NUEVA YORK 24 Nov.- El juez federal Cameron Currie ha ordenado este lunes sobreseer las denuncias presentadas por la Administración de Donald Trump contra el exdirector de la Oficina Federal de Investigación (FBI) James Comey y la exfiscal general de Nueva York Letitia James por un error procedimental, concretamente por considerar nulo el nombramiento de la fiscal encargada del caso, Lindsey Halligan.

Comey fue cesado por Trump durante su primer mandato y acusado de falso testimonio y obstrucción al Congreso mientras que James estaba acusada de fraude por una hipoteca sobre una vivienda de Virginia.

El fallo de Currie destaca que el plazo de 120 días para el nombramiento de un sustituto en funciones para el fiscal Erik Siebert expiró antes de que la fiscal general de Trump, Pam Bondi, nombrara a un sustituto, por lo que la competencia era en realidad de los jueces de cada distrito. La decisión implica que el Departamento de Justicia podría presentar de nuevo los cargos contra Comey y James con otro fiscal.

Halligan es el cuarto fiscal federal afín a Trump cuyo nombramiento ha sido considerado ilegal por un juez. Los propios acusados, Comey y James habían recurrido contra la fiscal. La fiscal había sustituido a Siebert tras su dimisión por las presiones de la Administración para imputar a Comey.

Los hechos se remontan a una comparecencia de Comey ante el Congreso en el año 2020 y en la que supuestamente mintió al negar cualquier relación con la filtración de una información relativa a los supuestos vínculos entre Trump y el Gobierno de Rusia, según Halligan.

Trump no ha escatimado críticas hacia Comey, a quien ha tachado de «policía corrupto». Poco antes de la imputación, reclamó en redes sociales a la fiscal general, Pam Bondi, que actuase contra varios de sus opositores políticos, dentro de los cuales incluyó al exdirector del FBI.

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MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) –

El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha anunciado este lunes la apertura de un procedimiento contra el senador Mark Kelly, quien instó a desobedecer cualquier orden ilegal en el marco de los ataques mortales contra embarcaciones de supuestos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico. La investigación podría desembocar en un consejo de guerra.

El Pentágono ha recibido «graves acusaciones de conducta inadecuada» y por ello ha abierto una «revisión minuciosa» del vídeo en el que Kelly y otros cinco congresistas –Elissa Slotkin, Jason Crow, Maggie Goodlander, Chris Deluzio y Chrissy Houlahan– pedían a los soldados «rechazar órdenes ilegales».

«Nadie tiene que cumplir órdenes que son contrarias a la ley o a nuestra Constitución (…). Sabed que os apoyamos. No abandonéis el barco», dijeron.

Ahora el Departamento de Guerra –nombre con el que la Administración de Trump designa a este ministerio– ha abierto un procedimiento para «decidir las acciones a adoptar, que pueden incluir el llamamiento al servicio activo para un consejo de guerra o medidas administrativas», explica el organismo en un comunicado publicado en redes sociales.

«Esta cuestión será gestionada conforme a la ley militar y garantizando el debido proceso y la imparcialidad (…). Se limitan los comentarios oficiales para preservar la integridad del procedimiento», apunta.

En respuesta a esta comunicación, Kelly ha enumerado algunas de sus acciones como miembro de las Fuerzas Armadas y ha subrayado que ha «dado demasiado a este país para ser silenciado por abusones que se preocupan más de su propio poder que de proteger la Constitución».

«Si buscaban intimidarme a mí y a otros miembros del Congreso para que no hagamos nuestro trabajo de hacer rendir cuentas a esta administración, no va a funcionar», ha recalcado.

Tras la publicación del vídeo el presidente estadounidense, Donald Trump, llamó «traidores» y atribuyó un «comportamiento sedicioso punible con la muerte» a Kelly y a los demás congresistas que aparecen en la grabación. Los congresistas han denunciado amenazas «perturbadoras» desde entonces.

Kelly estuvo en la Armada estadounidense y se retiró con el rango de capitán. Estuvo dos veces en el golfo Pérsico y también ha sido instructor en la Escuela de Pilotos Navales. Estaría sujeto al Código Uniforme de Justicia Miliar solo en el caso de que fuera llamado a filas en calidad de reservista.

Al menos 83 personas han muerto en las últimas semanas en ataques militares estadounidenses contra supuestas embarcaciones de narcotraficantes en aguas del Caribe y del Pacífico, unas acciones condenadas por la ONU y organizaciones de Derechos Humanos al considerarlas ejecuciones extrajudiciales.

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BRUSELAS, 24 Nov.- Los responsables comerciales de la Administración Trump, Howard Lutnick y Jamieson Greer, han insistido este lunes en sus contactos con la Comisión Europea y los Veintisiete en reclamar una relajación de la legislación europea para servicios y mercados digitales por considerar que persiguen a los gigantes tecnológicos americanos.

Tras una jornada en Bruselas en la que también han descartado avanzar hacia un arancel reducido para el acero y el aluminio mientras la UE no dé pasos para atender sus demandas en la cuestión tecnológica.

«Lo que espero con respecto al sector digital es que la Unión Europea tenga en cuenta nuestro asesoramiento y orientación, resuelva algunos de los casos pendientes y cree un marco con el que nos sintamos cómodos. Una vez se establezca ese marco con el que nos sintamos cómodos y entendamos y se resuelvan los casos pendientes, creo que podremos abordar el acero y el aluminio», ha resumido en declaraciones a la prensa en Bruselas Lutnick, secretario de Comercio norteamericano, junto al representante comercial de EEUU, Jamieson, y el comisario de Comercio, Maros Sefcovic, que negocia en nombre de los 27 en materia comercial.

Lutnick y Greer llegaron el domingo a la capital europea y en ella se han visto además de con Sefcovic, con la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario responsable de Seguridad Tecnológica, Henna Virkkunen, y con el comisario de Defensa y Espacio, Andrius Kubilis. Además, han sido invitados por los ministros de Comercio de la UE, reunidos en Bruselas, a un almuerzo informal para analizar las relaciones comerciales bilaterales, incluido el interés compartido por encontrar soluciones al impacto de la sobreproducción de acero de China en el mercado internacional.

En este contexto, los americanos han comparecido ante la prensa acompañados por Sefcovic y apostado por enviar un mensaje de entendimiento y «avances reales» tras lo que han considerado un encuentro «histórico» entre los responsables comerciales de ambos lados del Atlántico, que ha permitido una discusión «constructiva y franca» sobre los retos e intereses comunes.

Sefcovic ha insistido en que la cita de este lunes no era una ronda de negociación, sino un encuentro para «hacer balance» del estado de las relaciones y evaluar el cumplimiento del acuerdo alcanzado el pasado verano por el que Washington se comprometió a cambiar por aranceles reducidos el gravamen generalizado que impuso a las producciones europeas pero que, por ahora, deja fuera el aluminio y acero, que siguen pagando un 50% de tasa.

El negociador comercial de la UE, además, ha negado de plano que la regulación europea para servicios digitales sea «discriminatoria» ni persiga lastrar a las empresas de Estados Unidos, al tiempo que ha puesto en valor cómo la Unión está cumpliendo su parte del acuerdo de verano, que incluye fuertes inversiones en el mercado estadounidense, incluidas compras de gas natural licuado.

Fuentes comunitarias insisten, además, que la cuestión arancelaria y la regulación digital son asuntos «absolutamente sin relación» y que, mientras que los gravámenes al acero y el aluminio han sido siempre parte de las discusiones con Estados Unidos en materia comercial, el bloque también ha dejado claro que su «soberanía» para regular está fuera de la mesa de negociación.

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LIMA 24 Nov.- La expresidenta peruana Dina Boluarte ha presentado una acción de amparo por indefensión contra la decisión del Congreso de Perú de aprobar su vacancia presidencial y por tanto su salida del cargo por incapacidad moral el pasado 10 de octubre.

«Se quería hacer en 56 minutos y un debate de madrugada (…) Lo que merecía un debate para quitarle al presidente, a un elegido, era necesariamente un día, con tiempo que la población lo vea y no de madrugada», ha explicado el abogado de Boluarte Joseph Campos en declaraciones a la emisora RPP.

«Como el consejo fue que no vayas, porque evidentemente era indefensión material, no fue», ha argumentado Campos, que considera que hubo «indefensión material por no haber permitido una defensa conforme lo establece la Constitución y la Convención Americana sobre Derechos Humanos».

El objetivo del amparo presentado ante el Poder Judicial es que no se repita una «vacancia exprés» en las próximas gestiones presidenciales sin respetar derechos fundamentales, así como que se retire la figura de incapacidad moral.

Boluarte fue destituida el 10 de octubre en una moción ampliamente apoyada por una «incapacidad moral permanente» de la presidenta para abordar la inseguridad en el país.

Además, está siendo investigada en un caso vinculado a su partido, Perú Libre, señalado por la Fiscalía por presuntamente haber empleado fondos de origen desconocido para financiar la campaña electoral hace cuatro años.

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