El de la Policía Nacional es un tema recurrente desde su creación en 1936, aunque el régimen policial comenzó con la conquista por parte de los españoles, pasando por diferentes etapas, pero siendo siempre el brazo armado al servicio de las potencias y los sectores económicos que nos han gobernado desde entonces.

La Policía, como en todas partes, fue creada para salvaguardar la vida y las propiedades de los grupos económicos, políticos y sociales que dirigen o controlan el Estado. El imperio de la violencia lo tienen esos grupos a través de un brazo armado que se extiende hasta las Fuerzas Armadas y todo el apartado jurídico que también tiene un carácter clasista.

La “independencia” de la justicia es, pues, un mito. No existe tal cosa.

Cambiar la Policía es cambiar todo el sistema jurídico de un país; su estructura, lo cual es imposible en una sociedad dividida por clases sociales, unas que oprimen a las demás usando el poder político y económico.

Dentro de ese marco elitista que privilegia y protege a unos contra los otros, es posible avanzar en el establecimiento de normas y derechos ciudadanos garantizado así una relativa paz social. Todos los gobiernos que hemos tenido desde mil 1966 en algún momento han hablado de manera coyuntural de una reforma policial. Unos no han hecho nada, y otros muy poco, tanto así, que la Policía Nacional sigue siendo un terrible dolor de cabeza, pues se ha convertido en un suprapoder temible por su capacidad de decidir sobre la vida y la muerte. Los grupos oligárquicos, como es su policía, no hacen nada. Guardan silencio. De vez en cuando emiten una que otra declaración de prensa con    propuestas, incluso interesantes, pero no se concretizan. No es de su interés en tanto les sirven estratégicamente a sus intereses.

De nuevo se habla de “reformar” la Policía Nacional.  Es mucho lo que hemos dicho sobre el tema. Creo que los lectores deben estar   hartos. Pero es imposible ignorarlo. El presidente Luís Abinader como un empresario liberal, demócrata sin duda, quiere otro comportamiento en las Fuerzas Armadas, la Policía, el Ministerio Público y los Jueces. Para un Estado concebido para el tráfico de influencias, el contrabando, los entramados corruptos, la evasión y el crimen, no es tan fácil, sobre todo la llegada al gobierno no es producto de una fuerza política sólida, bien organizada dispuesta a romper con los esquemas del pasado. Luis Abinader está solo en muchos de sus anhelos transformadores. Sanear el Estado requiere de acciones radicales que un solo hombre, podrá realizar por muy buenas intenciones que tenga. El Partido Revolucionario Moderno es un velero sin velas en alta mar, con una brújula hundida en el océano de la lucha política.

Nadie ha querido solucionar el tema policial seriamente. No se trata de aumento de salario, planes de viviendas, seguro médico y otros beneficios. Hay que ir a la raíz. Tocar las estructuras de mando, enfrentar el “generalato”, despojar la institución del sentido militar que le introdujeron los norteamericanos y la dictadura de Trujillo. La cultura policial de que “el civil no es gente”, tan enraizado por más de cien años, debe ser eliminada.

Generales y coroneles enriquecidos a través del tráfico de drogas, de armas, de personas, cobro de peaje en la frontera, beneficios por corrupción gubernamental estimulada por políticos igualmente corruptos, con fincas, villas en los puntos turísticos más costosos, residencias, apartamentos de lujo, con dos y tres familias, hijos en los mejores colegios y universidades del país y del extranjero, sin que nadie pregunte la procedencia o el origen.  El salario de un oficial no alcanza para tanto, el de un político tampoco.

Es necesario una profilaxis profunda en la Policía Nacional si queremos evitar tantos atropellos y crímenes contra la ciudadanía.

Las palabras del presidente Abinader ante el crimen de una pareja de esposos cristianos me estremecieron, me llegaron hondo. El dolor y la rabia que expresó fueron las mismas del pueblo. Hechos como esos -y más graves aún- seguirán ocurriendo a menos que no actuemos, no contra la Policía exclusivamente, sino contra los males sociales que permiten una Policía como la que tenemos, abusadora y criminal. El problema de la Policía no es del presidente Abinader, ni del actual jefe de la institución, es de todos, y todos debemos enfrentarlo asumiendo las consecuencias.