POR PEDRO CABA

Con un 98.77 de los votos escrutados, Asfura -el candidato apoyado por Trump a la presidencia de Honduras y quien venía de un lejano tercer lugar- se ha alzado con la victoria al sumar 1.298 millones contra Nasralla con 1.253 millones.

En Argentina parecía que el peronismo y los socialistas de centro podían quitarle a Milei la mayoría congresual en las elecciones parciales celebradas recientemente. De nuevo Trump se la jugó apoyando a Milei, quien terminó reforzando aún más su control congresual, una aprobación de hecho de su política económica y social.

Se asegura que también Trump o su influjo en la región latinoamericana tuvo mucho que ver con desplazamiento del poder del socialismo de izquierda por el conservadurismo de centro derecha en Bolivia, donde se celebró elecciones hace unos días.

El reacio Netanyahu es quien anuncia se inicia la segunda etapa del acuerdo de paz de Israel y Hamas, mediante el cual Israel retira sus tropas de los territorios palestinos ocupados y Hamas acepta su desarme, mientras Zelenski está cada vez más cercado por la ofensiva rusa y la presión de Estados Unidos para negociar un acuerdo de paz con Rusia.

Debemos aceptar se está produciendo un cambio substancial en el escenario mundial y regional.

Que Trump es el factor X en ese escenario, con la diferencia de que ese factor es aún más decisorio en su zona de influencia que es América Latina y el Caribe.

Abinader

Para ese momento se preparó el presidente Luis Abinader cuando decidió buscar activamente el respaldo de la nueva administración de USA en procura de reafirmar la nacionalidad y soberanía dominicanas y provocar una asociación estratégica económica y política que trascienda nuestras propias fronteras.

Eso va a tener expresiones concretas cuando entre con todo su potencial el multipuerto Manzanillo y cuando, ya evaluadas, USA-RD pasen a explotar las tierras raras de Pedernales.

Trump estará en el poder más allá de las elecciones locales de mayo del 2028 y de seguro el factor X estará presente aquí.

Aterrada la oposición también percibe esta asociación USA-RD pero no se atreve a denunciarla porque demasiado tiempo dependió del respaldo de las administraciones demócratas para mantenerse en el poder, y demasiado es el peso e influencia norteamericana en el país.

Esa parece ser la apuesta ganadora de Abinader y de su PRM.

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A raíz de la instalación del nuevo gobierno en agosto de 2020, el Ministerio Público dominicano dio inicio a una ofensiva sin precedentes contra presuntos actos de corrupción administrativa. Con el fin de legitimar el alcance de estas acciones, el propio órgano se autodefinió como “independiente”, procurando transmitir que las investigaciones respondían estrictamente a violaciones de la ley y no a motivaciones políticas o intereses particulares.

La reacción inicial de buena parte de la ciudadanía fue de sorpresa. ¿Cómo era posible que, pese al sólido andamiaje jurídico creado en las últimas décadas para prevenir la corrupción —con organismos de control dotados de funciones claras y obligaciones definidas—, emergieran casos tan sistemáticos, graves y llamativos?

Hoy, varios de esos expedientes continúan abiertos en los tribunales. Algunas decisiones preliminares —condenas o absoluciones— están aún sujetas a revisión en las instancias superiores que garantiza el Código Procesal Penal. Incluso en los procesos en los que se ha aplicado la figura del “criterio de oportunidad”, no puede afirmarse que exista una sentencia definitiva que confirme de manera concluyente las acusaciones iniciales.

En ese contexto, muchos entendieron que las acciones del Ministerio Público constituían un mensaje inequívoco para los nuevos funcionarios: la corrupción tendría consecuencias. Se creyó que los procesos servirían de advertencia para quienes asumían cargos públicos a partir de agosto de 2020. Sin embargo, la realidad demuestra que aquel mensaje, aunque formulado, ha sido en gran medida ignorado.

Tres años después, continúan surgiendo escándalos, denuncias de irregularidades y nuevos sometimientos judiciales. El país vive en un estado de constante alerta mediática, sin agotar aún su capacidad de asombro.

Todo esto ocurre bajo un gobierno que ha enarbolado la transparencia y la rendición de cuentas como pilares fundamentales, y cuyo presidente, Luis Abinader, ha reiterado en múltiples ocasiones que no se tolerarán actos de corrupción «vengan de donde vengan».

No se puede negar que el mandatario ha mostrado determinación pública en algunos casos. No obstante, los hechos recientes revelan una realidad incómoda: sectores de la administración estatal, bajo su mandato, parecen haber incurrido en prácticas similares a las que se propusieron combatir. Peor aún, según las investigaciones, algunos de estos actos se remontan a los primeros meses de la gestión gubernamental.

Gravedad

El caso del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), bajo investigación en la denominada “Operación Cobra”, representa quizá el escándalo más impactante revelado hasta ahora. No solo por las cifras envueltas—el Ministerio Público habla de al menos 15 mil millones de pesos malversados—sino por la gravedad ética e institucional que implica: se trata de fondos públicos destinados a la atención de los sectores más vulnerables del país.

De acuerdo con las acusaciones, las irregularidades no solo impactaron los servicios esenciales que justifican la existencia de SeNaSa, sino que formaban parte de una estructura que habría desviado recursos mediante sobornos, desfalcos y violaciones flagrantes a las nprmasde Compras y Contrataciones. Si estos hechos se comprueban, no estaríamos ante una simple falta administrativa, sino frente a una traición profunda a los principios de servicio público.

Lo más inquietante es que, según la procuradora YeniBerenice Reynoso, la investigación aún no ha concluido. Se anticipa que surgirán más implicados, nuevos hallazgos y posiblemente una redefinición del alcance económico del daño al Estado.

Surge entonces un conjunto de preguntas inevitables: ¿Dónde estaban los organismos de control durante estos años? ¿Por qué no detectaron o detuvieron estas irregularidades? ¿Qué garantías tenemos de que situaciones semejantes no están ocurriendo en otras instituciones?

A esta altura, no sabemos si como sociedad hemos tocado el límite de nuestra capacidad de asombro o si, en cambio, estamos desarrollando una preocupante insensibilidad frente a la corrupción.

Lo cierto es que, más allá de las responsabilidades individuales, este caso obliga a revisar a fondo el modelo de supervisión estatal y a evaluar con seriedad el verdadero compromiso del país con la integridad en la gestión pública.

 

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La educación se erige como la piedra angular del progreso y desarrollo sostenible de cualquier país, pueblo o provincia, en razón de que un sistema educativo robusto no sólo empodera a los individuos, sino que también funciona como un motor para la movilidad social, la reducción de la pobreza y la mitigación de las desigualdades.

Es a través de la formación de una fuerza laboral competente y ciudadanos conscientes que la educación tiende a impulsar la competitividad económica global y fomenta una participación cívica informada y responsable, por eso es que, la educación en cualquier parte del mundo, se considera en esencia, la inversión más segura y rentable que gobierno alguno podría hacer para garantizar un futuro próspero a sus pobladores.

A pesar de su importancia crucial, históricamente muchos gobiernos han mostrado debilidades significativas en cuanto a la inversión educativa sostenida y enfocada, visto que a menudo, las políticas públicas han priorizado otros sectores o han utilizado la educación con fines ideológicos, descuidando la calidad y la cobertura universal. Esta debilidad tiene su desbalance en la falta de inversión adecuada, carencia de infraestructuras y la insuficiente participación de las familias, como factores recurrentes que limitan el impacto esperado en el desarrollo humano y social.

República Dominicana no es ajena a estos desafíos. Si nos remontamos al pasado y presente de los gobiernos, es preciso considerar que la inversión en educación ha fluctuado considerablemente a lo largo de su historia, reflejando prioridades cambiantes e inestabilidad política, pues la ausencia de voluntad real y consistente son los indicadores que han contribuido de forma sistémica al aumento del analfabetismo donde las brechas hacia el acceso educativo persisten como barreras significativas.

Desde tiempos remotos la educación en el país no ha permitido consolidar los cimientos necesarios para un desarrollo integral, y mucho menos la inversión se podría notar como un compromiso a corto, mediano y largo plazo, debido a que para los gobiernos invertir en el desarrollo y fortalecimiento de la educación es como una dádiva, y en el mejor de los casos, para ellos, se podría calificar como un medio de sustento político, lo que significa que las fallas en los gobiernos, el oportunismo, la corrupción, la falta de recursos y espacios educativos adecuados, siguen siendo cuellos de botella que el país ha tenido que enfrentar en su camino para garantizar una educación de calidad para todos.

Evolución histórica de la educación

Durante la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo Molina (1930-1961), el sistema educativo se caracterizó por un control estricto, orden y disciplina, dictatorialmente orientado al adoctrinamiento ideológico. A pesar de que la asistencia obligatoria era coercitiva y aunque se castigaba a los padres por la inasistencia, este sistema nunca contribuyó o se tradujo en una alfabetización masiva, ya que la tasa de analfabetismo se mantuvo extremadamente alta, con una estimación que rondaba alrededor del 70%.

Por otro lado, la breve presidencia de Juan Bosch (1963) no permitió la consolidación de reformas educativas sustanciales debido a su corta duración y la inestabilidad política que precedió al golpe de Estado. Visto este desenlace, los gobiernos de Joaquín Balaguer, Antonio Guzmán, Jacobo Majluta y Salvador Jorge Blanco (1966-1986, 1986-1996) mostraron una tendencia gradual a la baja en el analfabetismo, aunque el progreso fue lento y enfrentó constantes desafíos económicos y políticos.

En contraste, con la llegada de la Ley General de Educación 66-97 y los gobiernos de Leonel Fernández (1996-2004, 2008-2012) e Hipólito Mejía (2000-2004), se produjo un mayor enfoque en la universalización del acceso y la descentralización, visto que a finales del segundo período de Fernández, la tasa de analfabetismo se redujo significativamente a un 9.8%. Eso no significa que durante sus gobiernos hubo reducción alguna del analfabetismo, pero no del todo significativa.

Con el recurrir del tiempo y entre las gestiones anteriores y los períodos de gobiernos del expresidente Danilo Medina (2012-2020), existió un punto de inflexión importante, debido a que se puso en marcha el “Plan Nacional de Alfabetización Quisqueya Aprende Contigo”, el cual podría catalogarse como un esfuerzo notable de política pública, ya con este se logró reducir la tasa de analfabetismo de 9.8% a un 5.4% en 2019, marcando un hito en la historia educativa del país.

Bajo la actual administración de Luis Abinader (2020-2024- actual gestión), ciertamente, la educación enfrentó los desafíos de la pandemia del COVID-19, provocando un ligero repunte en la tasa de alfabetismo ascendente al 6.4% en 2022; sin embargo, los esfuerzos continuados y el Servicio Permanente de Alfabetización han logrado revertir esta tendencia, situando las cifras en niveles porcentuales que no se corresponden y con estimados recientes por debajo del 6%, lo que pone en tela de juicio la falsa inversión que supuestamente hace el gobierno en educación.

Un llamado a la conciencia

La evolución de las cifras de analfabetismo en la República Dominicana narra una historia de progreso innegable, especialmente en las últimas décadas democráticas bajo los elementos de un control educativo dictatorial, excluyente y sin vocación, lo que significa que cuando no existe voluntad política, los avances son imposibles. La reducción del analfabetismo después de la dictadura de Trujillo, quizás algunos sectores del espectro político la visualizan como un logro significativo que sienta las bases para un desarrollo nacional más equitativo e inclusivo, pero NO, lo importante sería que no existieran analfabetos y que también se inviertan recursos en la capacitación de quienes alfabetizan a los estudiantes.

Los desafíos persisten y el país enfrenta debilidades en la calidad de la educación y el rendimiento escolar. De acuerdo con evaluaciones internacionales del PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos), en 2022, República Dominicana ocupó un puesto sumamente bajo, lo que sugiere que no basta con lograr la alfabetización básica; es fundamental enfocarse en la calidad y la pertinencia de los aprendizajes para preparar a niños y jóvenes dominicanos de cara a los retos del siglo XXI.

El camino hacia una educación de excelencia requiere un llamado urgente a la conciencia de la sociedad y sus líderes. Se necesita mayor inversión en educación para asegurar que los recursos sean utilizados con eficiencia y transparencia, además de facilitar la mayor preparación y valoración a los educadores, a los fines de garantizar condiciones más dignas, formación continua y el respeto a la asistencia laboral.

Solo a través de un compromiso colectivo y sostenido se podrá asegurar que “aprender es la clave que abre todas las puertas” para cada dominicano y dominicana.