En los últimos tres años de los 96 cumplidos en el 2025, la Contraloría General de la República se ha empleado a fondo a los fines de rescatar la confianza ciudadana y de fortalecer los controles internos en búsqueda de evitar los actos de corrupción.

Aspectos básicos en la vida pública de la República Dominicana. Temas no exclusivos de financistas y economistas, sino tópicos que envuelven a todos los sectores de la vida nacional ya que implica la administración del patrimonio colectivo, el dinero del pueblo dominicano, el cual debe ser usado con pulcritud, eficiencia y eficacia.

La confianza ciudadana es un bien invaluable que no se mide en cifras o guarismos, sino en saber predicar con el buen ejemplo, es decir, cuando un presidente y sus funcionarios deben servir a todo un pueblo y no burlarse de él.

Cuando se erosiona esa confianza, el ciudadano se siente burlado, huérfano de quien le representa y de quien le ayuda a mejorar su condición de vida, en sí, es perder todas las esperanzas de tener mejores servicios públicos.

Al perderse la confianza y las esperanzas, el pueblo comienza a desconfiar de todo lo que proviene de un gobierno, lo que se traduce en evadir el pago de sus tributos o impuestos y aranceles, debido a que el pueblo interpreta que los mismos serán robados.

Y además, cuando se abre espacio a la impunidad, entonces la corrupción se convierte en un cáncer que amenaza la democracia, la justicia y equidad social y la estabilidad económica.

He ahí el porqué la Contraloría General de la República, Órgano del Control Interno del Gobierno Dominicano, que conforme su Ley Orgánica núm. 10-07 y su reglamento de aplicación núm. 491-07, tiene la responsabilidad de aplicar los controles internos previos, a través de garantizar la calidad de los desembolsos, uso de los fondos del erario y el registro correcto de los contratos, así como con los controles posteriores a través de la fiscalización y auditorias, acciones que garantizan la buena aplicación de las normas y el respeto de las leyes que les competen.

La actual gestión de la Contraloría, garantiza a todo el pueblo dominicano la fiscalización y el uso transparente de los recursos públicos y evalúa la gestión de las entidades y organismos, sujetos al ámbito de la Ley 10-07 y el artículo 247 de la Constitución Dominicana.

Es de conocimiento de todos los dominicanos que durante décadas la sociedad dominicana fue testigo de prácticas indecorosas, pocos claras, de manejos turbios que generaron desencanto e impotencia dando como consecuencia el sometimiento de funcionarios que se aprovecharon de los fondos del erario y, peor aún, acostumbraron a muchos a pensar que la corrupción era inevitable, que solo había dos caminos al llegar al Gobierno: hacerse millonario de la noche a la mañana o, haber sido un tonto y haber salido del cargo público con las manos vacías, o con una mano atrás y otra delante.

Sin embargo, se debe dejar claro que la corrupción es una deformación del deber ser y, como tal, puede y debe combatirse en cualquier ámbito o terreno.

Hoy, gracias a una firme voluntad política del ciudadano presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, se ha creado un ambiente distinto: un clima de transparencia, de mayor vigilancia ciudadana, de fortalecimiento institucional.

Palmo a palmo, la esperanza, la confianza de que el dinero del pueblo se use de manera correcta empieza a renacer. Y ese renacer solo será duradero si se continúa trabajando sin treguas y de forma coherente con los principios morales, éticos e íntegros.

Muestra

Una muestra de la determinación del mandatario lo constituye su Decreto núm. 76-25, que crea la Comisión Presidencial de Transparencia y Anticorrupción (CPTA), cuyo mandato es unificar y fortalecer las estrategias gubernamentales, orientadas a la prevención, transparencia y acceso a la información pública.

Dicha Comisión la encabeza la Dra. Milagros Ortiz Bosch, directora de la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), y de la cual el Contralor General de la República es integrante.

Desde la Contraloría se trabaja para ser un muro de contención frente a la corrupción, un escudo de protección del patrimonio público, ser referente de la ética e integridad. Cada auditoría que se realiza, cada revisión que se hace de las mismas, se emite una alerta, es un paso hacia el rescate de la confianza ciudadana y un golpe certero contra la impunidad.

Sin lugar a dudas la impunidad es el mayor caldo de cultivo, es el mayor incentivo o el mayor acicate, el terreno fértil para que se fortalezca la corrupción.

Cuando una persona desvía fondos o abusa del poder para la componenda, la confabulación, el tráfico de influencia, el fomento de la colusión, el compinche y, queda sin consecuencias, lo que hace es incentivar a otros a hacer lo mismo.

Es un efecto dominó, una cadena dañina que destruye la moral pública. Por eso, la misión de la Contraloría es doble: prevenir y fiscalizar.

Es oportuno recordar que la mejor auditoría no es la que descubre irregularidades en la aplicación de las normativas o detecta el uso indebido de los fondos después de ser cometido, sino, es cuando se evita que ocurra. Esa es la visión de la Contraloría: ser un ente preventivo, más allá de ser un órgano correctivo. Es más útil y más patriótico impedir que se pierda un peso del pueblo, que encontrarlo después en manos de terceros que solo persiguen el beneficio particular.

Que nadie se llame a engaño, la lucha contra la impunidad y el rescate de la confianza son una tarea nacional y colectiva.

Se necesita que el Poder Ejecutivo siga actuando con coherencia, que el Congreso Nacional apruebe presupuestos y leyes blindadas contra intereses particulares, que el Ministerio Público investigue y presente expedientes sólidos y, el Poder Judicial sancione sin titubeos a quienes incumplen la ley, que la prensa y la sociedad civil cumplan con su rol vigilante y denunciante, que las universidades creen conciencia ética en los futuros profesionales y, que los ciudadanos no sean indiferentes ante las malas prácticas.

Nuevas unidades

En lo que respecta a la actual gestión de la Contraloría se afirma que se ha asumido con mucha seriedad, responsabilidad, proactividad y compromiso, la tarea de modernizar los sistemas de control interno, incorporando tecnología de última generación, que permite mayor trazabilidad del gasto público, estableciendo nuevas unidades de auditoría interna en las instituciones, incluyendo en su organigrama la Unidad de Antifraudes por disposición del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, adoptando Normas Internacionales de Control, Capacitando y Actualizando constantemente al personal en auditorías, ética y gestión pública.

Asimismo, la Contraloría ha desplegado una serie de nuevas herramientas o instrumentos estratégicos, tales como las Normas Básicas de Control Interno (Nobaci), el Índice de Control Interno (ICI) y el Sistema Único de Gestión de Pagos (Sugep).

Si lo anterior sonará poco, es menester informar que mediante el Programa de Apoyo a la Agenda de Transparencia e Integridad en el país, que financia el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por US$11 millones, se ha diseñado un Nuevo Modelo de Gestión de la Contraloría General de la República, con la asistencia del consultor Nelson Shack Yalta, ex presidente de la Cámara de Cuentas por 7 años del Perú, el cual será aplicado el próximo año.

Este nuevo modelo presenta una estructura orgánica más efectiva y funcional de la Contraloría, que permitirá una amplia transformación digital y organizacional y que resuelva el principal problema que para las partes interesadas externas tiene: celeridad y predictibilidad en sus actuaciones (tanto a nivel de control previo con las autorizaciones de pagos y registro de contratos, como a nivel de control posterior con el desarrollo de las auditorías, donde además hay un problema de cobertura).

Este Nuevo Modelo de Gestión, deberá contar con el decidido apoyo político institucional y presupuestario por parte de la Alta Dirección del Poder Ejecutivo.

La Contraloría General de la República no dará tregua ni a la corrupción ni al desorden administrativo. El deber de la Contraloría es proteger el patrimonio público, porque en cada centavo mal usado hay una oportunidad perdida para el desarrollo de la nación.

El mayor compromiso de la Contraloría, es que cada hecho de la Contraloría sea un aporte concreto a la construcción de un país donde la transparencia sea norma, donde el manejo de la confianza de la ciudadanía sea parte de la cultura y donde la impunidad quede desterrada para siempre.

El objetivo es que la corrupción no encuentre brechas para prosperar y, como decía Adam Smith, padre de la economía moderna: “La riqueza de las naciones (1776) depende de la integridad de sus instituciones”.

El deber de la Contraloría es velar porque el dinero del pueblo rinda para usarlo en la construcción y remozamiento de escuelas, hospitales, carreteras y viviendas dignas, en pocas palabras: se invierta en el bienestar común o general y no en el particular.

Solo así se construirá un país donde la confianza vuelva a ser patrimonio común y donde la impunidad quede desterrada para siempre.

felix.felixsantana.santanagarc@gmail.com