Al cumplirse el próximo 29 de mayo 10 años de la fundación del Museo Memorial de la Resistencia Dominicana (MMRD), la ocasión es propicia para que el país conozca las malas prácticas en el orden institucional que han cometido los que hoy usurpan su administración.

Este Museo fue creado mediante el decreto 404-11 del Poder Ejecutivo atendiendo a la solicitud de un grupo de sobrevivientes de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina. El referido decreto -aún vigente- en su artículo 2 dice: ‘’La Federación de Fundaciones Patrióticas, incorporada mediante la Resolución No. 0003, de fecha 18 de enero de 2007, de la Procuraduría General de la República, es la propietaria física, gestora y administradora del Museo Memorial de la Resistencia Dominicana, teniendo a su cargo la formación de todas las instituciones y asociaciones que sirvan para coadyuvar con la labor de preservación de la memoria histórica a través del citado museo, así como sus estatutos orgánicos, entre los cuales  se encuentra el Patronato del Museo Memorial de la Resistencia Dominicana y la Sociedad Amigos del Museo , sin que ello sea limitativo’’. 

Asimismo, en su artículo 4 expresa: “El Museo Memorial de la Resistencia Dominicana será administrado por el Consejo Directivo de la Federación de Fundaciones Patrióticas, Inc. el cual elaborará el estatuto orgánico y reglamento interno del Museo y será el encargado de designar al Director General’’. 

Atendiendo al mandato del anterior artículo 4, el presidente de la Federación de Fundaciones Patriótica, a la sazón Arnulfo Reyes convocó al Consejo Directivo con el fin de asignar a la señora Luisa de Peña directora del MMRD. En términos prácticos la directora pasaba a ser una empleada del Museo que manejaba un reducido presupuesto anual de un millón de pesos proveniente de la presidencia de la República.

Los primeros cinco años, el Museo se propuso lograr por ley una Comisión de la Verdad y obtener mayores ingresos. Por lo que el proyecto de ley le fue entregado al ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, para que fuera sometido por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional. El anteproyecto incluía entre los miembros de la Comisión al actual Canciller de la República Roberto Álvarez y a la doctora Milagros Ortiz Bosch, entre otras personalidades.

El proyecto murió en las manos del funcionario porque el gobierno no prestó interés y por dejadez de quienes tenían que gestionar su aprobación, muriendo así esta iniciativa que era parte fundamental de la agenda del Museo.

Los días transcurrían y se requería de nuevos ingresos para el Museo cumplir con su misión histórica de recopilar, organizar, catalogar, preservar, investigar, difundir y  exponer  de los bienes del patrimonio tangible e intangible de la nación, correspondientes a las luchas de varias generaciones de dominicanos y dominicanas durante la dictadura de Rafael L. Trujillo Molina, sus antecedentes y consecuencias, y mostrar al público, como a sus generaciones futuras, todo el acervo correspondiente a ese funesto periodo de nuestra historia contemporánea y a su vez servir de instrumento para su educación.

Atendiendo a esto último, la Federación de Fundaciones Patrióticas logró firmar un importante Convenio  de Colaboración con el Ministerio de Educación el 8 de mayo de 2015 que establece en su artículo primero que “acuerdan coordinar, de manera conjunta con el Viceministerio de Asuntos Técnicos y Pedagógicos, a través del programa de impacto del Ministerio y el Departamento de Educación del Museo visitas educativas de los estudiantes de Historia Dominicana, de Media y Básica, al Museo y los demás lugares que forman La Red de Museos”. Entre otras responsabilidades aportándole el Museo a la Federación, para tales fines, la suma de RD$30 millones anuales.

Con este acuerdo el Museo logró superar su precaria situación económica, lo que le permitió cumplir con su misión. No obstante, al transcurrir el tiempo, la Fundación Manolo Tavárez Justo, en su condición de miembro del Consejo de Dirección, advirtió mediante carta  de fecha  24 de marzo de 2017 a la entonces presidente de la Federación de Fundaciones Patrióticas, Francis Pou,  que a los estatutos de la Federación “no se le estaban dando fiel cumplimiento’’ por lo que solicitaba una reunión para discutir su modificación, solicitud basada en el empeño de que la Federación responda a la construcción de una democracia interna que entendía no se estaba respetando.

Esta carta solicitud y cuestionamiento a la presidenta de la Federación fue respondida por esta de manera grosera e irrespetuosa, iniciándose desde ese momento una agria relación entre Francis Pou y las fundaciones miembros de la Federación.

Esta diferencia produjo una resolución de la Fundación Hermanas Mirabal que desautorizaba a la tesorera Noris Mirabal su representación como delegada ante el Consejo de la federación y las asambleas. Lo mismo decidió la Fundación Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo con Pou, quien además ya había cumplido con los dos años de su mandato en la presidencia de la Federación.

No obstante, estas resoluciones, las señoras Pou y Mirabal las desconocieron y siguieron usurpando la representación de ambas fundaciones, tanto en el Consejo Directivo como en las asambleas.

La crisis se profundizó durante las celebraciones de dos asambleas, la primera convocada el 28 de abril de 2017 y la segunda el 10 de mayo donde los delegados de las fundaciones 30 de Mayo, Luperón y tres fundaciones “fantasma”, creadas a todo vapor para alcanzar una votación mayoritaria en la asambleas impusieron a raja tabla una modificación estatutaria antidemocrática, sin el voto de los delegados de las fundaciones creadoras del museo Manolo Tavárez Justo, Hermanas Mirabal, Héroes de Constanza Maimón y Estero Hondo y Amaury Germán Aristy.

Esto se hizo con el voto de delegadas que no estaban autorizadas a votar porque habían perdido esa calidad de sus fundaciones, verbigracias, Francis Pou y Noris Mirabal, y con el sufragio ilegítimo de delegados de las fundaciones fantasmas creadas a todo vapor para conseguir una mayoría tóxica.

Con su votación ilegal desconocieron el decreto 404-11 y declararon a Luisa de Peña directora vitalicia del Museo. Además de eliminar de los estatutos el Consejo Directivo del Patronato, los miembros ad vitam y los miembros ex officio representados -con voz y voto-en la Academia Dominicana de la Historia, la Comisión Permanente de Efemérides Patrias y el Archivo General de la Nación.

Y peor aún, no conforme con estas increíbles resoluciones, crearon en una asamblea el 13 de noviembre de 2017 una ONG denominada Fundación Museo Memorial de la Resistencia que se apoderó del inventario del Museo y de las cuentas bancarias de la Federación de Fundaciones Patrióticas. El caso está en los tribunales de la República y en manos del Poder Ejecutivo que debe decidir si les regala el Museo a los depredadores o lo pasa al Ministerio de Cultura.

Lamentablemente, las señales que está dando el Poder Ejecutivo frente a este caso es de indiferencia a nuestros reclamos, y de complicidad con los depredadores de un patrimonio del Estado dominicano, tal como se evidencia con la decisión de integrar a la señora Peña como parte de la Comisión encargada del traslado del prócer Gregorio Urbano Gilbert al Panteón de la Patria, y por otro lado, aprobar que sus restos sean depositados en las instalaciones de este usurpado museo, para la salida hacia su destino final.

¡Ay Gilbert, qué ignominia se está cometiendo en tu nombre!

JPM

 JPM

 A casi un año del gobierno perremeísta, al margen de los ingenuos fanáticos de siempre, la población se encuentra inmersa entre aciertos y dudas debido a omisiones e irregularidades que irritan. 

 La judicialización de los funcionarios corruptos, ¿será el único punto luminoso del gobierno que encabeza Luis Abinader?  ¿Se salvó el país con esos sometimientos? Sin embargo, hoy se han invertido hasta ciertos refranes: “no hay bien que por mal no venga”. 

 Es decir, que no importa que los precios de los productos de primera necesidad alcancen precios alarmantes. Todo marcha bien si los corruptos son encarcelados. Pero, es evidente que el gobierno trastabilla en asumir un certero modelo económico que genere equidad a favor de los desposeídos. 

 Aunque la corrupción lacere a la sociedad no es desatinado afirmar que sus consecuencias se ven a largo plazo. En cambio, la carestía de los productos de la canasta familiar, en lo inmediato, afecta a las amas de casa. Y, si se atribuye a los estragos de la pandemia, en el pasado gobierno no fueron tan desmesuradas. 

 Por lo pronto, ya hay descontentos con pensiones injustificadas, privilegios innecesarios, y otras irregularidades. Esto, aparte de que los beneficios de las tarjetas de ayuda a los necesitados han sido reducidos. Ahora hay un sólo grito por el alza en los precios de los alimentos. 

 Es posible que los que enviamos remesas tengamos que duplicarlas.  Hay dos opciones: o engrosamos el envío de dólares o decidimos “diasporizarnos” más. Todo apunta a que más que un privilegio, en un futuro no muy lejano, será un lujo el viajar o retornar a vivir en República Dominicana. 

 Parecería que impartir justicia a los corruptos implica descuidar otros sectores de bienes y servicios. Se dice que, desde el exterior, se demandan sometimientos judiciales; pero no se tiene la certeza de hasta dónde llegará la complacencia del gobierno de turno. 

 Y nos preguntamos si al margen de la embestida contra los corruptos, se suscitarán otras iniciativas y distracciones que terminen agravando más la crisis del pueblo dominicano.

JPM