El nuevo documento de identidad y electoral  no tendrá el domicilio actual, lo que significa un atraso y un encubrimiento letal, para que el Poder Judicial, no funcione.

El voto se venderá con mayor facilidad, recuerden que el nuevo documento es de identidad y electoral y lo electoral no ha sido tomado en cuenta por la JCE, porque el voto domiciliario obstruye la compra del voto.  Los partidos políticos todos, se han quedado en silencio porque le conviene la compra del voto y el traslado de votante al interior del País.

Después del nombre de la persona, el domicilio es el atributo de mayor importancia política y social de un ciudadano y de un Estado organizado.  El Código Civil Dominicano, establece que el domicilio de todo dominicano, en cuanto al ejercicio de sus derechos civiles,es el del lugar de su principal establecimiento o trabajo y el lugar donde duerme.

Un porcentaje amplio de la población, ha cambiado de  domicilio por diversas razones, y tienen una habitación real en otro lugar, diferente de donde son nativos, estableciendo así su principal establecimiento. Es un disparate obtener un nuevo marbete, sin que a los solicitantes no se les requiera obligatoriamente el cambio de domicilio, que por demás en una infracción a la ley.

Vista gorda 

Hay más de cuatro millones de dominicanos viviendo fuera del país, y todavía siguen inscrito como domiciliado en su región de origen, lo que se presta a una amplia anomalía que la junta lo sabe y se hace de la vista gorda con el nuevo documento de identidad y electoral.

El periodo de duración del marbete, debe ser cada vez que el ciudadano cambie de domicilio o de estado civil o de profesión y no gastar seis mil millones de pesos, en el cambio de un marbete de un color por otro.

Desde el punto de vista electoral el cambio de domicilio disminuye la posibilidad de abstención del votante, por dificultad en el traslado  a la mesa  de votación, y además la delincuencia se disminuye en vista de que el  ciudadano se pueda ubicar  fácil, para los fines judiciales. Razón por la cual, ninguna persona puede trasladar su domicilio a otro lugar, sin que la comunidad lo registre y empadrone en el nuevo domicilio.

Un Estado se considera formalmente organizado, cuando puede determinar eficientemente el establecimiento  del  domicilio y la ubicación cierta del ciudadano. Por tanto la nueva cédula es un nuevo fraude electoral, si no toma en cuenta el domicilio del ciudadano.

El artículo 30 de la Ley de Registro Electoral No. 55 establece que es procedente la cancelación de una inscripción por cambio de residencia a otro Municipio o al Distrito Nacional y el Artículo 32 establece que todo ciudadano inscrito que haya cambiado de residencia deberá solicitar nueva inscripción por ante la Oficina de Inscripciones de su nueva residencia,  previa entrega,  en esa oficina de su Certificado de Inscripción anterior. Para la elaboración de la nueva Cédula de Identidad y Electoral, debe tomarse muy en cuenta el domicilio del ciudadano.

jaime668fernandez@gmail.com

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Nos dicen que quienes cuestionamos la capitalización individual tenemos las neuronas quemadas.

La frase pretende cerrar con una descalificación un debate que la evidencia internacional mantiene abierto. De los 30 países que privatizaron total o parcialmente sus sistemas obligatorios de pensiones entre 1981 y 2014, 18 habían revertido total o parcialmente esas reformas para 2018, según documentó la Organización Internacional del Trabajo.

Entonces el problema no son nuestras neuronas. Ha llegado el momento de revisar el modelo.

Todo profesional puede defender el esquema económico en el que cree, asesorar empresas o representar intereses legítimos. Pero el conocimiento, por vasto que sea, no garantiza ni ética ni sabiduría. A veces recorren caminos muy distintos. Y ningún prestigio académico o profesional otorga derecho a descalificar a quienes pensamos diferente.

Nosotros responderemos con la pregunta que ningún balance financiero puede ocultar: ¿qué pensión digna garantiza realmente este modelo al trabajador dominicano?

Durante años se nos ha mostrado el crecimiento de los fondos como prueba del éxito del sistema: más de un billón de pesos acumulados, rentabilidades, financiamiento al Estado y a empresas, y un mercado de capitales fortalecido con el ahorro obligatorio de los trabajadores.

El afiliado 

Todo eso importa. Pero una cosa es que prospere el fondo y otra que prospere el afiliado.

El jubilado no vive del tamaño del fondo. Vive de la pensión que recibe cada mes.

Si las proyecciones siguen anticipando prestaciones insuficientes para muchos afiliados, no necesitamos esperar a que esa insuficiencia se convierta en pobreza para reconocer la falla.

Puede crecer el instrumento y fracasar su propósito.

El problema previsional dominicano comienza mucho antes de la jubilación. Comienza con salarios bajos, informalidad, desempleo e interrupciones laborales.

La cuenta individual registra esas precariedades, pero no las corrige. Un salario bajo genera una contribución baja; menos meses cotizados significan menor acumulación; y aportes insuficientes producen pensiones insuficientes, aun con una administración eficiente.

No existe acción de Apple, Amazon o Nvidia capaz de derogar esa aritmética.

Por eso no puede construirse una pensión digna sobre una vida entera de salarios indignos.

Desde el Frente Cívico y Social sostenemos que la reforma previsional debe caminar junto con una política que dignifique el salario, eleve productividad, formalización y capacidad contributiva. Que quien trabaja pueda vivir dignamente y que quien trabajó pueda retirarse dignamente.

También se repite que el reparto está “quebrado” en todo el mundo.

Los sistemas de reparto enfrentan tensiones cuando envejece la población, disminuye la relación entre cotizantes y pensionados o se prometen beneficios superiores a la capacidad contributiva. Por eso se reforman: ajustan edades, aportes, fórmulas y reglas actuariales.

Mientras tanto, de los treinta países que privatizaron total o parcialmente sus sistemas obligatorios, dieciocho habían revertido esas reformas para 2018.

¿Dónde está entonces la evidencia para afirmar que el reparto fracasó en todo el mundo y que la privatización es inevitablemente superior?

No defendemos un reparto irresponsable. Defendemos un reparto del siglo XXI, basado en cuentas nocionales.

Cada trabajador tendría registrada su historia contributiva en una cuenta individual contable. Sus aportes generarían derechos previsionales transparentes y, al jubilarse, ese saldo nocional se convertiría actuarialmente en una pensión vitalicia.

Eso mantiene la relación entre lo aportado y lo recibido, pero evita convertir la vejez en una apuesta individual contra el mercado, la longevidad y las desigualdades acumuladas durante décadas.

A ese sistema debe sumarse una pensión básica que impida la indigencia y un Fondo Nacional de Reserva Previsional, capitalizado colectivamente y administrado por una corporación pública autónoma, profesional e independiente del Gobierno de turno.

Ese fondo puede invertir dentro y fuera del país. En República Dominicana podría participar en energía, minería, transporte, agua, logística, infraestructura, tecnología y otros proyectos capaces de elevar productividad y desarrollo humano.

Pero con una regla inviolable: primero debe ser una buena inversión para el fondo; después puede ser también una buena inversión para el país.

Cada proyecto debe demostrar rentabilidad ajustada por riesgo, transparencia y gobernanza. El beneficio social puede ser un criterio adicional, nunca una excusa para sacrificar el patrimonio previsional del trabajador.

El fondo también debe poder diversificarse internacionalmente. La diversificación no pertenece a las AFP. Pertenece a una buena administración financiera.

Tampoco es cierto que la capitalización haya eliminado la dependencia del futuro.

Toda pensión depende de la economía futura.

El dinero acumulado durante treinta años no guarda alimentos, medicamentos ni servicios dentro de una bóveda. Representa derechos financieros sobre la producción futura.

En reparto, esos derechos se financian mediante contribuciones e impuestos. En capitalización, mediante intereses, dividendos y venta de activos.

Y cuando parte del ahorro previsional está invertida en deuda del propio Estado, resulta todavía más evidente: esos intereses deberán ser pagados mañana por la economía y los contribuyentes de mañana.

La capitalización no eliminó la restricción intergeneracional. La cambió de forma.

Nuestra Constitución tampoco ordena capitalización ni reparto. Ordena algo superior.

La República Dominicana es un Estado social y democrático de derecho, fundado en la dignidad humana, y reconoce la seguridad social como un derecho.

Queremos crecimiento, inversión, empresas fuertes y mercados de capitales modernos. Pero son medios.

La persona es el fin

Por eso la pregunta que los defensores del modelo todavía deben responder no es cuánto administran las AFP ni cuánto habría ganado alguien comprando acciones en Wall Street.

Es esta:

¿Qué pensión suficiente, vitalicia y digna garantiza este modelo al trabajador dominicano después de una vida de trabajo?

Si la respuesta vuelve a ser el tamaño del fondo, están respondiendo otra pregunta.

Desde el Frente Cívico y Social proponemos abrir esta discusión sin complejos. No para regresar al pasado, sino para construir algo mejor: cuentas nocionales, reparto actuarialmente responsable, solidaridad, reservas colectivas, inversión profesional y salarios capaces de dignificar el trabajo.

Dignidad mientras se trabaja. Dignidad cuando se deja de trabajar.

Ese es el éxito que un Estado social y democrático de derecho debe aprender a medir: no cuánto acumula el sistema, sino cuánta dignidad garantiza.

jpm-am