SANTO DOMINGO. – La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) cuestionó la legalidad del Decreto 517-25, emitido por el Poder Ejecutivo que declara “emergencia nacional” las compras y contrataciones del sector eléctrico.

La disposición autoriza las adquisiciones y contrataciones para aumentar la capacidad de generación, reducir la inestabilidad y fortalecer el almacenamiento de energía en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).

El presidente de ADOCCO, Julio César De la Rosa Tiburcio, citó el Manual General de Procedimientos de Contratación por Excepción, que limita estas compras a lo estrictamente necesario para remediar lo inminente y prevenir mayores desastres.

CRISIS ES POR FALTA DE PLANIFICACIÓN

A juicio de ADOCCO, la crisis del sector eléctrico responde a falta de planificación, no a un fenómeno natural o una pandemia, por lo que no justifica el recurso a la excepción.

La contratación por emergencia no aplica a necesidades extendidas en el tiempo ni a obras de ejecución prolongada, señaló De la Rosa Tiburcio.

La entidad calificó de “penoso” que el decreto argumentara retrasos por la pandemia de COVID-19 o el conflicto Rusia-Ucrania.

Consideró que ha habido tiempo suficiente para planificar soluciones dentro del marco legal.

agl/of-am

SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader afirmó este miércoles que la nueva ley de Contrataciones Públicas introducen mayores controles y un régimen sancionador más estricto.

Asimismo, concibe la compra pública como una política sostenible de desarrollo económico permitiendo que los recursos del Estado lleguen a donde más se necesitan mediante procesos transparentes, eficientes e inclusivos.

“De la manera en que compramos como Estado depende en gran medida la calidad de los servicios que ofrecemos, la confianza de la ciudadanía en sus instituciones y la capacidad de generar bienestar para la gente”, señaló.

PARTICIPACION DE SECTORES TRADICIONALMENTE EXCLUIDOS

Al encabezar la inauguración del primer Foro de Contrataciones Públicas bajo el lema “Transformando la Compra Pública en Bienestar para la Gente”, destacó que esta nueva ley privilegia la participación de mipymes, mipymes mujeres y sectores tradicionalmente excluidos.

El jefe de Estado dijo, además, que la nueva legislación crea requisitos simplificados para el Registro de Proveedores del Estado, a los fines de promover la participación local.

Todo esto permite dinamizar la economía, generar empleos e incentivar la innovación. Por eso, dijo, su gestión ha respaldado la agenda de modernización y transformación de la Dirección General de Contrataciones Públicas.

PLATAFORMA DIGITAL ÚNICO CANAL VÁLIDO PROCESOS DE COMPRAS

Abinader indicó que se establece la plataforma digital como único canal válido para gestionar procesos de compras y se incorporan modalidades como la subasta inversa electrónica, acuerdos marco, licitación abreviada y el sorteo de obras menores, que permitirán dar respuestas más ágiles ante diversas necesidades.

Asimismo, fortalece la trazabilidad, reduce la discrecionalidad y se facilita la fiscalización en tiempo real, haciendo más eficientes y confiables las compras estatales.

MARCOS NORMATIVOS E INCORPORACIÓN DE TECNOLOGÍAS

De su lado, el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, afirmó que durante la gestión del Presidente Abinader se han fortalecido los marcos normativos, la incorporación de la tecnología y la participación de mipymes y mujeres emprendedoras.

“Hoy iniciamos este foro con la convicción de que las compras públicas no son un fin en sí mismas, sino un medio para construir un país más justo y próspero”, manifestó.

an/am

SANTO DOMINGO.- El Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED)  dijo este miércoles que respalda una reciente disposición presidencial que declara de emergencia nacional la adquisición de bienes, servicios y obras para ampliar la capacidad de generación, almacenamiento y distribución de energía en la República Dominicana.

A su juicio se trata de un  mecanismo urgente y necesario para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico nacional en un contexto de creciente demanda y riesgos de desabastecimiento.

El CUED es un órgano dominicano creado en el año 2020 para representar a las empresas distribuidoras de electricidad del país y fortalecer el sector,  enfocándose en la mejora de la eficiencia operativa, la lucha contra el fraude energético, la modernización de la red y la implementación de tecnología avanzada para mejorar el servicio al cliente. 

En documento de prensa la entidad aclara que el objetivo del decreto 517-25 no es obviar los requisitos establecidos en la ley sobre Compras y Contrataciones sino agilizar los procesos administrativos con el fin de ejecutar en menor tiempo las inversiones necesarias que garanticen un servicio eléctrico más eficiente y confiable.

EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA REGIÓN

La disposición, dice, se fundamenta en hechos como el aumento histórico de la demanda eléctrica, que en 2025 superó los 3,850 megavatios; los efectos del cambio climático en la región y los retrasos en proyectos de rehabilitación y expansión de redes.

El CUED señala que todos los procesos derivados del decreto se ejecutarán bajo estrictos mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

LA MEDIDA TENDRÁ UNA VIGENCIA DE DOCE MESES

La declaratoria tendrá una vigencia de doce meses, salvo que sea prorrogada mediante nuevo decreto presidencial.

El organismo resalta que desde 2024 ha fortalecido los departamentos de auditoría interna y que todos los procesos de compras y contrataciones están bajo el escrutinio directo de la Contraloría General de la República, que mantiene auditores permanentes en cada una de las Empresas Distribuidoras de Electricidad.

“La supervisión constante es una garantía de que cada decisión y cada contrato estarán sujetos a control riguroso”, indica.

Hizo un llamado a la ciudadanía, medios de comunicación y a los sectores productivos a acompañar con su vigilancia este esfuerzo.

an/am-sp

SANTO DOMINGO.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) expresó preocupación porque, según dijo, el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) aprobó el uso de RD$6,000 millones del Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL) para cubrir el déficit del Seguro Nacional de Salud (SENASA).

Winston Santos, secretario de Seguridad Social del PLD,  opinó que esta medida plantea serios cuestionamientos en materia de gobernanza fiscal, planificación presupuestaria y responsabilidad institucional.

Dijo que la decisión fue tomada amparada en un “informe técnico actuarial” de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) que también sugiere destinar otros RD$5,000 millones para el régimen contributivo y RD$1,500 millones para subsidios por enfermedad común, maternidad y lactancia.

«Si bien reconocemos la necesidad de garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de salud, la transferencia de 5 mil millones al régimen contributivo muestra la falta de criterio con que se ha estado manejando la cuenta cuidado de la salud de las personas», manifestó.

PUNTOS CRÍTICOS QUE DEMANDA EL PLD

1. Origen y disponibilidad real de los fondos:

• Exigimos una auditoría pública inmediata sobre los ingresos y egresos del IDOPPRIL, incluidos los fondos que ahora se redireccionan.

2. Control y fiscalización del uso de los recursos:

• Aunque se instruyó a la Comisión Permanente de Presupuesto, Finanzas e Inversiones dar seguimiento y presentar informes al pleno del CNSS, es vital que estos informes sean públicos y accesibles para la ciudadanía.
• Instamos a que la Cámara de Diputados ejerza su rol de control político, convocando a comparecer a los responsables de SISALRIL, CNSS, IDOPPRIL, para que den una explicación.

3. Responsabilidad institucional frente a la corrupción:

• El recurso destinado se presenta como respuesta a “denuncias de actos de corrupción en la administración de los recursos de la ARS estatal”.
• El PLD exige que las investigaciones sobre la red corrupta que operó en SENASA —que involucraría funcionarios, exfuncionarios, médicos, familiares y allegados del director sean completas, transparentes, con publicación de resultados y sanciones ejemplares.

4. Protección de los usuarios de SENASA:

• Es inadmisible que, mientras se resuelven estos déficits, los más de 7.5 millones de afiliados (71.2% del mercado de ARS estatal) queden en situación de vulnerabilidad.
• El PLD demanda que no se reduzcan servicios, protocolos de atención, autorizaciones médicas ni entregas de medicamentos. Una solución técnica no puede ser a costa de la salud de la población.

an/am

SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader felicitó y agradeció al liderazgo político dominicano por su participación en el diálogo de alto nivel sobre la crisis en Haití.

Calificó como «un hecho memorable y sin precedentes» el informe final elaborado por el Consejo Económico y Social sobre las discusiones sobre el tema haitiano en el que participaron diversos sectores. Asimismo, destacó que «la democracia se fortalece con la madurez política mostrada».

Elogió la receptividad de los distintos actores de la sociedad a la iniciativa del Gobierno de dialogar para unificar criterios y blindar al país ante posibles efectos de la crisis haitiana, la cual ha alcanzado su punto crítico.

Afirmó que «la unidad política y social es fundamental para abordar los desafíos que plantea la situación en Haití y las implicaciones que acarrearía para el país».

Durante su intervención en LA Semanal con la prensa, el gobernante dominicano anunció que en su próxima intervención en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas abordará el tema, destacando el abandono de la comunidad internacional hacia Haití y los efectos y amenazas para la República Dominicana que supone la crisis social en el vecino país.

CES entrega Abinader informe situación Haití y efectos en RD

SANTO DOMINGO.- El expresidente Danilo Medina manifestó este miércoles que es un logro para la democracia y el país el documento final del diálogo sobre la crisis haitiana y sus implicaciones para la República Dominicana.

Al recibir dicho documento por una delegación del Consejo Económico y Social (CES), encabezada por su presidente, Rafael Toribio, dijo que el mismo presenta políticas que pueden ser aplicables en las difíciles y complicadas relaciones con la vecina nación.

“La aplicación de este conjunto de medidas no es obligatoria para el Presidente porque él es el jefe de la política internacional, pero suscribimos el acuerdo porque nos vincula y porque nos comprometimos a respetar los resultados de esas mesas de diálogo”, señaló.

RECONOCE DIFICULTAD DE LOGRAR CONSENSO MINIMO

El Presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) recordó que el proceso con el CES nació de la convocatoria de los ex presidentes de la República junto al mandatario Luis Abinader, con el objetivo de unificar criterios y recomendar líneas de acción.

Medina felicitó a la coordinación del Consejo Económico y Social por “el deber cumplido”, reconociendo la dificultad de arribar a un documento que refleje, al menos, “un consenso mínimo” entre sectores tan diversos.

“Sé que no era fácil poder arribar a un documento en el que hubiese por lo menos un consenso mínimo entre los participantes para entregarle a la presidencia de la República lo que puede ser una carta de ruta para el tratamiento de la población dominicana que reside en la frontera con Haití”, declaró.

DISPUESTO A COLABORAR EN CUALQUIER ASPECTO

Agregó que “nos reiteramos a la disposición de colaborar en cualquier aspecto de lo que esté contenido en el documento que podamos aportar en el futuro”.

Medina estuvo acompañado por Johnny Pujols, secretario general del PLD, los vicepresidentes Juan Temístocles Montás y Zoraima Cuello, y los dirigentes que le representaron en las seis mesas de deliberaciones del diálogo coordinado por el CES.

an/am

CES entrega Abinader informe situación Haití y efectos en RD

Abinader destaca madurez de RD en diálogo alto nivel sobre Haití

WASHINGTON.- Los 32 miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) expresaron este miércoles su respaldo a una renovada misión de seguridad para Haití que sustituya a la actual, cuyo mandato vencerá el próximo octubre.

En una declaración conjunta, expresaron su apoyo a la propuesta que se está debatiendo en el Consejo de Seguridad de la ONU para transformar la actual Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS) en una Fuerza de Represión de las Bandas (FRG), dotada de un mandato reforzado.

«Apoyamos el establecimiento de una Oficina de Apoyo de la ONU para Haití (UNSOH) y la transición de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS) hacia una nueva fuerza enfocada en el establecimiento de un entorno seguro y estable, que permita a las autoridades haitianas restaurar y mantener el Estado de derecho, incluso mediante el desmantelamiento de las pandillas», declararon.

Asimismo, alentaron a brindar «contribuciones voluntarias al Fondo Fiduciario de la ONU para apoyar a la nueva fuerza que establecerá el Consejo de Seguridad».

La MSS es una iniciativa solicitada por las autoridades haitianas, liderada por Kenia, respaldada económicamente por Estados Unidos y aprobada en 2023 por el Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas.

La misión, que activó en 2024, busca apoyar a las fuerzas de seguridad del país isleño en su lucha contra las bandas armadas, que controlan un 90 % de la capital y otras zonas del país, pero no ha logrado resultados destacables.

La MSS está formada por unos 1.000 efectivos, la mayoría de ellos de Kenia, cuyo presidente, Wiliam Ruto, advirtió el domingo de que el mandato de esta fuerza vencerá el próximo octubre y pidió al Consejo de Seguridad de la ONU que «guíe una transición responsable».

Según datos de la ONU, Haití registró un aumento del 24 % en los homicidios intencionados en los primeros seis meses del año, alcanzando un total de 4.026 asesinatos.

Además, la violencia de las bandas ha provocado el desplazamiento interno de aproximadamente 1,3 millones de personas.