Por EZEQUIEL CUEVAS

Cuando un vuelo procedente de Estados Unidos aterriza en suelo dominicano cargado de deportados que no son ciudadanos de nuestro país, algo más que pasajeros desciende por esa escalerilla: desciende también la legitimidad constitucional de un gobierno que, sin marco legal alguno aprobado por el Congreso Nacional, ha convertido a la República Dominicana en destino de nacionales de terceros Estados expulsados por Washington. Lo que debería ser una decisión soberana, transparente y legislativamente respaldada, se ha convertido en una práctica opaca que contradice los pilares más fundamentales del ordenamiento jurídico dominicano.

La Constitución dominicana de 2010 es categórica en su artículo 3: la soberanía nacional es inalienable e indivisible, y el territorio de la República es inviolable. Este principio no es una declaración retórica; es la columna vertebral sobre la que descansa todo el edificio jurídico del Estado. Permitir que un gobierno extranjero —por poderoso que sea— dicte quiénes ingresan al territorio dominicano, incluyendo nacionales de países con los que República Dominicana no mantiene acuerdos migratorios formales, constituye una cesión inadmisible de soberanía. Ningún ejecutivo, por razones diplomáticas o de conveniencia política, puede disponer del territorio nacional como si fuera una sala de tránsito internacional.

El artículo 40 de la Carta Magna, que consagra el derecho a la libertad y seguridad personal, establece que nadie puede ser obligado a permanecer en un lugar sin orden judicial ni sin sustento legal. Este principio se extiende también a quienes arriban al país: si el Estado dominicano recibe a extranjeros deportados sin una ley que lo autorice y sin un procedimiento claro, está actuando fuera del marco de la legalidad que él mismo está obligado a respetar.

El principio de legalidad —según el cual los poderes del Estado solo pueden hacer lo que la ley expresamente les permite— es vulnerado flagrantemente cada vez que un avión de deportación aterriza sin que el Congreso Nacional haya debatido, aprobado o ratificado ningún acuerdo que lo justifique.

Agréguese a esto el artículo 128 de la Constitución, que establece que los tratados internacionales que afecten al Estado dominicano deben ser aprobados por el Congreso antes de entrar en vigencia. Si el Poder Ejecutivo ha suscrito algún tipo de memorándum, acuerdo operativo o entendimiento con las autoridades migratorias estadounidenses para aceptar deportados de terceros países, dicho instrumento tiene la naturaleza de un tratado o acuerdo internacional con efectos sobre la soberanía y los derechos de los habitantes del país.

Su omisión ante el Congreso no es un tecnicismo; es una violación directa del principio de separación de poderes y del sistema de frenos y contrapesos que la Constitución diseñó para evitar el abuso del Ejecutivo.

El derecho internacional también resulta vulnerado en esta ecuación. La norma consuetudinaria internacional reconoce que ningún Estado está obligado a admitir extranjeros en su territorio, y que solo está obligado a recibir a sus propios nacionales.

Pero hay una cara más oscura del problema: si entre los deportados que llegan a suelo dominicano se encuentran personas con derecho a solicitar refugio o asilo —venezolanos, haitianos perseguidos, o personas en situación de vulnerabilidad— y el Estado dominicano no les garantiza ese derecho, se viola el principio de non-refoulement, piedra angular de la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, a la que República Dominicana está adherida. El artículo 45 de la Constitución reconoce expresamente el derecho de asilo y refugio conforme a los tratados internacionales.

La opacidad que rodea estos acuerdos es, en sí misma, una forma de violación constitucional. El artículo 49 de la Constitución garantiza el derecho a la información pública, y el artículo 138 obliga a la administración pública a actuar con transparencia y sometimiento pleno a la ley. Sin embargo, el gobierno dominicano no ha explicado públicamente bajo qué fundamento legal acepta estos vuelos, cuántas personas han sido recibidas, de qué nacionalidades, bajo qué condiciones y con qué garantías. Esta oscuridad institucional no es accidental: es el síntoma de una práctica que no resistiría el escrutinio jurídico si fuera sometida al debate legislativo que merece y que la Constitución exige.

República Dominicana no puede ni debe convertirse en el patio trasero de la política migratoria estadounidense. El gobierno dominicano tiene la obligación —no la opción— de someter cualquier acuerdo de esta naturaleza al Congreso Nacional, de garantizar los derechos de las personas que lleguen a su territorio independientemente de su nacionalidad, y de defender la soberanía que la Constitución le ordena proteger.

Lo contrario no es pragmatismo diplomático: es la rendición silenciosa de las instituciones ante la presión de una potencia extranjera, a espaldas del pueblo dominicano y en franca contradicción con la ley suprema de la nación. El Estado de Derecho no se negocia en corredores diplomáticos; se defiende en las aulas del Congreso y en los tribunales de justicia.

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La República Dominicana es un país privilegiado por su geología. Bajo su suelo descansan reservas de oro, plata, zinc y también cobre, un metal estratégico para el desarrollo tecnológico y energético del siglo XXI. Antes del inicio de la explotación moderna en la mina de Pueblo Viejo, operada por Barrick Gold, se estimaba que el yacimiento contenía alrededor de 450 millones de libras de cobre.

Es decir, una riqueza suficiente para impulsar industrias, infraestructuras y bienestar colectivo. Sin embargo, la paradoja dominicana es dolorosamente evidente: mientras poseemos cobre a escala industrial, hoy lo “producimos” en las calles a través del delito.

En múltiples provincias del país se ha vuelto recurrente el robo de medidores eléctricos. Los delincuentes los sustraen para extraer sus componentes internos, principalmente bobinas y conductores de cobre, que luego venden en el mercado informal de metales. Este fenómeno no es un hecho aislado ni menor: afecta directamente a familias, comercios y al sistema eléctrico nacional, generando pérdidas económicas, interrupciones del servicio y riesgos de seguridad.

El contraste es brutal. Por un lado, contamos con uno de los depósitos minerales más importantes del Caribe, explotado con tecnología de punta y bajo contratos internacionales. Por otro, presenciamos una minería urbana clandestina, primitiva y destructiva, donde el cobre se obtiene rompiendo equipos públicos y privados. Es como si un país petrolero perforara tanques de gasolina en lugar de refinar su propio crudo.

Este fenómeno revela problemas estructurales más profundos. Primero, la persistencia de economías informales vinculadas al reciclaje de metales sin trazabilidad. Segundo, la debilidad en la persecución de los mercados receptores, porque el robo existe solo si alguien compra lo robado. Y tercero, la ausencia de una política integral que conecte la riqueza mineral nacional con oportunidades económicas reales para la población más vulnerable.

El cobre, además, es hoy uno de los metales más codiciados del mundo debido a la electrificación global, las energías renovables y la movilidad eléctrica. Cada panel solar, cada vehículo eléctrico y cada red inteligente lo necesita. Paradójicamente, mientras el mundo compite por asegurar su suministro, nosotros lo perdemos en pequeños fragmentos arrancados de la infraestructura cotidiana.

No se trata solo de delincuencia común; es también un síntoma de desigualdad, de falta de control institucional y de desconexión entre la riqueza del subsuelo y la realidad social de la superficie. Un país rico en cobre no debería ver a sus ciudadanos arriesgar prisión —o la vida— por unos gramos extraídos a martillazos de un medidor eléctrico.

La solución no pasa únicamente por más patrullaje o sanciones más duras, aunque ambas sean necesarias. Requiere regulación estricta de las chatarrerías, sistemas de trazabilidad de metales, sustitución de equipos vulnerables por diseños que reduzcan su vulnerabilidad y, sobre todo, oportunidades económicas que hagan que delinquir no resulte más rentable que trabajar.

La historia dominicana ha demostrado que los recursos naturales pueden ser bendición o maldición, dependiendo de cómo se administren. El cobre de Pueblo Viejo podría simbolizar progreso, modernización y soberanía energética. Pero cuando ese mismo metal reaparece convertido en botín de pequeños saqueos urbanos, lo que refleja es un fracaso colectivo.

Somos ricos en cobre, sí. Pero si seguimos permitiendo que la riqueza se evapore en forma de robos, mercado negro y deterioro de servicios esenciales, terminaremos siendo un país que, teniendo tanto bajo tierra, se conformó con arrancarlo de sus propias paredes.

Porque al final, la pregunta no es cuánto cobre tenemos… sino por qué lo estamos robando nosotros mismos.

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Cada crimen tiene su historia: para ser comprendido y evaluado, debe ser reconstruido en el marco de la individualidad de aquel que la ha cometido. La personalidad siendo, por otro lado el producto  de un largo proceso evolutivo ligado a factores hereditarios o de ambiente, el crimen, que es, ante todo, una acción humana, debe ser considerado como el epílogo de un proceso más o menos largo, de la personalidad.

El profesor Gemelli afirma que el crimen es una acción realizada por un hombre cuya voluntad, en el conflicto de las casusas, sea orientado hacia la dirección de lun interés inmoral antisocial, mientras que la acción de inhibición de las razones individuales y sociales no ha sido eficaz.

Es necesario pues estudiarlo de manera a reconstruir  la personalidad, situar la acción en el marco de esta personalidad, comprender la significación y evaluarla; en una palabra, es necesario proceder al estudio clínico. Sobre la base de esas concepciones, recordemos que toda acción criminal, por su naturaleza más o menos excepcional, compromete siempre la personalidad completa.

En el estudio de la dinámica criminal es necesario pues tener en cuenta del grado de evolución alcanzado por el individuo primeramente en relación al grupo racial, étnico y social al cual él pertenece debe, además, no perder de vista que en todo individuo residen una probabilidad, más o menos acentuada, de realizar acciones de carácter antisocial.

Sin embargo, esta probabilidad, que puede, también, ser considerada como capacidad a cometer un crimen, es desarrollada de una manera diferente de un individuo vendido al otro; es así que se pasa de los sujetos en los cuales ella lo es fuertemente.

Es aun así que se descubre individuos buenos, y otros malos, como resultado de sus disposiciones particulares a la sociabilidad o a la antisociabilidad, a la bondad a la maldad estrechamente ligada al núcleo profundo de la personalidad psíquica, eso es, a la capa endotímico donde se alejan los instinto.

Recordemos que esta capa endotímico siempre está insanamente ligada a la capa orgánica. De donde la razón para la cual la acción antisocial debe siempre ser estudiada en el marco de la personalidad humana completa. Es solamente así que ella puede ser evaluada bajo su aspecto natural ligado a la capa de la personalidad humana completa.

Es solamente así que ella puede ser evaluada sea bajo su aspecto natural ligado a la capa endotímico, sea bajo su aspecto lógico y ético ligado a los procesos psíquicos superiores de la inteligencia  y de la voluntad. De ese hecho, cada vez que se quiere descubrir la razón por la cual un individuo ha cometido una acción criminal, es necesario, ante todo, buscar, en el sector endotímico paleosiquico, los orígenes de sus investigaciones antisociales y en el neo psiquismo las razones por las cuales el individuo ha preferido elegir, entre la satisfacción de sus tendencias egoístas y su rechazo, conforme.

Constatamos así que, en ciertos casos, el crimen puede ser considerado como el efecto de una elección respondiendo perfectamente a la personalidad, en la cual se encuentra la existencia de uno súper yo inmoral que, según las afirmaciones de los psicoanalistas, es siempre la expresión de un medió desfavorable y de una falta de educación.

Sin embargo, en la gran mayoría de los casos, la acción está estrechamente ligada a un mecanismo en el cual se encuentra siempre las dos  condiciones siguientes: de una más grande instigación y una más débil capacidad de resistencia.

Eso significa que, hasta en los criminales llamados normales, porque ellos han sido llevados a la criminalidad después de haber procedido a una elección voluntaria entre el mal y el bien, esa elección es generalmente favorecida por, la existencia de una conciencia moral deformada que ha conducido el individuo a preferir la mala acción a la buena, y tiene, por consiguiente, rendido el acto conforme a su personalidad.

Ella se distingue, en efecto, por un débil desarrollo de los procesos psíquicos, esto es, por un estados de defectuosidad  psíquica más o menos acentuado,  Por otra parte, cuando se pasa de esos crímenes a aquellos que no pertenecen a ese grupo o categoría, el problema de su dinámica parece entonces adjuntarse más netamente a las condiciones sus mencionadas de una más fuerte instigación y de una más débil capacidad de resistencia, esto es, de las condiciones bio psíquicas anormales, cuyo origen remonta siempre a la estructura orgánica y psíquica de su personalidad.

Se debe sin embargo reconocer que el estudio de la dinámica de la criminalidad ocasional es, ella también, extremadamente interesante. Es, a menudo difícil de examinar, hasta aproximadamente, todas las circunstancias susceptibles de ejercer una cualquiera influencia sobre la voluntad humana y sobre la conmuta del individuo.

En este sentido, recordemos que, en los individuos pertenecientes a la clase media, se puede holgadamente constatar como cómo la capacidad de cometer un delito yace latente en su alma, cómo esta capacidad se revela a través de actos premeditados, a través de formas particulares de conducta, que pueden considerarse equivalentes criminales.

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