para pacificar Haití y denuncia el tránsito de armas ilegales que llegan en contenedores desde Florida —como los 36,000 cartuchos y 23 armas incautados en el puerto de Haina en febrero de 2025—, voces interesadas en el plano internacional y en el propio Haití utilizan hoy el hallazgo de los casquillos marcados «ERD» y «PN» para tildar al país de «Estado no confiable» y llegar al extremo de proponer un embargo de armas en nuestra contra (El Nacional, Listín Diario). Cada bala vendida por un oficial corrupto no solo asesina en Puerto Príncipe y empuja nuevas oleadas de desplazados hacia nuestra frontera, sino que sabotea la autoridad moral de la diplomacia dominicana.
La defensa de la patria no admite medias tintas ni comunicados defensivos que pretendan tapar el sol con un dedo. Si el Ministerio de Defensa y el Gobierno quieren enviar una señal inequívoca de transparencia ante el país y ante el Consejo de Seguridad de la ONU, deben publicar de inmediato qué comandancias, batallones y oficiales recibieron los lotes P009 a P012 y P087 a P088 comprados a Indumil en 2022, someter todos los arsenales del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional a una auditoría forense externa con control biométrico e inventario digitalizado, y procesar por traición a la seguridad nacional a todo uniformado que haya convertido las armas de la República en mercancía para las bandas que destruyen a Haití.
sp-am
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