A mediados de la última década del pasado siglo, cuando el fenecido gobernante hondureño Carlos Roberto Reina dirigía los destinos de su país, aceptó temporalmente el establecimiento de campamentos para refugiados haitianos. El acuerdo con el Gobierno norteamericano y la OEA fue de otorgar refugio por un lapso de seis meses, que una vez concluido debían reubicarlos en cualquier otra localidad fuera del territorio de la nación centroamericana.

La información se encuentra contenida en el documento titulado “Rasgando las tinieblas de la historia”, el cual había sido citado por Oscar Medina en un enjundioso trabajo publicado hace algunos años. Finalmente, gracias a la generosidad de un amigo, el referido documento llegó a mis manos y contiene otras informaciones interesantes que no fueron expuestas en la entrega anterior.

En ese ensayo había señalado las posiciones asumidas por exmandatarios nacionalistas, identificados con las causas de sus pueblos, quienes se habían opuesto a las peticiones de la Administración Clinton para aceptar refugiados haitianos. Pero aquellos que acogieron esas solicitudes, como es el caso de Honduras, se vieron posteriormente en la obligación de denunciar el engaño.

En marzo de 1995, de conformidad con el documento antes señalado, el exmandatario Roberto Reina apuntó: “Cinco meses han transcurrido desde la prescripción del plazo acordado en que los refugiados debían ser retornados a su país de origen o a cualquier otra localidad fuera del territorio hondureño. Hemos insistido en nuestros requerimientos, no obstante resulta verdaderamente vergonzoso, ultrajante y deshonesto el compromiso de la OEA y del gobierno norteamericano en cumplir con lo estipulado. Evaden cumplir su compromiso”.

Evidentemente se procedió maliciosamente a fin de abandonar a su suerte a los refugiados en  esa nación, que no dispone de las condiciones ni recursos para asimilarlos.

Las declaraciones del expresidente hondureño fueron categóricas en el sentido de denunciar el incumplimiento de lo pactado. Precisamente por esa razón fue que el Dr. Balaguer no cayó en la trampa de permitir campamentos de refugiados de este lado de la frontera, por lo que pagó un alto precio. En cambio, el exmandatario hondureño, al verse burlado por la OEA y el Gobierno norteamericano, se pronunció del siguiente modo: “Toda mi vida la ha dedicado a defender los derechos de los hondureños, quiero cambiarle a la Patria su rostro avergonzado y desde este momento estoy impartiendo las directrices encaminadas a la clausura inmediata de los campamentos y el embarque de todos sus ocupantes a su país de origen, Haití. Honduras es pobre, pero callarme o resignarme, por subordinación, reverencia o vasallaje, sería mezquino y bochornoso. Jamás permitiría ni permitiré la perpetuación de tan anómala y perjudicial situación en detrimento de nuestro país y de los hondureños. Como su Presidente, tengo la obligación y el deber de gobernar para mejorar las condiciones de Honduras y de todos los hondureños, no para empeorarlas”.

Más claro no canta un gallo. Su posición fue la de un gobernante nacionalista, comprometido con la suprema causa de su nación. Esos momentos estelares, parafraseando al ilustre biógrafo vienes, Stefan Zweig, son los que marcan, sellan y definen el perfil histórico de los que tienen el inmenso privilegio, reservado a unos pocos, de dirigir el destino de sus pueblos.

Así como Balaguer, Reina, Caldera, Figueres y otros han dejado en claro su intransigencia en todo lo referente al supremo interés colectivo, otros, por el contrario, han demostrado la más abyecta sumisión ante el poder extranjero cuando el destino ha puesto en sus manos decisiones difíciles, en las que siempre es preferible asumir cualquier sacrificio, pagar el precio que sea necesario sin importar lo elevado que pueda resultar, para preservar la dignidad de sus semejantes.

Lástima de aquellos que, habiendo tenido esa oportunidad, han claudicado a los designios foráneos sin tomar en cuenta el postrero juicio de la historia, el cual suele ser implacable a medida que discurre el tiempo. En ocasiones no existen términos medios, soluciones salomónicas o medidas tibias para enfrentar situaciones complejas que exigen una firme determinación.

En ese sentido, la defensa del sagrado interés nacional no puede jamás ser mediatizada por conveniencias circunstanciales y, en caso de error, siempre es posible una rectificación oportuna. Es el caso del extinto expresidente panameño, Guillermo Endara, quien accedió en 1993 a la petición de las autoridades norteamericanas para ubicar unos diez mil refugiados haitianos en una de las islas adyacentes a ese país, cuyo canal une los dos grandes océanos.

Al conocerse públicamente esa decisión, las protestas no se hicieron esperar y se desató una ola de movilizaciones que obligaron al exmandatario a rectificar su decisión. Todo volvió a la normalidad cuando anunció a los Estados Unidos y a la OEA la imposibilidad de conceder refugio a indocumentados, puesto que la población no aprobó esa decisión. Rectificar es de sabios reza un viejo adagio, y eso fue lo que sucedió en el caso panameño.

Claro, la oportuna rectificación de Endara disgustó a los Estados Unidos, que buscaban deshacerse del problema comprometiendo otros países. El diario El tiempo reseñó sobre este tema lo siguiente: “La portavoz de la Casa Blanca Dee Myers dijo que el presidente estaba disgustado con el cambio de Endara y que los Estados Unidos continuaría buscando otros refugios para los haitianos recogidos en El Caribe”.   En cambio, el periódico El País expresó en aquella oportunidad: “El asesor del presidente Bill Clinton para temas haitianos, William Gray, aseguró que su país proseguirá sin embargo con su política de ofrecer un asilo seguro a los haitianos en países terceros”.

Cabe observar que la política norteamericana es la de transferir esa responsabilidad a otros territorios, exceptuando, por supuesto, el suyo. Resulta más fácil presionar a los países más pequeños, aunque no guarden ninguna similitud cultural con el pueblo haitiano, que aceptarlos e incorporarlos a sus ricas economías.

Por otra parte, en aquella ocasión la Comunidad del Caribe (CARICOM) también rechazó enérgicamente la propuesta del Gobierno norteamericano de recibir refugiados del vecino país. Frente al cuadro descrito, la. solución ha sido el territorio dominicano, que parece no tener dolientes en su comprometida dirigencia política y codiciosa clase empresarial.

Poco a poco, gradualmente, de la misma manera como se hierben los mariscos vivos en agua caliente, se ha ido ejecutando una fusión de hecho con la complicidad de los sectores más representativos de nuestra sociedad. Se ha permitido, tolerado y estimulado la entrada masiva de innumerables ilegales a nuestro territorio sobre la base de la conveniencia, el servilismo y la corrupción. Y lo que es peor todavía, se han incumplido persistentemente las leyes vigentes sobre la materia para posteriormente justificar la presencia de esa mano de obra sobre la que supuestamente “descansa” la economía dominicana.

Con ese argumento artificioso, que únicamente conviene a los sectores que se han enriquecido con la explotación de extranjeros ilegales, desnacionalizando las principales fuentes de trabajo, como bien lo explica Manuel Nuñez en su obra “El ocaso de la nación dominicana”, se pretende explicar y acomodar el desplazamiento de los puestos laborales sobre premisas económicas.

Las políticas asistencialistas, que han acostumbrado a numerosos dominicanos a vivir con un mínimo a expensas del Estado, han contribuido a fomentar una cultura de vagancia como parte de un diseño estratégico para suplantar la mano de obra en diversos sectores de la economía.

Sin embargo, a pesar de todos estos factores adversos, el pueblo dominicano reaccionará con la firmeza que siempre lo ha caracterizado a lo largo de su historia. Al margen de líderes políticos, religiosos o profesionales, tomará en sus manos las riendas de su propio destino y frenará de manera enérgica, firme y decidida las maniobras que se vienen orquestando en las sombras para disolver o diluir su soberanía.

La inmensa mayoría de la población está consciente o, al menos, intuye que ha sido sorprendida en su buena fe, al consentir con sus vecinos un nivel de solidaridad que excede con creces sus posibilidades. El instinto de conservación es innato tanto en los individuos como en los conglomerados sociales, razón por la cual los planes de la comunidad internacional se estrellarán, al igual que ha ocurrido en el pasado, con la dignidad de una población que ha consolidado su identidad a costa de grandes sacrificios.

Se debe insistir hasta el cansancio con el propósito de fomentar un adecuado nivel de conciencia para asumir las responsabilidades que más temprano que tarde deberemos enfrentar para preservar nuestra identidad y soberanía.

sp-am