Puerto Príncipe, 20 feb.- El Gobierno de Haití confirmó hoy un aumento de los secuestros en la capital, aunque sin ofrecer cifras de los casos identificados por las autoridades.

El portavoz de la Policía Nacional de Haití, Garry Desrosiers pidió ayuda a la población para que la institución sea más eficaz en la lucha contra ese flagelo y reconoció la responsabilidad de las fuerzas de seguridad.

«No tengo la cifra exacta. Pero hemos identificado varios casos de secuestro. Quiero recordarles que la policía no va a eludir sus responsabilidades. Somos conscientes del problema. Los casos se repiten cada día», admitió el vocero.

Las declaraciones de funcionario afloraron dos días después del informe de Naciones Unidas, en el cual registró 234 secuestros durante 2020, el doble de los reportados el año precedente.

Entre las víctimas figuraban 37 niños y 59 mujeres, acotó la investigación de la Oficina Integrada de la ONU en el país.

Mucho antes, las organizaciones locales de derechos humanos advirtieron la ostensible alza de estos casos, la mayoría ligados a la multiplicación de bandas armadas en las zonas vulnerables de la capital.

Según la plataforma Nou pap Domi, el pasado año al menos un millar de personas fueron víctimas de secuestros, la mayoría en Puerto Príncipe.

A inicios de este mes el Centro de Análisis e Investigación en Derechos Humanos reveló que al menos 60 personas fueron víctimas de ese fenómeno durante enero, una cifra tres veces mayor que durante 2020.

La víspera, cientos de haitianos salieron a las calles a denunciar las retenciones por rescate, tras el rapto de un profesor universitario y de dos abogados. En el camino erigieron barricadas de neumáticos en llamas, bloquearon varias calles y exigieron respuestas de las autoridades.

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Puerto Príncipe, 20 feb.- El Gobierno de Haití justificó hoy el reemplazo de los jueces de la Corte de Casación, la mayor instancia judicial, una medida ampliamente criticada dentro y fuera del país.

El ministro de Justicia, Rockefeller Vincent, aseguró en una nota de prensa que el presidente, Jovenel Moise, designó a los nuevos magistrados de una lista previa emitida por el Senado, que contemplaba a 15 jueces o abogados con al menos ocho años de servicio.

La lista aprobada por Youri Latortue, expresidente de la Asamblea Nacional y antiguo aliado del jefe de Estado, fue emitida en 2017 y también llevaba la firma del entonces presidente de la comisión de Justicia, Jean Renel Senatus.

Vincent insistió que el gobierno respeta las leyes que garantizan la independencia de la justicia, y con las nominaciones se siguieron los procedimientos trazados por la Constitución.

Senatus, por su parte, rechazó que el gobierno utilice esa enumeración para justificar el nombramiento de los jueces, considerado al margen de la ley por cuatro organizaciones de magistrados.

«En ninguna parte de la Constitución se permite que un presidente elija a dos jueces por escaño. De ello se desprende que el nombramiento en cuestión es inconstitucional aunque lo haya realizado un presidente con mandato ordinario», dijo el exsenador.

Argumentó que de la lista del 30 de agosto de 2017 se nombraron regularmente a los jueces Jean Claude Theogene, Jean Joseph Lebrun, Stenio Bellevue e Yvickel Dabrezil, por lo cual no se puede seleccionar a nuevos candidatos.

El polémico decreto de Moïse para despedir y reemplazar a los miembros del Tribunal de Casación fue duramente criticado por las asociaciones de magistrados, que desde el lunes último impulsan un movimiento de huelga para presionar al ejecutivo a retirar sus ordenanzas.

La víspera el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos calificó de «procedimiento irregular» las acciones del Gobierno y alertó sobre los  «atentados a la independencia de la justicia en Haití».

El pasado lunes, Moïse jubiló a tres jueces relacionados con el gobierno transitorio impulsado por la oposición, uno de ellos previamente arrestado tras las denuncias del mandatario de que fue objeto de un intento de golpe de Estado y magnicidio.

La crisis se agudiza en medio de los llamados de opositores y organizaciones sociales para que Moïse asuma el fin de su mandato, que estiman concluyó el 7 de febrero, mientras el gobernante desestima a sus contrarios y alista elecciones generales, además de un referendo constitucional.

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Puerto Príncipe, 20 feb.- El juez Yvickel Dabrésil, acusado de intento de golpe de Estado, aseguró su inocencia y denunció un presunto complot, revela hoy un diario local.

«Gracias a todo el mundo. Gracias. Creo en la justicia de mi país. Sin embargo, los que estaban conmigo también deben ser liberados, esto es lo que hará que la justicia sea más independiente. Todo lo que me imputan es falso y todos lo ven», dijo el magistrado tras la audiencia en el gabinete de instrucción, según relató el periódico Le Nouvelliste.

Dabrésil fue arrestado el 7 de febrero, luego que el presidente Jovenel Moïse denunciara que fue objeto de un intento de golpe de Estado y magnicidio, frustrado por las fuerzas de seguridad, según la versión oficial.

El gobernante, por su parte, publicó un decretó en el que jubiló al letrado y a otros dos jueces relacionados con el Gobierno transitorio impulsado por la oposición, y nombró su reemplazo sin contar  con la anuencia de los poderes Judicial y Legislativo, lo que, de acuerdo con los magistrados, es inconstitucional.

En respuesta la oposición designó a un presidente provisional, que recientemente anunció un proceso electoral justo tras las reformas que precisa el país.

Las asociaciones de magistrados convocaron a una huelga por tiempo indefinido para obligar a Moïse a retirar los recientes decretos «tomados al margen de la Constitución», y advirtieron que las acciones del Gobierno socavan los fundamentos del Estado de derecho y la independencia de los poderes.

La portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Liz Throssell, dijo que estos hechos generan dudas sobre «la independencia judicial y han erosionado aún más la separación de poderes en Haití».

Throssell también criticó la jubilación de los jueces, «aparentemente mediante un proceso irregular», y recordó que el Estado de derecho es crucial en momentos de tensión política como los que atraviesa la nación caribeña.

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Puerto Príncipe, 19 feb (Prensa Latina) En al menos dos ciudades de Haití cientos de personas se manifestaron hoy contra el aumento de la inseguridad, mientras coreaban consignas antigubernamentales para reclamar la renuncia del presidente.

En la capital, estudiantes universitarios tomaron las calles para exigir la liberación de su profesor, Abbias Édumé, secuestrado el miércoles último por personas no identificadas.

«No podemos seguir soportando los actos de secuestro que hunden a las familias haitianas en el luto y la pobreza. Los secuestradores deben liberarle. Édumé no tiene la cantidad de dinero que piden», criticaba un alumno durante el curso de la protesta en la cual también erigieron barricadas de neumáticos y bloquearon algunas arterias.

Otros pedían a la Policía asumir sus responsabilidades en el establecimiento del clima de paz, mientras aseguraban que el secuestro del profesor es «un montaje» del Gobierno para limitar las protestas.

A 74 kilómetros al suroeste de Puerto Príncipe, abogados de la Fiscalía de Petit-Goâve también se movilizaron por el rapto de Édumé, y Makendy Roger, exsustituto comisario del gobierno municipal.

En los últimos dos años, con la multiplicación de las bandas armadas, crecieron exponencialmente los secuestros, en particular en la capital y otras ciudades.

En su más reciente informe, la oficina de Naciones Unidas en Haití registró 234 casos durante 2020, de ellos 70 de septiembre a diciembre, lo que representa un aumento del 200 por ciento con respecto al año anterior.

Aunque la ONU celebra la disminución de las actividades criminales por la acción de la Policía, señala que el pasado año, al menos 37 niños y 59 mujeres fueron retenidos contra su voluntad.

A inicios de este mes el Centro de Análisis e Investigación en Derechos Humanos reveló que al menos 60 personas fueron víctimas de ese fenómeno durante enero, una cifra tres veces mayor que en el mismo mes de 2020.