Arquitectura de la república (IX)

POR VICTOR GARRIDO PERALTA

Hay una diferencia entre equivocarse y no saber corregirse. La primera es humana; la segunda puede convertirse en una enfermedad institucional. Una política pública puede haber sido razonable cuando fue diseñada y dejar de serlo cuando cambia el contexto. Una reforma puede producir resultados prometedores y después perder eficacia.

El capítulo anterior llegó hasta un punto fundamental: una República no aprende simplemente porque acumula experiencias. Aprende cuando convierte esas experiencias en conocimiento, conserva ese conocimiento y lo pone a disposición de decisiones futuras.

Cambiar no es corregir

Los gobiernos cambian cosas constantemente. Cambian ministros, leyes, instituciones, programas y presupuestos. Pero el movimiento, por sí mismo, no demuestra progreso. Una política puede cambiar por una elección, una protesta, una crisis o una presión de intereses. También puede cambiar porque apareció nueva evidencia y alguien comprendió que la política anterior debía modificarse.

Primero hay que localizar el fracaso

Cuando un tratamiento fracasa, el médico no lo sustituye arbitrariamente. Pregunta qué ocurrió: ¿era correcto el diagnóstico?, ¿falló el diseño, la implementación o la medición?, ¿cambió el contexto?, ¿apareció nueva evidencia? La política pública debería hacerse preguntas semejantes.

El Estado dominicano ya mide

La República Dominicana no parte de cero. Posee instrumentos de monitoreo y evaluación de políticas públicas. El Ministerio de Economía los ha definido como herramientas para identificar desafíos de implementación, oportunidades de mejora y permitir ajustes oportunos. La cuestión, entonces, no es afirmar que el Estado no evalúa.

Una República puede saber que algo funciona mal y, aun así, no corregirlo. La política existente produce consecuencias; esas consecuencias crean beneficiarios; los beneficiarios desarrollan intereses; y esos intereses pueden terminar defendiendo la permanencia de aquello que la evidencia recomienda modificar.

El costo de admitir que uno se equivocó

Corregir tiene además un costo político. Una autoridad que modifica una política porque recibió nueva evidencia puede ser acusada de inconsistencia. Un gobierno que reconoce que una reforma fracasó puede ser acusado de fracaso. Así nace uno de los enemigos más peligrosos del aprendizaje: el incentivo a ocultar las malas noticias.

Pero quien tomó una decisión razonable con la información disponible y obtuvo un resultado adverso puede estar proporcionando precisamente la información que el sistema necesita para mejorar.

La estabilidad no consiste en no cambiar

Una República necesita continuidad. Pero continuidad no significa inmovilidad. Una institución saludable debe poder conservar lo que funciona, modificar lo que falla y abandonar lo que dejó de servir.

Corregir tampoco significa necesariamente construir algo nuevo. Puede significar cambiar un procedimiento, modificar un incentivo, reasignar recursos, mejorar la información o abandonar una política. La pregunta correcta no siempre es: ¿qué nueva institución debemos crear? Puede ser mucho más sencilla y exigente: ¿qué es lo mínimo que debemos cambiar para producir la mejora necesaria?

La corrección también puede enfermar

Existe, además, un último peligro: la corrección también puede producir daño. Puede modificarse una política con buena intención y ejecutarse mal. Puede resolverse un problema y crear otro. Por eso el ciclo no termina en la corrección. Después de corregir hay que volver a evaluar.

El derecho a cambiar de opinión

Existe una idea política que merece mayor respeto: cambiar de opinión cuando cambia la evidencia. En una cultura política inmadura puede parecer debilidad. En una institución madura es una señal de inteligencia. Una autoridad debería poder decir: “Esto era lo que creíamos. Esto fue lo que ocurrió. Esta es la evidencia nueva. Por tanto, debemos cambiar”. Eso no es inconsistencia. Es aprendizaje.

La verdadera inconsistencia sería conocer que la realidad contradice nuestra hipótesis y continuar actuando como si no lo hiciera. Una República que no puede cambiar de opinión queda prisionera de sus propias declaraciones anteriores. Y entonces el pasado deja de ser memoria. Se convierte en mandato.

¿Qué impide corregir?

Saber qué debe cambiar no garantiza que pueda cambiarse. La corrección redistribuye dinero, poder, privilegios, responsabilidades y oportunidades. Una institución puede defender su presupuesto. Un grupo puede perder privilegios.

La prueba definitiva

Para saber si una institución realmente aprendió, no basta preguntar si tiene informes, indicadores o evaluaciones. Hay que formular una pregunta más incómoda: ¿qué decisión posterior fue diferente porque una decisión anterior produjo conocimiento? Ésa es la prueba. Si no podemos identificar ninguna, quizá hubo información, evaluación o memoria, pero todavía no podemos demostrar aprendizaje con consecuencias.

Si, en cambio, una decisión posterior cambió porque una experiencia anterior produjo conocimiento, la institución ha empezado a aprender de sí misma. Entonces la memoria deja de ser archivo y se convierte en capacidad.

La verdadera madurez republicana

Aquí se completa el movimiento de los capítulos anteriores. La República observa. Interpreta. Diagnostica. Decide. Interviene. La realidad responde. La República evalúa, aprende, recuerda y corrige.

Porque recordar sin cambiar es archivar. Cambiar sin aprender es improvisar. Y corregir sin evaluar puede producir una nueva enfermedad. Una República no demuestra que aprendió cuando reconoce su error. Lo demuestra cuando hace algo diferente porque aprendió. Y quizá ésa sea una de las pruebas más exigentes de la madurez política: no si una República puede gobernar, sino si puede corregirse sin destruirse.