Washington reprobó su propio examen

Durante décadas, Washington asumió el papel de examinador del mundo. Desde el Departamento de Estado emitía certificados de buena o mala conducta institucional, señalando a otros países por corrupción, tráfico de influencias, violaciones de los derechos humanos, abuso policial, debilidad institucional, desconocimiento del Estado de derecho y atropellos a la Constitución. Quien reprobara el examen era colocado en el grupo de las naciones atrasadas o, en el lenguaje político de la época, «tercermundistas».

Imaginemos que una comisión internacional llega a Washington con el mismo formulario que Estados Unidos utilizó durante décadas para evaluar a otros gobiernos. El expediente contiene los renglones de siempre: nepotismo, conflictos de interés, tráfico de influencias, independencia judicial, respeto a la Constitución, separación de poderes, transparencia administrativa, tráfico y lavado de activo. Al finalizar la inspección, los evaluadores descubren, con una ironía difícil de ocultar, que el país examinado no es una república latinoamericana ni una nación africana. Es la capital de la principal potencia mundial.

En los gobiernos donde las instituciones comienzan a debilitarse, el poder suele confundirse con el patrimonio familiar. Los contratos públicos generan sospechas, el mérito es sustituido por la cercanía con el gobernante y el tráfico de influencias deja de ser una excepción para convertirse en una práctica habitual.

Precisamente ese debate rodea hoy a la administración del presidente Donald J. Trump. Diversos informes periodísticos señalan que empresas vinculadas a sus hijos, Donald Trump Jr. y Eric Trump, han obtenido o buscan obtener contratos con el gobierno federal, especialmente en los sectores de defensa y tecnología.  Aunque hasta ahora no existe una decisión judicial que declare ilegales esas actuaciones.  En otros tiempos, Washington emitia severas advertencias contra cualquier otro país.

A este escenario se agregan los cuestionamientos sobre el respeto al Estado de derecho. Diversas órdenes ejecutivas han sido suspendidas o bloqueadas por tribunales federales al considerar que excedían las facultades constitucionales del Poder Ejecutivo. Las tensiones con el Poder Judicial y las frecuentes descalificaciones públicas contra jueces que han fallado en su contra, alimentan un debate sobre la fortaleza de los contrapesos institucionales. Cuando un gobernante pretende que su voluntad prevalezca sobre la ley, la democracia comienza a enviar señales de alarma.

Paradójicamente, Estados Unidos, parece estar llenando el mismo formulario que durante años obligó a completar a otros países. Las preguntas que antes dirigía al resto del mundo hoy encuentran respuesta dentro de sus propias fronteras. Washington debe mirarse en ese espejo. El fiscal comienza a parecerse al acusado.

 Reflexión

La reflexión es otra: ninguna nación conserva autoridad moral para juzgar a las demás cuando las prácticas que condena empiezan a reproducirse en su propio sistema político. El deterioro institucional no comienza cuando cae la economía; comienza cuando el poder entiende que las instituciones deben servir al gobernante y no que el gobernante debe servir a las instituciones.

Los imperios no empiezan a declinar cuando pierden una guerra. Comienzan su descenso cuando pierden el ejemplo. Washington pasó décadas repartiendo certificados de mala conducta institucional por el mundo. Hoy corre el riesgo de recibir uno firmado con su propia tinta. Porque el verdadero subdesarrollo no se mide únicamente por el ingreso de un país, sino por la fortaleza de sus instituciones y por la capacidad de sus gobernantes para someterse, sin privilegios, al imperio de la ley.