Si se observa con atención y se analiza con mente equilibrada e imparcial en lo político, se tiene que apreciar que parte de los niveles de popularidad que mantiene el Presidente Luis Abinader están sustentados en su trajinar por el territorio nacional poniendo en servicio obras que benefician directamente a comunidades urbanas y rurales.

Inaugurar esas obras y tener contacto cara a cara con el pueblo llano -que quiere hechos y no palabras, lo cual le suma simpatías- es una de las ventajas que tiene sobre los políticos de la oposición quien ocupa el solio presidencial.

Puede viajar al extranjero (como en la presenta semana a Costa Rica) regresar en la noche y al otro día salir temprano hacia el interior del país a entregar obras, lo cual es una maquinaria que le garantiza adhesión, la cual no tienen posibilidades de emplear sus opositores.

En ese estado de cosas vimos al mandatario en las últimas semanas inaugurando tres vías con las cuales satisface necesidades sentidas de comarcas en ruta de progreso:

a) la carretera Mata Bonita-Los Memisos, del distrito municipal de Las Gordas, en Nagua, construida a un costo de RD$281 millones. 13.8 kilómetros de longitud. b) la carretera Cruce de Pedregal-La Guázuma, en el municipio de San José de las Matas. 9.8 kilómetros, con inversión de RD$872 millones. C) la carretera que enlaza el distrito municipal de Tavera con Jarabacoa, en la provincia de La Vega. Presupuesto RD$810 millones.  8.3 kilómetros de longitud.

Un hecho nos llamó la atención. Las tres obras estuvieron a cargo  de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid), que no las hizo por administración -es decir, NO con personal propio- sino con el sistema de empresas e ingenieros contratistas, pero estrictamente supervisadas por ella.

Por ello insistimos: si se aplica el dicho bíblico “por sus frutos las conoceréis…” a los organismos gubernamentales responsables de obras públicas, se tendría absoluta seguridad de que Egehid quedaría entre los cinco mejor valorados por la población en la presente administración.

En términos prácticos y reales Egehid se ha constituido (aparte de sus funciones originales) en una especie de unidad de acción rápida, sin muchas vueltas, sin contradicciones, a la orden del  mandatario.

Dicho más claramente:  El jefe del Estado dispone un trabajo y Egehid cumple en tiempo y calidad sin que haya quejas posteriores de las comunidades favorecidas.

En estos momentos Egehid es un referente de buen ejercicio y administración que se hace sentir en distintos campos. No son solo los grandes proyectos hidroeléctricos en proceso (Las Placetas, Guagui, Boca de los Rios, La Gina, Artibonito, etc) sino las medianas y pequeñas obras como iglesias, acueductos, centros comunales, dispensarios, canchas., etc.

josepimentelmunoz@gmail.com

El Nuevo Código Penal que entra en vigencia en agosto de este año -2026- establece que constituye un abuso de autoridad contra la administración pública el funcionario o servidor público que en el ejercicio de sus funciones y sin causa justificada, no ejecute una sentencia con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, art. 286 del NCP.

La sanción que impone este artículo es de multa, no tiene penas. En cambio, en otros artículos de la nueva normativa penal sustantiva se configura el desacato y la infracción penal del obstáculo de ejecución de sentencia, ley o reglamento. ¡Veamos!

El desacato según el artículo 315 del NCP se define como aquella persona que desobedezca o resista una orden, fallo o mandato de una autoridad competente. A si como el funcionario o servidor público que en el ejercicio de sus funciones se rehúse a ejecutar una decisión judicial. Este desacato se refiere por su ubicación a un llamado, citación o invitación de un fallo, mandato u orden. Se sanciona esta infracción con penas y multas.

La sanción penal que impone el artículo 315 es arbitraria, irrazonable, discriminatoria y desigual, toda vez, que para el funcionario no hay prisión sino multas de 1 a 3 salarios mínimo del sector público.

Violación 

En cambio, para el particular que desobedezca una sentencia se establece una pena de prisión de un día a un año y multa de 1 a 5 salarios mínimos del sector público. Esto evidencia una violación al principio de igualdad constitucional.

A parecer el legislador penal con los artículos 286 y 315 no desea sanciones para el funcionario que impida, no ejecute o desobedezca una sentencia. Esto se confirma por la descripción penal del artículo 339 de NCP. Dicha descripción no es clara.

El artículo 339 establece la infracción penal del obstáculo de ejecución de sentencia, ley o reglamento y ubica esta transgresión penal como una infracción contra el respeto debido a la justicia. Anuncia esta regla que la persona (un particular) que obstaculice o impida la ejecución de una sentencia por decisión pronunciada por un tribunal legal será sancionada con penas de 15 días a 1 año de prisión menor.

En cambio, el citado artículo en su único párrafo excluye al funcionario de la ejecución de una sentencia y solo lo sanciona con penas de 2 a 3 años de prisión menor y multa si el funcionario no da cumplimiento a una ley o reglamento. No habla de sentencia. Una redacción que en cierto modo protege al funcionario.

La mala redacción gramatical del artículo 339 que conforme al principio de legalidad penal debe ser claro y preciso para llenar el cometido y propósito de dicho principio penal, hace de este artículo que sea imposible la imposición de una pena para un funcionario que no ejecute una sentencia.

Pues, aunque se podría inferir que la regla penal 339 sanciona al funcionario que obstaculice la ejecución de una sentencia, sin embargo, el párrafo de dicho artículo excluyó la palabra sentencia cuando se refiere al funcionario. En consecuencia, el juez penal no puede extenderse a interpretar que el legislador puso la palabra sentencia.

Hacerlo, se encontrará de frente con el principio de interpretación restrictiva (art. 25 del CPP), que ordena que las normas procesales que coarten las libertades o establezcan sanciones se deben interpretar de forma restrictiva. Solo se podrá interpretar extensivamente si es para favorecer al imputado. Colorario a lo descrito anteriormente es que la duda debe favorecer al reo, art. 25 del CPP.

Mala redacción

Sin dudas algunas, se puede apreciar que el Nuevo Código Penal no sanciona con prisión al funcionario que no ejecute una sentencia definitiva. Se intentó, pero la mala redacción de la descripción penal del articulo 339 va a favorecer al funcionario. No obstante, queda claro que si este no cumple con el mandato de una ley o reglamento se impone una pena de prisión. No así, cuando no ejecuta una sentencia definitiva.

La no ejecución de una sentencia es un mal viejo, latente y permanente, creíamos que se iba a conjurar con este nuevo código. Pero no quedaremos oliendo donde no hay nada o con alucinaciones olfativas.

Sin dudas algunas, la nueva normativa penal que entra en vigencia en agosto de este año (2026) protege al funcionario si decide no ejecutar u obstaculizar una sentencia definitiva. Solo se le sancionará con multas ligeras. En cambio, si es un particular que obstaculiza la ejecución de una sentencia se le impondrá penas de prisión.

jpm.am

Dos los ciudadanos han recibido con alegría la disposición contenida en los artículos 18, 19 y 20 del nuevo código penal (ley 74-25), que entrará en vigencia el  seis de agosto del año 2026, por un lado con grandes avances, retrocesos, aumentos de penas, la configuración de delitos nuevos, la figura del cúmulo de penas, una nueva modalidad de cumplimiento de las penas, entre otras novedades que el país aún desconoce y que deberían saber.

Este código le va a dar muy duro a las personas que se vean involucradas en la comisión de algún delito y que antes se podían salir con las suyas, ya que trae penas bastante severas y será necesario construir varias cárceles nuevas porque las que hay no van a dar abasto.

Para evitar la responsabilidad penal debe configurarse que los golpes, heridas o fallecimiento del ladrón, sea rechazando una agresión que se esté ejecutando en el momento, inminente e injustificada o a punto de ejecutarse contra una persona o contra un tercero, con cualquier cosa que la persona tenga disponible para defenderse cuando el hecho suceda dentro de su casa o intentando el ladrón penetrar a la misma, sea rompiendo una puerta, ventana, candado, llavines, sea con engaño, violencia o cualquier otra forma ilegal.

Se recuerda que en el viejo código penal un ladrón a veces había que pagarlo como una gente seria y hasta sus familiares pedían “justicia”, no importando el grado de daños que este delincuente causó o intentó causar al penetrar a una vivienda habitada por una familia.

Estábamos casi al punto de llegar a que al ladrón había que brindarle hasta cena y jugos para que él no se ofendiera, ahora ese mismo ladrón tendrá que suspender sus actividades y ponerse a trabajar.

A partir del seis de agosto del año 2026, defenderse de un asalto será un derecho reconocido a los ciudadanos en el nuevo código, ya que si una persona encuentra dentro de su casa a un ladrón, o aun sea en la calle cometiendo un asalto, las personas podrán defenderse de esa agresión sin responsabilidad penal, siempre que se compruebe que así sucedió y está estipulado de esta manera:

“Artículo 18.- Legítima defensa. Se considerará legítima defensa el acto dirigido a rechazar de modo simultáneo, y proporcional la agresión actual, inminente e injustificada que se ejecuta o que está en curso de ejecutarse en contra de sí mismo o de otra persona. No es antijurídica la conducta de quien actúa en legítima defensa”.

Párrafo I.- En la legítima defensa siempre prevalecerá la proporcionalidad relativa al bien jurídico protegido sobre la proporcionalidad de medios.

Párrafo II.- No habrá legítima defensa ni presunción de ella si la agresión rechazada ha sido precedida por un acto de provocación cometido por quien la invoque.

Artículo 19.- Causales de legítima defensa. Se reputarán casos de legítima defensa los siguientes:

1)  Cuando se rechace por cualquier medio y desde el interior de una casa habitada la entrada que hace otra persona con fractura, violencia, engaño o cualquier otro método ilegítimo;

2) Cuando se actúe contra quien es sorprendido dentro de una casa habitada;

3) Cuando se actúe contra el autor del robo perpetrado con violencia, en el lugar del hecho.

 Artículo 20.- Estado de necesidad. Actúa en estado de necesidad y no será penalmente responsable quien, ante un peligro actual o inminente que lo amenaza o amenaza a otra persona que, con la finalidad de repelerlo o evitarlo, incurre en una acción u omisión típica, que lesiona un bien jurídico de otra persona o infrinja un deber, siempre que concurran los requisitos siguientes:

1)  El peligro no haya sido provocado intencionalmente por el que actúa;

2)  El mal causado no sea mayor que el mal que se trata de evitar; 

3)  No existe otro medio practicable y menos perjudicial para evitar el daño; 

4)  El necesitado no tiene, por oficio o cargo, obligación de la puesta en riesgo que causó el estado de necesidad.

jpm-am