Por JULIO MARTINEZ

Durante décadas se ha difundido la idea de que el avance hacia un mundo multipolar, con China y Rusia como contrapesos de Estados Unidos, abriría un espacio real de soberanía para los Estados que se atrevieran a desafiar al llamado “imperio norteamericano”.

Muchos países han apostado su futuro a esa esperanza: romper la dependencia histórica de Washington, alinearse con Moscú o con Beijing y encontrar allí una protección estratégica frente a las presiones externas. Sin embargo, la experiencia histórica y reciente muestra algo muy distinto: cuando llega el momento crítico, esas potencias solo ofrecen retórica y comunicados diplomáticos, mientras sus aliados son golpeados, bloqueados o intervenidos sin recibir defensa real.

El contraste con el sistema de alianzas liderado por Estados Unidos es evidente. La estructura de seguridad occidental, articulada en torno a la OTAN y a múltiples acuerdos bilaterales de defensa, supone compromisos claros: un ataque contra un aliado se entiende como un ataque contra todos. Esa lógica se ha traducido en despliegues militares inmediatos, presencia permanente de bases, paraguas nuclear y reacción coordinada ante cualquier amenaza percibida.

Nos guste o no, los aliados de Washington saben que cuentan con una protección efectiva, mientras que quienes se refugian bajo la sombra de Moscú o Beijing descubren, demasiado tarde, que detrás de los discursos grandilocuentes hay muy poca disposición a asumir riesgos reales por ellos.

Frente a esto, la relación de China y Rusia con sus socios es de otra naturaleza. Son alianzas útiles para firmar contratos de energía, vender armas, abrir mercados, ganar votos en organismos internacionales y proyectar influencia económica y diplomática. Pero rara vez se traducen en verdaderos pactos de defensa mutua.

No existe un compromiso jurídico claro que obligue a esas potencias a movilizar fuerzas militares en defensa de un país más pequeño sometido a sanciones, bloqueos o agresión directa. Sus declaraciones suelen ser solemnes, sus discursos hablan de respeto a la soberanía y al derecho internacional, pero su conducta práctica se detiene siempre antes del punto donde habría que arriesgar un choque frontal con Estados Unidos y su bloque.

Cuba

Cuba es quizá el ejemplo más temprano y visible de este patrón, y hoy lo vemos con crudeza en el bloqueo petrolero. Durante más de sesenta años, la isla ha padecido un embargo sostenido, sanciones financieras, persecución de barcos, presiones diplomáticas y campañas de aislamiento. En los últimos años, el cerco se ha endurecido mediante sanciones a embarcaciones y empresas que transportan combustible hacia la isla, buscando cortar el suministro de petróleo y provocar apagones, colapso del transporte y deterioro acelerado de la vida cotidiana.

Frente a esta agresión, ni Rusia ni China han hecho nada que modifique la correlación real de fuerzas: se limitan a condenar el bloqueo, a prometer apoyo “dentro de sus posibilidades” y a ofrecer gestos simbólicos que no rompen el cerco ni impiden que el pueblo cubano siga pagando el precio de su desafío a Washington.

Venezuela representa la versión contemporánea de esta misma lógica. Un país que, con todos sus errores y contradicciones internas, intentó defender su control sobre los recursos naturales y su espacio de decisión política, acercándose a Moscú y Beijing en busca de respaldo estratégico. Hubo acuerdos petroleros, compra de armamento, presencia de asesores, anuncios de “alianza estratégica” y discursos sobre un nuevo eje geopolítico.

Pero cuando la presión escaló con sanciones masivas, bloqueo financiero, operaciones encubiertas y, finalmente, intervención militar, lo que prevaleció fue la soledad: condenas verbales, llamados al diálogo, denuncias del unilateralismo, pero ningún paso efectivo que impidiera o revirtiera el golpe asestado por Estados Unidos.

Otros escenarios refuerzan este mismo diagnóstico. Países como Siria, Irán u otros que se atreven a cuestionar la hegemonía norteamericana han recibido de Rusia y China cierto apoyo diplomático, cooperación limitada y, en algunos casos, presencia militar circunstancial.

Sin embargo, cuando la confrontación con Occidente alcanza niveles críticos, reaparece la prudencia extrema: se evita cruzar líneas que puedan desembocar en una guerra abierta con Estados Unidos y sus aliados. Los gobiernos y los pueblos que confiaron en tener un escudo de protección descubren que, en el momento decisivo, sus “aliados estratégicos” hablan fuerte, pero actúan poco, o no actúan en absoluto.

Esta reiteración de conductas conduce a una hipótesis incómoda: las grandes potencias parecen haberse repartido el mundo en esferas de influencia de facto. Estados Unidos actúa con libertad casi total en América Latina y otras regiones que históricamente ha considerado su “patio trasero”. Rusia consolida su dominio sobre su entorno inmediato. China se afirma en su área de influencia asiática y proyecta poder económico global.

Cada uno protesta cuando el otro interviene en su zona, pero la protesta se queda en el nivel declarativo. Detrás de las notas de prensa y las sesiones en organismos internacionales parece operar una regla no escrita: no arriesgar un choque directo entre gigantes por defender efectivamente a un país más pequeño.

Piezas de negociación

Si esta lectura es correcta, los llamados “aliados” de China y Rusia no pasan de ser piezas de negociación en un tablero global. Se les ofrece acceso a créditos, inversión, compras de materias primas, cobertura diplomática y discursos de solidaridad, pero se les deja claro en los hechos —si no en las palabras— que, si deciden enfrentarse frontalmente a Estados Unidos, lo harán prácticamente solos. El mensaje implícito es duro: pueden desafiar al imperio norteamericano, pero no esperen que nadie esté dispuesto a poner barcos, aviones o tropas para impedir que ese imperio los castigue.

En cambio, los aliados de Estados Unidos, por cuestionable que sea en muchos casos la naturaleza de sus regímenes, sí disponen de un paraguas de seguridad tangible. Ese paraguas se traduce en bases militares, sistemas de armas desplegados, compromisos formales de defensa colectiva y una voluntad ya demostrada de intervenir cuando lo consideren necesario. Este respaldo tiene un precio en términos de autonomía política y subordinación estratégica, pero es real. De ahí que, más allá del discurso, muchos gobiernos terminen prefiriendo mantener o buscar la protección norteamericana antes que confiar su destino a promesas ambiguas de Moscú o Beijing.

Para los pueblos que aspiran a libertad, dignidad y verdadera soberanía, esta realidad plantea un dilema trágico. El ideal de un orden multipolar equilibrado, donde distintas potencias se limiten mutuamente y garanticen un respeto recíproco, se diluye cuando se mira cómo se comportan en la práctica. Lo que aparece, en cambio, es un sistema de grandes poderes que negocian entre sí, toleran las intervenciones del otro en su respectiva zona y evitan cualquier escalada que los acerque a un enfrentamiento directo, aunque para ello tengan que abandonar a quienes confiaron en ellos.

Desde la perspectiva de quien observa y reflexiona sobre la política internacional —y, en mi caso, desde la sensibilidad jurídica y política formada durante años—, esto obliga a revisar muchos supuestos. No basta con cambiar de eje, de embajada de referencia o de proveedor de armas para alcanzar soberanía. Cambiar Washington por Moscú o Beijing, sin más, no garantiza libertad; puede significar simplemente cambiar de dependencia, manteniéndose igual de expuesto al castigo del poderoso cuando se crucen ciertas líneas rojas.

Por eso sostengo que las alianzas con China y Rusia, tal y como se han manifestado hasta ahora, son insuficientes e incluso engañosas para aquellos países que sueñan con romper la hegemonía estadounidense. Pueden ser útiles como instrumentos de negociación y como válvula de escape frente a sanciones y presiones, pero no ofrecen lo que verdaderamente marcaría la diferencia: una garantía concreta de defensa cuando el costo de desafiar al imperio se vuelve insoportable.

La historia reciente de Cuba, sometida a un bloqueo petrolero sin que nadie lo revierta, y la de Venezuela, y en estos momentos la embestida contra Irán y la eliminación de sus gobernantes, golpeada militarmente mientras sus aliados se limitan a hablar, son pruebas dolorosas de esta verdad.

Mientras tanto, Estados Unidos continúa consolidando su poder global, castigando con dureza a quienes se atreven a contradecirlo y blindando con firmeza a quienes aceptan su liderazgo. Las otras grandes potencias, lejos de constituir un contrapeso efectivo, parecen aceptar en la práctica un reparto tácito del mundo y se limitan a levantar la voz en los foros internacionales mientras dejan solos, en la hora decisiva, a quienes apostaron por ellos. En esa soledad, que es a la vez política, militar y moral, se juega hoy el verdadero sentido de la soberanía en el siglo XXI.

JPM

 

El debate sobre cómo debe expandirse el sistema de transporte masivo en el Gran Santo Domingo, si continuar la apuesta por el metro subterráneo o avanzar hacia soluciones elevadas como el monorriel, no es nuevo.

En 1986, desde las páginas del desaparecido vespertino La Noticia, abordé el tema en una serie de artículos escritos en mi condición de especialista en puentes y túneles.

Casi cuatro décadas después, la ciudad y la tecnología han cambiado, pero las preguntas esenciales persisten con relación a qué solución ofrece mayor eficiencia urbana, sostenibilidad financiera y coherencia técnica?

El Gran Santo Domingo enfrenta una realidad innegable caracterizada por una densidad creciente en sus corredores principales, congestión crónica en ejes troncales, expansión periférica acelerada y una red vial que ya muestra señales claras de saturación.

En este contexto, la discusión sobre si apostar por metro tradicional o monorriel no puede reducirse a comparaciones superficiales de costos o tiempos de construcción, pues lo que está en juego es el modelo de ciudad.

La capital dominicana es una metrópoli en expansión con fuertes concentraciones de población y actividad económica en determinados corredores, que también enfrenta limitaciones severas de espacio vial en zonas consolidadas.

En transporte masivo, la solución debe responder a la demanda proyectada, no a la coyuntura política del momento.

El metro convencional permite trenes largos, frecuencias altas y una capacidad significativamente superior, ya que se diseña para absorber incrementos sostenidos de demanda y funcionar como columna vertebral de una red metropolitana.

El monorriel, en cambio, es eficiente para demandas medias, pero presenta limitaciones estructurales para escalar en contextos de crecimiento acelerado y apostar por una tecnología que pueda quedar corta en dos décadas implica asumir el riesgo de duplicar infraestructura en el futuro.

La historia de muchas capitales demuestra que el subdimensionamiento inicial termina siendo más costoso que la inversión adecuada desde el principio.

Una gran urbe no puede permitirse soluciones fragmentadas ya que normalmente requiere de interoperabilidad, estándares probados y flexibilidad para expansión.

El metro ofrece integración natural entre líneas, posibilidad de trazados subterráneos, elevados o mixtos y compatibilidad tecnológica ampliamente validada a nivel internacional.

El monorriel, por su configuración técnica, suele operar como sistema más aislado y las ampliaciones o integraciones pueden resultar más complejas y costosas.

Si el objetivo es consolidar una red metropolitana que articule Distrito Nacional, Santo Domingo Este, Norte y Oeste con visión de largo plazo, la coherencia tecnológica es esencial.

El metro subterráneo o mixto reduce interferencia visual, minimiza barreras urbanas y preserva la continuidad del paisaje, mientras que el monorriel elevado, aunque ocupa menos suelo directo, introduce una estructura dominante que puede generar fragmentación espacial.

Es cierto que el monorriel puede implicar una inversión inicial menor, pero la evaluación estratégica no puede limitarse al presupuesto de construcción.

El Gran Santo Domingo no necesita una discusión basada en percepciones, sino una planificación con visión metropolitana en la que una decisión que se tome hoy definirá si en el 2046 tendremos una red capaz de sostener el crecimiento o un sistema que deba ser replanteado bajo presión.

La movilidad, al final, no es solo transporte, sino una estructura urbana, competitividad económica y calidad de vida, que conforman una ecuación en la que el factor prudencia técnica debe prevalecer sobre la improvisación.

POR CESAR DIMITRI ROA CASTILLO

Durante años, el comercio ilícito en la República Dominicana ha sido asociado principalmente con sectores como el alcohol, el tabaco o los medicamentos. Sin embargo, en los últimos tiempos ha surgido un fenómeno menos visible, pero igualmente preocupante: la creciente presencia de mercancías ilícitas en el sector construcción, especialmente en materiales eléctricos, herramientas y equipos comercializados fuera de los canales formales.

En distintos puntos del país es posible encontrar establecimientos que ofertan productos eléctricos y electrónicos que imitan marcas reconocidas o que ingresan al mercado mediante prácticas irregulares como la subvaluación, la evasión fiscal o la importación sin cumplir las normas técnicas exigidas. Una parte importante de estas mercancías proviene de mercados asiáticos y llega al consumidor final a precios significativamente inferiores a los del comercio formal, generando una competencia desleal que afecta a empresas organizadas y distorsiona el funcionamiento del mercado.

Más preocupante aún es el impacto que estos productos pueden tener en la seguridad de las edificaciones; interruptores, breakers, cables eléctricos, extensiones, lámparas LED y otros componentes falsificados o de baja calidad pueden provocar fallas técnicas, cortocircuitos e incendios. En consecuencia, el comercio ilícito en este ámbito no solo representa un problema económico, sino también un riesgo real para la seguridad de las familias dominicanas y para la sostenibilidad del crecimiento urbano.

La construcción es uno de los motores fundamentales de la economía dominicana, generador de empleos y dinamizador de múltiples actividades productivas, precisamente por su importancia estratégica, requiere mercados confiables y productos que cumplan estándares mínimos de calidad y seguridad. Cuando materiales ilícitos penetran la cadena de suministro, se afecta no solo a comerciantes formales y fabricantes, sino también a ingenieros, desarrolladores y adquirientes de viviendas.

En los últimos cinco años, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes desarrolló una política firme de combate al comercio ilícito, bajo el liderazgo del ministro Víctor “Ito” Bisonó, fortaleciendo la coordinación interinstitucional y la vigilancia del mercado. Los avances alcanzados en esta materia tienen especial importancia para el sector construcción, donde la presencia de materiales ilícitos representa un desafío creciente.

Este esfuerzo sostenido permitió decomisar y destruir más de 160 millones de unidades de mercancías ilícitas, incluyendo alcohol adulterado, tabaco ilegal, medicamentos, cosméticos y combustibles, en una de las estrategias de control comercial más amplias implementadas en el país.

Desde la Dirección de Comercio Ilícito del MICM trabajamos en coordinación con la Dirección General de Aduanas, el Ministerio Público, ProConsumidor y los organismos de seguridad del Estado para detectar esquemas de comercialización irregular y fortalecer los mecanismos de control. La experiencia acumulada demuestra que el comercio ilícito evoluciona constantemente y que cada sector productivo presenta desafíos particulares.

Mi formación y mi experiencia previa como miembro del Ministerio Público me han permitido abordar este fenómeno desde una perspectiva integral, entendiendo que el comercio ilícito no es únicamente un problema administrativo o comercial, sino también una manifestación de estructuras organizadas que afectan la seguridad económica y la confianza en los mercados.

El combate al comercio ilícito requiere no solo acciones de fiscalización, sino también una mayor conciencia por parte de consumidores y sectores productivos. En el caso de la construcción, elegir materiales certificados y proveedores formales no solo protege la inversión, sino también la seguridad de quienes habitarán esas edificaciones.

La República Dominicana ha logrado avances importantes en esta materia, pero los desafíos continúan evolucionando. Fortalecer los mecanismos de control y promover mercados transparentes es una tarea permanente que contribuye directamente a la competitividad, la seguridad y el desarrollo sostenible del país.
jpm-am