Mientras mas lesivo es un contrato para el Estado dominicano mejor protegido está legalmente.

Enmascarados o a la luz del día hay numerosos ejemplos.

Está claro que los colombianos que construyeron la carretera a Samaná, igual que si fueran chinos o marcianos harán todo lo posible para no soltar la teta de la que, con  glotonería, maman con sus cómplices criollos que reciben una parte de los 10 millones de dólares mensuales como parte del acuerdo mafioso.

Pero, nosotros, en RD tenemos alternativas para el peaje sombra y otros contratos de esa calaña.

El precio del nickel estaba por las nubes a mediados de los años 80 y el país no recibía los beneficios  según los términos del contrato vigente.

Balaguer, electo en 1986, obligó a Falconbridge a renegociar el acuerdo entre las partes.  Con las modificaciones y adaptaciones de lugar, la táctica empleada entonces  puede ser reutilizada ahora.

Balaguer, desde el Palacio Nacional y por trasmano, alentó una campaña de opinión pública en contra de Falconbridge. Usó a los dirigentes de su propio partido para desacreditar  a la empresa, debilitar su posición negociadora, alborotar  los sindicalistas; la población de las barriadas, que ya tenía otras quejas y disgustos de su propia cosecha, abrazó con fervor la causa contra la empresa minera.

Se reclamaban los impuestos,  beneficiar la provincia, se denunciaba  las áreas minadas aun no reforestadas. Se llegó a decir que en el ferroníquel se exportaban metales preciosos no declarados. Las protestas se hicieron frecuentes y a veces violentas. El estado de ánimo era abierta y masivamente contrario a la empresa. La empresa fue acusada de contaminar el aire, las aguas y los cultivos. Todos los males de siempre le fueron atribuidos.

Falconbridge empezó a verse sin futuro y su reputación y el precio de sus acciones sufrió daños.

En algún momento el gobierno suspendió los embarques de níquel. Todo era parte de una escenografía. Todo estaba listo.

Falconbridge fue literalmente obligada a renegociar el contrato.

¿Como puede el gobierno dominicano, sin violar el derecho internacional ni sus propias leyes forzar a los colombianos a renegociar un contrato que naturalmente aquellos no tienen la mas mínima intención de modificar?  Hay leyes nuevas que se pueden emitir, hay cargas fiscales que se pueden imponer, hay mil formas de acoso que se pueden poner en marcha.

Y hay otra ruta también

La carretera Santo Domingo- Samaná es un oprobio no solamente por el contrato que la ampara sino por la ejecución. Es una carretera mal hecha, sin peralte en las curvas y con los peores accesos (salidas y entradas) que yo haya visto en toda mi vida.  Los inspectores y/o sus jefes de Obras Públicas que trabajaron ahí y que aceptaron y recibieron la obra debieron ser juzgados por negligencia y complicidad al igual que los que negociaron ese contrato. ¿Pueden todavía ser juzgados?

Nadie espera que la empresa se interese por nuestro país ni esté en ánimo de cooperar. Pero no creo imposible investigar y encontrar beneficiarios y testigos de los sobornos pagados. Lo que no se pueda encontrar en cláusulas del mismo contrato debe aparecer en el rastro del dinero porque ningún funcionario fue tan ignorante ni tan estúpido para ho hacerse de una millonada.

Los que estuvieron legalmente involucrados deben ser investigados, sus bienes, sus declaraciones a la renta y en esa investigación el gobierno puede y debe solicitar  ayuda a los organismos de inteligencia de países amigos como son en este caso Colombia y los Estados Unidos. Este último en particular puede ser de gran ayuda por el alcance global de sus agencias de investigación y por los dispositivos y previsiones del Magnitsky Act.

Ahí se movió dinero y mucho. El timo a esa escala es un tema de justicia penal no de derecho civil. Nadie firma un adefesio a esa escala sin recibir un rio de papeletas de por vida. Investigando criminalmente las finanzas de la empresa colombiana, sus antecedentes y verificando las cuentas de los dominicanos que intervinieron encontraremos, NO LO DUDEN, rastros de la acción criminal y en ese caso, los ilícitos cometidos deben servir para anular el contrato y meter preso a los canallas firmantes y a sus mandantes.

Aunque en lo legal puede cumplir con los elementos formales de un contrato, toda la ejecución  lo revela como un atraco.  Donde fue, va a irá ese dinero es la pista que deben seguir las autoridades.

Follow the money y entenderemos que deshacer ese entuerto es más un tema policial que legal. Una buena gestión de detectives dará mejor resultado que la más experta y enjundiosa consulta legal. En todo caso, la primera demandará en su momento de la segunda.

JPM

La República Dominicana ha estado sumergida en un dilema de cambios que no han logrado los objetivos en la búsqueda de lograr que cada ciudadano tenga igualdad de oportunidades porque las decisiones políticas no toman en cuenta los derechos ciudadanos.

Vemos que cada funcionario público quiere aplicar su librito y desde que es nombrado en una posición se cree que el presupuesto es de su propiedad y lo dedica a satisfacer sus apetencias personales, nombrando y quitando empleados a su antojo y sin cumplir con meros requisitos de ley y de gobernabilidad. En esta etapa vulnerable por la que estamos pasando, eso debiera corregirse.

En un país como el nuestro debemos comprender que siguen latentes las causas de aumento de la pobreza y las desigualdades: El Movimiento Internacional ATD Cuarto Mundo, en colaboración con la Universidad de Oxford, ha dirigido una investigación participativa internacional titulada «Abordar las dimensiones ocultas de la pobreza.

«La falta de dinero en el hogar significa que los padres obligan a sus hijas a casarse jóvenes para recibir la dote. Es tener que usar ropa vieja, desgastada o dañada, no poder reparar la casa; no tener retretes, no tener ropa, no tener dinero suficiente para comprar ni siquiera jabón; no tener electricidad, ni keroseno, ni lámpara para estudiar; no poder ir a la escuela; es el trabajo infantil; estómagos vacíos que obligan a robar alimentos; el dolor de no poder comprar alimentos o tratamiento médico; insolvencia, préstamos con altos intereses; dependencia; sensación de impotencia; mendicidad, prostitución». Características de la dimensión ‘Falta de dinero’, fueron los resultados que arrojó la investigación.

La República Dominicana es un país catalogado de tercer mundo y aunque las situaciones descritas más arriba se dan en países como de “cuarto mundo”, también aquí se dan situaciones similares y los creadores de políticas públicas y manejadores de fondos públicos deben tomar en cuenta las condiciones socioeconómicas de las personas que trabajan antes de proceder a su cancelación para sustituirlos por otros y, mandarlos a casa.

Los políticos de gabinetes deben darse una vueltecita por algunos barrios de las provincias de Santo Domingo, San Cristóbal, San Juan de la Maguana, Santiago y Pedernales y observar cómo viven tanta gente en estado de pobreza y pobreza extrema y valorar la necesidad de crear espacios para darle empleo, aunque sea de subsistencia a esas personas. La pobreza y pobreza extrema han aumentado durante la pandemia entre un 25% de pobreza y un 21% pobreza extrema, por lo que la pobreza en República Dominicana anda por un 46%. El grado de vulnerabilidad es muy alto y las políticas públicas deben incluir a todos.

Todavía estamos en el borde de cumplir mínimamente con la Declaración de los Derechos Humanos establecidos ya hace más de dos siglos donde se preveía acabar con la barbarie y la exclusión (opresión), cumplir derechos como: confianza, igualdad, libertad, esperanza, justicia, derechos, dignidad, prosperidad y paz. Algunos funcionarios hay que mandarlos a estudiar la libreta de moral y cívica que se daba en las escuelas.

El actual presidente de la República, Luis Abinader, tiene un gran reto frente a esa cultura que existe entre los dominicanos que cuando llegan a un puesto público creen que el presupuesto de la institución es de su propiedad, incluyendo los recursos humanos que son manipulados de manera arrogante y llevando maltratos incensarios a las familias que se ganan su sustento, así como también se creen que los bienes de la institución son de su propiedad asignándoles sin ninguna prioridad a su usufructo.

Se observa de cómo algunos funcionarios, ya sea por su ignorancia o por su arrogancia, que están cancelando empleados por el solo hecho de no pertenecer a su bancada política y son sustituidos como ovejas al matadero y enviados a sus casas sin tomar en consideración su capacidad profesional, su historial de servicio y los aportes que ha hecho en todos los años de trabajo en las instituciones que prestan sus servicios. Esto se ha convertido en una traba para el desarrollo institucional y por eso el país no termina de arrancar y montarse en el carro del desarrollo.

Aunque tengo mis preferencias partidarias, siempre he escrito sobre el cambio que debe producirse al seno de la sociedad dominicana, para que haya un país más solidario, más inclusivo y más próspero, utilizando los mejores recursos humanos para ponerlos al servicio de los mejores intereses de nuestro país, un país equitativo, progresista y que incluya a todos por igual en el acceso a las políticas públicas de empleo, salud, educación y participación.

Esa debe ser la política del cambio y, el cambio implica la adopción de una nueva cultura de distribución y administración de los fondos públicos.

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