La sala de espera de Donald Trump

La decisión del presidente Luis Abinader de aceptar el ingreso de deportados extranjeros bajo el mandato de Washington representa una grieta profunda en la dignidad nacional dominicana, pues mientras el pueblo lucha contra la inseguridad interna, el gobierno decide doblar las rodillas ante las exigencias de una potencia que nos mira como su patio trasero y esta política de puertas abiertas para los desechos migratorios de otros países no es más que un acto de sumisión que pone en riesgo nuestra ya frágil estabilidad social, demostrando que para esta gestión la aprobación de la Casa Blanca pesa mucho más que el bienestar y la tranquilidad de las familias que habitan en cada rincón de nuestra amada tierra quisqueyana.

Desde el año 2020 hasta el 2026 la República Dominicana ha tenido que asimilar la llegada masiva de más de 20 mil dominicanos repatriados desde los Estados Unidos por diversos delitos federales, una carga humana y social que el Estado no ha sabido monitorear, mucho menos reintegrar de manera efectiva provocando que muchos de estos individuos regresen a las andanadas delictivas en nuestros barrios.

La realidad de nuestro sistema penitenciario es una bomba de tiempo que el gobierno intenta ocultar bajo una narrativa de modernización que no llega a las celdas donde el hacinamiento supera el 116% de su capacidad real, visto que en la actualidad las cárceles dominicanas albergan a más de 26 mil reclusos que viven en condiciones inhumanas y bajo un control criminal interno que el Estado parece haber perdido hace mucho tiempo, por lo que, pretender gestionar el tránsito o la estancia de más personas, cuando ni siquiera podemos garantizar el orden en La Victoria o Najayo es una irresponsabilidad mayúscula, es simplemente imposible añadir más presión a una infraestructura que ya se encuentra en un estado de emergencia crítica y un abandono descomunal.

Resulta alarmante observar cómo el presidente Abinader se deja seducir por la promesa de financiamientos estadounidenses que solo sirven para cubrir la logística de sus propios intereses de seguridad nacional, mientras tanto nosotros ponemos el territorio y la paz pública a merced de acuerdos opacos que se firman a espaldas del sentimiento popular de un pueblo que ya se siente invadido por diversos frentes migratorios.

El choque de culturas delictivas que se está gestando con la llegada constante de deportados desde USA con antecedentes graves, es un fenómeno que la sociología criminal advierte como un motor de violencia incontrolable para naciones pequeñas, el dominicano que regresa tras cumplir condena por narcotráfico, asesinatos, vandalismo organizado y porte ilegal de armas en Nueva York y otros Estados, trae consigo métodos y redes que superan la capacidad de nuestra Policía Nacional, la cual sigue atrapada en reformas burocráticas sin impacto en las calles, y si a esto le añadimos el flujo de extranjeros en tránsito que el nuevo acuerdo de mayo 2026 permite, pues estamos creando el ecosistema perfecto para que el crimen organizado se diversifique y se fortalezca, todo bajo el silencio cómplice de un palacio que no sabe decir que NO cuando se trata de atrapar al país y sumergirlo en un laberinto del caos.

Es necesario preguntar al presidente Luis Abinader: ¿Por qué no se exige a Estados Unidos que realice esas inversiones millonarias en los países de origen de esos migrantes o que utilice sus propios territorios como Puerto Rico para sus centros de procesamiento?.

La estadística de repatriados entre 2020 y 2026 refleja un flujo constante que ha saturado los mecanismos de migración y control interno sin que se vea una reducción en los índices de criminalidad vinculados a estos grupos específicos, por el contrario vemos cómo el sicariato y las bandas organizadas adoptan nuevas modalidades importadas que antes eran ajenas a nuestra cotidianidad pacífica y trabajadora del día a día dominicano.

Las nuevas diez cárceles que se prometen son solo una curita para una herida que requiere cirugía profunda y que no se soluciona construyendo muros, ya que si por otro lado se firman acuerdos que invitan a la llegada de más conflictos humanos, la estabilidad de una isla no se negocia ni se pone en subasta por unos cuantos dólares que se diluyen en la logística operativa de los mismos que nos envían a sus deportados sin preguntar antes.

El destino de un país no puede estar sujeto a los caprichos electorales de un presidente extranjero ni a la debilidad de un gobernante local que ha olvidado que su primer deber es proteger su propia frontera y su propia gente. Si el presidente Abinader continúa por el camino de aceptar sin condición e imposiciones migratorias esta camada de indocumentados, sin dudas, terminará entregando no solo las llaves de nuestras cárceles a Donald Trump, sino también el futuro de nuestra identidad nacional completa.

Resulta imperativo que la sociedad civil y los sectores productivos despierten ante esta realidad que amenaza con desarticular la paz social que tanto nos ha costado mantener como nación soberana, frente a los retos del siglo XXI, pues no podemos permitir que la sumisión política convierta nuestra isla en un experimento logístico de potencias extranjeras que solo buscan proteger sus fronteras a costa de vulnerar la nuestra con acuerdos de dudosa transparencia.

La historia juzgará con severidad a quienes teniendo el mandato de proteger la Patria prefieren la comodidad del silencio y la obediencia ante los dictámenes de Washington que hoy nos imponen una carga migratoria y delincuencial insostenible, porque un pueblo que tolera el arrodillamiento de sus líderes está condenado a ver cómo su libertad se disuelve en las promesas vacías de quienes nos llaman aliados y que a merced de sus intereses nos quieren tratar como su patio trasero.