En las elecciones de mitad de periodo (midterms) en Estados Unidos, el Partido Demócrata logró una contundente victoria al arrebatar al Partido Republicano de ambas Cámaras del Congreso, obteniendo una amplia mayoría en la Cámara de Representantes y recuperando el Senado.

De igual forma los demócratas consiguieron victorias clave en gobernaciones estatales históricamente dominadas por los Republicanos, como Texas, Georgia y Ohio, debilitando significativamente la base de poder político del presidente Donald Trump.

Este giro electoral se debió en gran medida al descontento de los ciudadanos con la situación económica, donde el encarecimiento de los precios de los alimentos, la vivienda, los seguros médicos y el impacto inflacionario de los aranceles comerciales y el costo de los combustibles pesaron fuertemente en las urnas.

Cabe decir que se registró un cambio notable en el comportamiento de grupos demográficos clave que en 2024 habían respaldado a los republicanos, destacando una movilización significativa de jóvenes y votantes latinos hacia las filas demócratas.

Ante este escenario, los dos últimos años de la presidencia de Trump se perfilan como un periodo de profundo bloqueo político y confrontación institucional, debido a que, al estar el Congreso en manos de la oposición, el presidente enfrentará enormes dificultades para aprobar reformas fiscales, leyes migratorias y nombramientos judiciales importantes.

A esto se añade la exposición a fiscalizaciones e investigaciones parlamentarias, aunque la destitución por la vía del impeachment sigue siendo un escenario improbable por la mayoría requerida en el Senado.

Finalmente, estos resultados reconfiguran por completo el panorama político rumbo a las elecciones presidenciales de 2028, limitando las opciones legislativas de la actual administración y obligando a los Republicanos a replantear su estrategia para encontrar un liderazgo sucesor capaz de unificar al partido tras este duro revés electoral.

Para nuestro país, la República Dominicana, un Congreso estadounidense dominado por los demócratas y un gobierno federal en situación de parálisis o tensión legislativa suele traducirse en un mayor escrutinio sobre las políticas bilaterales, comerciales y migratorias en el Caribe.

Cualquier cambio en las prioridades económicas o en las políticas de aranceles y seguridad fronteriza impulsadas desde Washington puede repercutir directamente en la economía dominicana, especialmente en áreas tan sensibles como las remesas, el turismo, el flujo de inversión extranjera directa y los acuerdos de libre comercio.

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POR LUIS CARLOS MATEO

En República Dominicana hay algo de lo que deberíamos hablar con mayor libertad y sin temor a ser señalados: la creciente comercialización de la fe en determinados espacios religiosos.

Lo digo con respeto hacia quienes creen, hacia quienes encuentran en la iglesia un refugio y hacia los hombres y mujeres que, desde su vocación religiosa, realizan un trabajo genuino en favor de sus comunidades. Pero también lo digo con preocupación: en algunos lugares parece que el evangelio ha dejado de ser un mensaje de salvación para convertirse en una oportunidad de negocios.

Hay templos donde se habla más de dinero que de solidaridad, donde la prosperidad se presenta como una recompensa económica y donde las ofrendas parecen haberse convertido en el centro de la experiencia religiosa.

Algunos líderes religiosos han construido alrededor de sus figuras auténticas estructuras de poder, influencia y riqueza. Vehículos de lujo, propiedades, viajes, vestimentas costosas y estilos de vida que contrastan profundamente con la realidad de muchos de sus seguidores, personas que, en ocasiones, apenas tienen para cubrir sus necesidades básicas.

Y uno se pregunta: ¿en qué momento el púlpito comenzó a parecerse tanto a una plataforma comercial?

El problema no está en que una iglesia reciba contribuciones económicas. Toda institución necesita recursos para funcionar. El problema comienza cuando se manipula la necesidad emocional, económica o espiritual de las personas para conseguir dinero; cuando se promete una bendición a cambio de una ofrenda o se hace sentir que la falta de prosperidad es consecuencia de una fe insuficiente.

Eso no es acompañamiento espiritual. Es una práctica que merece ser cuestionada.

En una sociedad como la dominicana, donde miles de familias enfrentan dificultades económicas, desempleo y desigualdad, resulta especialmente delicado jugar con la esperanza de quienes atraviesan momentos difíciles.

Hay personas que llegan a una iglesia buscando consuelo por la pérdida de un familiar, una enfermedad, una crisis matrimonial o una situación económica desesperante. Llegan buscando una palabra que les ayude a seguir adelante, no una presión adicional para entregar el poco dinero que tienen.

La fe no debería convertirse en una carga económica para quienes menos tienen.

Tampoco podemos ignorar la transformación de algunos ministerios religiosos en marcas personales. Hoy ciertos líderes parecen más preocupados por su posicionamiento en las redes sociales, sus seguidores, sus eventos multitudinarios y su imagen pública que por las necesidades de las comunidades que dicen representar.

El espectáculo ha comenzado a competir con la espiritualidad. Los escenarios, las luces, las cámaras y las grandes producciones parecen tener, en ocasiones, más protagonismo que el mensaje que supuestamente se está transmitiendo.

Y mientras algunos se acostumbran a una vida de privilegios, hay personas dentro de esas mismas congregaciones que siguen enfrentando necesidades que podrían recibir atención si existiera un compromiso mayor con la solidaridad y la transparencia.

Conviene recordar que Jesucristo no construyó su mensaje sobre la acumulación de riquezas ni sobre la exhibición de privilegios. Su enseñanza estuvo marcada por la humildad, el desprendimiento, el amor al prójimo y la cercanía con los más vulnerables.

Por eso resulta tan contradictorio que algunos utilicen precisamente su nombre para justificar discursos y prácticas que parecen alejarse de esos principios.

No estoy diciendo que todos los pastores sean iguales, ni que todas las iglesias funcionen de esa manera. Sería injusto desconocer el trabajo de tantas congregaciones que ayudan a los enfermos, alimentan familias, acompañan a personas en situaciones difíciles y sirven a sus comunidades sin buscar protagonismo.

Pero precisamente por respeto a esas iglesias, es necesario cuestionar a quienes pudieran estar utilizando la religión como una vía de enriquecimiento personal.

También los creyentes tienen derecho a preguntar. Tienen derecho a saber cómo se administran sus contribuciones, a exigir transparencia y a cuestionar cualquier práctica que consideren abusiva. La fe no debería exigir silencio, obediencia ciega ni renunciar al pensamiento crítico.

Creer en Dios no significa entregar nuestra capacidad de razonar a otra persona.

Quizás ha llegado el momento de recuperar el sentido más humano del cristianismo. Ese que no se mide por el dinero que entra en una congregación, por el costo de un templo o por la cantidad de seguidores que tiene un predicador, sino por la capacidad de servir, acompañar, compartir y transformar vidas.

La República Dominicana no necesita más espectáculos religiosos ni más discursos que conviertan la prosperidad material en una medida de la bendición divina. Necesita comunidades que practiquen lo que predican y líderes que comprendan que la responsabilidad espiritual no puede separarse de la responsabilidad moral.

Porque Dios no necesita empresarios que utilicen su nombre para enriquecerse. Necesita, si hablamos desde los valores del Evangelio, personas dispuestas a vivir con humildad, servir al prójimo y actuar con honestidad.

Y que nadie confunda esta crítica: cuestionar el negocio de la fe no es atacar el cristianismo. Es precisamente defender los valores que dieron origen a su mensaje.

Cuando la religión se convierte en negocio, los creyentes corren el riesgo de dejar de ser tratados como personas que buscan a Dios para convertirse en clientes de quienes dicen representarlo.

La fe merece mucho más que eso.

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A pocas semanas de finalizar el año, la República Dominicana enfrenta con profunda inquietud el incremento de los femicidios. Cada nueva víctima representa una pérdida irreparable para su núcleo familiar y una herida abierta en el tejido social. Lo que comenzó como una estadística alarmante se ha convertido en una cotidiana y lacerante realidad que nos exige, al mismo tiempo, reflexión y acción inmediata.

El fenómeno resulta aún más perturbador porque irrumpe en vísperas de la Navidad, una época tradicionalmente asociada con la paz, la reconciliación y la fraternidad. Son días en los que las familias procuran reunirse, estrechar sus vínculos y renovar sus esperanzas de concordia. Sin embargo, para no pocos hogares dominicanos estas fechas han quedado irremediablemente marcadas por el luto y el quebranto.

La violencia como expresión de incapacidad emocional

Los femicidios constituyen la manifestación más extrema y nefasta de la violencia en el seno de las relaciones de pareja. Detrás de estos crímenes suelen agazaparse sentimientos primitivos de posesión, celos enfermizos, frustración mal canalizada, soberbia ante la ruptura o una total ineptitud para gestionar los conflictos afectivos.

Es imposible soslayar que una proporción considerable de estos casos desnuda deficiencias alarmantes en el autocontrol de la ira. La fuerza física nunca podrá constituir un sucedáneo de la razón ni un método de solución de controversias. Cuando un individuo recurre a la violencia para dirimir diferencias sentimentales, evidencia una profunda carencia de recursos psíquicos para afrontar los avatares de la convivencia humana de manera civilizada.

La auténtica madurez emocional se pone a prueba, precisamente, cuando las circunstancias dejan de ser favorables. Asumir con hidalguía el término de una relación, una decepción amorosa o el rechazo constituye un imperativo de responsabilidad y prudencia que toda sociedad culta debe fomentar sin ambages.

La educación emocional como herramienta de prevención

La erradicación de los femicidios no se agota en el rigor de las sanciones penales. Las leyes son imprescindibles e ineludibles, pero operan de manera tardía, cuando el daño irreparable ya se ha consumado. El verdadero desafío de un Estado de derecho radica en evitar que la tragedia ocurra.

Para lograrlo, resulta imperativo cimentar la educación emocional desde la primera infancia. Enseñar a los niños y jóvenes a modular la ira, tolerar la frustración, honrar las decisiones ajenas y resolver las divergencias mediante el diálogo pacífico posee un impacto social tan decisivo como cualquier política de seguridad pública.

En esta tarea, la familia, la escuela, las instituciones religiosas, las universidades y los medios de comunicación asumen una responsabilidad solidaria y compartida en la formación de ciudadanos capaces de convivir en el respeto irrestricto a la dignidad ajena.

Una corresponsabilidad de toda la sociedad

Combatir esta barbarie no es un cometido exclusivo de los operadores de justicia ni de los tribunales de la República. Se trata de un compromiso ético que interpela a todos los sectores de la colectividad. Cada vez que se tolera o normaliza la conducta de control, el acecho, las amenazas veladas, la agresión verbal o el afán posesivo, se abona el terreno para la eclosión de formas más graves de violencia homicida.

La construcción de un entorno seguro exige un repudio enérgico y unánime frente a cualquier manifestación de violencia, promoviendo en su lugar vínculos sustentados en la equidad, la tolerancia y el respeto mutuo.

Una reflexión necesaria en tiempos navideños

La proximidad de las festividades navideñas nos convoca a un examen de conciencia sobre los valores cardinales que deben regir nuestra convivencia. El espíritu de estas fechas debiera inspirar serenidad, comprensión profunda y una reverencia sagrada por la vida humana.

Ojalá que el dolor provocado por cada femicidio nos impulse colectivamente a forjar una cultura donde el verbo sustituya a la agresión, donde la razón impere sobre la imposición y donde ninguna mujer deba temer por su existencia a manos de quien alguna vez juró amarla y protegerla.

Mientras persistan los femicidios, la sociedad dominicana mantendrá la ineludible obligación moral de escrutar sus causas profundas y redoblar con firmeza los mecanismos de prevención. La defensa de la vida, la integridad y la dignidad de las mujeres debe constituir una prioridad permanente del Estado y de los ciudadanos, muy especialmente en un tiempo del año consagrado a la esperanza y a la paz.

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