El dominicano que llena el tanque, compra alimentos o paga el transporte está sintiendo las consecuencias de conflictos que ocurren a miles de kilómetros. Las guerras pueden parecer lejanas en el mapa, pero sus efectos encuentran rápidamente el camino hacia el presupuesto familiar.

Para una economía importadora de petróleo y combustibles como la nuestra, la incertidumbre internacional exige prudencia. Cuando suben los costos de la energía, aparecen presiones sobre el transporte, la producción y los precios. El Gobierno debe decidir cuánto absorbe el presupuesto y cuánto termina pagando el ciudadano. Ninguna de esas opciones sale gratis.

Pero el problema mundial desborda las estaciones de combustible. Al encarecimiento de la vida se suman el deterioro de la seguridad, la expansión del narcotráfico y la desconfianza hacia instituciones que parecen responder con menos velocidad que las organizaciones criminales.

Costa Rica merece especial atención. La llamada Suiza de Las Américas inauguró el 14 de octubre una megacárcel inspirada en el modelo salvadoreño, con capacidad para 5,100 reclusos y una inversión de 35 millones de dólares. Que un país identificado durante décadas con la estabilidad llegue a esa respuesta debería hacernos reflexionar sobre la rapidez con que puede deteriorarse la tranquilidad.

Guatemala acaba de sufrir el asesinato del exfiscal anticorrupción Juan Francisco Solórzano Foppa. En Perú, la presidenta Keiko Fujimori anunció un comando unificado de militares y policías contra la delincuencia.

Ecuador continúa enfrentando altos niveles de violencia vinculados al crimen organizado. Son realidades distintas, pero muestran una dificultad común: preservar la autoridad del Estado frente a estructuras que acumulan dinero, armas y capacidad de intimidación.

Francia aporta otra advertencia. Las protestas del 17 de octubre contra el costo de la vida estuvieron acompañadas de incendios, saqueos y ataques a edificios públicos y privados. El reclamo social y la violencia requieren respuestas diferentes: escuchar las demandas legítimas y perseguir los delitos. Confundirlos agrava la crisis y debilita la confianza.

República Dominicana debe observar ese escenario sin alarmismo, pero también sin complacencia. La estabilidad necesita instituciones capaces de anticiparse, investigar y sancionar. El narcotráfico encuentra oportunidades donde fallan los controles y prospera cuando consigue protección o indiferencia.

En el frente económico, la presión ya tiene una dimensión considerable. El presidente Luis Abinader proyectó para 2026 unos RD$100,000 millones de subsidio eléctrico y RD$40,000 millones para combustibles. Son RD$140,000 millones destinados a amortiguar costos que, trasladados íntegramente a consumidores y empresas, producirían mayores dificultades.

Conviene precisar algo: esa suma corresponde a electricidad y combustibles; no equivale exclusivamente a ayudas focalizadas para familias pobres. Tampoco el aumento de subsidios demuestra, por sí solo, que las cifras de pobreza sean falsas. Una transferencia puede evitar precisamente que un hogar caiga en ella. La discusión seria exige conocer beneficiarios, resultados y costos.

Eso no libera al Gobierno de explicar cómo sostendrá esas obligaciones. Cada peso comprometido reduce el espacio disponible para otras necesidades. Y una familia que depende permanentemente de asistencia sigue expuesta, aunque haya superado estadísticamente una línea de pobreza.

Gobernar en estas condiciones demanda inteligencia para administrar recursos, firmeza frente al crimen y honestidad para reconocer límites. También exige convertir crecimiento en empleos e ingresos que permitan vivir con menos dependencia.

Nadie puede adivinar cuánto durará esta incertidumbre. Lo que sí sabemos es que cruzar los dedos nunca ha sido una política pública. La tranquilidad dominicana merece algo más sólido que confiar en que la próxima crisis ocurra lejos.

POR EDWIN PINEDA CARRASCO

Estados Unidos se presenta ante el mundo como defensor de la democracia, la justicia y la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, sus decisiones internacionales plantean una pregunta incómoda: ¿por qué quienes son señalados como amenazas pueden convertirse en interlocutores aceptables cuando cambian las prioridades de Washington? Cuando los principios se aplican con rigor a unos y parecen flexibilizarse frente a otros, la credibilidad de esa lucha queda en entredicho.

Durante décadas, Washington ha exigido extradiciones, investigaciones y cooperación judicial a países como la República Dominicana. Pero esa firmeza pierde fuerza cuando sus propias decisiones políticas parecen responder a criterios diferentes. Si alguien es considerado una amenaza y después adquiere valor estratégico, la ciudadanía tiene derecho a preguntar qué cambió y si la justicia sigue ocupando el mismo lugar en las prioridades estadounidenses.

El problema no es negociar con antiguos adversarios. La diplomacia exige diálogo y acuerdos, incluso con actores cuestionados. La contradicción aparece cuando esos acercamientos parecen relegar responsabilidades anteriores y proyectan la impresión de que una persona puede pasar de perseguida a socia conveniente sin que se expliquen suficientemente las razones. Los intereses nacionales pueden cambiar, pero los hechos y las responsabilidades judiciales no deberían desaparecer por conveniencia política.

Para la República Dominicana, este asunto tiene consecuencias directas. El país ha cooperado con Estados Unidos en la extradición de personas reclamadas por la justicia. Sin embargo, cuando algunos extraditados regresan y parecen recuperar influencia, reconocimiento o acceso a círculos de poder, surge una pregunta inevitable: ¿qué mensaje reciben los ciudadanos cuando quienes estuvieron sometidos a procesos judiciales parecen recuperar rápidamente su posición social?

La preocupación aumenta ante la posibilidad de que recursos procedentes del narcotráfico busquen financiar campañas electorales o comprar influencia política. Cuando existen investigaciones sobre dinero ilícito, las autoridades deben determinar su origen, identificar a los beneficiarios y establecer responsabilidades mediante pruebas. Ningún partido ni dirigente debería quedar al margen de esas investigaciones por sus conexiones, su riqueza o su posición pública.

La clase política dominicana también debe responder por sus relaciones y decisiones. Recibir a una persona que regresa al país no constituye por sí mismo una irregularidad, pero ofrecerle respaldo político o acceso privilegiado merece escrutinio cuando existen antecedentes relevantes. Respetar los derechos de alguien es una obligación; convertir su regreso en una demostración de poder es una decisión que los dirigentes deben poder explicar.

Estados Unidos tampoco puede exigir transparencia a sus socios mientras espera que sus propias contradicciones queden fuera del debate. Si negocia con actores cuestionados por razones estratégicas, debe explicar los objetivos y los límites de esos acuerdos. La cooperación internacional contra el crimen no debería convertirse en una herramienta selectiva que se endurece contra unos y se flexibiliza frente a otros según las necesidades del momento.

El mensaje social puede ser devastador. Si los jóvenes observan que el dinero y las conexiones parecen abrir puertas incluso después de procesos judiciales, pueden llegar a creer que delinquir resulta rentable. Mientras millones de personas trabajan honestamente para progresar, la percepción de que algunos obtienen ventajas por su influencia debilita la confianza en la justicia y en las instituciones democráticas.

Es necesario distinguir entre acusaciones, condenas y cumplimiento de penas. Ser extraditado no demuestra culpabilidad, y quien ha cumplido una condena conserva sus derechos. Pero esas garantías no impiden cuestionar las decisiones políticas ni exigir explicaciones sobre posibles privilegios. La reinserción social no debe confundirse con impunidad, y el respeto a la ley no puede depender de la capacidad económica de cada persona.

Ir más allá

La cooperación entre Washington y Santo Domingo debe ir más allá de las extradiciones y los decomisos. Es necesario perseguir el lavado de activos, examinar el financiamiento de campañas y desmantelar las redes que permiten que el dinero ilícito alcance espacios de influencia. El éxito de esa cooperación debe medirse por resultados verificables, no solamente por anuncios oficiales o cifras presentadas como victorias.

La doble moral se convierte en un problema cuando la condena pública depende de quién sea el señalado y la firmeza parece desaparecer cuando cambian los intereses. Si una potencia exige rigor a sus adversarios, pero adopta posiciones más flexibles ante actores que considera útiles, debe estar preparada para responder a las críticas. El liderazgo internacional no se demuestra únicamente señalando las faltas ajenas, sino explicando las propias decisiones.

La República Dominicana necesita instituciones que investiguen sin privilegios, partidos transparentes y dirigentes dispuestos a rendir cuentas. Estados Unidos, por su parte, debe demostrar que la lucha contra el narcotráfico no queda subordinada a conveniencias diplomáticas. Ninguna relación estratégica debería impedir que se examinen los hechos ni que se investiguen posibles responsabilidades conforme a la ley.

La pregunta final es sencilla: ¿se combate el crimen por convicción o solamente mientras resulta conveniente? Cuando los intereses políticos parecen pesar más que la coherencia, la sociedad recibe un mensaje peligroso: que el dinero puede comprar influencia, que las conexiones pueden facilitar el regreso al poder y que delinquir podría resultar beneficioso.

La justicia pierde credibilidad cuando parece tener distintos criterios para diferentes personas. La ley debe ser igual para todos, incluso cuando aplicarla resulte incómodo para quienes tienen el poder.

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