La Carta de las Naciones Unidas consagra un delicado equilibrio entre el respeto a la soberanía de los Estados y el derecho de los pueblos a decidir su propio destino. Durante más de ocho décadas, estos principios han orientado procesos de independencia, la arquitectura del derecho internacional y la conformación de nuevos Estados. La República Dominicana como signataria de la Carta de 1945 y de diversos tratados internacionales, está obligada a velar por la preservación íntegra de su soberanía.

En ese sentido, nuestro país debe actuar con extrema prudencia frente a cualquier solicitud o acuerdo que implique el uso de nuestro espacio aéreo, marítimo o terrestre para operaciones militares de los Estados Unidos o de cualquier otra potencia en el Caribe. Más aún cuando tales operaciones, disfrazadas o justificadas bajo diversos argumentos, pudieran en realidad formar parte de acciones triangulares dirigidas contra un Estado miembro del sistema de Naciones Unidas. La neutralidad estratégica de la República Dominicana constituye una ventaja comparativa y un pilar de nuestras buenas relaciones con todas las naciones.

Lo que está en juego es, en esencia, nuestra soberanía nacional: un valor por el que hemos luchado a lo largo de nuestra historia y que nos une sin distinción de credos políticos, ideológicos, económicos, religiosos o culturales. Este principio adquiere mayor relevancia ante la posibilidad de operaciones de gran escala contra la vecina República Bolivariana de Venezuela, país con el que compartimos lazos históricos y humanos, y cuyas consecuencias colaterales podrían impactar a otras naciones soberanas, así como generar riesgos en nuestra propia zona marítima y en materia de derechos humanos.

América Latina conoce muy bien los efectos de intervenciones e invasiones justificadas con argumentos cambiantes pero con resultados reiteradamente lesivos. la República Dominicana, en particular, posee dolorosas experiencias al respecto: la intervención de 1916, orientada a controlar nuestras aduanas y economía, y la de 1965, supuestamente para impedir el avance del comunismo, que terminó imponiendo nuevamente tropas extranjeras en nuestro suelo.

La República Dominicana es una nación de paz. No tiene tradición agresora; por el contrario, ha sido muchas veces víctima de agresiones externas. Señor Presidente, amigo Luis Abinader: el momento exige prudencia, comedimiento y una lectura serena del convulso escenario geopolítico que atraviesan América Latina y el mundo. Desde la patria de Duarte, no debemos avalar ni permitir acciones militares contra ningún país soberano.

Conviene recordar que el artículo 80, acápite 4, de la Constitución dominicana atribuye al Senado la facultad de autorizar la presencia de tropas extranjeras en territorio nacional, así como el envío de tropas dominicanas al exterior, pero únicamente para misiones de paz. No para guerra, Cualquier decisión contraria a este mandato constitucional tendría un altísimo costo humano, social y político, tanto para el Gobierno como para toda la nación.

La situación de Venezuela no debe verse de manera aislada: es un eslabón dentro de una cadena mayor, vinculada a las tensiones de un nuevo orden multipolar en gestación. Los riesgos superan con creces cualquier beneficio momentáneo. Debemos proteger nuestra soberanía, porque nada ganamos involucrándonos, y sí podemos perder mucho.

Por estas razones, y considerando el deber de salvaguardar nuestra institucionalidad, solicitamos que el Tribunal Constitucional examine esta situación y se pronuncie al respecto, en mi nombre, en el del Partido Revolucionario Independiente (PRI) y en representación de ciudadanos preocupados por las consecuencias futuras de decisiones apresuradas.
jpm-am

Los informes sobre la violencia en la sociedad provienen del Código de Hammurabi, que data de 1730 a. C. Lleva en sí la primera huella de la ley del talión, que pretendía frenar la violencia y que consistía en aplicar al criminal la justa reciprocidad del delito cometido.

La violencia también estuvo omnipresente en la Edad Media. Se asegura que en la Edad Media “la violencia forma parte del medo de vida” los campesinos y los aldeanos. Los hombres son descritos como coléricos, impulsivos y peleones. No dudan en luchar y tomar las armas ante la menor provocación o incluso tomar la justicia en sus manos.

Este período también estuvo marcado por la aparición de numerosas bandas de bandidos que saquearon y arrasaron las casas de los habitantes. La Edad Media es un período conocido por la violencia de sus costumbres y prácticas. Los señores reinan supremos sobre sus dominios y compiten entre sí. La vida humana, especialmente la de siervos y campesinos, prácticamente no tenía valor.

Para ser un varón poderoso, era necesario poseer un vasto territorio y vasallos para reunir rápidamente un ejército. Esta violencia se ejemplificaba, en particular, con el derecho de proscripción o las guerras entre señores. La violencia feudal no es más que una cuestión de dominación de los más poderosos sobre los más humildes.

También se revela como una forma de regulación social y política entre los nobles. Los señores libran guerras por territorio, mujeres, derechos u honor. Sin embargo, estos conflictos se consideran legítimos y a menudo sinónimo de venganza. El derecho de prohibición es el derecho a mandar, obligar y castigar. Los habitantes no tienen derechos sobre la tierra del señor guerrero que los protege.

La prohibición es el poder de mando que posee el señor. Puede decidir imponer impuestos, quehaceres, castigar a cada vasallo o campesino El derecho de prohibición permite imponer numerosas restricciones a los habitantes. Se trata, por tanto, de una forma de violencia social ejercida sobre campesinos y siervos.

Después de un extenso trabajo realizado sobre archivos, historiadores lograron estimar que la tasa de homicidios en Inglaterra en el siglo XII era de alrededor de 20 por cada 100.000 habitantes, mientras que en 2010 era de 2,2 por cada 100.000 habitantes. Entre 1300 y 2000 hubo un largo período de descenso de la tasa de homicidios en Inglaterra. Esta tendencia también se observó en otros países europeos, incluida Francia, donde la tasa de homicidios alcanzó su mínimo histórico en 2010.

Los campesinos, pero también las iglesias y los monasterios, suelen ser las primeras víctimas de las bandas de comerciantes (las Grandes Compañías) o de bandidos. Viven con el temor de incursiones o ataques, de ahí la protección que les otorgan los señores en ciudades cada vez más fortificadas.

Los caminos no son seguros. Los salteadores de caminos gobiernan allí, robando a comerciantes, peregrinos y campesinos, y una población marginada, rechazada de la ciudad o desterrada del mundo rural, deambula, contribuyendo así a la sensación de inseguridad. Es por otra parte porque, al día siguiente de la guerra de Cien Años, la seguridad de las carreteras se convierte en un problema importante.

Para las autoridades reales. La pacificación del territorio, por tanto, comienza con el de las vías de circulación. Así, En la Edad Media, la violencia es considerada como banal, y a veces hasta estimulada por los colegas, en vista de “producir una ética viril en los campesinos, y sobre todo en los nobles, que tienen vocación a convertirse implacables guerreros “, como lo señala Robert Muchembled y así de formar hombres capaces de defenderse y de proteger los otros.

Aunque ritualizada, justificada por un código de honor y a menudo poco perseguida, esta violencia, que es esencialmente el asunto de los «jóvenes que se van a casar», será progresivamente enmarcada, canalizada y, en última instancia, menos tolerada, en el marco de un proceso de civilización de las costumbres, según Norbert Elias, pero también con la llegada de los regidores y sus juicios, según Robert Muchembled, del desarrollo del aparato represivo policial, según Maurice Cusson, sin olvidar el papel pacificador de la Iglesia o la aplicación de los castigos corporales públicos en el siglo XVI.

El declive de la violencia física se debe principalmente a la progresiva consolidación del Estado y a la transición de la justicia privada a un sistema judicial público, con el corolario de confiar al poder público el monopolio de la violencia legítima. Entre los siglos XVI y XIX, el poder abolir los ejércitos privados, adoptó leyes escritas, creó tribunales que hicieron la justicia cada vez más accesible y desarrolló organizaciones policiales y prisiones.

Los ciudadanos comenzaron a sentir la necesidad de buscar justicia. Con el tiempo, el Estado se convirtió en el único organismo con derecho a usar la fuerza. Así, el Estado, la autoridad pública, ha desempeñado un papel esencial en la pacificación de la moral. Además, actualmente, a pesar del revuelo en torno a la violencia, vivimos en el período menos violento de la historia. La violencia sigue presente, pero ahora es obra de una minoría de individuos.

jpm-am