SANTO DOMINGO.- El partido Fuerza del Pueblo (FP) expresó su rechazo «categórico» al proyecto de ley que pretende fusionar el Ministerio de Educación (MINERD) con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT).

Dijo que «se trata de una iniciativa improvisada, carente de consenso y de sustento técnico, presentada en un momento político claramente orientado a desviar la atención nacional del escándalo de corrupción que afecta al Seguro Nacional de Salud (SENASA)».

Advirtió que «el Gobierno intenta colocar en la agenda pública un debate altamente sensible, como lo es la estructura del sistema educativo, con el propósito de distraer a la opinión pública y a sectores sociales que hoy demandan respuestas claras, responsables y profundas sobre uno de los hechos más graves de corrupción administrativa registrados en la historia reciente del país, cuyas consecuencias han impactado directamente el derecho fundamental a la salud y, según las denuncias en curso, han costado vidas humanas».

Indicó que «el proyecto de fusión educativa surge en un contexto en el que se investiga el desvío de recursos destinados a garantizar servicios de salud a la población más vulnerable, recursos que claramente fueron utilizados para beneficiar intereses políticos vinculados a la campaña de reelección presidencial, involucrando a funcionarios de extrema confianza del presidente de la República, incluyendo al exdirector de SENASA, quien además fungió como coordinador del sector externo de dicha campaña».

En el plano estrictamente educativo e institucional, la Secretaría de Educación de la FP explicó que la iniciativa gubernamental desconoce la naturaleza diferenciada de los subsistemas educativos.

Recordó que la educación preuniversitaria y la educación superior responden a lógicas, objetivos, marcos normativos y esquemas de gobernanza distintos, tal como lo reconocen la Ley General de Educación No. 66-97 y la Ley No. 139-01 de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que establecen estructuras especializadas para garantizar calidad, autonomía y desarrollo estratégico.

Alertó de manera particular sobre el artículo del proyecto que declara al Ministerio de Educación como continuador jurídico del MESCyT, asumiendo de forma automática todas sus competencias, derechos, obligaciones, contratos, permisos, registros y contingencias, sin un plan de transición claro ni garantías institucionales. A juicio de la FP, esta disposición abre la puerta a una absorción administrativa riesgosa, que podría generar conflictos legales, debilitamiento de la autonomía universitaria y una pérdida de enfoque en áreas claves como la investigación científica, la innovación y el desarrollo tecnológico.

Asimismo, advirtió que la fusión propuesta pone en riesgo la conquista histórica del 4 % del Producto Interno Bruto destinado a la educación preuniversitaria, al unificar presupuestos sin establecer salvaguardas explícitas que aseguren la prioridad de ese financiamiento. Señaló que esta medida podría terminar diluyendo recursos esenciales para las escuelas públicas, al tiempo que compromete la inversión en ciencia, tecnología e innovación, áreas fundamentales para el desarrollo sostenible del país.

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SANTO DOMINGO.- El movimiento Participación Ciudadana destacó este martes que a pesar de los avances institucionales en distintas áreas del Estado, en República Dominicana persisten serios desafíos en materia de transparencia, justicia y lucha contra la corrupción.

Durante la presentación este martes de su balance del 2025, citó el caso del Senasa como uno de los ejes más preocupantes del período y vinculó el financiamiento irregular de las campañas electorales con prácticas de corrupción administrativa.

La coordinadora de la organización, Leidy Blanco, recordó que durante el periodo de campaña, Santiago Hazim fungió como coordinador nacional del movimiento “Sector Externo OLA”, seudónimo de Organización Luis Abinader.

«Este tipo de casos refuerza la necesidad de fortalecer los mecanismos de fiscalización y control sobre los recursos que se manejan en campañas políticas y en la administración pública», manifestó.

DOCUMENTO PÚBLICO

Blanco leyó un documento público cuyo texto es el siguiente:

«Resumen – Balance 2025 | Participación Ciudadana

El año 2025 estuvo marcado por avances institucionales relevantes en la República Dominicana, pero también por graves retrocesos y persistentes desafíos en la lucha contra la corrupción, la transparencia, la justicia, la equidad social y la gobernabilidad democrática.

• El Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, dado a conocer a principios del 2025, mostró un avance de la República Dominicana en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, seguimos presentando desafíos importantes que no afianzan los esfuerzos de la lucha contra la corrupción.
• La desconfianza tocó las puertas de cada hogar dominicano al encontrarnos con un nuevo caso de corrupción, uno que vulneró un derecho fundamental, como la salud. El caso SENASA quedará en la historia como el más dantesco atentado contra la salud del pueblo dominicano.
• Este año hubo pocos avances en el procesamiento de los casos de corrupción que cursan en los tribunales, aumentando las preocupaciones sobre la lentitud y los intentos de lograr que éstos periman. El Ministerio Público, sigue en su trabajo de persecución de la corrupción y la sociedad dominicana depositando su confianza en dicha labor.
• En el ámbito del Congreso Nacional fueron aprobadas importantes leyes como el Código Penal y el Procesal Penal, ambas constituyeron avances, pero la prensa y la sociedad civil tuvieron que enfrentar activamente intentos, en algunos casos exitosamente, de sectores que pretenden impedir el avance de las reformas, tanto en derechos ciudadanos, como de las mujeres, la libertad de expresión y la persecución de la corrupción administrativa.
• En el 2025, varios casos del partido revolucionario moderno evidenciaron la penetración del narcotráfico en la política y posiciones gubernamentales. La persecución del crimen organizado produjo importantes logros y la sociedad civil presiona por medidas efectivas de prevención y persecución para preservar la institucionalidad e integridad del sistema político.
• 2025 será recordado por el fatídico derrumbe el 8 de abril de la discoteca Jet Set, con el trágico balance de 236 ciudadanos y ciudadanas fallecidos, cerca de 200 heridos y decenas de niños huérfanos. En su memoria reclamamos a las autoridades un proceso judicial imparcial y justo.

Corrupción e impunidad

Aunque el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional reflejó una mejoría para el país a inicios de 2025, la ciudadanía continuó enfrentando una profunda desconfianza institucional, agravada por nuevos escándalos de corrupción. El caso SENASA se consolidó como el hecho más grave del año, al evidenciar un entramado criminal que desvió más de RD$15 mil millones del sistema público de salud, afectando directamente a los sectores más vulnerables y vulnerando el derecho fundamental a la salud.

Más allá de las irregularidades que hoy son objeto de investigación, este caso evidencia el impacto directo que la corrupción puede tener sobre millones de ciudadanos que dependen del sistema público de salud para acceder a servicios médicos esenciales. La malversación, el uso indebido de recursos destinados a la salud, la privatización fraudulenta de los servicios de atención primaria y distribución de sobornos constituyen una forma de violencia social que afecta de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables. el caso SENASA es un ejemplo de cuando la administración de recursos de salud no se maneja con ética, transparencia y responsabilidad, las consecuencias no son solo financieras, sino humanas: vidas afectadas, tratamientos no otorgados y pérdida de confianza.

Esperamos que este caso, no corra la misma suerte de los casos de gran corrupción que se ventilan en los tribunales, es necesario un proceso en donde los plazos se manejen con propiedad y celeridad que permitan tener sentencias en tiempo oportuno. Que las audiencias sean públicas partiendo del   que tiene la ciudadanía de estar informada y la relevancia e impacto de este caso. Que las audiencias sean públicas partiendo del derecho que tiene la ciudadanía de estar informada y la relevancia e impacto de este caso, debiendo modificar lo que sea necesario para que todas las audiencias sean públicas, sobre todo en los casos de corrupción.

Durante el año, el Ministerio Público procesó y logró condenas en varios casos de corrupción administrativa y crimen organizado, incluyendo la Operación 13, irregularidades en el Ministerio de Agricultura, tráfico ilícito de municiones en la Policía Nacional, redes de sobornos para suplir seguridad privada al Estado y el expediente del INTRANT que involucra a altos exfuncionarios. Sin embargo, persiste la preocupación por la lentitud judicial, los constantes reenvíos y el riesgo de prescripción de los grandes casos.

Narcotráfico y política

El 2025 evidenció de forma alarmante la penetración del narcotráfico en la política, particularmente en estructuras del Partido Revolucionario Moderno (PRM). Casos de diputados, regidores, exfuncionarios y asesores gubernamentales vinculados al lavado de activos y al tráfico de drogas culminaron en condenas, extradiciones y procesos en curso, revelando el alto costo económico de la política y la debilidad de los controles al financiamiento partidario.

Casos emblemáticos de gran corrupción

Solo uno de los grandes expedientes logró concluir juicio de fondo: Alexis Medina y compartes, con condenas a personas físicas y jurídicas por un desfalco superior a RD$4,796 millones, aunque con penas consideradas insuficientes. Los casos Adán Cáceres, Jean Alain Rodríguez y Donald Guerrero–Gonzalo Castillo–Peralta continuaron estancados por incidentes procesales, reenvíos y recusaciones, reforzando la alerta sobre la reproducción de la impunidad.

Controles y reformas institucionales

Se aprobaron importantes instrumentos de control como la nueva Ley de Contrataciones Públicas (47-25), una nueva Cámara de Cuentas, avances en digitalización de la Contraloría y destituciones de funcionarios por faltas administrativas. No obstante, el caso SENASA evidenció que los controles siguen siendo insuficientes y vulnerables.

En el ámbito legislativo, se aprobaron el nuevo Código Procesal Penal y el Código Penal No. 74-25, modernizando el marco jurídico penal e incorporando figuras como los ciberdelitos. Participación Ciudadana valoró estos avances, aunque lamentó la exclusión de las tres causales del aborto, manteniendo al país entre los más restrictivos del mundo en derechos reproductivos.

Decisiones del Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional emitió sentencias clave que fortalecen los derechos fundamentales, derogando normas que vulneraban la intimidad, la vida privada y la libertad de tránsito, así como disposiciones administrativas que permitían impedimentos de salida del país sin orden judicial.

Seguridad, reforma policial y crimen organizado

La Reforma Policial avanzó significativamente en formación, salarios, tecnología y supervisión. La DNCD tuvo una actuación destacada en la incautación de drogas. Como resultado, la tasa de homicidios se redujo a 8.3 por cada 100 mil habitantes, muy por debajo del promedio regional.

Violencia de género

Pese a una reducción del 29.8% en feminicidios, se registraron 49 feminicidios y más de 57 mil denuncias por violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales. La mayoría de los crímenes ocurrió en el ámbito doméstico, dejando decenas de niños huérfanos y evidenciando la urgencia de políticas preventivas y de protección más eficaces.

Aspectos político-electorales

El 2025 fue un año post-electoral relativamente estable. La JCE fortaleció el control sobre la campaña anticipada y avanzó en la preparación del nuevo documento de identidad. Se aprobó la Ley 39-25, que fortalece el Tribunal Superior Electoral, aunque generó preocupación la falta de transparencia en la designación pendiente de jueces de la Suprema Corte y la no ratificación de la magistrada Pilar Jiménez Ortiz, conocida por su récord de decisiones y eficiencia, a pesar de su reconocida trayectoria y su elección como comisionada iberoamericana de Ética Judicial.

Economía

La economía dominicana se desaceleró, con un crecimiento estimado cercano al 2%, afectada por la incertidumbre global, restricciones fiscales y debilidades estructurales internas. Aumentó la inflación, se deterioraron servicios públicos y persistió la dependencia del endeudamiento, remesas e inversión extranjera. Aunque se registraron avances en reducción de la pobreza y la desigualdad, estas siguen siendo elevadas y persiste la falta de reformas fiscales y estructurales claves.

Contexto internacional, migración y soberanía

El país mantuvo estabilidad política y reconocimiento internacional, con coordinación entre gobierno y oposición frente a la crisis haitiana. No obstante, el 2025 no mostró avances sustanciales en política migratoria ni en la situación de Haití. Acuerdos de cooperación militar con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico generaron preocupaciones sobre soberanía nacional.

Conclusión

El 2025 dejó un balance mixto: avances legales e institucionales importantes, pero graves casos de corrupción, lentitud judicial, debilitamiento de controles y profundas brechas sociales. Participación Ciudadana insiste en que la lucha contra la corrupción debe trascender los discursos y traducirse en procesos judiciales oportunos, reformas estructurales profundas, transparencia efectiva y fortalecimiento real del Estado de derecho, para evitar la reproducción de la impunidad y proteger los derechos fundamentales de la población.

Consejo Nacional

16 de diciembre del 2025

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