Durante décadas nos han tratado como un apéndice. Como una nota al pie en el presupuesto, como una mención de ocasión en el discurso del 27 de febrero, como una foto obligatoria cuando un funcionario aterriza en el JFK. Pero es hora de decirlo sin eufemismos: la diáspora dominicana no es un apéndice del país. Es su columna vertebral.

Y una columna vertebral no se adorna. Se cuida. Se sostiene. Se protege.

Somos tres millones de dominicanos viviendo fuera, según los datos más conservadores. Más de 2.4 millones solo en Estados Unidos. Si fuéramos una provincia, seríamos la segunda más grande del país, solo por detrás de Santo Domingo. Si fuéramos un sector económico, seríamos el más rentable. Solo en 2024, enviamos más de 10,700 millones de dólares en remesas. Más que el turismo, más que las zonas francas, más que cualquier inversión extranjera. Cada mes, cada quincena, sin falla, sin ruedas de prensa, sin promesas.

Nosotros no mandamos remesas. Mandamos estabilidad. Mandamos que un hijo pueda ir a la universidad. Que una madre pueda comprar su medicina. Que una casa se pueda terminar de construir. Que un colmado se mantenga abierto. La economía dominicana respira porque la diáspora no deja de trabajar a 3,000 kilómetros de distancia.

Y sin embargo, ¿qué recibe a cambio?

EL GRAN VACÍO INSTITUCIONAL

¿Dónde está el programa permanente de asistencia legal para el dominicano que enfrenta un proceso de deportación y no sabe a dónde acudir? ¿Dónde está la oficina que orienta a la madre soltera en El Bronx que no entiende el sistema escolar de sus hijos? ¿Dónde está la política pública para el envejeciente dominicano que trabajó 30 años limpiando edificios en Manhattan, pagó impuestos, y hoy está solo, enfermo y sin orientación en español? No existe.

Lo que existe es el INDEX —Instituto de Dominicanos en el Exterior— convertido en una agencia de relaciones públicas. Un INDEX que no indexa necesidades, sino actividades. Que no mapea problemas, sino tarimas. Un INDEX que debería ser el 911 del dominicano en el exterior y hoy es, en el mejor de los casos, un community manager del Gobierno de turno.

Y no es un problema de recursos. Es un problema de visión. Se entiende que una fiesta del Día de la Independencia en Washington Heights genera más fotos que un operativo de orientación migratoria en Lawrence. Se entiende que un cóctel con empresarios en Madrid genera más aplausos que un taller de salud mental para jóvenes dominicanos de segunda generación que crecen entre dos culturas y no pertenecen del todo a ninguna. Lo entendemos. Pero no lo aceptamos.

SIETE DIPUTADOS Y UNA PREGUNTA INCÓMODA

Tenemos siete diputados de ultramar. Siete curules. Siete salarios. Siete oficinas. Siete presupuestos para asesores, viajes y representación.

La pregunta que la comunidad lleva años haciéndose en voz baja y que hoy debe hacerse en voz alta es: ¿cuál ha sido la ley trascendental, estructural, que han impulsado esos siete diputados para cambiar la vida del dominicano en el exterior?

No hablamos de resoluciones de reconocimiento. No hablamos de picar un bizcocho. Hablamos de leyes. De una Ley de Retorno Digno que garantice que el dominicano que quiere volver después de 20 años no sea tratado como un importador sospechoso en la aduana. De una ley que permita el voto realmente accesible y no el calvario burocrático que tenemos ahora. De una ley que obligue al Estado a ofrecer defensa consular mínima cuando un dominicano cae preso en el extranjero sin hablar el idioma.

La representación de ultramar se ha convertido en un ejercicio de presencia, no de representación. Levantar la mano cuando el partido lo ordena, levantar la copa cuando hay que brindar y levantar el celular para la selfie con el líder. Mientras tanto, el dominicano real sigue resolviendo solo.

LA DIÁSPORA QUE NOS DUELE

Hay una diáspora que no sale en las fotos.

La del joven de 19 años nacido en Paterson de padres dominicanos, que no habla bien español, que nunca ha ido a la isla, pero que carga con el estigma de ser «dominicano» en una escuela estadounidense y con la culpa de no ser «suficientemente dominicano» para su propia familia. ¿Qué programa tiene el Estado para él?

La de la mujer de 68 años en Providence que cuidó niños toda su vida, que envió todo lo que ganó, y que ahora no tiene pensión ni aquí ni allá. ¿Quién la protege?

La del profesional dominicano en España, con maestría y dos idiomas, que limpia mesas porque su título no es reconocido y nadie en el consulado sabe orientarlo.

Esa diáspora no quiere fiesta. Quiere servicios. No quiere discurso. Quiere Estado.

DE LA REMESA A LA CIUDADANÍA

El error histórico ha sido vernos solo como una billetera. Como una fuente inagotable de dólares que se celebra en el informe del Banco Central pero se olvida en el diseño de políticas públicas.

Si somos columna vertebral, debemos ser tratados como ciudadanos de primera, no como cajeros automáticos con pasaporte.

Ser columna vertebral significa tres cambios inmediatos e impostergables:

1. Transformar el INDEX de agencia de eventos a agencia de servicios. Con metas medibles: cuántos dominicanos recibieron asistencia legal, cuántos jóvenes ingresaron a la universidad con su ayuda, cuántos envejecientes fueron asistidos. No cuántos asistieron a una gala.

2. Reformar la representación de ultramar. Siete diputados sin agenda legislativa común son siete cuotas políticas. Necesitamos una agenda legislativa de la diáspora, construida desde la diáspora, con vistas públicas en Nueva York, Boston, Madrid, y con rendición de cuentas real cada seis meses.

3. Crear el Sistema de Protección Social Transnacional. Un dominicano no deja de ser dominicano porque cruzó un océano. El Estado debe acompañarlo en su ciclo de vida migratorio: cuando se va, mientras está y si decide volver.

Dejemos de celebrar la diáspora solo cuando envía dinero y de olvidarla cuando pide derechos.

Porque un país que trata a su columna vertebral como si fuera un apéndice, tarde o temprano, termina sin poder ponerse de pie.

Y a la clase política dominicana que cada cuatro años descubre que existimos: les avisamos desde ahora. Ya no queremos abrazos con bandera. Queremos políticas públicas. Ya no queremos promesas en alta definición. Queremos resultados en la vida real.

Porque resolver problemas no siempre da votos… pero es, precisamente, para lo que fueron electos.

SANTO DOMINGO.- Estados Unidos incorporó los procesos judiciales que se siguen contra Erick Randhiel Mosquea Polanco, señalado como cabecilla del caso Falcón, a la Homeland Security Task Force (HSTF), una iniciativa especial creada para perseguir carteles, bandas extranjeras y organizaciones criminales transnacionales.

El Departamento de Justicia confirmó la inclusión al anunciar la extradición desde Colombia de Mosquea Polanco, a quien identifica como líder de una organización internacional de tráfico de cocaína y lavado de dinero con base en República Dominicana.

La decisión implica que las investigaciones vinculadas a su estructura pasan a formar parte de una estrategia de alcance mayor que una pesquisa ordinaria de narcotráfico.

La HSTF fue establecida mediante la Orden Ejecutiva 14159 y opera bajo el modelo denominado whole-of-government, que articula de manera coordinada los recursos de diferentes agencias federales para identificar, investigar, procesar y desmantelar organizaciones criminales.

Según el Departamento de Justicia, su objetivo es dirigir «todo el poder» de las agencias de aplicación de la ley contra carteles, organizaciones transnacionales, bandas extranjeras y redes de tráfico y contrabando de personas.

Con ello, las investigaciones que se llevan a cabo en Puerto Rico y Nueva Jersey contra el presunto jefe de Falcón quedan dentro de la misma estrategia federal utilizada contra las principales organizaciones criminales internacionales perseguidas por Washington.

El Departamento de Justicia no lo presenta simplemente como un narcotraficante, sino como líder de una organización internacional. La DEA, además, lo había clasificado como Regional Priority Organizational Target (RPOT), categoría reservada para objetivos prioritarios.

La modalidad de la HSTF permite que investigaciones antes dispersas entre agencias y jurisdicciones sean abordadas de forma coordinada. En este caso han participado la DEA, Homeland Security Investigations (HSI), FBI, U.S. Marshals Service, fiscales federales y organismos de cooperación internacional del Departamento de Justicia, además de autoridades colombianas para su localización, arresto y extradición.

Mosquea Polanco permaneció prófugo tras el lanzamiento de la Operación Falcón en 2021. Fue arrestado en Colombia en diciembre de 2024 a solicitud de EE.UU. y extraditado el pasado 26 de agosto.