La reforma y modernización integral o transformación de la Policía Nacional es urgente e impostergable. Por eso, debemos aplaudir y sumarnos a la decisión firme iniciada por el gobierno en la persona del presidente Luis Abinader, de realizar dicha reforma “cueste lo que cueste”.

Quien esto escribe tiene más de dos décadas analizando, enfrentando, compartiendo y promoviendo la cultura del cambio, o más bien una transformación cultural y organizacional dentro de la institución del orden, para lograr la modernización y eficientización del servicio policial acorde al siglo XXI y como lo anhela toda sociedad democrática. Esta reforma debe contar con la participación de todos los sectores organizados de la sociedad y especialmente las comunidades, junto a la policía con representación de todas sus áreas especializadas. Para garantizar el éxito no se debe excluir a ningún sector.

El Estado dominicano mantiene una debilidad en cuanto a las políticas públicas de seguridad y defensa nacional, que deben venir de los representantes de los poderes públicos. Cada día se asoman nuevas amenazas y nuevos tipos de delitos que sorprenden y sobrepasan los niveles de prevención y control que corresponden a los organismos de seguridad e inteligencia del Estado.

Los hechos acaecidos recientemente como son el daño intencional en el Aeropuerto Internacional José Francisco Peña Gómez, las averías en el teleférico de Puerto Plata, en instalaciones eléctricas y algunos acueductos provinciales; igualmente, las fallas de la Lotería Nacional, los tantos sabotajes y destrucción de datos en la mayoría de los sistemas informáticos en las diferentes instituciones públicas antes del relevo del gobierno saliente; y hasta resulta extraño las pinchaduras de dos neumáticos del carro presidencial. Sucesos que, a nuestro entender, muestran intenciones claras de desestabilización del Estado y amenaza a la gobernabilidad del país por parte de sectores corruptos y criminales, que quieren distraer o evitar que continúen juzgando los implicados en actos de corrupción y robo de la cosa pública.

Por otra parte, no menos relevante debemos citar el magnicidio en Haití de Jovenel Moise y que luego de su asesinato se ha agravado la crisis social a un grado tal que hoy las bandas y jefes del crimen dominan el país vecino, poniendo en amenaza y riesgo nuestra seguridad fronteriza. Situación esta, que sin duda alguna afecta nuestra economía, generando intranquilidad a nuestra sociedad y al turismo. Censuramos al canciller haitiano Claude Joseph por sus declaraciones aviesas y desviadas de la realidad, nada de lo que hoy viven los haitianos involucra a República Dominicana, todo lo concerniente al conflicto haitiano se desprende de situaciones internas, propias de su debilidad institucional, la ausencia de gobierno y por ende de autoridad que dejan a la deriva la seguridad y el control social, dando paso al surgimiento de grupos criminales que ocupan el vacío de poder. Debiendo señalar, que toda la región debe poner atención al tema haitiano y junto a la comunidad internacional proporcionar seguridad y paz, estableciendo el control y neutralización de los grupos o bandas del crimen organizado.

La situación de convulsión y complejidad que hoy se vive en nuestra frontera dominico-haitina es la principal amenaza a la seguridad y el orden social del Estado dominicano, lo que obliga a estar alerta permanentemente estudiando y evaluando los hechos y el más mínimo detalle en torno al tema haitiano, tomando en cuenta un manejo interinstitucional con el soporte del consenso de las agencias de inteligencia estatal y el apoyo de asesoría internacional. Nuestra preocupación nos compromete a recomendar ampliar las estrategias y análisis de inteligencia para actuar prospectivamente frente a cada escenario que se pueda presentar y proponer soluciones efectivas adelantadas. Además, sugerir colocar en todos los puntos de paso fronterizo equipos antimotines para control de pobladas y disturbios que se puedan presentar al mando de policías experimentados en control de los mismos, para que apoyen el manejo de la defensa de nuestros militares.

Estamos abiertos a toda sugerencia, apoyo o crítica que fortalezca nuestra propuesta y convencidos de que es posible una Policía confiable, moderna, civilista, comunitaria y democrática; pero sobretodo, respetable y revestida del principio de autoridad; que es la que merecemos y debe primar en todo Estado Social y Democrático de Derecho, como establece nuestra Constitución. Pero desgraciadamente, tenemos la Policía que pagamos (la peor pagada de América) desmoralizados y desprotegidos: Policías mal entrenados, mal dirigidos, mal tratados, mal supervisados, mal equipados, mal tecnificados, mal alimentados, mal transportados, mal uniformados, entre muchos otros males. Los policías no tienen la culpa de sus malas prácticas y abusos. Desde Trujillo, hasta hoy, a ningún presidente le había interesado y decidido cambiar ese derrotero.

Para lograr esa policía anhelada que merecemos, debemos someter a toda la plantilla policial a una depuración y evaluación estricta, sin necesidad de destruirla o eliminarla, como algunos proponen, los policías al igual que los ciudadanos, también son humanos. Solo recordarles el ejemplo de los policías de AMET fundada por Hamlet Hermann: Fue un grupo de policías seleccionados de la misma institución, pero bien pagados, bien capacitados, bien tratados, bien dirigidos, bien supervisados, bien equipados (con tecnología de punta), bien alimentados, bien uniformados, entre otros beneficios, los cuales, funcionaron en excelencia y con alta aprobación ciudadana, hasta que los políticos lo contaminaron de nuevo.

Así mismo, es necesario promover cambios institucionales para mejorar la calidad de vida de los policías, fortaleciendo la carrera policial, a través de una seguridad social integral y de mayor presupuesto institucional con salarios más adecuados que garanticen la protección de los derechos profesionales, laborales y de recreación de los policías junto a sus familias. Dichas medidas deben ser consensuadas y enfocadas a todo el proceso de vida funcional del policía, desde su ingreso, continuando en su último día de servicio que debe terminar con una jubilación digna hasta su muerte física sin que nunca se afecten los beneficios correspondientes a sus descendientes directos.

Establecer como norma la elaboración del presupuesto conforme a los planes del año fiscal, orientados a resultados que contemple las necesidades básicas de cada policía, de cada estación y de cada vehículo anualmente con especificaciones de fábrica y no adaptados (incluyendo material gastable y mantenimiento). Suministro de avituallamiento de todas las herramientas y tecnologías de una Policía moderna, cada seis meses o cuando lo requiera el servicio (hace más de una década no se hace institucionalmente, que llegue a todos en igualdad). La revisión de salarios e incentivos o sobre sueldos, los cuales en su mayoría no son asignados con justicia, equidad, valoración de méritos y de riesgos del desempeño laboral, sino con una preocupante discrecionalidad del gasto, favoreciendo amigos y allegados. Motivar al personal estableciendo premios a los méritos, la ética y buen desempeño laboral.

Dios bendiga siempre al pueblo dominicano. Todo por la patria.

*El autor es político Duartiano independiente, mayor general retirado PN, periodista, activista social, miembro fundador y vocero de la Asociación de Policías y Militares Activos y Jubilados Dominicanos, APODOM, Pro Dignidad y Derechos. Incluye a todos los veteranos

El gran novelista ruso Leon Tolstoi dijo con sobrada razón: “Es más fácil hacer leyes que gobernar”. Una muestra de esto es la facilidad con la que el Poder Legislativo crea las leyes y la complejidad que encuentra el Poder Ejecutivo al momento de aplicarlas.

Tal y como sostiene R. Carré de Malberg en su Teoría general del Estado, el Presidente de la República, fuera de los poderes especiales que les atribuye expresamente la Constitución, no tiene más potestad general que la de ejecutar las leyes, por lo que sus actos deben basarse siempre en una ley en cuya ejecución interviene.

No importa que se trate de una monarquía, una aristocracia, una autocracia o una democracia, ni de un régimen parlamentario o presidencialista, gobernar es la tarea más compleja que puede asumir un ciudadano.

Sin embargo, nunca fue tan complejo gobernar como en la Era de la información y las redes sociales, tiempo en el que en algunos países de América Latina, lo mismo que en los Estados Unidos durante el gobierno de Donald Trump, los gobernantes han pasado a ser gobernautas, debido a su inclinación por difundir, desde sus cuentas particulares, las informaciones gubernamentales a través de las redes sociales.

A propósito de la complejidad de gobernar, en su obra Una teoría de la democracia compleja, el filósofo español, Daniel Innerarity, advierte que el mundo no está determinado, como se pensó desde los siglos XVIII al XIX, precisamente la era de formación de las principales categorías democráticas prevalecientes, aclarando que en el siglo XXI el mundo aparece más bien como incalculable, inestable e indeterminado.

La inclinación del referido autor por una democracia compleja se refleja al citar a Pierre Rosanvallon, en torno a que podría estar ocurriendo que lo que fueron en su momento ficciones útiles se hayan convertido en simplificaciones confusas y que la más prometedora renovación de nuestras democracias sea el resultado de hacerlas más compleja.

De retorno a la complejidad del gobierno, cabe resaltar el criterio de que los sistemas complejos necesitan una correspondiente arquitectura compleja de gobierno para su autoorganización.

Como una muestra de la nueva complejidad de gobernar en la República Dominicana, se debe destacar el cambio radical que supuso la implementación, con efectividad, de la Ley No. 340 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, a tal extremo que el director de la Dirección General de Contrataciones Públicas ha llegado a sugerir la destitución de funcionarios que, igual que él, fueron nombrados mediante decretos por el Presidente de la República.

Sin dudas, se trata de un funcionario que, a pesar de ser parte de la administración, tiene el poder de influir decisivamente en el funcionamiento normal de las demás instituciones del gobierno.

Finalmente, no se debe obviar el condimento que le ponen a la complejidad de gobernar las redes sociales, convertidas en las nuevas monarcas de la opinión pública, así como la influencia cada vez mayor del empresariado y la sociedad civil en los asuntos propios de la administración pública.

JPM