La forma sorpresiva como la doctora Margarita Cedeño quedó en un relegado tercer lugar en las primarias disfrazadas del Partido de la Liberación Dominicana el pasado mes de octubre tiene una lectura que sirve para abordar un tema pasado y uno eventual de cara a las elecciones del próximo año. 

Es probable que a algunos les resultaría inexplicable que hablemos de esa contienda interna en el PLD, cuando ese evento proselitista sucedió hace ya cuatro meses. 

Sin embargo, es necesario hacerlo para contextualizar las dos situaciones que vamos a referir, la una ocurrida antes de los comicios de 2020, y la que se baraja para 2024. 

Pero antes, es preciso aludir a lo acontecido con la doctora Cedeño en octubre, cuando ella, sus seguidores y los analistas quedaron sorprendidos con el resultado final que dio a Francisco Domínguez Brito un segundo lugar que ni él mismo se esperaba. 

Margarita fue víctima de la consuetudinaria condición de ladino que ha caracterizado la conducta política de Danilo Medina, la cual se manifiesta en hacer creer una cosa por delante mientras por detrás apuñala a los confiados. 

El expresidente Medina y sus seguidores más íntimos son maestros en eso de “bajar línea», justamente lo que se hizo contra la ingenua Margarita que le creyó un respaldo mentiroso. 

Fue la misma bajada de línea que victimizó a Roberto Salcedo en 2016 y a Domingo Contreras en 2020, favoreciendo de manera subterránea a David Collado y a Carolina Mejía para la Alcaldía del Distrito Nacional. 

Y es aquí donde encaja el título de esta entrega. La comunidad política recordará la atmósfera cargada que vivió el PLD previo al desenlace de 2019, cuando el entonces presidente Medina (el Simulador de Arroyo Cano), alentaba a sus huestes con la intención de repostularse contra viento y marea. 

Él nunca lo dijo públicamente, pero el expresidente Leonel Fernández recibió su propuesta para que ninguno se presentara en procura de la candidatura, y que, en cambio, dejaran el camino libre a una tercera opción.

 “ni tú, ni yo” 

Allí surgió el famoso, y malicioso, “ni tú, ni yo”, una treta para que ambos facilitaran el camino a Margarita, lo cual no cuajó en parte porque Leonel aprendió —aunque tarde y a fuerza de golpes— a conocer a Danilo. 

Ese “ni tú, ni yo”, era en realidad un “ni tú, ni yo, ni ella”, pues de haberse concretado la selección de Cedeño, es casi seguro que Danilo le habría metido los pies.

 Sucedería igual si bien Leonel como el presidente Luis Abinader caen en la trampa de creer en quien suele traicionar. En cualquier dirección que adopte, él jugará a favorecer la vía contraria. 

Nelsonencar10@gmail.com

 JPM

Al iniciar este año 2023, parece una realidad que en la  sociedad dominicana se mantendrán unas políticas sobre drogas,  que no  han sido capaces de reducir ni la oferta ni la demanda de drogas, pero que inexplicablemente se mantienen.

Políticas que envían a prisión a las personas usuarias de comunidades empobrecidas, por el hecho de serlo, y que por supuesto,  no han sido capaces de desarrollar estrategias de prevención y tratamiento de impacto significativo.

Son políticas  que declaran   “cero tolerancias” a las drogas, pero en la realidad solo se privilegian las  medidas represivas que devienen en  prohibiciones selectivas, pues están sustentadas  en estereotipos y  discriminaciones.

Los  esfuerzos policiales y judiciales,  sin embargo, no  hacen mella en la red de distribución, o “puntos de drogas” como se les conoce, aunque  las cifras de incautaciones y sometimientos se promueven  como logros importantes. Estas redes, que están en toda la sociedad, aunque solo son noticias  los puntos de drogas de comunidades empobrecidas,  se han evidenciado muchas veces vinculadas a autoridades corrompidas que forman parte de las mismas, o cobran peajes para permitir y proteger su funcionamiento.

 Esta es la realidad  de una guerra contra las personas más vulnerables, aunque se diga que es una “guerra contra las drogas”.  Es sorprendente  que los sucesivos gobiernos, conservadores o  liberales,   que han asumido la administración del Estado dominicano se sumen acríticamente a un modelo anacrónico fracasado, sin evaluar sus resultados, y mucho menos  los daños que están ocasionando.

A casi 35 años de la promulgación de la legislación sobre drogas (ley 50-88), las políticas sobre drogas en nuestro país se asemejan a un barco a la deriva. Es lamentable que en  el Estado dominicano en materia de drogas, se sigan  aplicando las mismas políticas centradas en las sustancias, que han evidenciado fehacientemente su fracaso.

 Es cuestionable que se siga privilegiando la persecución y judicialización, cuando no la extorsión de los usuarios por parte de autoridades corrompidas, particular y selectivamente  de comunidades empobrecidas.  Mientras tanto las estrategias de prevención, tratamiento, investigación, formación de profesionales, reducción de riesgos y daños, reciben mínima atención.

 Masificar estas  estrategias de reducción de demandas son las que han mostrado ser  exitosas en sociedades que han abandonado las fracasadas estrategias que en nuestro país siguen vigentes.

Este es el contexto adverso en que  trabajan   las organizaciones de la sociedad civil  que prestan  atención a las personas y familias  que sufren las adiciones. Al iniciar este año 2023,  estas asociaciones   están prácticamente abandonadas a su suerte. Durante todo el año 2022, y en el transcurso de la pandemia de la COVID -19, estas organizaciones, en especial las que asumen  la atención residencial, han clamado por el apoyo de las autoridades.

 El pasado año fueron muchas las acciones de sensibilización desarrolladas.  Se solicitaron y realizaron reuniones, empezando por la máxima autoridad de la nación,  con casi todas las personas investidas de autoridad directamente vinculadas al tema de las drogas. Todas  fueron reuniones de acogidas cordiales, recibiéndose en casi todas  promesas de apoyo, promesas que nunca se materializaron.

Las precariedades de la mayoría de estas  organizaciones sin fines de lucro se han agravado como consecuencia de la pandemia, que ha disminuido significativamente el apoyo de la sociedad, pero fundamentalmente por   la desidia gubernamental. Una expresión de esta falta de interés son las promesas incumplidas y   la suspensión en la distribución  de los recursos provenientes  de los  decomisos e incautaciones de la ley 155- 17, desde agosto del año 2020.

 Las autoridades en Procuradora General de la República arguyen que no hay disponibilidad, algo difícil de entender cuando  se anuncian con frecuencias los llamados “duros golpes al narcotráfico”. También porque  el promedio de distribución en pasadas administraciones en el periodo 2007 – 2020,  fue de 3 entregas por año.

Desde Casa Abierta,  urgimos a las actuales autoridades a cumplir las promesas de  apoyo a las organizaciones sin fines de lucros que trabajan día a día al lado de las personas y familias que sufren las adicciones. A dejar las explicaciones poco creíbles respecto a disponibilidad de los recursos de la ley 155- 17,  y proceder a la urgente distribución de los mismos.

Y lo más importante, si en realidad se quiere dar una dirección efectiva a las políticas sobre drogas en nuestro país, a cumplir sus promesas de   promover “un amplio diálogo nacional para fijar posición sobre el cuestionamiento de las premisas subyacentes del paradigma actual de políticas de fiscalización internacional y la necesidad de enfoques alternativos”.

jpm-am 

POR WELKIN CUEVAS

Porque la Constitución Dominicana, en el artículo 112, establece que las leyes orgánicas son aquellas que regulan derechos fundamentales; la estructura y organización de los poderes públicos; el régimen económico financiero; y, en fin, un conjunto de materias que dicha disposición las indica expresamente y otras que las enuncia de igual naturaleza; para cuya aprobación o modificación requerirán del voto favorable de las dos terceras partes de los presentes en ambas cámaras.

Es fundamento para también afirmar de toda propuesta que, de manera expresa, tácita u otras técnicas; instituya o modifique asuntos regulados o reservados a leyes orgánicas, debe ser igual Ley Orgánica.

Sin embargo en su realidad actual el Proyecto de Ley de Fideicomiso Público no se sujeta a dicho procedimiento constitucional de mayoría agravada, debido a que, probablemente, desde su iniciativa del Poder Ejecutivo negó su naturaleza orgánica; en el Congreso Nacional se tramita como una Ley ordinaria, tipificadas por la misma Constitución en el artículo 113, que requiere su aprobación con mayoría absoluta, -más de la mitad de los presentes en ambas cámaras-, y que analistas internacionales y nacionales -citados en próximas entregas- concuerdan en que son las leyes aplicables para las materias comunes y simples, etc.

En ese contexto para corroborar la naturaleza orgánica del Proyecto de Ley analizado, debería bastar la respuesta razonable tras preguntarnos ¿El Fideicomiso de Bienes, Servicios y recursos públicos de interés colectivo, bienes inclusive de dominio público y estratégicos del Estado; es una materia común y simple típica de regulación de la ley ordinaria del artículo 113 de la Constitución donde se pretende situar?

La respuesta en contrario puede ser argumentada desde cualquier ámbito y la realidad será que, no obstante, se resista admitirlo, dicho Proyecto de Ley irrumpe en disposiciones constitucionales desarrolladas o que son reservas de leyes orgánicas, algunas con las que incluso genera contradicciones y otras que las omite en la redacción inicial y actual, pero de fondo sus disposiciones son inherentes de leyes orgánicas.

A reserva incluso de su necesario filtro legislativo aún pendiente de retener en el ámbito de los poderes públicos sus atribuciones indelegables según el artículo 4 de la Constitución, en las que incursiona el referido Proyecto; o de su potencial juicio de inconstitucionalidad para su sometimiento pleno al ordenamiento jurídico que indica el artículo 138 de la Carta magna, sí que el Proyecto de Ley impacta varios principios y disposiciones materias de leyes orgánicas, ejemplos de las tantas son:

• Incursiona en el Derecho fundamental a la Buena Administración Pública, todo cuanto el referido Proyecto de Ley de Fideicomiso Público propone instituir y modificar regulaciones de bienes, recursos y servicios públicos de interés colectivo; establecido por los artículos 138, 139 y 146 de la misma Constitución, reconocido mediante la Sentencia del Tribunal Constitucional TC/0322/2014 del 22 de diciembre de 2014, y desarrollado por la Ley 247-12 Orgánica de la Administración Pública en los artículos 11 y 12, compilados con mayor desarrollo mediante principios y disposiciones en la Ley No. 107-13 de Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración (I).

• Sumado a que dicho Proyecto en el artículo 4.1 propone crear un nuevo órgano de naturaleza mixta en su integración entre los sectores públicos y privados; el denominado Consejo Técnico, diseñado con las funciones de administrar patrimonios públicos de interés colectivo; cuando dice que será responsable de representar al fideicomitente, es decir, representar a los entes y otras instituciones públicas que transferirán desde su ámbito y misión legal hacia el Dominio Fiduciario, los derechos y las potestades sobre los bienes, servicios, presupuestos y recursos, etc., fideicomitidos (II);
• El mismo Proyecto en el artículo 13 que establece que los fideicomisos públicos prepararán sus reglamentos internos de contrataciones; implica modificación a la Ley No.340-06 en sus artículos 4, 36 y 78, que les conceden a la Dirección General de Políticas y Normas de Contrataciones, como Órgano Rector, el rol de preparar el Reglamento General, que como efecto; y al Presidente de la República le corresponde dictarlo y también los reglamentos especiales que rigen específicos procedimientos de Compras y contrataciones de bienes y servicios; Contratación de obras y de  Concesiones; reglamentos en conjuntos con la citada Ley 340 conforman el marco jurídico único y homogéneo con las mejores prácticas internacionales y nacionales en materia de compras y contrataciones públicas, las que se pretenden exceptuar sin justificar porqué (III).

• Igual el Proyecto de Ley en los artículos 15 y siguientes modifica el Código Monetario y Financiero, tras agregarle a la Superintendencia de Bancos potestades de regulación, fiscalización y sanción sobre los fideicomisos públicos, sujetos regulados diferentes a los concebidos por Ley 183-02 (IV).

Con esa modificación disgrega más la supervisión y fiscalización, etc., de los fideicomisos, en lugar de continuar en el ámbito especializando de la Superintendencia de Valores -como es la expectativa razonable desde la Ley 19-00 (modificada por la Ley 247-17) del Mercado de Valores -en cuyas legislaciones el fideicomiso en general es de sus instrumentos claves de inversión, y por consiguiente debería también ser así con uno de sus derivados como en efecto es el Fideicomiso Público.

Sin dejar de clarificar que en la Ley No.189-11 del Mercado Hipotecario otros órganos son reguladores de fideicomisos, por ejemplo la Dirección General de Impuestos Internos fiscaliza, etc., los fideicomisos cuando son sociedades comerciales; pero la idea aquí es destacar que la precitada Ley Monetaria y Financiera 183-02 no es el instrumento de más afinidad en especialidad con los fideicomisos, del que apenas se refiere en el artículo 11 literal “c” inciso 3, como instrumento sugerido para subsanar la incompatibilidad de los miembros de la Junta Monetaria cuando a la vez tengan capital de participación en entidades de intermediación financiera, desde la cual deben separar su patrimonio privado hacia la administración de un fideicomiso; diferente que la Ley 19-00 que dedica sus artículos 3, 4, 76 y 141 al 363 a los fideicomisos.

• Más el indicado Proyecto atañe al Régimen Económico y Financiero en las normas de igualdad y libre competencia, etc., y también por los negocios y en sentido general sus operaciones y sujetos generadores de obligaciones y deberes tributarios, es sin mucha discusión el Proyecto de Ley es inherente al Régimen Tributario, del cual aún debe expresamente incorporar sus disposiciones (V).

Finalmente, ese panorama del Proyecto de Ley en cuestión, lo analizaremos en próximas publicaciones.

JPM

Hace meses urgimos la adopción de políticas de Estado que contribuyan a revertir la preocupante salida masiva de dominicanos que residen en los pueblos fronterizos. La situación ha dado lugar a que espacios que han sido dejados por dominicanos sean ocupados por extranjeros. Pregunté entonces ¿por qué los criollos abandonan sus adorados terruños para irse a la capital o emigrar a España, Estados Unidos y otros países?

Transitando por la avenida independencia en mí Santo Domingo querido llegué a la esquina de la Dr. Delgado y mis ojos vieron el edificio Buenaventura. Ahí por años ha morado, en el poder, Vicepresidenta de la República, secretaria de Educación, y en la oposición, Milagros Ortiz Bosch, la referencia moral e intelectual de la política nacional.