En términos generales, puede sostenerse que la policía constituye un cuerpo civil armado del Estado, debido a que su función principal es garantizar el orden público, la seguridad ciudadana y la aplicación de las leyes, sin formar parte de las fuerzas militares ni estar destinada a la defensa nacional. En la mayoría de los Estados democráticos, las policías dependen de ministerios o instituciones civiles y están sujetas a autoridades políticas civiles, no militares.

Aunque las policías utilizan armas, uniformes, rangos y una estructura jerárquica similar a la militar, ello no las convierte automáticamente en instituciones castrenses. Tales elementos responden a necesidades organizativas y operativas. En nuestro país, la Policía Nacional está adscrita al Ministerio de Interior y Policía y es dirigida por un director general, lo que evidencia su carácter esencialmente civil.

Como consecuencia de la globalización y del incremento de los flujos migratorios, las sociedades contemporáneas enfrentan nuevos desafíos en materia de seguridad ciudadana. La movilidad humana, sumada a profundas diferencias culturales y sociales, ha generado fenómenos complejos que obligan a los Estados a ampliar, profesionalizar y tecnificar sus cuerpos policiales para enfrentar eficazmente las distintas modalidades delictivas previstas en las legislaciones penales.

Al no depender de ningún órgano militar, los miembros de la Policía Nacional no están jurídicamente obligados a rendir honores o saludos protocolares a oficiales pertenecientes a otras instituciones armadas. Sin embargo, en nuestro país subsisten prácticas heredadas de épocas autoritarias, especialmente del régimen trujillista, que han perpetuado la costumbre de que agentes policiales se coloquen en posición de atención frente a oficiales de otras fuerzas, incluso cuando estos se encuentran retirados.

Más preocupante aún es que, en determinadas circunstancias, algunos miembros de instituciones castrenses, activos o retirados, pretendan hacer valer su rango para evadir la aplicación de las leyes o recibir un trato privilegiado durante una actuación policial. Tal conducta contradice el principio constitucional de igualdad ante la ley y debilita la institucionalidad democrática. Essas demandas de militares tanto activos como retirados, son los promotores de las violaciones a la ley, y por ende, la delincuencias, la corrupción, lavado de activos y narco tráfico, como se ha estado reseñando en todos los medios.

Ningún rango militar o policial debe constituirse en un privilegio que coloque a una persona por encima de la ley. Por el contrario, quienes ostentan grados dentro de las instituciones armadas y policiales están llamados a ser ejemplo de respeto al ordenamiento jurídico. La lucha contra la delincuencia, la corrupción, el lavado de activos y el narcotráfico exige que la ley se aplique con el mismo rigor a todos los ciudadanos, sin excepciones ni privilegios.

Paradójicamente, una parte importante de nuestra sociedad rechaza los privilegios y las prerrogativas de origen militar, al tiempo que manifiesta un profundo malestar cuando se le recuerdan las prácticas autoritarias heredadas de la dictadura trujillista. Sin embargo, muchas de esas costumbres continúan reproduciéndose cotidianamente, ya sea por tradición, temor, conveniencia o simple inercia cultural.

Esta contradicción revela que, pese a los avances democráticos, aún subsisten en el imaginario colectivo rasgos de una cultura política que privilegia las jerarquías personales por encima de la supremacía de la ley.

Mientras persistan privilegios informales sustentados en rangos o influencias personales, la igualdad ante la ley seguirá siendo una aspiración más que una realidad. La consolidación del Estado de derecho exige que civiles, militares y policías respondan por igual ante la ley, sin distinciones ni prerrogativas ajenas al orden constitucional.

of-am

China se ha convertido en uno de los países más avanzados en el desarrollo de redes de banda ancha denominadas 10G, una tecnología que permite velocidades de descarga de hasta 10 gigabits por segundo (Gbps) mediante infraestructura de fibra óptica de última generación.

Es importante aclarar que 10G no es una nueva generación de telefonía móvil, como lo fueron 4G o 5G. En este contexto, el término hace referencia a redes fijas de fibra óptica capaces de ofrecer conexiones ultrarrápidas para hogares, empresas, centros de datos y aplicaciones de inteligencia artificial.

¿Qué ha logrado China?

-Empresas como Huawei y China Unicom, junto con otros operadores, han realizado despliegues piloto de redes basadas en la tecnología 50G-PON, que permite ofrecer servicios comerciales de hasta 10 Gbps a los usuarios finales.

-Varias ciudades y zonas de innovación, entre ellas Xiong’an, han servido como laboratorios para probar estas conexiones de ultraalta velocidad.

-La infraestructura está diseñada para soportar aplicaciones que demandan gran ancho de banda, como realidad virtual y aumentada, computación en la nube, transmisión de video en 8K, automatización industrial e inteligencia artificial.

¿Qué velocidad ofrece?

En pruebas y despliegues comerciales se han registrado:

-Descargas cercanas a 10 Gbps.

-Subidas de alrededor de 1 Gbps o superiores, dependiendo de la configuración.

-Latencia muy baja, adecuada para aplicaciones en tiempo real.

A esas velocidades, un archivo de aproximadamente 20 GB podría descargarse en apenas unos 20 segundos, siempre que el servidor y el equipo del usuario también soporten dichas tasas.

¿Qué tecnología utiliza?

Las redes 10G se apoyan principalmente en:

-Fibra óptica hasta el hogar (FTTH).

-Tecnología 50G-PON.

-Equipos de red de nueva generación.

-Redes troncales de alta capacidad y centros de datos avanzados.

¿Qué impacto puede tener?

China busca que estas redes impulsen sectores estratégicos como:

-Inteligencia artificial.

-Vehículos autónomos.

-Ciudades inteligentes.

-Industria 4.0.

-Telemedicina.

-Educación a distancia de alta calidad.

Aunque el despliegue aún no es masivo en todo el país, China figura entre los líderes mundiales en la implementación de esta tecnología y continúa expandiendo su infraestructura de banda ancha ultrarrápida, con el objetivo de mantener su ventaja en la economía digital y las telecomunicaciones de próxima generación.

of-m

Existe una enfermedad que ningún cirujano desea encontrar durante una operación.

No destruye primero el corazón.

No comienza por el hígado.

No invade inicialmente el cerebro.

Ataca algo mucho más importante: la capacidad del organismo para reconocer que está siendo atacado.

Mientras el sistema inmunológico permanece intacto, incluso una infección grave puede ser contenida. Pero cuando ese sistema deja de distinguir entre lo propio y lo que amenaza su existencia, el cuerpo continúa respirando, el corazón sigue latiendo y los órganos permanecen en su sitio. Desde fuera parece vivo. Desde dentro ha comenzado a rendirse.

Las democracias también poseen un sistema inmunológico.

No está formado por linfocitos ni anticuerpos.

Está compuesto por ciudadanos capaces de indignarse, periodistas que investigan, jueces independientes, universidades críticas, empresarios íntegros, iglesias con autoridad moral, maestros que enseñan civismo e instituciones que corrigen sus propios errores antes de que estos se conviertan en costumbre.

Llamo sistema inmunológico democrático al conjunto de ciudadanos, instituciones y valores capaces de detectar, aislar y corregir las desviaciones del poder antes de que comprometan la supervivencia de la República.

Cuando ese sistema funciona, los errores existen, pero encuentra resistencia.

Cuando deja de funcionar, la corrupción deja de ser una excepción para convertirse en metabolismo.

Y esa es, probablemente, la enfermedad más grave que hoy enfrenta la República Dominicana.

La enfermedad detrás de todas las enfermedades

Durante años hemos discutido nuestros problemas como si fueran independientes.

La corrupción.

La deuda pública.

La inseguridad.

La burocracia.

La crisis hospitalaria.

La baja calidad educativa.

La impunidad.

Los combustibles.

Los subsidios.

La captura del presupuesto.

Cada uno parece explicar una parte del deterioro nacional.

Pero ninguno explica el conjunto.

Después de años observando la evolución del Estado dominicano —primero desde la medicina, luego desde la economía, la administración pública y la historia institucional— he llegado a una conclusión distinta.

La República Dominicana no padece múltiples enfermedades.

Padece una sola, expresada a través de múltiples síntomas.

Ha comenzado a perder la capacidad de defenderse.

Cuando el cuerpo aprende a convivir con la enfermedad

En inmunología existe un fenómeno conocido como tolerancia inmunológica.

El sistema deja de reconocer como peligro aquello que debería combatir.

No porque la amenaza haya desaparecido.

Sino porque dejó de reaccionar frente a ella.

Algo parecido ocurre con las sociedades.

La corrupción deja de sorprender.

La burocracia deja de indignar.

La ineficiencia deja de escandalizar.

La propaganda sustituye a los resultados.

Los privilegios reemplazan lentamente al mérito.

Y la ciudadanía termina aceptando como inevitable aquello que alguna vez habría considerado intolerable.

Ese es el momento más peligroso para cualquier democracia.

No cuando aparece el primer acto de corrupción.

No cuando surge el primer abuso de poder.

Ni siquiera cuando la economía entra en dificultades.

Las repúblicas comienzan a deteriorarse cuando la sociedad pierde la capacidad de reaccionar frente a esos hechos.

La enfermedad ya no está únicamente en quienes gobiernan.

Empieza a instalarse también en quienes dejan de exigir.

La memoria inmunológica de una nación

Todo organismo recuerda.

Después de superar una infección, el sistema inmunológico conserva memoria para responder con mayor rapidez si el mismo agresor intenta regresar.

Las naciones también poseen memoria.

La almacenan en sus instituciones.

En sus leyes.

En sus tradiciones republicanas.

En la educación.

En la cultura cívica.

En la ética pública.

Cada generación transmite a la siguiente aquello que considera innegociable.

Pero cuando esa transmisión se interrumpe, la República comienza a olvidar.

Olvida que el servicio público existe para servir.

Olvida que la ley debe ser igual para todos.

Olvida que el presupuesto pertenece al ciudadano.

Olvida que la transparencia constituye una obligación y no un acto de generosidad.

Olvida, incluso, que la dignidad humana debe ocupar el centro de toda política pública.

Y cuando una nación olvida sus propios principios, pierde también la capacidad de defenderlos.

La adaptación que termina destruyéndonos

Existe una diferencia profunda entre resiliencia y resignación.

La resiliencia permite superar una dificultad sin renunciar a transformarla.

La resignación aprende simplemente a convivir con ella.

Durante demasiado tiempo hemos confundido ambas virtudes.

Nos hemos acostumbrado a llevar múltiples copias de documentos porque asumimos que las instituciones no se comunican.

Aceptamos contratar intermediarios para obtener derechos que deberían garantizarse automáticamente.

Normalizamos esperar meses por un trámite que debería resolverse en horas.

Aprendimos que muchas veces resulta más efectivo conseguir un contacto que hacer valer la ley.

Cada una de esas adaptaciones parece razonable cuando se observa de manera aislada.

Pero todas juntas producen una tragedia silenciosa.

La ciudadanía deja de ejercer sus derechos y comienza simplemente a perfeccionar mecanismos de supervivencia.

Y una República cuyos ciudadanos solo aprenden a sobrevivir termina olvidando cómo defenderse.

El verdadero origen del deterioro

Durante décadas hemos buscado responsables individuales.

Gobiernos.

Partidos.

Funcionarios.

Empresarios.

Y ciertamente existen responsabilidades que deben ser señaladas.

Pero concentrarnos exclusivamente en los nombres nos impide comprender el fenómeno completo.

Ninguna infección prospera únicamente por la agresividad del microorganismo.

También necesita un huésped debilitado.

Del mismo modo, ninguna deformación institucional puede consolidarse durante décadas sin un progresivo debilitamiento de las defensas cívicas de la sociedad.

Las instituciones no existen separadas de la cultura que las sostiene.

Terminan reflejando aquello que la ciudadanía premia, tolera o deja pasar.

Por eso las grandes reformas nunca comienzan únicamente en los congresos.

Comienzan cuando cambia el umbral moral de una sociedad.

Cuando vuelve a considerar inaceptable aquello que durante años aceptó con resignación.

La pregunta que definirá nuestra generación

Podemos seguir discutiendo sobre presupuestos.

Sobre ministerios.

Sobre nuevas leyes.

Sobre reformas administrativas.

Todo ello será importante.

Pero ninguna reorganización institucional sobrevivirá si la República continúa perdiendo su capacidad de reaccionar frente al deterioro.

La reconstrucción nacional no empieza con un decreto.

Empieza cuando recuperamos la convicción de que el bien común merece ser defendido.

Cuando dejamos de adaptarnos a la enfermedad y decidimos combatirla.

Cuando comprendemos que la democracia no depende únicamente de quienes gobiernan.

Depende, sobre todo, de quienes se niegan a dejar de vigilarla.

Porque una República no muere el día en que aparece un mal gobernante.

Esto ocurre mucho antes.

Comienza a morir el día en que sus ciudadanos dejan de reaccionar.

Y toda democracia que pierde su sistema inmunológico termina descubriendo, demasiado tarde, que ninguna Constitución puede defender por sí sola aquello que una sociedad ya no está dispuesta a proteger.

Ese es el verdadero desafío dominicano.

No solamente cambiar gobiernos.

Sino recuperar las defensas morales e institucionales que hacen posible que una República sobreviva a ellos.

of-am