Santo Domingo, 11 ene.- En el 30,5 % de los partos registrados en los hospitales públicos de República Dominicana en 2021 la madre era de nacionalidad haitiana, según estadísticas publicadas este martes por el Servicio Nacional de Salud (SNS).

En el cómputo del año, 35.662 haitianas dieron a luz en República Dominicana, lo que supone un incremento del 17,6 % con respecto a 2020.

El flujo de mujeres haitianas a los hospitales dominicanos no se ha detenido a pesar de que las autoridades dominicanas comenzaron a deportar a mujeres embarazadas desde comienzos de noviembre, alegando que la atención a las haitianas supone un elevado gasto para el erario.

En noviembre el 32,4 % de los partos fueron de madres haitianas y en diciembre fueron un 32,9 % del total de los nacimientos, según las estadísticas del SNS.

El Gobierno dominicano comenzó a deportar a mujeres embarazadas, algunas de ellas detenidas en las inmediaciones de hospitales, dentro de un paquete de medidas adoptadas para frenar la inmigración haitiana, que ha aumentado por la inestabilidad que atraviesa Haití.

Según estadísticas oficiales, los partos de haitianas se han triplicado en los últimos diez años y han llegado a números especialmente altos en las zonas de frontera.

La provincia de Montecristi (noroeste) es la que tiene una proporción más elevada, con el 70,5 % de los partos de mujeres haitianas en 2021.

Un estudio del SNS de 2019 calculaba que el Estado dominicano gastaba cerca de 332 millones de pesos (unos 5,8 millones de dólares) en atender los partos de mujeres haitianas.

La polémica decisión de deportar a mujeres haitianas ha sido criticada por la ONU y por grupos defensores de los derechos humanos.

En un comunicado divulgado el pasado noviembre, la ONU manifestó su «preocupación» por la detención y deportación de mujeres embarazadas, subrayando que estas acciones «ponen en riesgo la integridad física y la vida» de estas mujeres.EFE

PUERTO PRÍNCIPE.- Después de que el presidente de Haití fue asesinado y el país se sumió en la confusión, Ariel Henry se convirtió en jefe del gobierno, responsable de llevar a los asesinos ante la justicia y de ayudar al país a sanar.

Pero nuevas pruebas sugieren que Henry mantuvo comunicación con uno de los principales sospechosos del caso, y que ambos siguieron en contacto estrecho incluso después del asesinato.

El magnicidio del presidente Jovenel Moïse en julio sumió aún más en el caos a una nación que ya estaba en problemas, con muchas instituciones públicas destrozadas, una capital sitiada por pandillas, una economía colapsada y los pocos líderes electos que quedaban en el país en una pelea por el control del gobierno.

La ascensión de Henry como primer ministro prometía arreglar algunas de los problemas, y obtuvo promesas de apoyo en el exterior y allanó potencialmente el camino hacia unas elecciones. Se comprometió a llevar a los asesinos ante la justicia, frenar la violencia y marcar el comienzo de un periodo de unidad política.

Pero la investigación sobre el asesinato se estancó y poco después surgieron preocupaciones sobre el compromiso de Henry para resolver el asesinato. Esas preocupaciones se centran en su conexión con Joseph Felix Badio, un exfuncionario del Ministerio de Justicia buscado por las autoridades haitianas bajo sospecha de organizar el ataque en el que Moïse murió.

Los registros telefónicos revisados por The New York Times, así como entrevistas con funcionarios haitianos y con uno de los principales sospechosos del crimen, revelan detalles potencialmente incriminatorios sobre la relación de ambos hombres. Entre ellos, que Badio habló con Henry antes del asesinato y después, incluidas dos llamadas durante un total de siete minutos la mañana siguiente al asesinato.

Luego, cuando Badio fue buscado por la policía, visitó a Henry, según dos funcionarios haitianos con conocimiento de la investigación.

Cuatro meses después del asesinato, dijeron los funcionarios, Badio fue a la residencia oficial de Henry en dos ocasiones —ambas de noche— y pudo entrar sin impedimentos por los guardias de seguridad del primer ministro, a pesar de estar huyendo de la policía.

No está claro si Henry, quien ahora es el primer ministro del país, hizo algo para ayudar a los sospechosos, la mayoría de los cuales fueron finalmente capturados o murieron abatidos por la policía. Un portavoz de Henry dijo que, a pesar de los registros telefónicos, no habló con Badio después del asesinato y que no tiene ninguna relación con el sospechoso. No se pudo contactar con Badio para que hiciera comentarios.

Pero el antiguo fiscal general de Haití, quien fue destituido de su cargo por Henry, ha pedido al primer ministro que responda a las preguntas del caso. Y ahora, uno de los principales sospechosos en la investigación ha ofrecido amplios detalles sobre lo que él llamó la relación de confianza que Badio tenía con Henry.

En una extensa entrevista con The New York Times en un sitio de construcción vacío mientras huía de las autoridades, Rodolphe Jaar, empresario haitiano y antiguo narcotraficante, admitió haber ayudado a financiar y planificar el complot.

Poco antes del asesinato, dijo Jaar, Badio le comentó que Henry sería un aliado útil después de que el presidente fuera derrocado.

“Es mi buen amigo, lo tengo totalmente controlado”, contó Jaar que le dijo Badio cuando Henry, un neurocirujano de 72 años, fue nombrado primer ministro.

Después del asesinato, Jaar dijo que él y Badio se mantuvieron en contacto mientras esquivaban a las autoridades, y que ambos incluso compartieron una casa de seguridad varios días después del asesinato.

En las horas tras el asesinato, cuando los agentes de policía atraparon a los mercenarios colombianos acusados de llevar a cabo el asalto, Jaar dijo que Badio había pedido ayuda a Henry para escapar. Según Jaar, Henry respondió que “haría algunas llamadas”, aunque sus afirmaciones no pudieron ser verificadas de forma independiente.

Tres funcionarios haitianos implicados en la investigación han confirmado que Henry estuvo en contacto con Badio en múltiples ocasiones. Los funcionarios, que no estaban autorizados a discutir el caso públicamente, sostuvieron que Henry sería un sospechoso formal en la investigación si no estuviera al frente del gobierno.

Jaar afirmó que pensaba que el objetivo del complot había sido deponer, no matar, al presidente, y que se ha visto atrapado en un juego político mayor que aún no comprende del todo. El viernes fue detenido en República Dominicana tras seis meses de fuga, según un alto funcionario de seguridad del país.

Según Jaar, los conspiradores pretendían juramentar a una exjueza de la Corte Suprema, Windelle Coq-Thélot, como nueva presidenta. Su relato sugiere que esperaban el apoyo de elementos clave del Estado haitiano, incluidas las fuerzas de seguridad, en su intento de golpe.

Pero cualquier plan que pudiera haber para capturar, y no matar, al presidente se frustró cuando unos hombres armados irrumpieron en su casa y lo asesinaron en su dormitorio. Cómo y por qué cambió el plan —de obligar al presidente a dimitir a asesinarlo— Jaar afirmó que no lo sabía.

Las llamadas telefónicas de Henry con Badio fueron reveladas por primera vez en septiembre por uno de los principales fiscales haitianos de la época, Bedford Claude, quien pidió al primer ministro que las explicara ante los tribunales.

Pero Henry actuó rápidamente contra los funcionarios que intentaron investigar sus vínculos con Badio. Y el alcance de los contactos entre ambos hombres —incluida la afirmación de los funcionarios de que Badio acudió a la residencia del primer ministro mientras huía de las autoridades— no se había hecho público anteriormente.

Después de que Claude llamara a Henry para interrogarlo, su supervisor, el ministro de Justicia, Rockfeller Vincent, dijo que recibió una llamada del primer ministro, quien le pidió que despidiera al fiscal. Vincent dijo que se negó. Días después, Henry los despidió a ambos.

“Creo que él proporciona uno de los elementos clave en el asesinato”, dijo Claude, refiriéndose a Henry.

El portavoz de Henry dijo que los funcionarios fueron despedidos por violar la ley con el fin de avanzar en sus agendas políticas, incluyendo quebrantar la prohibición de citar a altos funcionarios a los tribunales.