Precio mundial de alimentos escala a máximos desde 2022

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) – El índice de precios de los alimentos ha aumentado en septiembre un 1,5% mensual y un 5,8% interanual, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), hasta registrar una lectura de 136 puntos, su nivel más alto desde noviembre de 2022.

A pesar del repunte observado en el noveno mes del año, el índice de la FAO se mantiene 24,3 puntos (un 15,1%) por debajo del nivel máximo tocado en marzo de 2022, cuando alcanzó los 160,2 enteros.

En concreto, el índice de precios de los cereales de la FAO registró en septiembre un promedio de 122,8 puntos, un 5,1% más que en agosto y un 17,2% por encima de su valor de septiembre de 2025, después de que el coste del trigo alcanzase máximos desde agosto de 2023 ante las dificultades logísticas en la región del mar Negro.

De su lado, el índice de precios de los aceites vegetales alcanzó un promedio de 198,6 puntos, es decir, un 0,9% más que en agosto y un 18,3% por encima del nivel registrado un año antes, como consecuencia principalmente del alza de los precios mundiales del aceite de palma, que compensó con creces el descenso de las cotizaciones del aceite de girasol.

En el caso de la carne, el índice registró un promedio de 127,9 puntos, lo que implica una bajada mensual del 1,1% y en consonancia con el nivel alcanzado un año antes, mientras que el índice de precios de los productos lácteos se situó en un promedio de 119,1 puntos, apenas un 0,1% menos que en agosto, aunque un 19,1% por debajo del nivel alcanzado un año antes.

Por su parte, el indicador correspondiente a los precios del azúcar repuntó en septiembre a 114 puntos, lo que implica un avance mensual del 6,1% y del 14,7% en comparación con un año antes.

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RD supera los 16,000 visitantes con llegada de cuatro cruceros

SANTO DOMINGO.- La República Dominicana vivió una importante jornada para el sector de cruceros, con la llegada este jueves de 16,287 viajeros al país en cuatro embarcaciones, tres de ellas en Puerto Plata y una en Pedernales.

La costa norte recibió de manera simultánea tres imponentes embarcaciones en las terminales de Amber Cove y Taíno Bay. Los buques que atracaron en puerto fueron el Mardi Gras, con 5,835 pasajeros y 1,764 tripulantes; el Carnival Magic, con 3,858 pasajeros y 1,350 tripulantes, y el Resilient Lady, con 2,513 pasajeros y 1,182 tripulantes. En total, el movimiento portuario congregó a 12,206 visitantes que llegaron para disfrutar de las atracciones y bondades de la zona.

Tomando como base un consumo promedio estimado de 100 dólares por visitante, esta llegada proyecta un derrame económico aproximado de 1,600,000 dólares, que dinamiza el comercio, el transporte y los servicios locales de La Novia del Atlántico.

LLEGADA A PEDERNALES

En paralelo, conforme a la estrategia de diversificación portuaria del país, Cabo Rojo, en la provincia de Pedernales, registró la llegada del buque Freedom of the Seas. La embarcación atracó este miércoles 30 de septiembre de 2026, procedente de Willemstad, Curazao, con un registro de 4,081 huéspedes y 1,392 tripulantes a bordo, con lo cual reafirma el potencial y el crecimiento del sur como un nuevo polo de desarrollo para la industria de cruceros.

El director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana, Alejandro Campos, señaló que, con estas llegadas simultáneas en el norte y el sur, la República Dominicana continúa fortaleciendo su infraestructura y conectividad portuaria, demostrando que la nación se mantiene firme en la preferencia de las principales cadenas de cruceros del mundo.

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El Salto de la Pulga; auditoría sobre Edenorte

1 Tembló, y la gente pregunta por qué el celular no pitó. El COE dice fue porque el sistema, que nos costó $59 millones, está “a medio montar”, pero un sismólogo aclaró que con temblorcitos menores a 6.5 no avisa.

2 Así que, cuando esté “montado”, tampoco es seguro que sonará con cada temblor. Recomendación: guíese por el meneo de la lámpara del techo y actúe en consecuencia.

3 Por demandas, la JCE deberá pagar US$964,000 y la CAASD $1,000 millones. Seguimos sin saber manejarnos en los juicios de arbitraje. ¿O será a propósito?

4 Bien que el PLD pospusiera la elección de su candidato, pero, ¿por 9 meses? ¿Por qué seguir en desventaja tanto tiempo?

5 Los que creyeron que el nuevo jefe de Policía vendría con mano suave, se guayaron. Llegó con escobita nueva y en septiembre se rompió récord de muertos en “presuntos enfrentamientos”.

6 La auditoría que publicó la Cámara de Cuentas sobre Edenorte, período 2012-2020, revelando irregularidades por más de $5,700 millones, será metida en la gaveta electoral titulada: “Persecución política contra Danilo y familia”.  

7 Un lector me apunta que la pasada semana olvidé incluir a Maxy, quien devolvió $3,000 millones al Estado y no está acusado ni condenado. “Pecunia non olet”, decían los griegos.

8 La “doctora clandestina” con quien trabajaba el “barbero cirujano”, también está entre los acusados de Senasa 2.0. Supuestamente, facturó procedimientos ginecológicos a hombres. ¡Barbaraza!

9 Eligio Jáquez, veterano soldado del ejército de Hipólito, anunció su apoyo a Carolina. Ninguna sorpresa.

10 “Es necesario volver el rostro hacia Dios”, sugerencia digna de un político que asiste militantemente a su iglesia… ¿o no?

11 El “reverendo” Carlos Peña se atribuye haber encabezado la lucha para sacar a Falcondo de Loma Miranda, a la Barrick de Peralvillo y a GoldQuest de San Juan. ¡Héroe Nacional!

12 La Fuerza de Supresión de Bandas fue renovada por la ONU, pero no han matado ni un alacrán. Además, solo llegó una quinta parte de los 5,500 soldados que se esperaban. ¡Fracaso total!

13 Felicitaciones al presidente Abinader por ordenar que las contrataciones públicas destinadas a programas sociales especiales se dirijan exclusivamente a las MiPymes de producción nacional.

14 La propuesta para que centroamericanos y dominicanos puedan viajar de un país a otro con solo presentar sus cédulas, tiene sus bemoles. ¡Cuidadito con eso!

15 ¡Reus sum! Unos 10 acusados del caso Senasa 2.0 aceptaron su culpabilidad y por ello “están avergonzados”. Voy a llorar…

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PLD: Quien tenga más saliva comerá más hojaldre (OPINION)

La suspensión de la consulta que el Partido de la Liberación Dominicana tenía programada para el 18 de octubre representa otro reto en su esfuerzo por recuperar espacio electoral con miras a las elecciones de 2028.

La organización morada deberá administrar las consecuencias de una decisión que modifica los tiempos de sus aspirantes y vuelve a poner a prueba la confianza entre sus dirigentes.

El anuncio difícilmente podía sorprender por completo. La organización de la jornada había atravesado diferencias con la Junta Central Electoral, cuestionamientos judiciales y controversias sobre el padrón. Demasiados asuntos pendientes para un proceso que, además de medir simpatías, debía contribuir a fortalecer al partido.

Conviene precisar el alcance de lo ocurrido en los tribunales. El PLD obtuvo decisiones procesales favorables frente a acciones que procuraban impedir la consulta. Sin embargo, declarar inadmisible una impugnación o un amparo no equivale a establecer que el mecanismo cumple con la legislación electoral. El partido pudo interpretar esos fallos como un alivio, pero atribuirles una validación definitiva de la consulta sería ir más lejos de lo que resolvieron.

La Junta, por su parte, sostuvo que una actividad de esa naturaleza no estaba permitida en la etapa actual del calendario electoral. Según la comunicación reseñada por El Día, autorizó 500 equipos para capacitación y fortalecimiento institucional, pero rechazó otros 1,800 solicitados para la consulta.

Al anunciar la suspensión, la comisión organizadora habló de 600 equipos facilitados y de una necesidad mínima de 2,200. Son cifras y destinos que merecen una explicación clara.

La insuficiencia de equipos podía hacer inviable el modelo aprobado. Lo que resulta menos convincente es que una dificultad conocida terminara obligando a cancelar la jornada cuando faltaban apenas unas semanas. Si la disponibilidad de las máquinas era indispensable, asegurarla debía formar parte de las primeras decisiones del proceso.

Esa circunstancia alimenta suspicacias

No permite afirmar que existiera una intención deliberada de favorecer a alguien, pero sí deja preguntas sobre la previsión de los organizadores y las alternativas que fueron consideradas. Cuando una decisión afecta de manera distinta a los competidores, la explicación institucional necesita ser particularmente cuidadosa.

En términos políticos, entiendo que la suspensión ofrece una oportunidad a Francisco Javier García y Francisco Domínguez Brito, mientras priva a Gonzalo Castillo de una ocasión cercana para medir y eventualmente consolidar su ventaja. .

El tiempo adicional puede reducir la distancia, entre los contendores. Los aspirantes tendrán ocasión de reorganizar sus equipos, ampliar sus contactos y mejorar la manera de presentar sus propuestas. La escogencia formal de la candidatura corresponde a 2027; por tanto, lo que se abre ahora es un período más prolongado de competencia, cuyo desenlace dependerá de cómo lo aproveche cada cual.

Como dice el refrán, quien tenga más saliva comerá más hojaldre. Aunque, en política, también cuentan la constancia, la organización y la capacidad de escuchar.

A mi juicio, García y Domínguez Brito pueden beneficiarse de una competencia más larga por su disposición al contacto directo y por el énfasis que colocan en el discurso y las propuestas. Tienen la oportunidad de convertir esos esfuerzos en una relación más amplia con las bases y, posteriormente, con el electorado nacional. Para ellos, la demora puede ser una ocasión de crecimiento.

Gonzalo enfrenta un desafío diferente. Su figura resulta cercana a sectores que valoran su espontaneidad y esa manera sencilla, a veces casi ingenua, de desenvolverse. Esa simpatía constituye un recurso político considerable. Sin embargo, su discurso necesita mayor contenido y sus propuestas deben alcanzar una presencia más clara en la conversación pública.

Su proyecto cuenta con dirigentes de primera línea, pero el trabajo de esos colaboradores requiere una presencia personal más sostenida del aspirante. El respaldo organizado ayuda; la relación que el candidato construye directamente con la gente tiene un valor propio.

La otra parte del reto corresponde a la dirección política del PLD. Su responsabilidad es establecer reglas claras, explicar las decisiones y ofrecer garantías de un trato equilibrado a todos los aspirantes. La unidad se fortalece cuando los participantes pueden confiar en los procedimientos, incluso si los resultados les son adversos.

jpm-am

Trump insiste en su amenaza de atacar «muy fuerte» a Irán

Washington, 2 de octubre (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este jueves con golpear a Irán «muy fuerte» si se confirma que estuvo detrás del incidente en el vuelo de Flydubai, unos hechos que Israel ha calificado de atentado terrorista.

«Serán golpeados muy fuerte, no se preocupen», respondió Trump a la prensa en la Casa Blanca cuando le preguntaron si contempla ordenar un ataque en caso de confirmarse la autoría iraní.

Preguntado específicamente sobre una posible implicación de Irán, el mandatario republicano afirmó que considera probable esa hipótesis: «Diría que la respuesta, basándome en lo que estoy escuchando, es sí, pero estamos trabajando en ello en este momento».

EL INCIDENTE 

Trump amenaza con atacar "muy fuerte" a Irán si está detrás del incidente en el vuelo de Flydubai
Fotografía del 30 de septiembre del avión Flydubai que transportaba pasajeros desde Tabuk, Arabia Saudí, tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional Ben Gurión, cerca de Tel Aviv (Israel). EFE/EPA/ Abir Sultan

El altercado se produjo el miércoles en el vuelo FZ1073 de Flydubai, que se dirigía de Dubai a Tel Aviv, cuando la nave iba a cruzar la frontera entre Arabia Saudí y Jordania.

Uno de los pilotos apuñaló a otro, según sostiene el Gobierno israelí, y trató de estrellar la aeronave, lo que obligó a la tripulación a intervenir para tomar el control del aparato y realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto saudí de Tabuk, donde varios tripulantes tuvieron que ser hospitalizados.

Aunque el Ministerio de Defensa de Israel ya ha apuntado a lo ocurrido como un acto «terrorista yihadista», Flydubai apela aún a «abstenerse de especulaciones prematuras» hasta que se aclaren las causas del incidente, y las autoridades emiratíes también han mostrado cautela a la espera de la investigación.

La Fiscalía General de Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunció hoy la creación de un equipo de fiscales especializados para investigar si tuvo trasfondo terrorista el incidente en el vuelo.

La entidad judicial emiratí aclaró que asume la competencia del caso porque la aeronave vuela bajo pabellón emiratí, lo que permite aplicar su legislación a los delitos cometidos a bordo aún estando en el extranjero.

SP-AM

SNS garantiza servicio durante intervención Hospital Gautier

SANTO DOMINGO.- El Servicio Nacional de Salud (SNS) informó que los servicios del Hospital Salvador B. Gautier continuarán funcionando durante el proceso de intervención de su infraestructura, mediante un plan de reubicación de áreas y coordinación con otros centros de la Red Pública de Salud.

Como parte de las medidas, esta semana será instalado un hospital móvil en la parte frontal del centro asistencial, con el propósito de mantener operativos los servicios de Emergencias mientras avanzan los trabajos de remozamiento.

HOSPITALIZACIÓN Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA

Los servicios de hospitalización continuarán disponibles en el Gautier, mientras que los pacientes cuya demanda supere la capacidad instalada serán referidos, según corresponda, a la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar y otros centros de la red con las especialidades requeridas.

La intervención contempla la demolición de uno de los edificios del complejo y la construcción de nuevas instalaciones, en un proyecto esperado durante más de 20 años para transformar la infraestructura de un hospital con más de siete décadas de fundado.

El SNS explicó que estudios recientes determinaron que la demolición del área frontal próxima a Emergencias requiere liberar previamente las zonas adyacentes, debido a que las vibraciones podrían afectar estructuras cercanas.

REUBICACIÓN DE ÁREAS Y EQUIPOS

Desde hace más de una semana se trabaja en la reorganización interna. Hasta el momento, han sido trasladados más de 20 consultorios, además de áreas administrativas, laboratorio y almacén, para garantizar la continuidad de los servicios.

Especialidades como Otorrinolaringología, Cardiología y Oftalmología disponen de espacios para mantener sus operaciones, de acuerdo con la capacidad disponible.

La Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar será uno de los principales centros de apoyo para emergencias, hospitalización, cuidados intensivos y servicios especializados que temporalmente no puedan ser ofrecidos en el Gautier.

CONTINUIDAD DE LA FORMACIÓN MÉDICA

El SNS también aseguró la continuidad de la formación de los médicos residentes mediante rotaciones coordinadas con otros centros, principalmente la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar.

Las autoridades llamaron a mantener la confianza y colaboración durante el proceso y reiteraron que el objetivo es renovar integralmente la infraestructura sin interrumpir la atención a pacientes ni las labores del personal de salud.

an/am

La empresa ante la Defensa Pública

POR CARLOS SALCEDO

Con la entrada en vigor del nuevo Código Penal, Ley 74-25, modificado por la Ley 44-26, la empresa dejó de ser solo la víctima o el instrumento del delito y pasó a ser imputada. La novedad trajo una pregunta que está en manos del Tribunal Constitucional: cuando una empresa acusada no tiene abogado, ¿debe representarla la Defensa Pública? Esta sostiene que no, porque la Constitución no le dio ese mandato. Los tribunales y la Suprema Corte de Justicia han dicho lo contrario.

Hay que separar dos preguntas. La primera es si el Estado debe garantizar que ninguna empresa sea juzgada sin abogado. La respuesta es sí. El artículo 69.4 de la Constitución reconoce el derecho de defensa a toda persona, y ese derecho, por su naturaleza, corresponde también a las personas jurídicas. La segunda pregunta es quién paga esa defensa. Y ahí la respuesta cambia.

Una puerta que la Constitución no cierra

En cuanto al acceso, el artículo 176 manda a la Defensa Pública asistir a “las personas imputadas que por cualquier causa no estén asistidas por abogado”. No dice personas físicas. Las sociedades comerciales y las empresas individuales de responsabilidad limitada son personas jurídicas conforme a la Ley 479-08; cuando se las acusa, son personas imputadas. El artículo 177 confirma esa lectura: cuando el constituyente quiso condicionar la asistencia a la falta de recursos, lo dijo expresamente. En el 176 no lo hizo. Basta ser imputado y no tener abogado.

La gratuidad tiene destinatario 

Sobre el costo, conviene recordar para qué nació la Defensa Pública. Fue ideada para quienes no tienen con qué pagar un abogado, y por eso es gratuita: para que la pobreza no se convierta en indefensión. La gratuidad es la respuesta a la falta de recursos, no un beneficio para quien los tiene. El acceso no admite condiciones; el costo, sí. Por eso el artículo 5 de la Ley 277-04, que ordena fijar tasas para los usuarios “comprobadamente solventes”, es compatible con la Constitución: no limita el acceso, solo ordena quién paga.

Esto importa en los dos sentidos. Hay pequeñas, medianas y aun grandes empresas en situación económica vulnerable. Además, muchas de las investigadas por lavado o corrupción tienen sus bienes incautados: son solventes en papel, pero no pueden pagar. A ellas la Defensa Pública debe asistirlas sin costo. A la empresa solvente, en cambio, debe asistirla solo de forma subsidiaria y cobrándole.

El impacto sobre una institución que ya lleva cerca del 80 % de los casos penales sería serio. Un expediente de lavado o de corrupción tiene miles de folios, peritajes financieros y sociedades en varias jurisdicciones. Un solo caso puede absorber el tiempo que un defensor dedica a decenas de presos pobres. Empresa y gerentes suelen tener intereses opuestos, y los artículos 40 y 41 de la Ley 277-04 prohíben la defensa común, lo que obliga a asignar defensores distintos. Pero nada de esto suprime el derecho. Los derechos cuestan, y la escasez obliga al Estado a organizarlos y financiarlos, no a negarlos.

Un imputado sin lugar en el proceso

El problema de fondo es procesal. A mi juicio, el nuevo Código no castiga a la empresa por lo que hizo su gerente, sino por su propio defecto de organización. Defenderla exige probar que tenía controles reales, y eso requiere especialización. Pero el Código Procesal Penal sigue pensado para personas de carne y hueso. No dice quién representa a la empresa si su gerente también está acusado, ni qué pasa si nadie comparece.

La salida tiene dos tiempos. Con la ley vigente, el Consejo Nacional de la Defensa Pública puede dictar el reglamento de tasas pendiente desde 2004. También puede canalizar estos casos hacia los defensores adscritos de los artículos 43 al 46, con honorarios a cargo de la empresa solvente. Con una reforma, siguiendo a Chile y España, el Código Procesal Penal debe obligar a la empresa a designar representante y abogado desde el primer acto, y prever un defensor público o de oficio pagado con sus bienes cuando nadie comparezca.

Al Tribunal Constitucional le toca más que un sí o un no. Y al país, no perder de vista para quiénes nació la Defensa Pública. Sería una paradoja que el Estado pagara la defensa de empresas solventes mientras los pobres, y las víctimas en las que el artículo 177 pone el acento, siguen esperando.

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Cuando dos mudos políticos se entienden (OPINION)

POR ROBERTO RIMOLI

El mutismo político de Danilo Medina y Gonzalo Castillo no es una táctica inocente ni una muestra de discreción estratégica. Es la expresión descarnada de una inseguridad profunda que se disfraza de cálculo. Cuando el lenguaje y las ideas flaquean, el silencio se convierte en el último refugio de quienes temen ser desnudados ante la opinión pública. No hay grandeza en ese callar: hay miedo, hay debilidad y hay una negativa deliberada a asumir el riesgo de la palabra.

En el plano individual, este mutismo opera como un mecanismo de defensa patológico. La evitación no es prudencia; es ansiedad anticipatoria convertida en método. Ambos saben —aunque nunca lo admitan— que su capacidad verbal y conceptual no resiste un contraste exigente. Preferir el silencio es proteger un ego frágil de la herida narcisista que provocaría quedar en evidencia. El debate los aterroriza porque los confrontaría con su propia mediocridad discursiva. Mejor controlar el escenario desde mítines prefabricados y visitas sorpresa que arriesgarse a que la audiencia descubra lo evidente: que no tienen mucho que decir y que lo poco que digan no resiste análisis.

La identificación entre el mentor (Danilo) y el discípulo (Castillo) agrava el problema. Medina no reconoce en Castillo el espejo de sus propias limitaciones oratorias y, lejos de exigirle superación, le transmite la misma cobardía. Al respaldar la evasión del debate, no solo protege al candidato: se protege a sí mismo de reabrir su propia herida. Es una complicidad de mediocres. Ambos se entienden porque comparten el mismo defecto y porque ambos han decidido convertirlo en virtud política. El «mudo mayor» valida al «mudo» menor y juntos consolidan una cultura de silencio que desprecia el pensamiento y eleva la opacidad.

Este mutismo genera en la sociedad una imagen profundamente negativa: la de dirigentes opacos, temerosos y carentes de sustancia. El ciudadano no interpreta ese silencio como autoridad contenida, sino como evasión, como algo que se oculta. La figura del líder que se niega a debatir deja de inspirar respeto y promueve indirectamente desconfianza. Se percibe no como alguien discreto, sino como alguien que huye de la rendición de cuentas porque sabe que carece de respuestas. Esa imagen de debilidad intelectual y moral se sedimenta y convierte a Medina y Castillo en símbolos de una política que teme a las ideas.

El temor que producen es todavía más grave. La sociedad no solo desconfía; siente inquietud real ante la posibilidad de que personas tan limitadas en el discurso y en la argumentación manejen el poder del Estado. Si no son capaces de sostener un intercambio público de altura, ¿cómo enfrentarán crisis complejas, negociaciones difíciles o la defensa de políticas ante una ciudadanía crítica? Ese silencio genera ansiedad colectiva: el miedo a que el país quede en manos de quienes prefieren no hablar porque no tienen nada sólido que ofrecer. La imagen del líder callado deja de transmitir fuerza y empieza a transmitir vulnerabilidad institucional y burlas, como cuando en una oportunidad esbozó un chiste inverso al respecto: ¿Cómo se llama la esposa de Medina? Alguien respondió: «La mujer del Callao», haciendo referencia a una vieja canción de Carlos Santana.

Así, el mutismo deja de ser un asunto personal o partidario y se transforma en daño directo al presidente o candidato. Por demás, ese silencio no es neutral, sino una forma de empobrecer el espacio público, de normalizar la mediocridad y de enseñar que en política es más seguro callar que pensar.

Cuando dos mudos políticos se entienden, lo que realmente razonan es el miedo compartido a ser escuchados de verdad… Y el desprecio por una sociedad a la que le niegan el derecho de interrogarlos.

La retórica del silencio político no es ausencia de discurso: es un discurso en sí mismo. Cuando un dirigente elige callar en el momento en que se espera que hable —especialmente en un debate—, ese silencio se convierte en un acto comunicativo cargado de significado.

En el caso de los personajes que examinamos, el mutismo deliberado funciona como una estrategia retórica que busca proyectar control, proteger debilidades y redefinir las reglas del juego político a su favor.

En términos retóricos clásicos, el silencio opera como una forma de aloquentia negativa. Donde la palabra tradicionalmente persuade, informa o confronta, el silencio evade, niega o desautoriza. Al negarse a debatir, el político no solo evita el riesgo de quedar expuesto; también envía un mensaje implícito: «Yo no necesito justificar mis ideas ante ti». Ese gesto pretende elevar al emisor por encima del adversario y del público, transformando la ausencia de argumentos en una afirmación de superioridad.

Sin embargo, cuando el silencio se repite de manera sistemática, la interpretación social suele invertirse: lo que se proyectaba como fuerza termina leyéndose como miedo, opacidad o incapacidad.

Desde el punto de vista de la teoría de la comunicación política, el silencio puede clasificarse en varias funciones retóricas. Existe el silencio estratégico (que se utiliza para no alimentar un escándalo o mantener la iniciativa), el silencio de poder (que se impone desde una posición de dominio para no legitimar al oponente) y el silencio defensivo (el que protege una carencia real de argumentos o de destreza verbal).

En Medina y Castillo predomina claramente el tercero. Su mutismo no nace de una posición de fuerza consolidada, sino de la necesidad de resguardar un ego político frágil y un discurso que no resiste el contraste. La retórica del silencio, en este caso, es una retórica de la supervivencia.

El silencio político también altera la relación con la audiencia. En una democracia deliberativa, el ciudadano espera que el líder se someta al escrutinio público. Cuando ese escrutinio es eludido, se produce un vacío semiótico que el público llena con sus propias interpretaciones, casi siempre negativas. El silencio deja de ser neutral, genera una imagen de lejanía y de rechazo al diálogo, y convierte al dirigente en una figura inalcanzable.

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ANEIH apoya ampliar plazo de responsabilidad de empresas

SANTO DOMINGO.- El presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera (ANEIH), Ángelo Viro, afirmó que la entidad respalda la modificación del proyecto de ley que amplía el plazo para la entrada en vigencia del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas establecido en el nuevo Código Penal.

Explicó que la iniciativa, sometida por el senador de La Altagracia, Rafael Duluc Rijo, propone modificar el artículo 31 de la Ley 44-26 para extender a 24 meses el período de preparación, en lugar del 5 de noviembre, fecha prevista actualmente.

ANEIH PIDE MÁS TIEMPO PARA PREPARAR A LAS EMPRESAS

Viro consideró necesario disponer de un período más amplio que permita una implementación ordenada y facilite la preparación de las empresas, sus destinatarios y las instituciones del sistema de justicia.

Durante un encuentro empresarial de la ANEIH sobre el nuevo Código Penal, exhortó al sector privado a revisar sus procedimientos internos, mecanismos de control y sistemas de prevención ante las nuevas obligaciones que establece la legislación.

EMPRESAS DEBEN FORTALECER SUS MECANISMOS DE CONTROL

El dirigente empresarial señaló que el reconocimiento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas plantea una nueva realidad para las empresas dominicanas, que deberán prestar mayor atención a sus sistemas de dirección, control, supervisión y prevención.

“Esto significa que las empresas tenemos que mirar hacia adentro”, expresó Viro, quien llamó a las organizaciones a evaluar sus procedimientos, controles y la definición de responsabilidades, así como a fomentar una verdadera cultura de cumplimiento.

Sostuvo que cumplir la ley no debe limitarse a evitar sanciones, sino que implica actuar correctamente, prevenir riesgos y asumir responsabilidades.

El encuentro contó con la participación, como orador invitado, de Víctor Santana, asociado senior de la firma Jiménez Peña, quien abordó los principales cambios del nuevo Código Penal y sus implicaciones para el sector empresarial.

Viro afirmó que una empresa moderna debe ser productiva y competitiva, pero también responsable, transparente y capaz de prevenir riesgos que puedan afectar su sostenibilidad.

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¿Estamos tratando enfermedades que podemos prevenir? (OPINION)

Vivimos en la Era del triunfo tecnológico de la medicina. Poseemos una capacidad diagnóstica de precisión microscópica, arsenales farmacológicos de alta eficacia y procedimientos quirúrgicos que desafiaban la imaginación hace apenas unas décadas. Y, sin embargo, en el corazón mismo de este progreso late una profunda paradoja civilizatoria: mientras perfeccionamos el arte de tratar la enfermedad, descuidamos el deber primordial de evitarla.

Cada jornada, las salas de espera de nuestros hospitales y consultas médicas reciben un flujo incesante de pacientes abatidos por la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, el sobrepeso crónico, las dolencias cardiovasculares, la insuficiencia renal y diversas formas de cáncer.

No nos equivoquemos: estas patologías rara vez irrumpen como un rayo en un cielo despejado. Son, en su inmensa mayoría, el trágico epílogo de años de exposición silenciosa a factores de riesgo conocidos, medibles y, lo que resulta imperdonable, modificables.

De ahí surge el interrogante que debiera sacudir los cimientos de la conciencia médica y social: ¿estamos consumiendo recursos, talento y esperanza en tratar dolencias que pudimos y debimos haber evitado?

Prevenir no es pecar de ingenuidad ni postular la quimera de un cuerpo inmune a la fatalidad biológica. Existen la genética, los azares ambientales y las circunstancias que escapan al dominio del individuo. Pero frente a ellos se alzan los determinantes sobre los cuales la sociedad y el Estado sí tienen un mandato ético de acción: la malnutrición por exceso y defecto, el sedentarismo endémico, el tabaquismo tolerado, el consumo nocivo de alcohol, el vacío de controles médicos periódicos y la ausencia de una cultura de diagnóstico temprano.

No obstante, nuestro modelo sanitario sigue anclado en un paradigma reactivo. Movilizamos la maquinaria médica cuando irrumpe el dolor, cuando los análisis exhiben cifras alarmantes, cuando la presión arterial quebranta los límites o cuando el daño tisular ya es irreversible. Con frecuencia inaceptable, acudimos al médico solo cuando la enfermedad nos ha arrebatado la salud, en lugar de visitarlo cuando aún nos sentimos vigorosos para certificar y blindar ese bienestar.

El imperativo de la política pública 

Esta responsabilidad no puede ni debe descargarse de manera abusiva sobre las espaldas del ciudadano común.

La prevención germina en el hogar, pero se edifica en las aulas, en los espacios laborales, en el diseño urbanístico de nuestras ciudades y, sobre todo, en la coherencia de las políticas públicas. Una población no puede ser sumariamente culpabilizada por sus hábitos cuando cohabita en un entorno que subvenciona o facilita el consumo masivo de productos nocivos, al tiempo que encarece o invisibiliza la actividad física y el acceso oportuno a los servicios de medicina preventiva.

Es apremiante una revisión radical de nuestras prioridades como Estado. Curar es un acto de nobleza inalienable; prevenir, en cambio, es un acto de estricta justicia distributiva y sanidad política. Una consulta de asesoramiento preventivo, un programa de inmunización riguroso, el rastreo oportuno de la hipertensión o la hiperglucemia y la promoción activa de estilos de vida saludables ahorran océanos de sufrimiento humano, evitan discapacidades mutilantes y reducen un gasto fiscal que, por tardío, deviene insostenible.

La prevención jamás debe revestirse de un tono moralizador que culpabilice a la víctima de su padecimiento. Debe estructurarse, por el contrario, como una política de Estado fundamentada en la educación cívica, la equidad en el acceso, la detección precoz y el acompañamiento empático.

Hacia un nuevo equilibrio sanitario

Quizás la pregunta crucial que interpela directamente a las autoridades sanitarias, a los legisladores y a los planificadores de la economía nacional sea esta: ¿Cuánto capital estamos dilapidando en apagar el fuego de la enfermedad establecida, y cuánto estamos invirtiendo inteligentemente en evitar que las llamas siquiera se enciendan?

La respuesta desnuda los desequilibrios de nuestro sistema y exige una refundación de los presupuestos de salud.

No se aboga por abolir la terapéutica ni por desmantelar el hospital de alta complejidad; ambos son imprescindibles cuando la patología reclama su espacio. Se reclama, con rigor ético, un punto de equilibrio donde la medicina no comparezca únicamente como testigo tardío del naufragio biológico, sino como brújula vigilante que preserva la salud antes del derrumbe.

El verdadero galardón de un sistema sanitario moderno no debería medirse únicamente por la estadística de pacientes curados en una mesa de cirugía, sino por la dignidad y el número de seres humanos a quienes se les garantizó una vida plena y sana.

Ha llegado la hora de que las autoridades asuman el coste político y moral de esta transformación. Porque la medicina más excelsa no es aquella que despliega sus mayores prodigios cuando el mal ya se ha enseñoreado del cuerpo; es aquella capaz de construir los blindajes necesarios para impedir que la enfermedad llegue a manifestarse.

jpm-am