La democracia dominicana descansa sobre un sistema de partidos fuerte, bien organizado y sometido a reglas claras, factores que inciden para que sea un referente en Latinoamérica.  A propósito de esto, la Constitución de la República reconoce a los partidos como instrumentos esenciales para la participación política y la conformación de la voluntad popular, vinculándolos, en consecuencia, a valores como la transparencia, la democracia interna y la lealtad institucional.

Por tal razón, la afiliación es esencial para el funcionamiento de los partidos políticos, motivo por el que el legislador la consagró en la Sección I del Capítulo II de la Ley número 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, estableciendo en ella los requisitos de la afiliación, el cese, la prohibición, la exclusividad, la renuncia y el registro de los afiliados.

En ese sentido, la afiliación no puede ser ambigua ni simultánea, cuando se pertenece a un partido político se asumen voluntariamente los postulados establecidos en sus estatutos, entre ellos sus principios, su identidad programática, su ideología y su régimen disciplinario.

En cuanto a la afiliación exclusiva, el artículo 7 de la Ley de Partidos establece lo siguiente: “Ningún ciudadano podrá estar afiliado a más de un partido, agrupación o movimiento político. Al afiliarse a otro partido político, agrupación o movimiento político se renuncia automáticamente a la afiliación anterior”.  Esto deja claramente establecido que la última afiliación sustituye automáticamente las anteriores.

Como se puede apreciar, la referida Ley de Partidos dispone categóricamente que ningún ciudadano puede estar afiliado al mismo tiempo a más de una organización política. Esto a la necesidad de preservar la coherencia del sistema de partidos y evitar prácticas distorsionadoras como la doble militancia estratégica, el transfuguismo encubierto o la manipulación de las listas de afiliados.

A fin de darle concreción a la disposición de la Ley 33-18 sobre la afiliación, la Junta Central Electoral (JCE) dictó el 16 de febrero de 2026 el “Reglamento que instituye el proceso para el registro de afiliaciones y el proceso de desafiliaciones de los miembros de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos ante la Junta Central Electoral”. Esta resolución fortalece la seguridad jurídica del sistema al establecer un procedimiento claro, verificable y centralizado para registrar tanto las afiliaciones como las renuncias.

El reglamento dispone que cada afiliación debe ser formalmente notificada y validada ante la JCE, y toda desafiliación debe seguir un procedimiento específico que impida la superposición de registros, a fin de evitar que un ciudadano figure simultáneamente en los padrones de dos organizaciones, ya sea por descuido administrativo o por intención deliberada.

Sin duda, tolerar la doble afiliación debilita la confianza en los procesos internos, afecta la selección de los candidatos y pone en riesgo la equidad de la competencia electoral.

Finalmente, es conveniente destacar el hecho de que el fortalecimiento del registro único de afiliados no limita derechos ni afecta la libertad de asociación, ya que cualquier ciudadano puede renunciar a un partido y afiliarse a otro. Es ilógico militar simultáneamente en dos o más partidos que compiten entre sí por el poder público.

 

Pedro Santana no es una figura histórica: es una herida abierta. Cada intento de presentarlo como “padre de la patria” es un insulto a la memoria nacional y un ejercicio de amnesia selectiva. Santana no fue una contradicción; fue una advertencia. La advertencia de lo que ocurre cuando la espada sustituye a la conciencia y el poder se impone a la República.

Sí, defendió la independencia en 1844. Nadie discute su capacidad militar ni su rol en Azua. Pero la historia no se escribe solo con batallas ganadas, sino con principios sostenidos. Y ahí Santana fracasa de forma estrepitosa. Porque el mismo general que enfrentó a Haití terminó arrodillado ante una potencia colonial, firmando con su propia mano la anulación de la República Dominicana.

La Anexión a España no fue un acto de salvación nacional, como aún intentan justificar algunos. Fue un acto de desprecio al pueblo dominicano. Fue la confesión explícita de que Santana nunca creyó en este país, nunca confió en su gente, nunca aceptó la idea de una nación libre gobernada por civiles y leyes, y no por bayonetas.

Pedro Santana gobernó con miedo, sangre y destierros. Mandó a fusilar patriotas, silenció voces, persiguió a los trinitarios y expulsó a Juan Pablo Duarte, el verdadero arquitecto moral de la nación. Santana no combatió enemigos de la patria: combatió la patria misma cuando esta no se ajustó a su visión autoritaria.

Algunos piden “comprensión histórica”. Pero la comprensión no puede convertirse en absolución. El contexto explica, pero no justifica. Otros líderes enfrentaron la misma pobreza, el mismo caos y las mismas amenazas, y aun así eligieron la dignidad antes que la sumisión. La Guerra de la Restauración fue la respuesta más contundente al fracaso moral de Santana: el pueblo dominicano demostró que sí podía ser libre, aun cuando su propio presidente había decidido entregarlo.

Pedro Santana no fue un traidor por debilidad, sino por convicción. Creía que la República era inviable. Creía que el dominicano necesitaba amo. Y por eso su legado no puede maquillarse con estatuas ni con discursos tibios.

Reconocer su valor militar no nos obliga a callar su crimen histórico. La independencia no se defiende una vez; se defiende siempre. Y quien la entrega, aunque haya combatido por ella antes, queda del lado equivocado de la historia.

Pedro Santana ganó batallas, pero perdió la Patria. Y perder la Patria es una falta que ningún uniforme, ningún rango y ninguna victoria pueden redimir.

jpm-am

Si una sola obra logra irrigar entre 300,000 y 700,000 tareas, producir energía hidroeléctrica y abastecer múltiples acueductos regionales, se trata de un proyecto con capacidad de transformar una región. Esa es la premisa sobre la que se sostiene la Presa de Monte Grande, concebida como eje para generar riquezas y reducir la pobreza en la región Suroeste del país.

El Proyecto Múltiple Presa de Monte Grande ha sido definido como “una obra de alta prioridad” y un “desafío técnico” para la seguridad hídrica en la región suroeste de la República Dominicana.

La infraestructura se ejecuta desde hace tres gobiernos a través del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi). Según las autoridades, busca controlar las inundaciones del río Yaque del Sur, irrigar más de 300,000 tareas y abastecer acueductos regionales para enfrentar los problemas de agua potable en varias provincias.

El actual gobierno del presidente Luis Abinader ha afirmado que recibió la obra “a medio talle”, con 41 % de avance, y que la ha llevado a 80 %. Sostiene que se trata de una prioridad para garantizar la seguridad hídrica en el Suroeste.

Sin embargo, sectores de la región cuestionan la falta de continuidad en los componentes pendientes. Se preguntan si la población deberá esperar otro período presidencial para ver concluida la obra en su totalidad.

El obispo de Barahona, monseñor Andrés Napoleón Romero Cárdenas, advirtió que la presa “no cumplirá sus objetivos si no se ponen en marcha los canales de riego y la hidroeléctrica, indispensables para incorporar a la producción unas 400,000 tareas de vocación agrícola”.

Romero Cárdenas recordó que antes de la inauguración del embalse, el 25 de enero de 2024, se estableció que esa era solo la primera etapa y que el proyecto requería la ejecución de los componentes restantes.

“Es ver ese mar de agua ahí, esa gran laguna, pero utilizándose mínimamente. Sin los canales de riego y sin hidroeléctrica, se desperdicia todo el potencial de una obra que ha significado una inversión muy grande para el país”, expresó.

Periodistas de la región, entre ellos Rafael Méndez, exdiputado por Bahoruco, y Tomás Aquino Méndez, analista y ejecutivo del Listín Diario, también han señalado que la obra se encuentra prácticamente paralizada en una fase crucial.

Afirman que, tras la inauguración del embalse, no se ha avanzado en la construcción de los canales de riego, la instalación de los componentes del acueducto regional ni en los equipos para la generación eléctrica.

“Lo que yo he definido como “el metro del Sur”, iniciado en 2009 por Leonel Fernández y continuado por Danilo y Abinader, debe llegar a su final. Lo que se inauguró en enero de 2024 fue el embalse, la parte que retiene el agua del Yaque del Sur. Esto ha contribuido a disminuir las riadas que arrasaban con vidas y bienes. Sin embargo, el proyecto Monte Grande sigue inconcluso”, sostuvo.

Señaló que preocupa que en la agenda oficial no figure el llamado a licitación de los canales ni la ejecución de los demás componentes técnicos.

A un año de la inauguración del embalse, persiste la preocupación de que la funcionalidad integral del proyecto no se haya completado. La ausencia de canales de riego mantiene improductivas extensas áreas agrícolas que dependen del suministro de agua.

Según se ha indicado, el presupuesto de 2026 no contempla partidas específicas para la culminación total del proyecto.

El exdiputado Méndez ha señalado que la presa está “llena de agua, de vacíos y deuda social con los suroestanos”.

“La deuda histórica con las provincias de Barahona, Bahoruco e Independencia no inicia su proceso de saldo definitivo hasta que el agua almacenada en el embalse llegue a los hogares y a las parcelas”, expresó.

Más allá de las críticas, la presa representa una oportunidad para impulsar el desarrollo agroindustrial del Suroeste. Está ubicada en la comunidad de Monte Grande, en la cuenca baja del río Yaque del Sur, entre las provincias de Barahona y Azua.

La conclusión del proyecto permitiría ampliar la producción agrícola, generar energía y garantizar agua potable, con impacto directo en la calidad de vida de la región.

Medidas propuestas

Para maximizar el aprovechamiento de la presa, se han planteado varias iniciativas:

·         Elaborar y aprobar una ley que regule el uso de las tierras beneficiadas por el sistema de riego, identificando terrenos y propietarios.
• Destinar las tierras estatales a programas de reforma agraria y cooperativas agroindustriales para jóvenes de la región.
• Incentivar proyectos productivos privados bajo esquemas que incluyan aportes al Estado destinados a obras sociales y educativas.
• Crear cooperativas de producción con agricultores locales.
• Impulsar un programa de desarrollo tecnológico que incorpore herramientas de inteligencia artificial aplicadas al sector agropecuario.
• Gestionar apoyo técnico de organismos internacionales como la FAO, el PNUD, el BID y el Banco Mundial, así como de países con experiencia en manejo de presas y sistemas de riego.

La Presa de Monte Grande continúa como una obra estratégica para el Suroeste. Su culminación integral definirá si se convierte en un proyecto de alcance limitado o en un eje real de transformación económica regional.

JPM

POR E. MARGARITA EVE

Terminado el Día de San Valentín, cuando se apagan las luces de la celebración, surge una pregunta inevitable: ¿qué significa hoy el matrimonio? Más allá de flores y promesas, la vida en pareja se edifica en la rutina. El amor no se sostiene solo con emoción, sino con decisiones conscientes y reiteradas. Allí comienza el verdadero compromiso.

El matrimonio es la unión social y jurídica entre dos personas que deciden compartir vida, derechos y responsabilidades. Para muchos conserva también una dimensión espiritual. No es únicamente ceremonia ni contrato. Es un proyecto común que exige respeto, voluntad y permanencia.

En distintas tradiciones se sostiene que el ser humano tiene vocación de complementariedad. La pareja no se concibe solo como convivencia, sino como propósito compartido. Esa mirada otorga al vínculo una dimensión trascendente. Amar implica crecer junto al otro y no únicamente junto a uno mismo.

Históricamente, el matrimonio fue también una estructura de protección. Brindaba reconocimiento social y estabilidad jurídica, especialmente para la mujer en contextos donde su autonomía era limitada. No representaba la igualdad moderna, pero sí un marco de amparo. Así se consolidó como institución fundamental de la organización social.

La etimología lo confirma: “matrimonio” proviene de matrimonium (mater, madre) y “patrimonio” de patrimonium (pater, padre). Ambos términos reflejan la organización familiar de la antigua Roma, donde familia, herencia y descendencia constituían el eje del sistema. Según esta perspectiva, para una mujer una unión con separación total de bienes pierde parte de su función de protección.

Durante siglos, la formación de familia y la procreación fueron el objetivo central. Las personas se unían para asegurar descendencia legítima y preservar bienes. El amor podía estar presente, pero no era el fundamento principal. La estabilidad colectiva prevalecía sobre la emoción individual.

Hoy ese eje ha cambiado en gran parte de Occidente. En España, Francia, Alemania y Suecia el primer matrimonio ocurre entre los 34 y 37 años. En Estados Unidos supera los 30. No obstante, en algunos casos se formalizan uniones a los 40, 50 e incluso 60 años, reflejo de cambios culturales y nuevas prioridades de vida.

En Estados Unidos se han normalizado las uniones libres y, aunque el divorcio fue históricamente elevado, hoy muestra cierta estabilización al casarse más tarde. En Países Bajos, Suecia y Alemania existen matrimonios que mantienen hogares separados. Son modelos flexibles que requieren acuerdos claros y verdadera madurez emocional.

La postergación de la maternidad tiene implicaciones biológicas. La fertilidad femenina disminuye con mayor rapidez después de los 35 años y especialmente tras los 40. No es una sentencia absoluta, pero sí una realidad médica que conviene considerar. Las decisiones tardías pueden implicar mayores desafíos para la procreación.

La ciencia, sin embargo, ha ampliado posibilidades. Los óvulos pueden conservarse congelados más de 20 años; lo determinante es la edad al momento de su extracción. La fecundación in vitro y el seguimiento especializado permiten embarazos saludables después de los 40. La tecnología ofrece respaldo, aunque no sustituye completamente los tiempos naturales.

En América Latina el panorama presenta matices propios. Mientras algunos retrasan el matrimonio por desarrollo profesional, otros forman familia en contextos económicos frágiles. Muchas uniones se formalizan tras años de convivencia o hijos previos. La estabilidad no siempre coincide con el momento de la decisión.

En estos tiempos de expectativas irreales, se pretende un matrimonio en permanente éxtasis, confundiendo enamoramiento con amor maduro. Rasgos como el narcisismo o la inmadurez emocional debilitan vínculos. Como expresa el antiguo adagio, “Matrimonio y mortaja del cielo bajan”, la unión no debe forzarse, sino elegirse con conciencia, pensando en el linaje, en la estabilidad y en la buena salud mental de ambos.

emargaritaeve@gmail.com

Por William Alcántara

SAN CRISTÓBAL. – La magistrada  ha formalizado oficialmente su candidatura como miembro titular del Consejo del Poder Judicial (CPJ), representando a los jueces de las Cortes de Apelación. Su postulación no solo destaca por sus propuestas técnicas, sino por el sólido testimonio de vida y ejercicio profesional que ha sembrado en la comunidad jurídica.

Conocemos de cerca la trayectoria de la señora Guzmán Ruiz desde sus años de labor en el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de San Cristóbal. Desde aquel entonces, ha dado muestras fehacientes de ser una persona de principios innegociables y una integridad a toda prueba. Su ascenso a la Corte de Apelación es el resultado natural de una carrera de vida dedicada a la justicia con sensibilidad y rigor.

Un compromiso con la institucionalidad

 

Al oficializar su aspiración, expresó: «Asumo este compromiso con profundo sentido institucional, firmeza y vocación de servicio».

Su propuesta se centra en cuatro pilares fundamentales para el sistema:
* Fortalecimiento Institucional: Una gestión administrativa eficiente.
* Estabilidad de la Carrera Judicial: Seguridad jurídica para los juzgadores.
* Bienestar Integral: Atención a las condiciones humanas del juez y la jueza.
* Transparencia y Excelencia: Un CPJ que sea referente de integridad.

Testimonio de integridad

Quienes hemos dado seguimiento a su carrera desde sus inicios en la jurisdicción especializada de San Cristóbal, podemos dar testimonio de que la magistrada Olga Guzmán es una mujer íntegra que merece ocupar esta posición de alta relevancia. Su vasta experiencia y su conducta intachable garantizan que su llegada al Consejo impactará positivamente en una administración de justicia más humana y eficiente.

La candidata hizo un llamado respetuoso a sus pares de las Cortes de Apelación para respaldar este proyecto en favor de la carrera judicial. Asimismo, tuvo palabras de humildad para quienes no pueden votar: «A quienes no puedan ejercer el voto, les agradeceré enormemente que me acompañen llevándome en sus oraciones».

Con el lema «Avanzamos con pasos firmes», Guzmán Ruiz se encamina a este proceso electoral como una de las figuras con mayor solvencia moral y profesional para representar al sector.

jpm-am