POR CARLOS SALCEDO

La reciente decisión del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) de escoger a Justiniano Montero Montero como presidente de la Suprema Corte de Justicia (Suprema Corte) y designar seis nuevos magistrados abre una etapa de particular trascendencia para la institucionalidad democrática y el sistema de justicia dominicano. Esta renovación cobra un profundo significado simbólico e institucional al coincidir con la conmemoración del Día de la Constitución – proclamada el 6 de noviembre de 1844–, recordándonos que la vigencia real de nuestro Pacto Fundamental descansa, de manera primordial, en jueces íntegros, independientes y comprometidos con la supremacía de los derechos fundamentales.

Considero justo reconocer la responsabilidad institucional del CNM, tanto por la selección de los nuevos integrantes como por la ratificación de magistrados que continuarán aportando su experiencia y conocimientos al máximo tribunal. El proceso de evaluación y las entrevistas públicas constituyen mecanismos importantes de transparencia y rendición de cuentas en una materia tan sensible para el Estado Constitucional.

La designación de Justiniano Montero Montero tiene, además, una significación especial: la presidencia de la Suprema Corte ha recaído en un magistrado formado en la carrera judicial, con una trayectoria de servicio, experiencia jurisdiccional y preparación académica que le permitirán asumir los desafíos de esa alta responsabilidad.

Compromiso histórico con la institucionalización y el mérito

He sido, durante buena parte de mi ejercicio profesional y de mi participación en la sociedad civil, un abanderado de la institucionalización y el fortalecimiento de la carrera judicial. Desde mi experiencia al frente de FINJUS he defendido que la calidad de la justicia depende, en buena medida, de contar con jueces seleccionados por sus méritos, formados en el conocimiento del derecho, dotados de independencia y comprometidos con los valores constitucionales.

La carrera judicial no es simplemente una sucesión de cargos ni una cuestión de antigüedad. Es un proceso de formación, experiencia, evaluación y crecimiento profesional. Un juez adquiere, con los años, una comprensión profunda de los conflictos humanos, de las garantías procesales y de las consecuencias que sus decisiones tienen sobre la libertad, el patrimonio y la dignidad de las personas.

Una composición fundamentada en la trayectoria judicial

Por eso resulta significativo que cinco de los seis nuevos magistrados provengan de la carrera judicial. Esta composición representa una oportunidad para seguir consolidando una judicatura profesional, cuya legitimidad descanse en el mérito, la capacidad, la independencia y el sentido de justicia.

Diversidad de experiencias bajo una misma cultura constitucional

La incorporación de una profesional procedente del ejercicio privado de la abogacía, la docencia y el arbitraje también puede aportar una perspectiva enriquecedora. La diversidad de experiencias jurídicas no debe ser vista como una contradicción con la carrera judicial. Lo importante es que todos los integrantes de la Suprema Corte compartan una misma cultura constitucional, independencia de criterio y compromiso con la justicia.

Hacia una justicia predecible y garante de derechos

La consolidación de un sistema de justicia confiable exige que las decisiones jurisdiccionales reflejen un equilibrio constante entre la seguridad jurídica y la tutela de los derechos fundamentales. La labor que ahora enfrenta la Suprema Corte de Justicia demanda una vigilancia rigurosa de las garantías procesales, asegurando que cada fallo constituya una obra de razonabilidad y estricto apego al bloque de constitucionalidad.

Retos estructurales y perspectivas de cara al futuro

El porvenir del sistema judicial dominicano descansa en la capacidad de respuesta frente a la mora, en la transparencia de los procesos administrativos y en el fortalecimiento de la independencia interna y externa de los jueces. Con esta nueva integración, el reto principal consistirá en traducir el mérito y la trayectoria en una jurisprudencia previsible, firme y profundamente comprometida con la dignidad de la persona humana.

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POR RAFAEL RAMIREZ

El Gobierno dominicano ha justificado el aumento del marbete vehicular alegando la inflación acumulada y la necesidad de fortalecer las recaudaciones fiscales. Sin embargo, antes de exigir nuevos sacrificios a los contribuyentes, debería responder una pregunta fundamental, ¿se están utilizando eficientemente los recursos públicos? Una reforma fiscal responsable no consiste únicamente en aumentar impuestos, sino también en revisar los gastos, eliminar desperdicios y establecer prioridades. El bolsillo de los dominicanos no puede ser siempre la primera alternativa para equilibrar las finanzas públicas.

Un ejemplo que merece atención es la licitación de RD$630 millones para adquirir ingredientes destinados a preparar habichuelas con dulce durante la Semana Santa de 2027. Se trata de un presupuesto estimado, no de dinero necesariamente gastado. Sin restar importancia a nuestras tradiciones, debemos preguntarnos si este gasto constituye una verdadera prioridad nacional.

Repartir habichuelas con dulce puede representar un gesto de solidaridad, pero no saca a nadie de la pobreza ni mejora de manera sostenible sus condiciones de vida. ¿Cuántas necesidades en alimentación, salud, educación o vivienda podrían atenderse con esos recursos? La verdadera solidaridad no consiste en aliviar una necesidad por un día, sino en crear oportunidades para superarla permanentemente.

También encontramos contrataciones relacionadas con publicidad institucional, eventos, decoraciones y actividades protocolares. Algunas pueden estar justificadas, pero otras merecen una evaluación rigurosa de sus costos y beneficios. El hecho de que una institución haya presupuestado una compra no significa que deba ejecutarla sin revisar su necesidad. Presupuestar es autorizar recursos para determinados fines, no establecer una obligación de gastarlos. La eficiencia comienza cuando el Estado aprende a distinguir entre lo necesario, lo conveniente y lo prescindible.

Según las estimaciones utilizadas para analizar el aumento del marbete, el Gobierno busca obtener aproximadamente RD$1,175 millones adicionales. Resulta significativo que la licitación de las habichuelas con dulce, por sí sola, represente alrededor del 54% de esa cantidad. Esto no significa que todo ese monto pueda ahorrarse, pero demuestra la importancia de examinar las prioridades presupuestarias. ¿Cuántas contrataciones similares existen en las instituciones públicas? La respuesta podría abrir oportunidades de ahorro sin recurrir automáticamente a nuevos impuestos.

El país necesita una política de austeridad inteligente, que preserve los servicios esenciales y elimine gastos injustificados. Antes de aumentar las cargas tributarias, deberían revisarse las compras no prioritarias, la publicidad, los alquileres, las consultorías y las actividades protocolares. Cada peso ahorrado mediante una gestión eficiente representa un peso que no sería necesario obtener mediante impuestos adicionales. Pero esos ahorros deben identificarse, cuantificarse y comprobarse. La transparencia presupuestaria debe traducirse en resultados concretos para la ciudadanía.

La verdadera reforma fiscal debe comenzar por la calidad del gasto público, no solamente por el bolsillo del contribuyente. No podemos exigir permanentemente mayores aportes a una población que también enfrenta los efectos de la inflación y el aumento del costo de la vida.

El Gobierno tiene derecho a procurar ingresos para cumplir sus obligaciones, pero también la responsabilidad de demostrar que administra adecuadamente lo que recibe. Antes de preguntarnos cuánto más deben pagar los dominicanos, preguntémonos cuánto podría ahorrar el Estado. Porque gobernar responsablemente no es gastar todo lo presupuestado, sino gastar únicamente lo necesario.

Finanzas para no financieros.

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POR EZEQUIEL CUEVAS

¿Cuánto cuesta al Estado dominicano sostener sus altas cortes y el Tribunal Superior Administrativo? La respuesta exige sumar salarios, pensiones, regalía pascual, bonificaciones, aportes patronales y personal administrativo. Una evaluación responsable debe distinguir entre la remuneración de los magistrados y el presupuesto completo de cada institución, porque confundir ambos conceptos conduce a conclusiones equivocadas sobre el gasto público.

Tomando como referencia las nóminas consultadas de septiembre y octubre de 2026, el cálculo comprende 13 jueces del Tribunal Constitucional, 17 plazas de la Suprema Corte de Justicia, 16 magistrados del Tribunal Superior Administrativo y cinco titulares del Tribunal Superior Electoral. Son 51 posiciones judiciales, sin incorporar los cinco suplentes del TSE ni el personal administrativo.

Los ingresos brutos mensuales del Constitucional oscilan entre RD$716,857 y RD$835,442; en la Suprema Corte, entre RD$631,500 y RD$634,500; y en el TSA, entre RD$369,376.89 y RD$434,765.63. En el TSE alcanzan RD$506,340 para cada juez titular ordinario y RD$530,687.50 para su presidente. Estos montos incluyen los complementos identificados, por lo que no equivalen exclusivamente al sueldo base.  «Nómina del TSE» (https://tse.do/wp-content/uploads/2026/04/Nomina-Octubre-2026.txt).

Con esas referencias y calculando las 17 plazas de la Suprema Corte, las remuneraciones de los magistrados suman aproximadamente RD$28,981,389.92 mensuales. Mantenerlas durante doce meses representaría RD$347,776,679.04 anuales. Se trata de una proyección, no del gasto anual efectivamente ejecutado; tampoco incluye pensiones, regalía, bonificaciones, aportes patronales, suplencias ni salarios administrativos.

La salida del cargo tampoco elimina necesariamente el gasto estatal. La nómina de septiembre de 2026 del Tribunal Constitucional registra pensiones de exjueces desde RD$329,712 hasta RD$752,154 mensuales. Estos pagos muestran que el costo institucional continúa después del ejercicio activo, aunque sería incorrecto atribuir a todos los antiguos magistrados una pensión idéntica o presumir que cualquier salida genera automáticamente ese derecho.

En el TSE, su reglamento contempla una pensión del 100% del salario bajo determinados requisitos, incluyendo el período completo y quince años de servicio público para los jueces titulares; excluye de la base los gastos funcionales. Además, concluir un mandato no equivale a una destitución disciplinaria. La causa de salida y el régimen aplicable resultan esenciales para determinar los derechos correspondientes.

El presupuesto institucional revela una dimensión mayor: durante septiembre de 2026, el Constitucional ejecutó RD$145,894,331.98 y el TSE RD$89,030,940.46, para un total de RD$234,925,272.44 entre ambos. Estas cifras incluyen funcionamiento institucional y no solamente pagos a jueces. Por eso, no deben sumarse nuevamente a sus nóminas, pues se duplicarían partidas ya comprendidas en la ejecución.  «Ejecución del TSE» (https://tse.do/wp-content/uploads/2026/04/Ejecucion-Presupuestaria-Septiembre-2026.pdf).

Los documentos consultados no permiten establecer un total completo y comparable para los cuatro tribunales: la ejecución del Poder Judicial agrupa gastos de toda su estructura. Se necesita un desglose que identifique cada tribunal, sus pensionados y beneficios anuales. Remunerar dignamente a los jueces protege su independencia; transparentar íntegramente ese costo permite exigir decisiones oportunas, servicios eficientes y una justicia accesible.

La comparación con los maestros dominicanos revela una considerable distancia salarial. Según el MINERD, en 2025 el salario promedio mensual fue de RD$66,509 en primaria y RD$62,598 en secundaria. Frente a este último, las remuneraciones judiciales citadas equivalen aproximadamente a entre seis y trece salarios docentes. Aunque corresponden a períodos distintos, las cifras permiten dimensionar la diferencia entre quienes administran justicia y quienes forman a las nuevas generaciones.

Esta diferencia merece una discusión pública sobre las prioridades del Estado. La responsabilidad judicial justifica una remuneración adecuada, pero la enseñanza también exige preparación, actualización y compromiso social. Una política salarial equitativa debe reconocer ambas funciones, mejorar las condiciones del magisterio y proteger su retiro. La calidad institucional depende tanto de jueces independientes como de maestros que puedan ejercer dignamente su profesión, sin que su bienestar quede relegado.

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El aumento de la criminalidad en la República Dominicana ha vuelto a colocar sobre la mesa el debate acerca de la seguridad ciudadana, la capacidad de respuesta de las autoridades y las condiciones de nuestro sistema penitenciario. En ese contexto, ha trascendido el llamado de las autoridades policiales para que se entreguen unas 53,000 personas contra las cuales existirían órdenes de arresto por presuntas infracciones a las leyes penales.

La cifra es alarmante y merece una reflexión que vaya más allá de la persecución del delito. Porque, si efectivamente las 53,000 personas decidieran entregarse simultáneamente, ¿dónde las recluiría el Estado dominicano?

Esta es la gran interrogante que deben responder las autoridades competentes. No basta con exhortar a quienes tienen asuntos pendientes con la justicia a que se presenten ante ella. También es necesario determinar si contamos con la infraestructura, los recursos humanos, los servicios básicos y el presupuesto necesarios para recibir a semejante cantidad de personas.

Nuestro sistema penitenciario arrastra desde hace años problemas de hacinamiento y sobrepoblación. En sus instalaciones permanecen miles de privados de libertad que todavía no han recibido una sentencia definitiva, muchos de ellos bajo prisión preventiva. Esta realidad plantea serias preocupaciones sobre la administración de la justicia, el respeto al debido proceso y la capacidad del Estado para garantizar condiciones dignas de reclusión.

¿Qué ocurriría si los 53,000 requeridos por la justicia se entregaran mañana?

¿Existen suficientes celdas para alojarlos? ¿Cuántos centros penitenciarios tendrían que habilitarse? ¿Cuánto costaría alimentarlos, proporcionarles atención médica, garantizar su seguridad y mantener la vigilancia durante su permanencia en prisión?

No estamos hablando de una cantidad insignificante de personas. Estamos hablando de una población equivalente a la de una ciudad pequeña, cuya eventual incorporación al sistema penitenciario supondría una presión extraordinaria sobre unas instalaciones que ya enfrentan dificultades.

El Estado tendría que calcular el costo de alimentación, agua, electricidad, medicamentos, personal penitenciario, transporte, vigilancia y demás servicios indispensables. A esto habría que sumar los gastos judiciales derivados de la celebración de audiencias, la asistencia legal y la tramitación de miles de expedientes.

La pregunta económica resulta inevitable: ¿cuánto le costaría al contribuyente dominicano mantener recluidas a 53,000 personas adicionales?

Para responder con seriedad, las autoridades deberían publicar el costo promedio diario de mantener a una persona privada de libertad, la capacidad instalada de los centros penitenciarios y la cantidad de plazas disponibles. Con esos datos podría calcularse el impacto presupuestario de distintos escenarios, sin recurrir a cifras especulativas.

Pero hay otra cuestión que no debemos pasar por alto: una orden de arresto no equivale a una condena. Toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia, a la defensa y a ser juzgada conforme a las garantías establecidas por la Constitución y las leyes. Por tanto, tampoco sería razonable plantear que todas las personas requeridas deban permanecer necesariamente encarceladas, sin distinguir la naturaleza de cada caso y las medidas cautelares que legalmente correspondan.

La prisión preventiva debe responder a los presupuestos legales y no convertirse en una condena anticipada. Cuando existan alternativas previstas por la ley que permitan asegurar la comparecencia de una persona al proceso, proteger a las víctimas y evitar riesgos procesales, corresponde a los jueces evaluar su aplicación de manera individualizada.

Esto no significa restarle importancia a las órdenes de arresto ni minimizar la gravedad de los delitos. Por el contrario, la persecución penal debe ser efectiva, las víctimas merecen justicia y quienes hayan cometido delitos deben responder ante los tribunales. Sin embargo, la eficacia de la justicia no se mide únicamente por el número de arrestos, sino también por la capacidad de investigar, procesar y juzgar los casos dentro de un sistema que respete los derechos fundamentales.

De igual manera, el país necesita fortalecer los mecanismos de investigación criminal, acelerar los procesos judiciales, mejorar la coordinación entre la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial, y desarrollar políticas de prevención que reduzcan la incorporación de nuevos integrantes a las estructuras delictivas.

No podemos ignorar que la seguridad ciudadana exige recursos, planificación y decisiones oportunas. Si las autoridades tienen identificadas a 53,000 personas requeridas por la justicia, la ciudadanía tiene derecho a conocer qué estrategia existe para ejecutar esas órdenes, cuál es la prioridad de los casos y cómo se evitará que el hacinamiento penitenciario agrave los problemas que ya enfrenta el país.

La transparencia también es indispensable. Sería conveniente que las instituciones responsables precisaran cuántas de esas órdenes están vigentes, cuántas corresponden a personas con múltiples requerimientos, cuáles se relacionan con delitos graves y cuántas personas ya han sido localizadas o puestas a disposición de la justicia. Esa información permitiría dimensionar correctamente el desafío y evitar interpretaciones equivocadas de una cifra que, por sí sola, no explica toda la realidad.

La República Dominicana necesita seguridad, pero también necesita una justicia eficiente, un sistema penitenciario funcional y un presupuesto público administrado con responsabilidad.

Por eso, la pregunta que da título a este artículo no pretende cuestionar la necesidad de hacer cumplir la ley. Pretende llamar la atención sobre una obligación elemental del Estado: planificar las consecuencias de sus propias actuaciones.

¿Dónde guardar los 53,000? Es una pregunta que no puede responderse improvisando cuando esas personas comiencen a presentarse ante las autoridades. Debe responderse con cifras verificables, capacidad penitenciaria disponible, recursos presupuestarios y una política criminal que combine prevención, persecución del delito, justicia oportuna y respeto a los derechos humanos.

Porque exigir que los ciudadanos cumplan la ley es una obligación del Estado, pero garantizar que la justicia pueda funcionar adecuadamente también lo es.

Y si el país no dispone de capacidad suficiente para afrontar ese desafío, la discusión no debe limitarse a dónde encerrar a quienes se entreguen, sino a cómo construir un sistema de justicia capaz de investigar, juzgar y sancionar los delitos sin convertir las cárceles en depósitos humanos ni la prisión preventiva en una condena por adelantado.

La seguridad ciudadana no se resuelve solamente con órdenes de arresto. Se construye con justicia, planificación, prevención y responsabilidad institucional.

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