El 27 de febrero de 2026, en su discurso de rendición de cuentas ante el Congreso Nacional, el presidente Luis Abinader anunció lo que llamó “el proyecto logístico más importante jamás concebido para la frontera”: una red de puertos secos bajo régimen de zona franca, con inversión privada superior a los US$300 millones.

La idea lucía simple: ordenar el comercio con Haití, cerrar las brechas del contrabando y convertir las provincias fronterizas en un polo de desarrollo. Pero siete meses después, en Dajabón, la palabra “puerto seco” genera más incertidumbre que aplausos.

El presidente Abinader presentó el proyecto como el complemento al muro físico que su gobierno construye desde 2021. “Ya contamos con un muro fronterizo para proteger nuestro territorio, ahora vamos a impulsar un verdadero muro económico”, dijo ante la Asamblea Nacional.

El modelo se inspira en la frontera México-Estados Unidos, donde los 52 puertos de entrada terrestres concentran el control aduanero, formalizan el comercio y mueven 242 millones de personas al año. En Dajabón, la propuesta implica crear una plataforma logística privada donde toda la mercancía que entra y sale hacia Haití pase por declaración aduanal, inspección sanitaria y almacenamiento en zona franca.

Según el gobierno, esto permitiría dinamizar las provincias fronterizas, aumentar la recaudación fiscal y dar trazabilidad a un intercambio comercial que hoy ronda los US$1,000 millones anuales, pero que se estima es 70% informal.

¿En qué consistiría el puerto seco?

Un puerto seco no es un lugar de compra y venta, sino un centro de servicios logísticos. En la práctica, funcionaría así:

Los camiones dominicanos y haitianos llegan a la plataforma, no al mercado callejero.

Aduanas, Salud y Agricultura revisan, valoran y despachan la carga en un solo punto.

La mercancía se almacena en bodegas de zona franca, se consolida y sale con factura electrónica.

Los pequeños comerciantes deberían formalizarse para operar dentro del sistema.

“Yo no soy de afuera. Yo soy de aquí, aquí crecí y aquí he construido mi vida junto a ustedes”, dijo Héctor Kildere Taveras, empresario local que ha salido a defender el proyecto. Para él, el puerto seco no compite con el mercado, sino que lo fortalece al acercar procesos que hoy se hacen en Santo Domingo.

Sin embargo, la respuesta en Dajabón de los pequeños y medianos comerciantes ha sido de resistencia. El mercado binacional, que opera dos días a la semana, sostiene a más de 3,000 comerciantes y unas 4,000 familias que viven del intercambio directo con Haití desde hace 40 años.

“Si esa mega estructura abastece la demanda, ¿a quién le vamos a vender nosotros? Desaparecemos automáticamente”, advirtió Freddy Morillo, presidente de la Federación de Comerciantes del Mercado Fronterizo.

El alcalde Santiago Riverón fue más directo: “Se favorecería a grandes empresarios, mientras cientos de pequeños negocios simplemente desaparecerían”. Para ellos, el puerto seco es un modelo que desplaza el esfuerzo histórico de los vendedores informales en beneficio de importadores y exportadores con capital para entrar a zona franca.

¿Quiénes ganarían?

El gobierno insiste en que la inversión será 100% privada, pero no ha publicado los nombres de los inversionistas. Hasta octubre 2025, el proyecto no aparece en el Banco de Proyectos de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas, lo que sugiere que aún no ha entrado al proceso formal de licitación.

Voces en la frontera acusan que detrás del proyecto están “grandes empresarios haitianos y dominicanos” que buscan controlar un mercado de más de US$1,000 millones. Héctor Kildere Taveras y Pascal Núñez han salido a dar la cara, pero los comerciantes dicen que ellos representan a un sector empresarial con capacidad para pagar las tasas de zona franca, algo fuera del alcance del vendedor promedio.

Del lado haitiano no hay empresarios nombrados públicamente. El único contrato binacional reciente es de US$542 millones para seguridad fronteriza con Evergreen Trading System Limited y Alex Stewart International, pero no está vinculado directamente al puerto seco.

El nudo del conflicto es la redistribución del ingreso. Hoy, el mercado binacional reparte millones de pesos semanales entre miles de familias de Dajabón, Ouanaminthe y zonas aledañas. Es una economía circular, informal, pero de base amplia.

El puerto seco, según sus defensores, formalizaría esa riqueza, generaría empleos en logística, transporte y servicios, y abriría espacio para profesionales universitarios. “El puerto seco abre la puerta a un ecosistema económico más amplio”, afirma Pascal Núñez.

Para los opositores, formalizar implica concentrar. Al centralizar el comercio en una plataforma privada, el ingreso quedaría en manos de operadores logísticos, importadores grandes y operadores de zona franca. El pequeño y mediano comerciante, dicen, quedaría como empleado o fuera del negocio.

“No puede haber estabilidad donde predomina la informalidad”, respondió Abinader. “La seguridad no se logra solo con vigilancia, se logra también creando empleos, organizando el comercio y generando oportunidades reales para nuestra gente”.

Lo que falta por verse

El proyecto sigue en fase de anuncio. No hay licitación, no hay consorcio adjudicado, no hay contrato firmado. Si entra por la vía de las Alianzas Público-Privadas, los nombres de los inversionistas saldrán en el Banco de Proyectos de la DGAPP. Si se ejecuta como inversión privada pura bajo ley de zonas francas, la información podría permanecer reservada hasta que inicien las obras.

Mientras tanto, en Dajabón el mercado sigue funcionando cada lunes y viernes. Entre los gritos de los vendedores y el ruido de los camiones, la pregunta es la misma: ¿el puerto seco traerá desarrollo para todos, o solo para unos pocos?

La respuesta definirá quién se queda con el “muro económico” que Abinader quiere levantar en la frontera

jpm-am

 La frase “buscando pleito” (o “buscapleitos”) proviene del uso coloquial del término “pleito”, que a su vez tiene origen jurídico y latino. Se refiere a la acción de una persona que provoca, incita o busca activamente una disputa, conflicto o pelea. El término deriva del latín placitum, que originalmente significaba parecer, decisión o sentencia. La persona que realiza esta acción es comúnmente llamada “buscapleitos”.

Según los registros históricos, aparte de la invasión de tropas británicas a Washington D. C., en 1814, durante la Guerra de 1812, y del ataque del Imperio japonés a Pearl Harbor, Hawái, en 1941, Estados Unidos nunca ha sufrido una guerra moderna prolongada dentro de su territorio continental. Después de la Segunda Guerra Mundial, literalmente, no ha experimentado en su patio la devastación que han padecido otras naciones. La mayor parte de sus guerras han sido libradas en territorio extranjero.

Una guerra en tu territorio, significa ciudades bombardeadas y asaltadas por un ejército extranjero; significa una población civil atrapada dentro de la zona de peligro. La sociedad y los sistemas que sostienen la vida cotidiana colapsan o quedan gravemente comprometidos. Cada día se vive con miedo y ansiedad. Eso es una guerra de verdad. La sociedad norteamericana, en términos generales, nunca ha sufrido de manera directa, el nivel de destrucción moderna, porque las guerras contemporáneas no se desarrollan en su patio.

Desde el fin de la Guerra de Vietnam, en 1975, hasta mayo de 2026, Estados Unidos ha participado en numerosos conflictos armados, intervenciones militares e invasiones en patios ajenos. Veamos: Granada (1983); Libia (1986); Panamá (1989-1990); Guerra del Golfo Pérsico (1990-1991), mediante la Operación Tormenta del Desierto para liberar Kuwait; Somalia (1992-1993); Bosnia y Kosovo (1994-1999); Afganistán (2001-2021); Libia (2011), entre otras operaciones militares. Diversos informes indican que una gran parte de las intervenciones militares estadounidenses se han producido después de 1989.

Washington, ha invocado distintas justificaciones para sus intervenciones militares a lo largo de su historia, variando según el contexto geopolítico de cada época. Las principales razones esgrimidas suelen agruparse en la defensa de la seguridad nacional, la promoción de la democracia, la protección de intereses económicos y la estabilidad regional.

Hoy, Washington traslada nuevamente sus tensiones al patio del Medio Oriente, junto a Israel, bajo el argumento de la seguridad nacional y la lucha contra el terrorismo, alegando preocupación por el enriquecimiento de uranio de Irán y el posible desarrollo de armamento nuclear. Ese argumento recuerda el utilizado para la invasión de Irak en 2003, cuando Washington aseguró que Saddam Hussein poseía armas de destrucción masiva, afirmación que posteriormente resultó falsa.

Estados Unidos también ha realizado operaciones militares contra intereses iraníes en distintos momentos, justificándose como acciones de autodefensa o protección del tráfico marítimo en la región. Irán, por su parte, mantiene una postura desafiante y responde con amenazas y acciones indirectas a través de aliados regionales. La situación entre Washington y Teherán sigue siendo peligrosa debido a negociaciones inestables, incidentes militares y el riesgo permanente de una escalada regional. El orgullo político y estratégico de ambas partes mantiene estancados muchos intentos de entendimiento.

Mientras tanto, el mundo continúa atrapado en una crisis económica marcada por la incertidumbre geopolítica. Las tensiones en Medio Oriente generan volatilidad en los precios del petróleo y afectan los mercados internacionales. Aumentan los combustibles y los productos básicos de primera necesidad, mientras muchas monedas pierden valor frente a la inflación global. Al tenor de los acontecimientos, esta crisis parece no tener fecha de caducidad.

jpm-am