CANADA: Emiten orden arresto contra padre desaparecido con niños dominicanos

EDMONTON, Canadá.- La Policía de Edmonton emitió órdenes de arresto en todo Canadá contra el padre que desapareció en agosto con sus dos hijos de origen dominicano, por presunto secuestro en violación de custodia.

«El 23 de septiembre de 2026, se emitieron órdenes de arresto en todo Canadá contra Scot MacDermid en relación con el secuestro en contravención de una orden de custodia (x2)», indicó el cuerpo en un comunicado este miércoles.

MacDermid, de 42 años, enfrenta dos cargos por el presunto secuestro de George, de 6 años, y Lesley, de 9. Los cargos fueron presentados el 4 de septiembre, según registros judiciales. La acusación aplica cuando un padre sustrae u oculta a un menor de 14 años violando una orden de custodia o visitas.

DESAPARECIDOS DESDE AGOSTO

La Policía había pedido ayuda el 8 de septiembre para localizarlos. Fueron vistos por última vez el 28 de agosto en Manning Town Centre, un centro comercial en el noreste de Edmonton.

Lo más reciente es que fueron vistos ese mismo día a las 6:30 de la tarde en Lloydminster, ciudad en la frontera entre Alberta y Saskatchewan. Se desconoce la ruta posterior.

Fueron vistos con un hombre desconocido, que luego fue identificado y entrevistado. Su foto fue retirada del aviso.

La Policía dijo que el caso no cumple por ahora con los criterios para una Alerta Amber, que exige indicios de secuestro y peligro físico inminente.

«La Alerta Amber es una herramienta más. Encontrar a Lesley y George sigue siendo nuestra máxima prioridad», dijo el sargento Robert Davis, de Protección Infantil. «Estamos trabajando para localizar a los niños sanos y salvos».

DISPUTA POR CUSTODIA

Según CBC, que cita registros judiciales, MacDermid mantuvo una disputa por custodia con la madre, no identificada. En 2024 alegó que ella sacó ilegalmente a los niños del país y los llevó a Canadá.

Un juez falló a favor de la madre y determinó que la residencia habitual de los niños era Edmonton y no República Dominicana. La apelación fue desestimada el 14 de junio de 2024.

El fallo indica que MacDermid «nació y se crió en Canadá», con empresas en Alberta e intereses en RD, mientras la madre «nació y se crió en República Dominicana, pero reside permanentemente en Canadá desde 2018».

Se casaron en 2016 en Edmonton y se separaron el 26 de junio de 2023. Vivieron en Edmonton y en Puerto Plata.

BÚSQUEDA

MacDermid mide cinco pies cinco pulgadas, 160 libras, cabello castaño y ojos azules. George mide cuatro pies dos pulgadas, 45 libras, cabello castaño y ojos marrones. Lesley mide cuatro pies cuatro pulgadas, 45 libras, cabello castaño y ojos marrones.

«Scot MacDermid no ha podido ser localizado, y ni él ni sus hijos han sido vistos desde el 28 de agosto. Estamos preocupados por su bienestar», señala el aviso.

La Policía pide no acercarse si los ven y reportar al 780-423-4567 o al #377 desde móvil, o de forma anónima a Crime Stoppers al 1-800-222-8477.

N. JERSEY: Exige a JCE soluciones diáfanas para la nueva cédula

NUEVA JERSEY.- El empresario dominicano Ángel Mota Ramírez hizo un llamado enérgico a la Junta Central Electoral (JCE) para que busque soluciones diáfanas y claras al impasse que afecta a la comunidad dominicana en el exterior con la emisión de la nueva Cédula de Identidad y Electoral.

Explicó que obtener el nuevo documento no puede convertirse en un proceso tortuoso para una comunidad que trabaja sin descanso para mantener a sus familias y sostener la economía nacional.

«Nosotros somos la columna vertebral y el eje transversal de la economía dominicana. Aportamos más de 10 mil millones de dólares al año en remesas, enviamos miles de contenedores con alimentos, medicinas y enseres, y somos parte esencial del turismo. No pedimos nada regalado, solo un documento que nos pertenece por derecho como ciudadanos dominicanos», expresó.

El también líder comunitario advirtió que la tardanza en empoderar a los electores del exterior genera suspicacia y preocupación, ya que el voto de la diáspora puede determinar unas elecciones presidenciales y congresuales.

«Tengo la percepción de que la lentitud no es casual. En las elecciones de 2028 el pueblo dominicano dará muchas sorpresas a los partidos tradicionales que han gobernado por tantos años sin resolver un solo problema del país», afirmó.

Recordó que la JCE inició la cedulación en el exterior el 20 de mayo a través de http://citas.jce.gob.do, pero que la capacidad actual resulta insuficiente para atender la demanda en ciudades como Nueva York y Nueva Jersey.

Finalmente, exhortó a las autoridades competentes a continuar su arduo trabajo para que cada dominicano obtenga su identificación y pueda hacer frente a los grandes retos de construir una mejor nación para todos.

«No se puede coartar ni restringir lo que por tantos años y tanta sangre nos costó, que es la libertad de expresión en las urnas», concluyó.

Solidaridad selectiva de las ONG prohaitianas (OPINION)

Hay una pregunta que nadie se atreve a hacer en voz alta en Santo Domingo, pero que todo el mundo se hace en la intimidad: Si estas ONG son tan defensoras de los derechos humanos, de las fronteras abiertas y de la migración sin condiciones, ¿por qué no hacen el mismo trabajo en Texas, en Arizona o en Florida?

La respuesta es simple, brutal y explica todo: Porque en República Dominicana pueden hacer lo que en Estados Unidos sería delito, cierre inmediato y deportación de sus directivos.

No estamos hablando de ayuda humanitaria. Estamos hablando de un modelo de negocio. Y como todo modelo de negocio, necesita un país permisivo para operar.

Aquí las razones estructurales por las que este activismo no es exportable:

1. En República Dominicana viven del chantaje moral, en EE.UU. se enfrentarían al Estado.

El discurso que usan aquí es: «Si controlas tu frontera, eres racista». Es una fórmula que funciona perfecto en una isla pequeña, acomplejada por su historia y sensible a la presión internacional.

Intenta hacer eso en EE.UU. Intenta ir a la frontera de Eagle Pass, Texas, y decirle a la Border Patrol que no puede deportar a un indocumentado porque «tiene derecho adquirido». Intenta demandar al Estado de Florida por pedir papeles para trabajar. Te responden con la ley federal de inmigración, con 8 U.S.C. § 1324, que criminaliza el transporte y albergue de ilegales. Allá no eres «defensor de derechos», eres traficante.

En República Dominicana piden desobediencia a la Ley de Migración. En EE.UU. jamás se atreverían a pedir desobediencia a la Ley de Migración.

2. El doble rasero de la soberanía.

Ninguna de estas ONG cuestiona que Estados Unidos tenga derecho a tener un muro, a tener ICE, a deportar a 300 mil personas al año, a poner en jaulas a niños migrantes en la era Obama y Biden. Nadie cuestiona que Bahamas deporte haitianos encadenados. Nadie cuestiona que Canadá tenga un sistema de puntos migratorio durísimo.

Solo la soberanía dominicana es ilegítima. Solo nosotros no tenemos derecho a definir quién entra a nuestra casa. Es un racismo invertido: asumen que el dominicano no tiene la madurez para tener un Estado como lo tiene un norteamericano.

3. Porque su financiamiento depende de que República Dominicana siga siendo el problema.

Vamos a decirlo sin eufemismos: Si mañana Haití fuera un país funcional y no hubiera migración irregular hacia RD, 80% de estas ONG quebrarían. Su presupuesto no viene de cuotas de dominicanos. Viene de USAID, de fundaciones europeas, de Open Society, de agencias que necesitan un informe anual de «abusos» para justificar el próximo desembolso.

En EE.UU. ese dinero no existe. Allá el financiamiento filantrópico es para defender al migrante dentro de EE.UU., no para atacar al propio Estado americano. Ninguna fundación de Washington te va a pagar para decir que Estados Unidos es un estado de apartheid. Pero sí te paga para decir que República Dominicana lo es. Es más barato, más exótico y sin consecuencias legales para ellos.

Es la industria de la pobreza ajena. Necesitan un villano barato. RD es el villano perfecto: habla español, es negro y mestizo también, no tiene lobby en Washington, y no te va a cerrar la fundación.

4. En EE.UU. rige la ley, en RD rige el show mediático.

Aquí el modus operandi es conocido: Un extranjero sin papeles es detenido. La ONG lo graba, lo sube a redes, llama a un periodista extranjero amigo, dice «cacería humana», logra una medida cautelar de la CIDH. El Estado dominicano, débil institucionalmente, retrocede.

Haz eso en EE.UU. Te encuentras con un juez federal de inmigración que en 5 minutos te desestima. Te encuentras con un sistema que no le importa tu video de TikTok. Te encuentras con el Departamento de Seguridad Nacional. Allá el show no sustituye al expediente.

Por eso aman operar en RD. Porque aquí un comunicado de prensa pesa más que una sentencia del Tribunal Constitucional. En EE.UU. es al revés.

5. No defienden haitianos, defienden haitianos en República Dominicana.

Esta es la prueba definitiva de su hipocresía. ¿Dónde estaban estas ONG cuando República Dominicana cargó sola con el 99% de la ayuda tras el terremoto de Haití de 2010? ¿Dónde están cuando los haitianos son masacrados en la frontera haitiana por las bandas? ¿Dónde están para exigirle a Francia que pague la deuda de la independencia? ¿Dónde están para exigirle a EE.UU. y Canadá que frenen el tráfico de armas que alimenta a las bandas haitianas?

No están. Porque el haitiano solo les importa cuando sirve para acusar al dominicano. No les interesa Haití. Les interesa usar a Haití contra República Dominicana. Es un proxy moral.

Si fueran realmente pro-haitianas, estarían en Puerto Príncipe, exigiendo hospitales, escuelas y seguridad. Pero en Puerto Príncipe las secuestran. En Santo Domingo les dan oficinas en Piantini con aire acondicionado.

Conclusión: No son ONG, son aduaneros ideológicos.

No quieren regular la migración. Quieren administrarla. Quieren ser ellos quienes decidan quién entra, quién se queda y quién tiene papeles, por encima del Estado dominicano. Es una privatización de la soberanía.

Y no funcionarían en EE.UU. por una razón elemental que todo dominicano entiende en su casa: Tú no puedes ir a la casa del vecino a decirle cómo debe criar a sus hijos, si en tu propia casa no te dejan ni entrar a la sala.

El día que una de estas ONG se atreva a plantar un campamento en la frontera de México con EE.UU. para impedir deportaciones, a demandar al gobierno de Trump por «racista» ante la OEA, y a exigir que Texas dé nacionalidad automática a hijos de ilegales, ese día las tomaremos en serio.

Mientras tanto, seguirán haciendo lo único que saben hacer: Negocio próspero en país ajeno, con dolor ajeno, y con valentía que no se atreven a tener en el país que les paga.

JPM

Arquitectura de la república (IX)

Por VICTOR GARRIDO PERALTA

Hay una diferencia entre equivocarse y no saber corregirse. La primera es humana; la segunda puede convertirse en una enfermedad institucional. Una política pública puede haber sido razonable cuando fue diseñada y dejar de serlo cuando cambia el contexto. Una reforma puede producir resultados prometedores y después perder eficacia.

Una institución puede haber sido creada para resolver un problema y terminar creando otro. Nada de eso debería escandalizar a una República. Lo verdaderamente preocupante comienza cuando la evidencia cambia y la conducta no.

El capítulo anterior llegó hasta un punto fundamental: una República no aprende simplemente porque acumula experiencias. Aprende cuando convierte esas experiencias en conocimiento, conserva ese conocimiento y lo pone a disposición de decisiones futuras.

Pero recordar tampoco basta. Una República puede tener memoria, producir informes, almacenar estadísticas y publicar evaluaciones, y aun así continuar haciendo lo mismo. Puede saber que una política no funciona y mantenerla intacta. Aprender carece de sentido si aquello aprendido no modifica la conducta.

Cambiar no es corregir

Los gobiernos cambian cosas constantemente. Cambian ministros, leyes, instituciones, programas y presupuestos. Pero el movimiento, por sí mismo, no demuestra progreso. Una política puede cambiar por una elección, una protesta, una crisis o una presión de intereses. También puede cambiar porque apareció nueva evidencia y alguien comprendió que la política anterior debía modificarse.

Cambiar significa hacer algo diferente; corregir significa hacerlo diferente porque hemos aprendido que lo anterior debía cambiar. No todo cambio es aprendizaje, no todo aprendizaje produce cambio y una corrección tampoco garantiza una mejora.

Primero hay que localizar el fracaso

Cuando un tratamiento fracasa, el médico no lo sustituye arbitrariamente. Pregunta qué ocurrió: ¿era correcto el diagnóstico?, ¿falló el diseño, la implementación o la medición?, ¿cambió el contexto?, ¿apareció nueva evidencia? La política pública debería hacerse preguntas semejantes.

Cuando un programa fracasa, puede haber fallado el diagnóstico, la teoría causal, el diseño, la ejecución, la capacidad institucional o la medición. No basta saber que una política falló. Hay que saber dónde y por qué. Una reforma no es una verdad revelada; es una hipótesis puesta a prueba por la realidad.

El Estado dominicano ya mide

La República Dominicana no parte de cero. Posee instrumentos de monitoreo y evaluación de políticas públicas. El Ministerio de Economía los ha definido como herramientas para identificar desafíos de implementación, oportunidades de mejora y permitir ajustes oportunos. La cuestión, entonces, no es afirmar que el Estado no evalúa.

La pregunta más rigurosa es otra: ¿en qué medida la evaluación modifica efectivamente las políticas, los procedimientos y las decisiones posteriores? Ahí comienza el verdadero problema, porque entre una evaluación y una corrección tienen que pasar intereses, incentivos, burocracia, restricciones presupuestarias y costos políticos.

Una República puede saber que algo funciona mal y, aun así, no corregirlo. La política existente produce consecuencias; esas consecuencias crean beneficiarios; los beneficiarios desarrollan intereses; y esos intereses pueden terminar defendiendo la permanencia de aquello que la evidencia recomienda modificar.

La corrección deja entonces de ser únicamente una cuestión de conocimiento. Se convierte también en una cuestión de poder. ¿Qué fuerzas tienen interés en que aquello que sabemos no cambie nada? Ésta es una de las preguntas más incómodas que debe formular una República que aspire a gobernarse a partir de evidencia y no únicamente a partir de intereses.

El costo de admitir que uno se equivocó

Corregir tiene además un costo político. Una autoridad que modifica una política porque recibió nueva evidencia puede ser acusada de inconsistencia. Un gobierno que reconoce que una reforma fracasó puede ser acusado de fracaso. Así nace uno de los enemigos más peligrosos del aprendizaje: el incentivo a ocultar las malas noticias.

Pero responsabilidad y aprendizaje no son enemigos. Hay que distinguir entre un error de buena fe, la negligencia y la corrupción deliberada. El corrupto debe responder. El negligente también.

Pero quien tomó una decisión razonable con la información disponible y obtuvo un resultado adverso puede estar proporcionando precisamente la información que el sistema necesita para mejorar.

Una institución que castiga automáticamente a quien comunica un error termina creando incentivos para esconderlo. Un hospital que oculta una complicación para proteger su reputación no se vuelve más seguro; se vuelve menos capaz de aprender. Una República que oculta sus malas noticias tampoco se vuelve más fuerte. Se vuelve menos capaz de corregirse.

La estabilidad no consiste en no cambiar

Una República necesita continuidad. Pero continuidad no significa inmovilidad. Una institución saludable debe poder conservar lo que funciona, modificar lo que falla y abandonar lo que dejó de servir.

La estabilidad verdadera consiste en mantener los principios mientras se modifican los instrumentos cuando la evidencia, interpretada mediante juicio, demuestra que debe hacerse. Un Estado rígido puede parecer estable hasta que la realidad cambia más rápido que él. Entonces la estabilidad se convierte en fragilidad.

Corregir tampoco significa necesariamente construir algo nuevo. Puede significar cambiar un procedimiento, modificar un incentivo, reasignar recursos, mejorar la información o abandonar una política. La pregunta correcta no siempre es: ¿qué nueva institución debemos crear? Puede ser mucho más sencilla y exigente: ¿qué es lo mínimo que debemos cambiar para producir la mejora necesaria?

La corrección también puede enfermar

Existe, además, un último peligro: la corrección también puede producir daño. Puede modificarse una política con buena intención y ejecutarse mal. Puede resolverse un problema y crear otro. Por eso el ciclo no termina en la corrección. Después de corregir hay que volver a evaluar.

El fracaso puede exigir un nuevo diagnóstico; la nueva evidencia, un nuevo juicio; y el nuevo juicio, una nueva decisión. Así, la arquitectura que hemos venido construyendo adquiere una forma circular: observar, interpretar, diagnosticar, decidir, intervenir, ejecutar, evaluar, aprender, recordar, corregir y volver a decidir.

El derecho a cambiar de opinión

Existe una idea política que merece mayor respeto: cambiar de opinión cuando cambia la evidencia. En una cultura política inmadura puede parecer debilidad. En una institución madura es una señal de inteligencia. Una autoridad debería poder decir: “Esto era lo que creíamos. Esto fue lo que ocurrió. Esta es la evidencia nueva. Por tanto, debemos cambiar”. Eso no es inconsistencia. Es aprendizaje.

La verdadera inconsistencia sería conocer que la realidad contradice nuestra hipótesis y continuar actuando como si no lo hiciera. Una República que no puede cambiar de opinión queda prisionera de sus propias declaraciones anteriores. Y entonces el pasado deja de ser memoria. Se convierte en mandato.

¿Qué impide corregir?

Saber qué debe cambiar no garantiza que pueda cambiarse. La corrección redistribuye dinero, poder, privilegios, responsabilidades y oportunidades. Una institución puede defender su presupuesto. Un grupo puede perder privilegios.

Un gobierno puede temer el costo electoral. Por eso la pregunta decisiva no es solamente: ¿qué sabemos? Es esta: ¿qué fuerzas tienen interés en que aquello que sabemos no cambie nada?

La prueba definitiva

Para saber si una institución realmente aprendió, no basta preguntar si tiene informes, indicadores o evaluaciones. Hay que formular una pregunta más incómoda: ¿qué decisión posterior fue diferente porque una decisión anterior produjo conocimiento? Ésa es la prueba. Si no podemos identificar ninguna, quizá hubo información, evaluación o memoria, pero todavía no podemos demostrar aprendizaje con consecuencias.

Si, en cambio, una decisión posterior cambió porque una experiencia anterior produjo conocimiento, la institución ha empezado a aprender de sí misma. Entonces la memoria deja de ser archivo y se convierte en capacidad.

La verdadera madurez republicana

Aquí se completa el movimiento de los capítulos anteriores. La República observa. Interpreta. Diagnostica. Decide. Interviene. La realidad responde. La República evalúa, aprende, recuerda y corrige.

Pero corregir no significa terminar. Significa volver al principio con mejor información. Una República madura conserva la continuidad sin conservar necesariamente los errores. Puede respetar el pasado sin obedecerlo y cambiar de rumbo sin fingir que nunca estuvo equivocada.

Porque recordar sin cambiar es archivar. Cambiar sin aprender es improvisar. Y corregir sin evaluar puede producir una nueva enfermedad. Una República no demuestra que aprendió cuando reconoce su error. Lo demuestra cuando hace algo diferente porque aprendió. Y quizá ésa sea una de las pruebas más exigentes de la madurez política: no si una República puede gobernar, sino si puede corregirse sin destruirse.

jpm-am

Incorporan cientos de agentes para prevenir la violencia en RD

Santo Domingo, 1 sep.- República Dominicana incorporó hoy a cientos de agentes de la Policía Nacional a una consulta destinada a recoger experiencias y propuestas de hombres de distintos sectores sociales para fortalecer la prevención de la violencia de género.

La participación de los agentes tuvo lugar durante el panel «Voces que aportan soluciones desde la población masculina», organizado por el Ministerio de la Mujer y la Policía Nacional como parte de la Consulta Nacional para la Reducción de Riesgos de Violencia hacia las Mujeres.

El encuentro procuró propiciar un intercambio directo con los uniformados sobre el papel de los varones en la mitigación de conductas agresivas y recopilar aportes que contribuyan a mejorar las acciones y respuestas institucionales.

MINISTRA DE LA MUJER DESTACA LA INTEGRACION AGENTES

La ministra de la Mujer, Gloria Reyes, destacó la importancia de involucrar a la Policía Nacional debido a su presencia en todo el territorio y al contacto permanente de sus integrantes con las comunidades.

Según explicó, esa cercanía permite a los agentes identificar situaciones que afectan la convivencia, la seguridad familiar y la tranquilidad en los barrios.

Durante el panel se analizaron asuntos relacionados con la construcción de masculinidades sustentadas en el respeto y la igualdad, la identificación de señales de alerta y la reducción de comportamientos violentos.

También se abordaron factores individuales, familiares, sociales e institucionales que pueden favorecer estas conductas, así como herramientas para manejar emociones como la ira, los celos y la frustración sin recurrir al maltrato.

OTROS TEMAS

Otro de los temas tratados fue la responsabilidad de los hombres cuando conocen casos de abuso en su entorno, la importancia de evitar la revictimización de las mujeres que denuncian y la necesidad de superar la idea de que la violencia intrafamiliar constituye un asunto privado.

La jornada concluyó con la explicación del instrumento de la Consulta Nacional y su aplicación a los participantes. Las opiniones y propuestas recogidas serán utilizadas como insumos para las recomendaciones que resulten del proceso.

El panel estuvo encabezado por Gloria Reyes y el subdirector general de la Policía Nacional, general Esteban Figuereo García, con la participación de especialistas del Ministerio Público, la Policía y el Ministerio de la Mujer.

of-am

Lo que aplaudimos termina gobernándonos

No siempre admiramos por complicidad. A veces admiramos porque estamos cansados, porque alguien expresa nuestra rabia o nos hace sentir escuchados, o porque confundimos “resolver” con servir.

El cansancio puede explicar nuestra admiración. Pero no debe sustituir nuestro discernimiento.

¿Cómo es posible que personas seriamente cuestionadas por corrupción sean tratadas como celebridades y respaldadas en las urnas? ¿Cómo aceptamos que quienes ejercieron funciones públicas exhiban patrimonios difíciles de conciliar con sus ingresos sin exigir explicaciones? ¿Y cómo devolvemos la confianza a quienes tuvieron la oportunidad de servir y usaron el poder para servirse?

La pregunta más incómoda no es solo qué hicieron ellos. Es qué hacemos nosotros después.

Ninguna figura se convierte sola en referente. La construimos con atención, aplausos, fotografías y aquello que justificamos porque entretiene, tiene dinero, “resuelve” o pertenece al partido con el que simpatizamos.

Antes de votar con la cédula, votamos culturalmente.

La corrupción no siempre se lava en un banco. A veces la lavamos nosotros con aplausos.

Palacio Nacional

Aparece una fortuna que nadie explica. Llegan mansiones, yipetas, relojes y viajes. Y, en lugar de crecer nuestras preguntas, crece nuestra admiración.

No se trata de condenar la riqueza ni de convertir señalamientos en sentencias. Una democracia seria respeta el debido proceso y el derecho ciudadano a preguntar, investigar y exigir cuentas.

Una nación que aspira a progresar debe celebrar a quien trabaja, emprende, innova y prospera legítimamente. Por eso debemos preguntar: ¿de dónde salió todo ese dinero?

Preguntar no es envidia. Es ciudadanía.

Cuando esa fortuna busca influencia o poder político, la pregunta se vuelve democrática. Quien quiere administrar el patrimonio de todos debe explicar el suyo.

Alguien puede apropiarse de recursos para escuelas, hospitales, agua, seguridad y oportunidades y luego regresar, rodeado de opulencia, a repartir fundas, favores o unos cuantos pesos.

Nos quitan derechos y nos devuelven migajas.

La necesidad jamás deshonra a quien recibe. Deshonra a quien la utiliza para comprar gratitud, silencio o votos. El problema no es solo el saqueo: es convertir al ciudadano en cliente y el derecho en deuda de agradecimiento.

Después ocurre algo peor: olvidamos.

A quien nunca ha gobernado no debemos evaluarlo solo por sus propuestas. También cuentan su trayectoria, la coherencia entre palabras y hechos, la credibilidad, el aporte cívico y social y el uso de sus responsabilidades, recursos e influencia.

La candidatura puede ser nueva. El carácter no comienza con ella.

Quien ya gobernó debe responder por su historial: qué hizo, qué permitió, cómo administró, a quién protegió y si dejó una institución mejor o una red de privilegios para allegados y socios políticos.

Quien juró cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes debe responder por la distancia entre aquel juramento y su manera de ejercer el poder.

Cambian los afiches, las consignas, las alianzas y hasta los partidos. Pero el historial permanece.

Las urnas no son una lavandería de reputaciones.

Además de la impunidad, la corrupción tiene otro aliado poderoso: nuestra amnesia ciudadana.

Esto explica el hartazgo: promesas que regresan cada cuatro años, dirigentes que aparecen cuando necesitan votos y desaparecen cuando necesitamos respuestas, nombres que cambian mientras las prácticas sobreviven.

Ese hartazgo es legítimo. Pero no debemos permitir que también nos lo roben.

Una sociedad decepcionada puede buscar no a quien mejor la conduzca, sino a quien mejor represente su rabia. Puede confundir irreverencia con carácter, agresión con franqueza, espectáculo con autenticidad y popularidad con capacidad.

El sistema no siempre combate el cambio. A veces lo captura.

Puede cambiar de rostro y de lenguaje, sustituir el mitin por un live y conservar el personalismo, los favores, el dinero sin explicar y el poder sin límites.

Ser diferente no consiste en parecerse menos a los políticos. Consiste en hacer política de manera diferente.

Conectar con millones y recuperar la atención de ciudadanos desencantados tiene mérito. Pero gobernar una República exige mucho más: principios, preparación, discernimiento, carácter y coherencia entre discurso, trayectoria y conducta.

Hablar fuerte no es tener carácter. Humillar no es ejercer autoridad. Hacer reír no es saber gobernar. Repartir dinero no es servir.

Audiencia no es ciudadanía.

La popularidad puede abrir las puertas del poder, pero no demuestra qué hará alguien cuando la decisión correcta sea impopular, cuando deba decir que no o cuando hacer lo correcto no produzca aplausos.

Y aquí debemos regresar al espejo.

Cada vez que convertimos dinero en respetabilidad, humillación en autenticidad, fama en mérito, dádivas en generosidad o notoriedad en liderazgo, estamos enseñando.

Una sociedad educa también con sus aplausos.

Nuestros hijos observan qué produce respeto, qué abre puertas y qué significa triunfar.

En el Frente Cívico y Social creemos que cambiar de presidente no basta: la República también debe transformar su sistema de prestigios.

Volvamos a admirar al que cumple, trabaja bien, prospera sin atropellar, sirve sin servirse, ejerce influencia con responsabilidad y conserva sus principios cuando nadie está mirando.

No necesitamos apagar nuestra indignación. Necesitamos convertirla en criterio.

Necesitamos memoria para juzgar a quien ya tuvo poder, discernimiento para evaluar a quien aspira a ejercerlo y carácter ciudadano para dejar de premiar aquello que después decimos combatir.

Porque mucho antes de llegar al Palacio, el poder comienza a construirse en nuestra cultura.

Y, al final, una nación termina pareciéndose a aquello que premia, a aquello que tolera y, sobre todo, a aquello que decide admirar.

jpm-am

RD llevará ante ONU situación inseguridad y pandillas Haití

SANTO DOMINGO.- República Dominicana llevará nuevamente ante las Naciones Unidas la situación de seguridad en Haití y abogará por la renovación del mandato de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF). informó el ministro de Relaciones Exteriores, Víctor Bisonó.

Lo hará  durante la participación del país en la Asamblea General de la ONU, del 8 al 22 de septiembre en Nueva York.  «Vamos ahora a la Asamblea de la ONU de Nueva York y estamos hablando de la renovación del mandato de fuerzas de intervención en la vecina Haití», expresó.

Indicó que la situación haitiana no es una preocupación exclusiva de República Dominicana sino que tiene implicaciones regionales y globales.

«Es algo que también a ellos les preocupa porque no solamente República Dominicana, que es la primera porque comparte frontera, sino que es un aspecto global mundial», afirmó Bisonó tras participar en la colocación de una ofrenda floral en el Altar de la Patria.

CONTINUIDAD POSICIÓN RD

La postura expresada por Bisonó da continuidad a los planteamientos que el Gobierno dominicano ha llevado en los últimos meses ante el Consejo de Seguridad.

En julio, el entonces canciller Roberto Álvarez pidió al organismo renovar el mandato de la GSF y acelerar el despliegue de los contingentes comprometidos, al considerar que la seguridad es indispensable para que Haití pueda avanzar hacia elecciones libres y recuperar sus instituciones.

La GSF fue autorizada por el Consejo de Seguridad en septiembre de 2025 para sustituir a la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad. La nueva fuerza puede contar con hasta 5,500 efectivos y tiene como objetivo apoyar a las autoridades haitianas en el combate contra las bandas armadas.

La necesidad de mantener y fortalecer la misión cobró mayor relevancia luego de que el Consejo de Seguridad analizara esta semana la situación en Haití tras los ataques registrados en Kenscoff, que dejaron 47 muertos y más de 50 secuestrados.

sp-am

 

Antigua Orden Dominicana anuncia incursión en política

MOCA, Espaillat.– La entidad Antigua Orden Dominicana (AOD) anunció un cambio en la estrategia y dejó abierta la posibilidad de incursionar directamente en la política electoral mediante la creación de un partido.

“Tenemos que luchar por el poder”, afirmó el dirigente de la AOD, Angelo Vásquez, antes de que este grupo realizara una marcha en esta ciudad.

Vestidos de negro, con insignias patrióticas y al ritmo de consignas como “Patria o muerte” y “Unidad para vencer”, decenas de seguidores de la AOD se concentraron en los alrededores del parque Duarte,  de aquí, y luego recorrieron distintas calles.

La AOD es una entidad  dominicana de extrema derecha, liderada por Ángelo Alexander Vásquez Hernández. Se define a sí misma como una entidad nacionalista, conservadora y provida. Diversos sectores e investigadores la catalogan como una organización de extrema derecha o ultranacionalista con posturas radicalizadas contra la inmigración ilegal haitiana.  Sus integrantes suelen marchar y congregarse vistiendo uniformes negros de estilo militar y botas de combate, portando la bandera nacional y coreando lemas patrióticos.

MOVILIZACIÓN EN MOCA

La movilización se extendió durante aproximadamente dos horas y reunió a personas procedentes de diferentes localidades de la región.

Vásquez dijo que en reiteradas ocasiones había sido preguntado en medios de comunicación sobre si tenía previsto crear una organización política y reveló que la  AOD ha concluido en que necesita alcanzar el poder político para promover los cambios que, a su juicio, requiere el país.

“No nos interesa ni creemos en la política. Pero no tenemos las armas para hacerlo de otra manera. Nosotros tenemos que arrebatarle el poder a los traidores de este país”, expresó para ser interrumpido a seguidas por aplausos y consignas de respaldo de dos manifestantes.

RECLAMOS DE JUSTICIA

Vásquez dijo que esta decision se debe a los reclamos de justicia por ciudadanos que, según afirmó, han perdido la vida en circunstancias que atribuyó a decisiones o actuaciones de sectores que gobiernan el país.

“Para que haya justicia se necesita que personas como ustedes sean los que decidan el destino de este país”, manifestó.

sp-am

La dedocracia legal que asfixia a la base (OPINION)

Por WILLIAN REYNOSO SANCHEZ

El teatro político dominicano se prepara para una nueva función de cara a los comicios presidenciales del 2028, pero el libreto ya parece estar escrito y ensayado tras bambalinas. Lo que en teoría constitucional debería ser la fiesta de la democracia interna de los partidos, en la práctica se encamina a convertirse en un monólogo de las cúpulas. La costumbre de la imposición, solapada bajo elegantes eufemismos procedimentales, amenaza una vez más con secuestrar la voluntad de la militancia de base.

El panorama que se vislumbra en las principales fuerzas partidarias es el reflejo de una cultura donde el voto universal es sustituido por la discrecionalidad del poder. En la Fuerza del Pueblo (FP), la candidatura de Leonel Fernández camina sobre el riel indiscutible de la «aclamación», evitando de forma calculada ir a unas primarias abiertas donde la militancia elija libremente.

En el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina no permitirá una contienda abierta y proyecta imponer la proclamación del Comité Político, con la ratificación sumisa del Comité Central, para empujar la figura de Gonzalo Castillo (El Penco).

En ambas organizaciones, la democracia interna es una pura ficción: tanto Leonel como Danilo son los dueños de sus parcelas, ahogan de raíz cualquier intento de disenso y, de llegar a celebrar procesos internos, recurrirán a competidores de utilería que se presten a hacerles el juego para vender ante la sociedad una falsa imagen de institucionalidad. Lo que ellos decidan «va a misa».

Viacrucis

Sin embargo, el verdadero «Vía Crucis» se escenificará a lo interno del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM). En este escenario entra en juego la figura de Luis Abinader desempeñando dobles funciones: la de primer mandatario de la Nación y la de presidente del PRM. La intención de consensuar la figura del ministro de Turismo, David Collado, bajo la cobija del sector del presidente Abinader, chocará de frente con el muro de contención del «Hipolitismo».

Para el sector que lidera el expresidente Hipólito Mejía, la meta principal es impulsar las aspiraciones de su hija Carolina Mejía, precandidata presidencial que compite directamente a lo interno contra David Collado. Dejar que la militancia del PRM sea doblegada y «vencida» por el sector de Abinader no será una transición de terciopelo; al grupo de Collado y Abinader le va a costar negociar y ceder muchas cosas.

Negociar con Hipólito Mejía exigirá ceder cuotas de poder de alto calibre para el sector de su hija —desde la Alcaldía y la Senaduría del Distrito Nacional hasta varios Ministerios y Direcciones importantes—; solo así se evitará que el exmandatario le tire «una pasta de jabón al sancocho» de la unidad interna.

La pregunta de fondo es: ¿cómo es posible que el destino electoral de una nación y de sus partidos se decida en negociaciones de aposento? La respuesta se encuentra en el entramado legal vigente.

El blindaje legal del centralismo

La paradoja del sistema electoral dominicano radica en que la misma legislación aprobada para democratizar las organizaciones terminó institucionalizando el caudillismo legalizado. El artículo 45 de la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos consagra que la escogencia de precandidatos se efectúa conforme a los estatutos de cada organización. En su Párrafo II, la ley le otorga el derecho a cada partido de decidir la modalidad, método y tipo de registro de electores o padrón.

Esta manga ancha legal abre las puertas a modalidades como el consenso, las encuestas, la aclamación o las delegaciones de asamblea. Herramientas que, en el papel, buscan flexibilidad organizativa, pero en la realidad sirven como un «traje a la medida» para que las comisiones ejecutivas y comités políticos mantengan el control absoluto y anulen cualquier competencia real.

Aunque el artículo 216 de la Constitución de la República Dominicana exige que la organización de los partidos se ponga bajo el amparo de la democracia interna, y el artículo 30 de la Ley 33-18 consagra explícitamente el Derecho a elección y postulación para los afiliados, estas premisas se convierten en letra muerta cuando los mecanismos directivos imponen sus candidatos predilectos. Asimismo, la Ley Orgánica del Régimen Electoral No. 20-23 supervisa y valida los plazos de estas precampañas y formalizaciones, dejando intacto el poder de las cúpulas para elegir el método que más conveniencia táctica les depare.

El desencanto de las bases y la urgencia de una reforma implacable

El costo de todas estas artimañas lo paga la militancia de abajo, los de la base. Esos dirigentes de barrio, líderes comunitarios y cuadros sectoriales que están de forma permanente registrando, afiliando e identificando votantes por calles y barrancones observan con frustración cómo sus legítimas aspiraciones a cargos municipales, congresuales o presidenciales se desmoronan por acuerdos pactados arriba. La decisión de las cúpulas arruina y tumba sus aspiraciones, no obstante ser líderes genuinos de sus comunidades.

Para frenar esta sangría democrática y hacer que la militancia vuelva a creer y confiar, se hace impostergable una reforma profunda y tácita tanto a la Ley No. 33-18 de Partidos Políticos como a la Ley Orgánica No. 20-23 de Régimen Electoral.

Es urgente erradicar por completo las modalidades de «consenso», «aclamación» y las «decisiones delegadas» de comités ejecutivos o comisiones políticas para la escogencia de candidaturas de elección popular. La legislación debe ser taxativa: el único método democrático y legítimo para la escogencia de autoridades partidarias y candidatos a cargos electivos en las elecciones municipales, congresuales y generales debe ser el voto universal, directo y secreto, mediante primarias únicas y convenciones.

Solo garantizando que reine el voto universal de las bases —y no los acuerdos de aposento ni los montajes teatrales de las cúpulas— se logrará que los ciudadanos y la militancia vuelvan a confiar en los partidos tradicionales como verdaderos instrumentos de la voluntad popular.

jpm-am

EE.UU: Donald Trump reitera que Irán es una «nación fallida»

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este lunes que Irán es una «nación fallida», al asegurar que ya no cuenta con Fuerzas Armadas y que su liderazgo está en «completo desorden».

«Irán es oficialmente una nación fallida. ¡Está muerto! No tienen Armada, ni Fuerza Aérea, ni moneda, no pagan a sus soldados ni a su Policía, la inflación es del 300%, y su liderazgo está en completo desorden y es incapaz de representar adecuadamente al país», escribió el mandatario en su cuenta de Truth Social.

Trump agregó que la República Islámica «solo posee noticias falsas de EE.UU.», así como la «voluntad de matar a sus manifestantes» y un «buen repertorio de mentiras».

En declaraciones previas a Fox News en una entrevista emitida el domingo, el gobernante destacó la efectividad de las sanciones económicas impuestas por la Casa Blanca, afirmando que «nadie había sufrido un golpe así». «Y ahora mismo son una nación en crisis», manifestó.

NUEVA ESCALADA EN ORMUZ

Las declaraciones del inquilino de la Casa Blanca se produjeron en medio de un nuevo ataque estadounidense contra la isla iraní de Larak, que dejó muertos y heridos.

El Comando Central de EE.UU. (CENTCOM) informó que el objetivo del bombardeo eran dos lanzacohetes que, supuestamente, se disponían a lanzar misiles hacia el estrecho de Ormuz. Se trata de la primera ofensiva contra territorio iraní desde finales de julio.

En respuesta a la agresión, las fuerzas iraníes atacaron posiciones de helicópteros y a las fuerzas estadounidenses en la base Al Manhad, en los Emiratos Árabes Unidos.