Puerto Príncipe, 8 sep (Prensa Latina) Unos 108 partidos y grupos políticos figuran hoy en la lista parcial presentada por el Consejo Electoral Provisional (CEP) para competir en los próximos comicios presidenciales y legislativos de Haití.

La enumeración no incluye a las principales plataformas políticas nacionales, que rechazaron asistir a los sufragios mientras no se logre un consenso entre las fuerzas del país.

El CEP confirmó, asimismo, que realizará en breve el sorteo para asignar un número a cada estructura política, aunque declinó anunciar una fecha para la celebración de elecciones.

A finales de julio último la entidad cerró el registro electoral con 119 partidos, y con el 26 de septiembre como fecha tentativa para los sufragios, aunque su presidenta, Guylande Mésadieu, reconoció la posibilidad de un aplazamiento.

Este organismo es ampliamente cuestionado desde su nombramiento por el presidente asesinado Jovenel Moïse en septiembre de 2020, y luego que el Tribunal de Casación aplazara de manera indefinida su juramentación, por lo cual sus detractores lo consideran inconstitucional.

Tras el asesinato de Jovenel y la asunción al poder del primer ministro Ariel Henry, este último intenta desligarse de los compromisos con el CEP y confirmó que en aras de alcanzar un acuerdo podría reconstituirlo.

De hecho, el Gobierno no se pronunció aún sobre el registro electoral, y tras el reciente terremoto que mató a más de dos mil 200 personas aseguró que los comicios se celebrarán «cuando las condiciones lo permitan».
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Puerto Príncipe, 8 sep.- El asesinato del presidente Jovenel Moise cumplió dos meses, y su muerte empeoró el panorama sociopolítico con varias facciones que pujan por el poder, aumento de inseguridad y crisis humanitaria por el terremoto.

Mientras estaba en manos de la Policía, la investigación avanzó con más de 40 detenidos, órdenes de arresto emitidas y seguimiento mediático, que disminuyó considerablemente desde agosto y enmudeció con el sismo de 7,2 de magnitud que mató a más de dos mil 200 personas en el sur del país.

A finales de la semana pasada, el juez de instrucción Gary Orelien inició las audiencias relacionadas con el magnicidio, tras entrevistar a Jean Laguel Civil, quien se desempeñaba como jefe de la Unidad de Seguridad Presidencial, antes de ser acusado de intento de asesinato y robo a mano armada.

Orelien asumió el archivo luego de la renuncia de su predecesor Mathieu Chanlatte, y es cuestionado por varios sectores que critican su inexperiencia como juez de instrucción.

Además de Civil, aún no se anunciaron otras audiencias, mientras disímiles voces aseguran que el caso quedará impune, como tantos otros en los últimos 25 años.

«Han pasado dos meses desde que asesinaron al presidente Jovenel Moïse. Hacen creer a las personas que no tienen permitido una mejor vida. Por eso hoy continuamos pidiendo justicia para Jovenel», escribió en redes sociales la ex primera dama Martine Étienne.

Por su parte, el primer ministro Ariel Henry, describió como «cobarde, salvaje y espantoso» el magnicidio y prometió llevar a los asesinos ante la justicia.

A pesar de las promesas de Henry, la investigación continúa casi paralizada, mientras persiste la crisis política matizada con un auge de la violencia, particularmente en las últimas semanas.

La víspera individuos armados balearon al párroco André Sylvestre en el centro de Cabo Haitiano (norte), tras realizar una transacción bancaria. El religioso murió poco después en el Hospital Universitario de Justinien.

También el lunes fue secuestrado un director de sucursal bancaria en el corazón de Puerto Príncipe, y la semana pasada el director departamental del Ministerio de Obras Públicas.

En las redes sociales el popular líder de banda, Jimmy Cherizier, conocido como Barbacue, anunció que varios policías se unieron a sus filas y aseguró que encabezaría una revolución para liberar al país de los oligarcas.

Con la inseguridad creciendo a niveles alarmantes, las fuerzas políticas siguen sin alcanzar un acuerdo, y se dividen en tres ramas fundamentales: los seguidores del primer ministro Ariel Henry;, otros que apuestan por el parlamentario Joseph Lambert como presidente; y la sociedad civil que descarta las dos opciones y promueve un Consejo Nacional de Gobierno para liderar la transición.

Mientras tanto, decenas de miles de desplazados internos por el terremoto del pasado 14 de agosto siguen en las calles o en precarios refugios, y critican la lenta ayuda humanitaria del Gobierno.

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Puerto Príncipe, 8 sep.- Haití reiteró su petición a Naciones Unidas para la instauración de un tribunal internacional que juzgue y condene a los responsables del asesinato del presidente Jovenel Moïse, confirmó hoy el canciller Claude Joseph.

Dos meses después del magnicidio, el ministro de Relaciones Exteriores insistió en que la preparación y ejecución del crimen tienen alcance internacional, razón por la cual pidió asistencia de organismos mundiales para acompañar a la justicia de Haití.

«A dos meses del asesinato del líder del pueblo, el presidente Jovenel Moïse, los autores intelectuales y financistas de este crimen continúan circulando libremente con impunidad. El pueblo haitiano sigue exigiendo justicia para su presidente», escribió el también exprimer ministro en las redes sociales.

Moïse recibió 12 disparos en su dormitorio, sin que interviniera guardia presidencial, mientras que a su esposa le impactaron varios proyectiles en el brazo.

Más de 40 personas se encuentran detenidas por los hechos, entre ellos una veintena de agentes, 18 colombianos y dos responsables de la seguridad presidencial.

Sin embargo, la investigación parece estancada en medio de los cambios del juez de instrucción.

El ministro de Justicia, Rockefeller Vincent, volvió a prometer este martes que los asesinos del mandatario nunca dormirán en paz, y «serán perseguidos hasta su último atrincheramiento.

Moïse tuvo un convulso mandato con masivas protestas antigubernamentales, crisis política y económica, además de denuncias de autoritarismo y presunta corrupción.

El gobernante nombró a siete primeros ministros, decretó la caducidad del parlamento, jubiló de manera forzada a tres jueces supremos y nunca pudo alcanzar un acuerdo con las fuerzas políticas.

Al momento de su muerte ya no recibía el apoyo del partido que lo llevó al poder, aunque continuaba aupado por la comunidad internacional.

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