Entre todas las fusiones de organismos estatales anunciadas por el Gobierno, ninguna ha generado tanta inquietud como la propuesta de unificar el Ministerio de Educación (MINERD) con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT).

En este contexto, considero oportuna, firme y bien fundamentada la posición asumida por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), expresada recientemente en una rueda de prensa encabezada por el decano de su Facultad de Economía, Antonio Ciriaco.

La UASD ha advertido, con razón, que esta fusión afectaría negativamente la calidad y gobernanza del sistema educativo, sin que se obtengan los supuestos beneficios de eficiencia y ahorro que el Gobierno argumenta.

Reducir estructuras por razones presupuestarias, sin un análisis profundo de sus implicaciones académicas, es un enfoque técnico que no responde a la complejidad del sistema educativo nacional. No todo lo que parece eficiente en el papel, lo es en la práctica.

El respaldo a esta postura no ha venido únicamente desde la UASD. Exministros de ambas carteras, como Alejandrina Germán, Melanio Paredes, Ligia Amada Melo y Andrés Navarro, han levantado su voz de alerta.

Todos coinciden en que fusionar MINERD y MESCyT sería un error histórico. Lejos de resolver problemas, se abrirían grietas en la autoridad normativa de la educación superior y se pondrían en riesgo logros institucionales que han requerido décadas de construcción.

Rectores

La Asociación Dominicana de Rectores Universitarios (ADRU) ha adoptado una postura más cautelosa. Aunque dispuesta a colaborar, ha puesto sobre la mesa condiciones claras: la calidad académica no puede sacrificarse, y cualquier transformación debe contar con participación real del sector académico, así como un financiamiento justo que garantice continuidad en investigación, innovación y fortalecimiento institucional.

Por su parte, las autoridades del MESCyT y del MINERD, junto al Ministerio de Administración Pública, han iniciado una serie de encuentros con rectores y académicos. El propósito oficial: articular una transición funcional bajo el marco de las leyes vigentes.

Sin embargo, presumo —y no estoy solo en ello— que el proceso ha tropezado más de lo previsto. Los escollos son muchos, y los consensos, escasos. La pretendida integración, más que unificar fortalezas, podría debilitar estructuras ya frágiles.

La rueda de prensa de la UASD, lejos de ser un acto aislado de oposición, debería ser vista como una oportunidad: un llamado urgente a una consulta nacional seria, amplia y plural sobre el futuro de nuestro sistema educativo.

¿Qué ganamos? ¿Qué perdemos? ¿Qué estamos dispuestos a comprometer? Preguntas que deben responderse con cabeza fría, pero también con corazón comprometido con el país.

A mi juicio, lo más sensato sería detener esta iniciativa, antes de que el remedio resulte peor que la enfermedad. El MESCyT y el MINERD no son entes duplicados ni innecesarios; son instituciones complementarias, cada una con funciones bien definidas. El país no necesita una fusión apresurada, sino una articulación inteligente que fortalezca el sistema educativo en todos sus niveles.

La educación dominicana no puede improvisarse. Y mucho menos, reducirse a una jugada administrativa sin visión a largo plazo.

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POR RAMFIS RAFAEL PEÑA NINA

La vida nos enseña que lo más frágil que tenemos es el cuerpo, y lo más necesario la salud. Sin embargo, paradójicamente, aquello que debería protegernos se ha convertido en un verdugo disfrazado: los seguros de salud.

Hoy me llaman para informarme de un aumento del 10% en mi póliza. Me escandalicé. No he recibido un aumento en mi salario, pero sí en la factura del seguro. Pago diez mil pesos mensuales por un seguro privado, más lo que me descuentan en el trabajo. ¿Y qué recibo a cambio? Apenas una cobertura mínima que utilizo, con suerte, una vez al año en un laboratorio.

El sentido común me dice que si uso menos, debería pagar menos. Pero la lógica del sistema es otra: paga más, recibe menos. Y cuando verdaderamente enfermas, lo que debería ser alivio se transforma en un calvario de trámites, negativas y deudas. Es una dictadura silenciosa, disfrazada de contrato.

He visto casos que estremecen. Personas que, tras décadas trabajando en grandes empresas, quedan desempleadas y, con ello, expulsadas del sistema. Pierden el derecho a seguir pagando su póliza como individuos. Y si pasan de cierta edad, los obligan a aceptar seguros de menor cobertura, justo cuando más vulnerables están. Es un abuso que hiere la dignidad.

¿Dónde queda el respeto a quien ha pagado fielmente durante 20 o 30 años? De un día para otro, el sistema lo abandona, dejándolo a merced de la enfermedad y de la pobreza. Es como si al final de la carrera, cuando más agotado estás, te quitaran el bastón.

Los seguros deberían ser sinónimo de seguridad. Pero en nuestra realidad, se parecen más a una trampa: pagan por décadas quienes pocas veces usan su póliza, y al final, cuando más la necesitan, descubren que no era un derecho, sino un espejismo.

Las autoridades no pueden seguir indiferentes. La salud no puede ser negocio solamente, debe ser un derecho humano esencial. No pedimos privilegios, pedimos justicia. Que se garantice que quienes han aportado durante toda una vida no sean tratados como desechables.

Nuestros políticos deben recordar que no gobiernan para las élites aseguradas de por vida, sino para el pueblo llano, ese que carga con sacrificios, que paga religiosamente, y que espera terminar sus días con la tranquilidad de estar protegido.

La salud no puede depender del tamaño de la chequera, sino del simple hecho de ser humano. Es una deuda moral y ética que tiene el Estado con sus ciudadanos.

La verdadera dignidad se mide en cómo cuidamos a los más débiles. Y hoy, la dictadura de los seguros ha convertido a miles de dominicanos en prisioneros de un sistema injusto, que abandona a quien más lo necesita.

Es hora de levantar la voz, porque el silencio es complicidad. No pedimos limosna, exigimos respeto. La salud no es negocio: es vida.

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