HIGUEY, La Altagracia.- El expresidente de la República, Danilo Medina, dio el pésame aquí a quien fuera su asistente, Robert De la Cruz, por el fallecimiento de su madre, Francisca Cedano (doña Carola).

Los restos de Cedano fueron expuestos en la funeraria El Shaddai de este municipio este miércoles.

El fallecimiento motivó expresiones de consuelo de Charles Mariotti, secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

“Paz y consuelo para toda la familia de nuestro hermano Robert. Estamos seguros de que Dios ha recibido con los brazos abiertos a una gran mujer de fe cristiana”, dijo.

 

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SANTO DOMINGO.- Los partidos Fuerza del Pueblo (FP) y de la Liberación Dominicana (PLD) rechazaron este miércoles una eventual reforma de la Constitución, como ha propuesto el Gobierno con el alegato de fortalecer la independencia del Ministerio Público.

Durante la reunión de este miércoles del Consejo Económico y Social (CES), representantes de la FP incluso se levantaron de la mesa, pidiendo que se excluya a este partido de cualquier sesión de debate en la que se trate la reforma constitucional.

Henry Merán, miembro de la Dirección Política de la FP y representante de dicha organización política en el CES, consideró la propuesta inoportuna y dijo que el Gobierno debe concentrarse en resolver problemas esenciales que le aquejan a la población.

Opinó que «es innecesaria la reforma, pues las modificaciones planteadas, bien pueden hacerse sin tocar la Constitución».

Dijo que la Fuerza del Pueblo permanecerá en las demás mesas del CES, porque «somos un partido que cree en el diálogo». Sin embargo, solicitó que le excluyan de cualquier convocatoria que tenga que ver con reforma a la Constitución.

PLD

De su lado, José Dantés, secretario de Asuntos Jurídicos del PLD, dijo que ese partido no apoyará la reforma propuesta por el presidente Luis Abinader, ya que no es prioritaria en las circunstancias que vive el país.

Entre otros problemas que entiende prioritarios, citó la inflación, incremento de la inseguridad, deterioro de los servicios públicos y el alto nivel de desempleo.

También consideró que el proyecto de reforma constitucional, «en lugar de contribuir al afianzamiento de la institucionalidad, puede suponer un retroceso democrático».

En este sentido, apuntó que el proyecto contiene incoherencias jurídicas, como la propuesta de que la política contra la criminalidad se pase de la jurisdicción del Ministerio Público al Ministerio de Justicia.

SANTO DOMINGO.- El Gobierno presentó este miércoles en la reunión del Consejo Económico y Social (CES) su propuesta de reforma a la Constitución.

La principal propuesta se refiere al cambio en el sistema de elección del procurador general de la República, que ahora es designado por el presidente de la nación.

También contempla que el procurador, que pasaría a llamarse fiscal general de la República, sea nombrado por un período de seis años, conforme al mecanismo que se establezca en una futura ley.

Del mismo modo, se introduciría una modificación en la Constitución para que el fiscal pueda ser interpelado por la Cámara de Diputados y el Senado para rendir cuentas, según explicó el consejero jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta.

En relación a las funciones del fiscal general, se le retiraría la potestad de formular e implementar la política contra la criminalidad y también se le quitaría la administración del sistema penitenciario.

El Ejecutivo también propuso la unificación de las elecciones municipales, presidenciales y legislativas, así como la eliminación del arrastre.

Estas modificaciones no se aplicarían en 2024, sino a partir de los comicios previstos para 2028, según explicó Peralta, indicando que, de esta forma, se evita que ningún actual cargo se pueda beneficiar de la eventual reforma.

Otro punto amplía la prerrogativa de proponer leyes a todos los organismos constitucionales, de modo que el Tribunal Constitucional o el Tribunal Superior Electoral tendrían la facultad de proponer leyes en temas que les conciernen.

Asimismo, se reduciría el mínimo de firmas necesarias para proponer una ley de iniciativa popular, pasando del actual requisito de 200,000 firmas, a 25,000.

Entre otras reformas, se propuso «robustecer» los sistemas de controles de los fondos públicos, mediante la introducción de nuevos controles y mecanismos de transparencia en la Cámara de Cuentas y en la Contraloría General de la República.

Antes de comenzar el debate en el CES, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y Fuerza del Pueblo (FP) expresaron su rechazo a una eventual reforma a la Constitución.

Los integrantes de la FP incluso se levantaron de la mesa, pidiendo que se excluya a este partido de cualquier sesión de debate en la que se trate de la reforma constitucional.

Ambas formaciones opositoras consideraron que la reforma es «inoportuna», al entender que el Gobierno debe concentrarse en resolver problemas esenciales que aquejan a la población, tales como la inflación, la inseguridad y el «deterioro de los servicios públicos».